Gobierno dice que no está cambiando reglas del programa de sustitución de cultivos

Los campesinos beneficiarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en Guaviare están preocupados, confundidos y molestos desde hace varias semanas porque la entidad les está pidiendo que firmen Contratos de Derechos de Uso sobre Baldíos Inadjudicables para cumplirles con los proyectos productivos que les prometieron hace cuatro años y debían tener hace más de año y medio. Muchos de ellos ya arrancaron las matas de coca, emprendieron la siembra de otros cultivos y se quedaron solos por el camino porque no llegaron los recursos prometidos.

Como lo contó Colombia+20, esos contratos son una herramienta que se creó en 2018 para que quienes históricamente han vivido en zonas protegidas, como la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia (en la que está Guaviare), puedan hacer uso de la tierra en la que viven de manera legal. Pero los abogados y campesinos consultados por este medio coinciden en que resulta problemático porque la firma de ese documento los convierte en usuarios de sus tierras (en vez de propietarios), únicamente por 10 años y que, bajo esa figura, el Estado podrá dar por terminado el contrato si la destinación del suelo cambia, por ejemplo, para ser utilizado en una explotación minera: lo que dejaría a los campesinos sin tierra.

Por esa razón, sumada a que esa condición no aparece explícita en el Acuerdo de paz ni en los acuerdos de sustitución que suscribieron, dicen que no quieren firmar.

(En contexto: Cambio en condiciones del programa de sustitución de cultivos podría dejar a excocaleros sin tierra)

Tras la publicación de la denuncia, el PNIS rechazó los señalamientos de que las condiciones del programa están cambiando. A través de un comunicado, insistió, como ya le había manifestado a este medio, en que los requisitos para el cumplimiento del programa siguen siendo los mismos. Sin embargo, recordó que “el programa en su diseño durante el gobierno anterior, previó que se daría atención a los beneficiarios pero no dispuso de los recursos para hacerlo, ni reguló cómo se haría esa atención, por ejemplo en los casos de ocupaciones de áreas de importancia ambiental”.

Es decir, el Acuerdo de paz contempló la atención a quienes viven en las Zonas de Reserva Forestal, “pero no fijó excepciones a la ley agraria, ni a la ley ambiental; por esta razón el Gobierno debió realizar ajustes normativos que hicieran legalmente posible la atención de familias en estas zonas”. Esto, según Hernando Londoño, director de la entidad, incluye dos acuerdos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entre los que se creó la figura de los Contratos de Derechos de Uso, que no son exclusivos de los beneficiarios PNIS, también se usan con los campesinos que viven en estas tierras protegidas desde antes de abril de 2018.

Por lo que “es un tema de reglamentación de la ANT y no un nuevo requisito para la implementación del PNIS”, señala Londoño.

Frente a ello, en la denuncia, los campesinos afirmaban que la condición era nueva al no haber quedado clara en los acuerdos que firmaron y lo sienten como una obligación, porque sin la firma, no tendrán sus proyectos productivos. Esto último lo confirma la entidad. Pues señala que las familias que dentro del plan sustituyan sus cultivos de uso ilícito deben tener un predio para el desarrollo del proyecto productivo, pero “es claro que el sólo pueden implementar los proyectos en predios que, estando ubicados en zonas de reserva forestal, sean formalizados mediante Contratos de Derechos de Uso”.

Sin embargo, para la entidad es desacertado llamarlo “nuevo requisito” y más bien, “debe considerarse como un logro para el campesinado porque antes de esta norma cualquier ocupación en una zona de reserva forestal se consideraba indebida e ilegal, frente a lo cual, el Estado no podría titular esos predios a sus ocupantes, ni hacer inversiones en los mismos, ni atenderlos con proyectos productivos”.

(Lea también: Campesinos se sienten “tumbados” con contratos del Gobierno para zonas de reserva)

Por eso, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos explicó que tiene un convenio con la ANT, en el que contrataron a seis operadores para que los campesinos firmen los contratos, reciban los proyectos y formalicen sus tierras. Según Londoño, la situación en Guaviare es la misma de 4.100 familias a nivel nacional que pretenden atender con el mismo convenio y el mismo requisito.

Otra de las quejas de los campesinos, que también ha recogido el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, es que no ha habido una pedagogía efectiva sobre los alcances del contrato. Esto mismo lo documentó Colombia+20 en en el corregimiento Batata, de Tierralta (Córdoba), en donde inició la implementación de esta figura. Allí los campesinos conocieron las implicaciones del contrato solo después de haberlos firmado.

Al respecto, Hernando Londoño insistió en que la entidad ha realizado 180 talleres o espacios de diálogo con las comunidades de los seis departamentos donde se encuentran las 4.100 familias que serán atendidas por el convenio y dijo que la ANT está dispuesta a resolver las dudas que haya. Y añadió que no están obligando a los campesinos a firmar, sino que “la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos emitió un conminatorio para poder avanzar con los seis contratos vigentes que iniciaron en julio del año pasado y que han sido afectados por la falta de confirmación de las familias para ser atendidas bajo las normas de ley que se requieren en estas zonas”.

Pese a ello, campesinos y abogados insistieron en que “prácticamente los están obligando” dado que les pusieron una fecha límite y solo firmando podrán obtener los proyectos productivos por los que arrancaron la coca, que era su única fuente de sostenimiento.

Los campesinos beneficiarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en Guaviare están preocupados, confundidos y molestos desde hace varias semanas porque la entidad les está pidiendo que firmen Contratos de Derechos de Uso sobre Baldíos Inadjudicables para cumplirles con los proyectos productivos que les prometieron hace cuatro años y debían tener hace más de año y medio. Muchos de ellos ya arrancaron las matas de coca, emprendieron la siembra de otros cultivos y se quedaron solos por el camino porque no llegaron los recursos prometidos.

Como lo contó Colombia+20, esos contratos son una herramienta que se creó en 2018 para que quienes históricamente han vivido en zonas protegidas, como la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia (en la que está Guaviare), puedan hacer uso de la tierra en la que viven de manera legal. Pero los abogados y campesinos consultados por este medio coinciden en que resulta problemático porque la firma de ese documento los convierte en usuarios de sus tierras (en vez de propietarios), únicamente por 10 años y que, bajo esa figura, el Estado podrá dar por terminado el contrato si la destinación del suelo cambia, por ejemplo, para ser utilizado en una explotación minera: lo que dejaría a los campesinos sin tierra.

Por esa razón, sumada a que esa condición no aparece explícita en el Acuerdo de paz ni en los acuerdos de sustitución que suscribieron, dicen que no quieren firmar.

(En contexto: Cambio en condiciones del programa de sustitución de cultivos podría dejar a excocaleros sin tierra)

Tras la publicación de la denuncia, el PNIS rechazó los señalamientos de que las condiciones del programa están cambiando. A través de un comunicado, insistió, como ya le había manifestado a este medio, en que los requisitos para el cumplimiento del programa siguen siendo los mismos. Sin embargo, recordó que “el programa en su diseño durante el gobierno anterior, previó que se daría atención a los beneficiarios pero no dispuso de los recursos para hacerlo, ni reguló cómo se haría esa atención, por ejemplo en los casos de ocupaciones de áreas de importancia ambiental”.

Es decir, el Acuerdo de paz contempló la atención a quienes viven en las Zonas de Reserva Forestal, “pero no fijó excepciones a la ley agraria, ni a la ley ambiental; por esta razón el Gobierno debió realizar ajustes normativos que hicieran legalmente posible la atención de familias en estas zonas”. Esto, según Hernando Londoño, director de la entidad, incluye dos acuerdos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entre los que se creó la figura de los Contratos de Derechos de Uso, que no son exclusivos de los beneficiarios PNIS, también se usan con los campesinos que viven en estas tierras protegidas desde antes de abril de 2018.

Por lo que “es un tema de reglamentación de la ANT y no un nuevo requisito para la implementación del PNIS”, señala Londoño.

Frente a ello, en la denuncia, los campesinos afirmaban que la condición era nueva al no haber quedado clara en los acuerdos que firmaron y lo sienten como una obligación, porque sin la firma, no tendrán sus proyectos productivos. Esto último lo confirma la entidad. Pues señala que las familias que dentro del plan sustituyan sus cultivos de uso ilícito deben tener un predio para el desarrollo del proyecto productivo, pero “es claro que el sólo pueden implementar los proyectos en predios que, estando ubicados en zonas de reserva forestal, sean formalizados mediante Contratos de Derechos de Uso”.

Sin embargo, para la entidad es desacertado llamarlo “nuevo requisito” y más bien, “debe considerarse como un logro para el campesinado porque antes de esta norma cualquier ocupación en una zona de reserva forestal se consideraba indebida e ilegal, frente a lo cual, el Estado no podría titular esos predios a sus ocupantes, ni hacer inversiones en los mismos, ni atenderlos con proyectos productivos”.

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Por eso, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos explicó que tiene un convenio con la ANT, en el que contrataron a seis operadores para que los campesinos firmen los contratos, reciban los proyectos y formalicen sus tierras. Según Londoño, la situación en Guaviare es la misma de 4.100 familias a nivel nacional que pretenden atender con el mismo convenio y el mismo requisito.

Otra de las quejas de los campesinos, que también ha recogido el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, es que no ha habido una pedagogía efectiva sobre los alcances del contrato. Esto mismo lo documentó Colombia+20 en en el corregimiento Batata, de Tierralta (Córdoba), en donde inició la implementación de esta figura. Allí los campesinos conocieron las implicaciones del contrato solo después de haberlos firmado.

Al respecto, Hernando Londoño insistió en que la entidad ha realizado 180 talleres o espacios de diálogo con las comunidades de los seis departamentos donde se encuentran las 4.100 familias que serán atendidas por el convenio y dijo que la ANT está dispuesta a resolver las dudas que haya. Y añadió que no están obligando a los campesinos a firmar, sino que “la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos emitió un conminatorio para poder avanzar con los seis contratos vigentes que iniciaron en julio del año pasado y que han sido afectados por la falta de confirmación de las familias para ser atendidas bajo las normas de ley que se requieren en estas zonas”.

Pese a ello, campesinos y abogados insistieron en que “prácticamente los están obligando” dado que les pusieron una fecha límite y solo firmando podrán obtener los proyectos productivos por los que arrancaron la coca, que era su única fuente de sostenimiento.