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Desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc, la principal problemática del Estado ha sido cómo llegar a las regiones abandonadas por esa guerrilla con una oferta institucional. Y mientras cabila sobre cuál será el plan de acción, los principales afectados han sido los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. Las cifras, además de escandalosas, no están unificadas, y mientras para las ONG se trata de más de 300 homicidios al año, para las entidades estatales no llegan a 150. Sin embargo, las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado colombiano obligan a atender esta situación con carácter urgente. Por eso, el gobierno de Iván Duque tiene listo un decreto y ha construido una hoja de ruta para enfrentar este fenómeno.
El Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección (PAO) para los defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunales, conocido por El Espectador, es un documento de 35 páginas que contiene los elementos principales con los que el Ejecutivo planea frenar los crímenes contra los dirigentes populares. El PAO consiste esencialmente en crear una instancia de coordinación de las entidades gubernamentales que tienen responsabilidades en la materia, pero, además, incluye una estrategia tendiente a intervenir en las principales zonas afectadas por los homicidios de líderes sociales.
“El Gobierno Nacional pone a consideración de la ciudadanía el presente plan como parte de sus esfuerzos por brindar una respuesta contundente, tanto a las demandas internas de mayor seguridad y respaldo a quienes han asumido el liderazgo en la promoción y salvaguarda de los derechos humanos, como a las obligaciones establecidas en los instrumentos jurídicos internacionales vinculantes”, explica el documento, al cual se le sumó en horas de la tarde de ayer un decreto presidencial que le da vida.
El contexto del documento reconoce el aumento en la cifra de crímenes contra defensores de derechos humanos y, a la vez, la diversidad estadística en torno a esta problemática, como aquellas que provienen de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y organizaciones no gubernamentales como Indepaz, Dejusticia, Human Rights, Data Analysis Group o Somos Defensores. “Las entidades del Gobierno Nacional han establecido que solo en 2018 se reportaron 236 casos de presuntos homicidios a defensores de derechos humanos”, señala. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos identifica que en lo transcurrido de este año se han registrado 159 presuntos homicidios.
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“Tal situación ha afectado principalmente a los defensores de derechos humanos y líderes sociales presentes en los departamentos de Nariño, Chocó, algunas zonas de Antioquia, Córdoba, Cauca y Norte de Santander, aunque no es un fenómeno exclusivo de estos territorios. Por el contrario, este se presenta, aunque con distinta magnitud, en municipios pertenecientes a 26 de los 32 departamentos del país, que tienen en común el encontrarse afectados por la presencia de actividades como la minería ilegal, los cultivos de coca, marihuana y amapola, y el desenvolvimiento de negocios vinculados con el narcotráfico”, reconoce el Gobierno en su documento. Uno de los apartes que más sorprende del Plan del Gobierno es el reconocimiento de la estigmatización de los líderes como una de las principales causas de que sean asesinados o amenazados. Por eso, incluye como uno de los cuatro ejes de esta política la pedagogía en las regiones afectadas para reivindicar el valor social del trabajo realizado por estos dirigentes.
El Plan de Acción define como una necesidad para enfrentar el creciente fenómeno de homicidios contra esta población concentrar la acción del Estado en las regiones con más alarmas. Por eso, advierte que durante los tres últimos años los departamentos más golpeados por esta ola de violencia son: Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Caquetá y Córdoba. “El 65 % de los casos, es decir, 139 hechos, ocurrieron en zona rural, mientras que 74 en áreas urbanas, lo cual muestra la importancia de desarrollar acciones focalizadas, acorde con las especificidades de estos territorios”, agrega el documento. Aún así, tanto en el plan como en el decreto se deja como un punto pendiente las veredas donde se pondrán en marcha las Zonas Estratégicas de Intervención.
Finalmente, la nueva política del Gobierno para afrontar los crímenes contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos incluye la creación de la Comisión Intersectorial para el desarrollo del Plan de Acción Oportuna como máxima instancia para atender esta problemática. Este organismo estará encabezado por el presidente de la República y por todos los ministros, consejeros presidenciales y directores de entidades relacionadas con la protección de los dirigentes sociales. Se deja con voz, pero sin voto al fiscal general, al procurador y al defensor del pueblo. Los cuatro principios que regirán el PAO serán: la articulación y reingeniería institucional, la actuación estratégica en el territorio, la estrategia de comunicaciones y capacitación, y la formulación de una política pública de prevención y protección integral, con enfoque diferencial.