Reincorporados de Arauca, confinados y bajo el asedio de grupos ilegales

La confrontación entre grupos armados ilegales ya deja 64 muertos en Arauca. Fotografía del Espacio Territorial de reincorporación (ETCR) Charras.

Foto: ONU Colombia

Las fotos de Juvenal Ballén circularon en redes sociales luego que los médicos confirmaran su muerte el domingo 30 de enero a las cuatro de la tarde. Martha* lo reconoció de inmediato y le dijo a su esposo: “ese muchacho es un reincorporado”. Diez minutos después el Partido Comunes confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter.

A Juvenal lo abalearon ese día por la mañana en el casco urbano de Saravena, donde lideraba una cooperativa con otros reincorporados de las Farc. Ballén se convirtió en el primer firmante del Acuerdo de Paz asesinado en 2022. Es el número 303 de una lista que no deja de alargarse.

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Martha, una araucana que dejó las armas tras el Acuerdo de Paz y ahora está laborando en una institución oficial, asegura que incluso ha contemplado salir del departamento. “Dios quiera que esa gente no se vaya a meter con nosotros, que ya estamos en el proceso de paz”, dice mientras explica el sentimiento de los reincorporados de las Farc que huyen de Arauca por decenas: “Si mataron a ese man, ¿qué tal que me maten a mí también?”.

La confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Farc comenzó el primer día del año cuando el Eln ejecutó una seguidilla coordinada de asesinatos en todo el departamento en contra de quienes acusa ser miembros o colaboradores de la disidencia. Los disidentes a su vez respondieron con ataques a líderes comunales, negocios y organizaciones sociales que ellos consideran parte de las “estructuras urbanas” del Eln.

En apenas un mes el saldo son 64 personas asesinadas, de acuerdo con el registro de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra. Pese a la alta militarización y a la orden del Presidente Duque de enviar dos contingentes militares adicionales, en el departamento han ocurrido incontables hostigamientos, secuestros, amenazas y atentados, como el carro bomba que la disidencia hizo explotar en Saravena el 19 de enero junto a un edificio donde tienen su sede varias organizaciones sociales, entre ellas la propia Fundación Joel Sierra.

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Otro antiguo Espacio Territorial de Reincorporación amenazado

Los excombatientes han quedado en la mitad de ambos fuegos. El colectivo de Villa Paz, el antiguo Espacio Territorial de Reincorporación (ETCR) Filipinas, cercano al caserío de Puerto Jordán, en Arauquita. entregó personalmente el pasado 26 de enero una carta al consejero para la estabilización, Emilio Archila, pidiéndole con urgencia “concretar la ruta de evacuación de algunas familias” que han sido amenazadas, así como atender a los reincorporados que ya tuvieron que salir de Arauca. Serían 58, según la Defensoría del Pueblo, aunque los firmantes sostienen que hay más de 80, que se encuentran en ciudades como Medellín, Bogotá, Villavicencio, Yopal, Bucaramanga y Cúcuta, sin claridad sobre cómo podrán seguir su proceso de reincorporación.

Los firmantes piden que se atienda su situación de “desplazamiento y desarraigo en todo sentido” y que se cumpla con la implementación del Acuerdo de Paz como medida integral para hacer frente a esta crisis: “se necesita con urgencia la compra de las tierras, tanto para los firmantes del centro poblado Villa Paz, como para los firmantes que se encuentran en las cabeceras municipales”, dice la carta.

“Son hechos que se vienen dando en el conflicto de estas organizaciones armadas, pero uno dice que el gobierno es el gran responsable, porque no tiene una ruta para la gente que va reportando una amenaza”, asegura Wladislav Aguirre Rodríguez, vocero de los reincorporados que se encuentran en Villa Paz, el Espacio Territorial de Reincorporación (ETCR), cercano al caserío de Puerto Jordán, en Arauquita.

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Los reincorporados solicitan que se active la ruta de protección colectiva de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y que se reestablezca el acompañamiento del Ejército y la Policía al ETCR para garantizar “seguridad integral”. Desde la UNP se confirmó a Colombia+20 que la ruta ya fue activada, pero aún no se han llevado a cabo los estudios, el primer paso para asignar medidas concretas.

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De manera preventiva los reincorporados que aún permanecen en el sector de Puerto Jordán, donde están las instalaciones del ETCR, se han confinado pidiendo al Gobierno Nacional que declare allí un albergue humanitario, no sólo para ellos, sino también para familias de campesinos desplazados que han llegado de las veredas. La Personería de Tame hizo un censo de 338 personas y 138 familias que permanecen confinadas en Villa Paz, con temor de ir a sus cultivos y proyectos productivos, ahora abandonados.

Como última medida los reincorporados contemplan la evacuación total del ETCR, algo similar a lo que ocurrió el año pasado en el Yarí, aunque se resisten a abandonar la zona. “Confiamos en las comunidades, somos una comunidad más, en una época el gobierno quiso sacarnos de ese sitio y las comunidades no quisieron”, explica Wladislav Aguirre, “por eso nos declaramos en albergue humanitario y confinamiento, nos adelantamos a los hechos, para llamar la atención y que esa sea una zona neutral de paz”.

El consejero Archila viajó a Arauca el 26 de enero y aseguró que el gobierno planea invertir 1.8 billones de pesos, un monto que, según él, supera las inversiones de “los últimos 15 o 20 años”. Calificó al Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial como un “avance histórico para el departamento” y dijo que el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito ha sido un éxito erradicando poco más de 400 hectáreas, lo que permitiría “mantener a Arauca libre de coca”.

Lo que no aclaró el consejero Archila es que la coca era prácticamente inexistente en Arauca, porque fue erradicada a sangre y fuego por el Eln, durante la brutal disputa contra las Farc entre 2005 y 2011, una guerra que dejó más de 1.000 muertos y ahora se reedita bajo nuevas circunstancias. Los reincorporados de Villa Paz antes habían sido víctimas de la disidencia que los acusaban de traidores y “sapos” del gobierno, ahora temen convertirse en blanco del Eln, pues muchos de ellos participaron de aquella antigua confrontación.

“Nosotros hemos sido muy neutrales, le hemos manifestado al pueblo colombiano y al pueblo araucano que nos dedicamos es a la reincorporación y al cumplimiento individual y colectivo del acuerdo de paz […] tenemos el referente de que venimos del conflicto del 2005, donde fuimos artífices, por el hecho de ser reincorporados somos estigmatizados”, aclara Wladislav Aguirre, “pedimos que nos dejen trabajar, que nos dejen hacer nuestra reincorporación. Estamos preocupados por el rearme que se está dando, la implementación [del Acuerdo de Paz] ha sido muy lenta, y esa lentitud y esa negativa a la implementación hace que se vaya perdiendo la confianza”, explica.

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Archila ha sido reiterativo en que durante su gestión los asesinatos de excombatientes han disminuido, lo que es cierto. No obstante, Leonardo González, investigador de Indepaz, afirma que aún “no es posible hablar de una tendencia a la baja” y que para ello “hay que tener dos o tres años”. González insiste en que si hay una sistematicidad en el asesinato de excombatientes que ocurre por la omisión del Estado al “convertir a estos territorios en zonas desprotegidas”.

“La idea es volar esos negocios”

El 1 de febrero circuló un nuevo panfleto atribuido al Frente 10 de la disidencia en el que se declaraba objetivo militar al Hospital San Lorenzo y al Hospital del Sarare, también a una emisora comunitaria, al Instituto Colombiano Agropecuario, el Comité de Ganaderos y varias cooperativas y organizaciones comunitarias de Tame y Saravena, añadiendo que serían implacables con todo aquel que “directa o indirectamente” estuviera involucrado con el Eln.

Aunque la autoría del comunicado no ha sido confirmada, una de las empresas mencionadas allí, la Empresa Comunitaria del Acueducto de Saravena, ya había sido blanco de un ataque con granadas el 9 de enero. Ese mismo día se conoció un audio de WhatsApp con la voz de Antonio Medina, comandante del Frente 28 de la disidencia, en donde se lo escucha diciendo: “la idea es volar esos negocios, Asojuntas, presidentes de Juntas, líderes de ellos, toda esa mierda hay que matar”.

Medina fue quién reivindicó en un video publicado en Facebook la autoría del atentado con carro bomba contra el edificio de las organizaciones sociales de Arauca, así como otros de los hechos ocurridos durante el último mes.

Marcela Cruz estaba esa noche en el edificio junto a cincuenta líderes del departamento, llevaban una semana en un taller de Derechos Humanos y autoprotección. “La mayoría estábamos durmiendo cuando escuchamos un tiroteo y un minuto después la explosión”. Cruz pertenece a la Fundación Joel Sierra, una organización que ha sido incisiva en denunciar la situación en Arauca.

“Están declarando una guerra contra todo el pueblo, imagínese, atentar contra hospitales”, se queja otro integrante de la Fundación que prefiere que su nombre no sea citado. “El temor es que pueda ser real y pueda afectar directamente al pueblo”, afirma.

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Datos de Indepaz registraban 7 reincorporados y 17 líderes sociales asesinados en Arauca desde la firma del Acuerdo de Paz hasta noviembre de 2021. Pero esa cifra se ha visto sobrepasada notablemente apenas en un mes.

“Lo que se ve es dramático, una crisis humanitaria ante una ausencia integral del Estado, el Estado cree que sólo la presencia de la Fuerza Pública es suficiente, y lo que estamos viendo es que no es garantía para la seguridad” asegura Leonardo González de Indepaz, quien desestima los señalamientos del Eln hacia la disidencia sobre supuestos vínculos con el Ejército y la inteligencia norteamericana: “esos señalamientos siempre se han hecho de lado y lado, en el Cauca los disidentes de la Carlos Patiño dicen que el Eln trabaja con el gobierno, en Arauca es al contrario”.

“A uno le da mucha tristeza, es gente que la luchó, y salir acá para que los maten miserablemente”, se lamenta Martha. Su clamor es ratificado por Wladislav Aguirre: “no queremos saber de más muertos, ni de la población civil, ni de ellos mismos, porque ellos también son hijos de araucanos”.

*Nombre cambiado por petición de la fuente.