Regreso de fumigación con glifosato, más lejos de lo que dice el Gobierno

Luego de la visita del presidente Iván Duque a Samaniego (Nariño) durante el pasado fin de semana, a raíz de la masacre perpetrada en ese municipio el sábado 15 de agosto en la que murieron ocho jóvenes, el lunes a primera hora el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, convocó a una rueda de prensa. Allí, además de referirse a las cifras y a la controversia alrededor de las masacres o los “homicidios colectivos”, como los han llamado desde el Gobierno, envió otro mensaje: su ministerio está listo operacionalmente para reanudar la aspersión aérea de glifosato contra los cultivos de coca en el país y ello tendría un impacto favorable, según dijo, sobre las masacres.

“Hay que decir con claridad, cumpliendo todos los requisitos establecidos por la Corte Constitucional, que la aspersión aérea hoy es más necesaria que nunca para continuar con la disminución de los cultivos ilícitos (…) Reiniciarla es absolutamente indispensable porque su reiniciación tendrá además un efecto positivo sobre este asunto de los homicidios colectivos”, aseguró el ministro.

Lea: Reiniciar la aspersión aérea tendrá resultado positivo sobre masacres: ministro de Defensa

Sin embargo, para quienes han seguido de cerca el procedimiento para reanudar la aspersión aérea con glifosato en el país, suspendida por el Consejo Nacional de Estupefacientes en 2015 (luego de que la Organización Mundial de la Salud clasificara ese herbicida como probablemente cancerígeno) las declaraciones del jefe de esa cartera parecen más un asunto político que busca responder al fragor de la coyuntura. Pero para que la fumigación se reactive aún falta trecho, de acuerdo con la sentencia T-236 de 2017 de la Corte Constitucional y recientes fallos judiciales que se han pronunciado sobre la necesidad de participación de las comunidades afectadas en ese proceso.

El más reciente embate que sufre el Gobierno en su intención de retomar esa política lo sufrió este martes por cuenta de la decisión de un juzgado de Pasto de abrirle incidente de desacato al subdirector de Mecanismos de Participación Ciudadana de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), al director de la dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y al director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior. Acción que tomó dicho juzgado al considerar que esas tres autoridades no han cumplido con las órdenes impartidas en dos fallos de tutela de primera y segunda instancia relacionados con el procedimiento para reanudar la aspersión aérea. En ese mismo auto, el juzgado de Pasto ordenó suspender una audiencia clave para el cumplimiento de los requisitos que viabilizarían la aspersión.

Se trata de la audiencia pública ambiental necesaria para la aprobación por parte de la ANLA del Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con Glifosato. Audiencia que en principio había sido convocada, de manera virtual por la pandemia, para el pasado 27 de mayo. Sin embargo, a través de varias tutelas, organizaciones campesinas de Nariño y 88 organizaciones sociales, indígenas y jurídicas, como la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el Cinep o la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, lograron frenarla argumentando que de manera virtual no se garantizaba la participación efectiva de las comunidades afectadas. El Juzgado Segundo Administrativo de Pasto les dio la razón y suspendió ese trámite del PMA. Luego, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó el fallo y vinculó además al Ministerio del Interior para que ejecute los procesos de consulta previa que sean necesarios con las comunidades étnicas de los 104 municipios en donde se pretende iniciar la aspersión con el herbicida.

Lea también: Campesinos serán considerados para el regreso del glifosato: justicia les dio la razón

Sin embargo, luego de ese fallo, en una actuación cuestionada por quienes han intervenido en el proceso, a finales de julio la ANLA publicó un edicto en el que convocaba de nuevo la audiencia pública para el próximo primero de septiembre, aludiendo a un protocolo que consideraba más participativo con las comunidades. Ahí vinieron las advertencias de distintos sectores que dijeron que ese procedimiento no tenía luz verde.

“Es muy preocupante que en el afán que tiene el Gobierno de recuperar el control de esos territorios vaya a creer que el cumplimiento de los requisitos en cuanto a la participación ya se ha dado, cuando para la Procuraduría está muy claro que no es así”, explica Diego Trujillo, procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios. “Esos fallos han sido claros y han salido a defender el derecho a la participación de las comunidades rurales, étnicas y campesinas, y esos fallos hay que respetarlos”, agrega.

Fue por no cumplir con esos fallos que el juzgado de Pasto emitió este martes el auto en que abrió incidente de desacato contra los funcionarios del ANLA, de la Policía y del Ministerio del Interior y suspendió la audiencia del primero de septiembre. Pero el asunto de fondo sobre el que hizo énfasis el juzgado, reafirmando lo dicho en el fallo de segunda instancia, es la necesidad de ejecutar procesos de consulta previa para lograr la licencia ambiental del programa de aspersión con glifosato.

En el trámite del PMA, el Ministerio del interior ha defendido su resolución 001 de marzo de 2020, en la que establece que la aspersión no se realizará en territorios de comunidades étnicas por tanto no se requiere consulta previa. “Sin embargo, las organizaciones analizaron los seis núcleos geográficos (donde está proyectado fumigar) y la focalización por municipios y lo que han dicho es que sí hay un cruce o con territorios étnicos ya titulados o con territorios por titular”, explica Isabel Pereira, coordinadora de Política de Drogas de Dejusticia. En ese sentido, la decisión de este martes del juzgado de Pasto dice que entre las entidades territoriales, la ANLA y la Policía deberán rastrear la presencia de comunidades étnicas en zonas de influencia del programa de aspersión e informar de inmediato a la autoridad de consulta previa para que ejecute dicho proceso. Ese sólo trámite podría frenar que se inicien las aspersiones aéreas este año.

“Lo que está haciendo el Gobierno es viciar el procedimiento de licencia por lo tanto apenas la emita puede ser demandada y solicitada su nulidad o su suspensión. Nosotros estamos dándole al Gobierno la oportunidad de que haga las cosas bien”, asegura el abogado Alirio Uribe, del Cajar.

Pero lo cierto es que la aprobación del PMA es apenas uno de los requisitos para la reanudación de la aspersión. Junto a ese, son necesarios al menos otros tres pasos para que en sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes se emita una resolución que bien cree el programa de nuevo o derogue la resolución que lo suspendió en 2015, dice Isabel Pereira.

Uno de esos requisitos es el decreto que debe emitir el Ministerio de Justicia, que reglamentaría el programa de aspersión. Es en ese documento donde el Gobierno busca dar respuesta a todas las exigencias de la Corte Constitucional en materia de riesgos en salud, medio ambiente, monitoreo y auditorías al programa de aspersión, así como la gestión de las quejas por las posibles afectaciones que genere esa medida, entre otros aspectos. Ese decreto lo publicó MinJusticia el 30 de diciembre de 2019 en su página web y estuvo colgado allí durante un mes para recibir observaciones de la ciudadanía.

Luego de ese proceso, públicamente no se volvió a saber nada de ese documento. Una fuente que conoce el proceso de esa normativa desde el ministerio de Justicia le dijo a este diario que el decreto recibió alrededor de 50 observaciones y comentarios de ciudadanos y organizaciones, lo cual demoró su aprobación. Pero que en el momento en que se tenga luz verde, por ejemplo, con el PMA, es cuestión de suscribir ese decreto, que ya está listo tras haberlo ajustado por los comentarios de la ciudadanía.

Además de esa normativa, también se necesitan dos estudios de favorabilidad en materia ambiental y de salud. El primero, a cargo del Ministerio de Ambiente, ya está listo, según conoció este diario. Al segundo, a cargo del Instituto Nacional de Salud, todavía le falta. De los seis núcleos geográficos del país en donde se pretende retomar la aspersión aérea, dicho instituto tendría listo el estudio solamente para dos núcleos. Con ello, de iniciar el programa de aspersión, en principio estaría autorizado solamente para las zonas que cuentan con ese estudio, más no para los 104 municipios programados.

Con esos dos estudios de favorabilidad, con el PMA aprobado por la ANLA y con el decreto del ministerio de Justicia, este último convocaría una sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes para emitir la nueva resolución que finalmente aprobaría la aspersión aérea en Colombia. En esa instancia es poco probable que no se autorice la fumigación, pues funciona por mayorías y seis de las nueve sillas son ministerios del Gobierno. Las otras tres las ocupan la Policía Nacional, la Fiscalía y la Procuraduría, de las cuales sólo la última ha objetado la política de aspersión. Sin embargo, la decisión debe salir blindada, pues de lo contrario sería susceptible de ser demandada ante el Consejo de Estado lo cual no dejaría arrancar el programa o lo tumbaría meses después de que arranquen las avionetas. “Puede que pase todo este Gobierno y no puedan arrojar una sola gota de glifosato dese un avión”, dijo el abogado Alirio Uribe.

Luego de la visita del presidente Iván Duque a Samaniego (Nariño) durante el pasado fin de semana, a raíz de la masacre perpetrada en ese municipio el sábado 15 de agosto en la que murieron ocho jóvenes, el lunes a primera hora el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, convocó a una rueda de prensa. Allí, además de referirse a las cifras y a la controversia alrededor de las masacres o los “homicidios colectivos”, como los han llamado desde el Gobierno, envió otro mensaje: su ministerio está listo operacionalmente para reanudar la aspersión aérea de glifosato contra los cultivos de coca en el país y ello tendría un impacto favorable, según dijo, sobre las masacres.

“Hay que decir con claridad, cumpliendo todos los requisitos establecidos por la Corte Constitucional, que la aspersión aérea hoy es más necesaria que nunca para continuar con la disminución de los cultivos ilícitos (…) Reiniciarla es absolutamente indispensable porque su reiniciación tendrá además un efecto positivo sobre este asunto de los homicidios colectivos”, aseguró el ministro.

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Sin embargo, para quienes han seguido de cerca el procedimiento para reanudar la aspersión aérea con glifosato en el país, suspendida por el Consejo Nacional de Estupefacientes en 2015 (luego de que la Organización Mundial de la Salud clasificara ese herbicida como probablemente cancerígeno) las declaraciones del jefe de esa cartera parecen más un asunto político que busca responder al fragor de la coyuntura. Pero para que la fumigación se reactive aún falta trecho, de acuerdo con la sentencia T-236 de 2017 de la Corte Constitucional y recientes fallos judiciales que se han pronunciado sobre la necesidad de participación de las comunidades afectadas en ese proceso.

El más reciente embate que sufre el Gobierno en su intención de retomar esa política lo sufrió este martes por cuenta de la decisión de un juzgado de Pasto de abrirle incidente de desacato al subdirector de Mecanismos de Participación Ciudadana de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), al director de la dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y al director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior. Acción que tomó dicho juzgado al considerar que esas tres autoridades no han cumplido con las órdenes impartidas en dos fallos de tutela de primera y segunda instancia relacionados con el procedimiento para reanudar la aspersión aérea. En ese mismo auto, el juzgado de Pasto ordenó suspender una audiencia clave para el cumplimiento de los requisitos que viabilizarían la aspersión.

Se trata de la audiencia pública ambiental necesaria para la aprobación por parte de la ANLA del Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con Glifosato. Audiencia que en principio había sido convocada, de manera virtual por la pandemia, para el pasado 27 de mayo. Sin embargo, a través de varias tutelas, organizaciones campesinas de Nariño y 88 organizaciones sociales, indígenas y jurídicas, como la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el Cinep o la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, lograron frenarla argumentando que de manera virtual no se garantizaba la participación efectiva de las comunidades afectadas. El Juzgado Segundo Administrativo de Pasto les dio la razón y suspendió ese trámite del PMA. Luego, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó el fallo y vinculó además al Ministerio del Interior para que ejecute los procesos de consulta previa que sean necesarios con las comunidades étnicas de los 104 municipios en donde se pretende iniciar la aspersión con el herbicida.

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Sin embargo, luego de ese fallo, en una actuación cuestionada por quienes han intervenido en el proceso, a finales de julio la ANLA publicó un edicto en el que convocaba de nuevo la audiencia pública para el próximo primero de septiembre, aludiendo a un protocolo que consideraba más participativo con las comunidades. Ahí vinieron las advertencias de distintos sectores que dijeron que ese procedimiento no tenía luz verde.

“Es muy preocupante que en el afán que tiene el Gobierno de recuperar el control de esos territorios vaya a creer que el cumplimiento de los requisitos en cuanto a la participación ya se ha dado, cuando para la Procuraduría está muy claro que no es así”, explica Diego Trujillo, procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios. “Esos fallos han sido claros y han salido a defender el derecho a la participación de las comunidades rurales, étnicas y campesinas, y esos fallos hay que respetarlos”, agrega.

Fue por no cumplir con esos fallos que el juzgado de Pasto emitió este martes el auto en que abrió incidente de desacato contra los funcionarios del ANLA, de la Policía y del Ministerio del Interior y suspendió la audiencia del primero de septiembre. Pero el asunto de fondo sobre el que hizo énfasis el juzgado, reafirmando lo dicho en el fallo de segunda instancia, es la necesidad de ejecutar procesos de consulta previa para lograr la licencia ambiental del programa de aspersión con glifosato.

En el trámite del PMA, el Ministerio del interior ha defendido su resolución 001 de marzo de 2020, en la que establece que la aspersión no se realizará en territorios de comunidades étnicas por tanto no se requiere consulta previa. “Sin embargo, las organizaciones analizaron los seis núcleos geográficos (donde está proyectado fumigar) y la focalización por municipios y lo que han dicho es que sí hay un cruce o con territorios étnicos ya titulados o con territorios por titular”, explica Isabel Pereira, coordinadora de Política de Drogas de Dejusticia. En ese sentido, la decisión de este martes del juzgado de Pasto dice que entre las entidades territoriales, la ANLA y la Policía deberán rastrear la presencia de comunidades étnicas en zonas de influencia del programa de aspersión e informar de inmediato a la autoridad de consulta previa para que ejecute dicho proceso. Ese sólo trámite podría frenar que se inicien las aspersiones aéreas este año.

“Lo que está haciendo el Gobierno es viciar el procedimiento de licencia por lo tanto apenas la emita puede ser demandada y solicitada su nulidad o su suspensión. Nosotros estamos dándole al Gobierno la oportunidad de que haga las cosas bien”, asegura el abogado Alirio Uribe, del Cajar.

Pero lo cierto es que la aprobación del PMA es apenas uno de los requisitos para la reanudación de la aspersión. Junto a ese, son necesarios al menos otros tres pasos para que en sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes se emita una resolución que bien cree el programa de nuevo o derogue la resolución que lo suspendió en 2015, dice Isabel Pereira.

Uno de esos requisitos es el decreto que debe emitir el Ministerio de Justicia, que reglamentaría el programa de aspersión. Es en ese documento donde el Gobierno busca dar respuesta a todas las exigencias de la Corte Constitucional en materia de riesgos en salud, medio ambiente, monitoreo y auditorías al programa de aspersión, así como la gestión de las quejas por las posibles afectaciones que genere esa medida, entre otros aspectos. Ese decreto lo publicó MinJusticia el 30 de diciembre de 2019 en su página web y estuvo colgado allí durante un mes para recibir observaciones de la ciudadanía.

Luego de ese proceso, públicamente no se volvió a saber nada de ese documento. Una fuente que conoce el proceso de esa normativa desde el ministerio de Justicia le dijo a este diario que el decreto recibió alrededor de 50 observaciones y comentarios de ciudadanos y organizaciones, lo cual demoró su aprobación. Pero que en el momento en que se tenga luz verde, por ejemplo, con el PMA, es cuestión de suscribir ese decreto, que ya está listo tras haberlo ajustado por los comentarios de la ciudadanía.

Además de esa normativa, también se necesitan dos estudios de favorabilidad en materia ambiental y de salud. El primero, a cargo del Ministerio de Ambiente, ya está listo, según conoció este diario. Al segundo, a cargo del Instituto Nacional de Salud, todavía le falta. De los seis núcleos geográficos del país en donde se pretende retomar la aspersión aérea, dicho instituto tendría listo el estudio solamente para dos núcleos. Con ello, de iniciar el programa de aspersión, en principio estaría autorizado solamente para las zonas que cuentan con ese estudio, más no para los 104 municipios programados.

Con esos dos estudios de favorabilidad, con el PMA aprobado por la ANLA y con el decreto del ministerio de Justicia, este último convocaría una sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes para emitir la nueva resolución que finalmente aprobaría la aspersión aérea en Colombia. En esa instancia es poco probable que no se autorice la fumigación, pues funciona por mayorías y seis de las nueve sillas son ministerios del Gobierno. Las otras tres las ocupan la Policía Nacional, la Fiscalía y la Procuraduría, de las cuales sólo la última ha objetado la política de aspersión. Sin embargo, la decisión debe salir blindada, pues de lo contrario sería susceptible de ser demandada ante el Consejo de Estado lo cual no dejaría arrancar el programa o lo tumbaría meses después de que arranquen las avionetas. “Puede que pase todo este Gobierno y no puedan arrojar una sola gota de glifosato dese un avión”, dijo el abogado Alirio Uribe.