Saboteadores armados, la mayor amenaza de la paz

Desde que las Farc se sentaron a negociar la paz con el gobierno Santos, la discusión de si en el país hay o no todavía grupos paramilitares volvió a coger fuerza. Para las Farc, se trata de una realidad innegable. Incluso lograron que, en el Acuerdo de Paz, el Estado se comprometiera a adoptar “las medidas para garantizar el esclarecimiento del fenómeno paramilitar”, a “evitar su repetición”, a no promover nunca más organizaciones de esta naturaleza y hasta a crear la Unidad Especial de Investigación en la Fiscalía, que tiene como misión desmantelar organizaciones “denominadas como sucesoras del paramilitarismo”.

La postura de las Farc concuerda con lo que organizaciones como Human Rights Watch han señalado desde antes de que la paz se dialogara en La Habana. En el país, sin embargo, hay una organización que encuentra hoy ese debate estéril: la Fundación Ideas para la Paz (FIP). En su más reciente informe, titulado “Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición”, la FIP advierte que lo que se requiere con urgencia es entender en terreno, una a una, las diversas manifestaciones de violencia que afectan las regiones, para así poder tomar decisiones políticas con impacto real para la población civil.

El Espectador conoció el documento, que abre su introducción con la siguiente frase —necesaria para comprender el porqué de este estudio—: “El futuro del crimen organizado y de los diferentes tipos de grupos o expresiones armadas, remanentes y emergentes, está en el centro de las agendas de paz y seguridad en Colombia, y es uno de los grandes retos de la implementación del Acuerdo de Paz”. María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la FIP y parte del grupo de autores del informe, le dijo a este diario: “Hacer esta radiografía nos permite empezar a aclarar de qué estamos hablando cuando hablamos del clan del Golfo, de las redes locales de narcotráfico, de las transformaciones en las economías criminales”.

Luego de un extenso trabajo de campo y de revisión bibliográfica, hecho todo entre agosto de 2016 y mayo de este año, la primera conclusión de los investigadores de la FIP es contundente: en Colombia las autoridades no tienen claridad alguna sobre la magnitud de los fenómenos violentos. “Llama la atención la dificultad (del Estado) para abordar el tamaño y la presencia de estos grupos”.

Se refieren a los que oficialmente han sido llamados grupos armados organizados, grupos de delincuencia organizada, y los que la FIP denomina “saboteadores armados”: disidencias de las Farc o intermediarios del narcotráfico y la minería ilegal.

Este informe es un diagnóstico de la violencia, una radiografía detallada de lo que está ocurriendo en las zonas con mayor complejidad en su situación de orden público y una alerta de que las cosas podrían ponerse mucho más difíciles a pesar del desarme de las Farc. Buena parte de los analistas del conflicto insisten en que el recrudecimiento de la violencia puede esperarse en este período del posacuerdo, pero María Victoria Llorente hace otra lectura: “No es un problema de este momento, de esta transición. Eso lo hemos venido viendo desde la transición que tuvimos con la desmovilización de grupos paramilitares”.

“Queremos resaltar que hoy, sin Farc, muchas personas no están sintiendo un cambio drástico en algunas regiones. Estos grupos armados, por pequeños que sean, están teniendo impacto humanitario sobre las poblaciones que en teoría se deberían beneficiar por la firma de la paz”, expresó Eduardo Álvarez Vanegas, director del área de dinámicas de conflicto y negociaciones de paz de la FIP. “Este estudio también invita a pensar en los rasgos, variaciones y trayectorias que siguen tanto los grupos que se desactivan como las Farc, en términos de lo que ocurrirá con sus disidencias, como otros”, añadió.

Autodefensas Gaitanistas

Es la primera organización irregular a la que se refiere el informe. Identifican en ella “dos tipos de componentes”: uno armado, que se ubica en el Urabá, sur de Córdoba y algunas zonas del Bajo Cauca; y otro de “subcontratación”, distribuido en otras regiones. Aunque las cifras oficiales dicen que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) están conformadas por unos 1.900 integrantes, la FIP estima que la cifra podría llegar hasta 3.500. “Llama la atención los casos de Casanare y Meta, departamentos en los que este grupo opera a través de redes de subcontratación y su radio de influencia sería mayor al reportado”.

Para los investigadores de la FIP, las Autodefensas Gaitanistas se han vuelto una “franquicia” que creció incorporando antiguos paramilitares, y son un “entramado criminal” que agrupa estructuras criminales regionales, narcos, oficinas de cobro y hasta pandillas. Las subcontrataciones son con grupos de menor envergadura, que se hacen cargo de los cobros de extorsiones, los asesinatos, hasta las labores de inteligencia. La ideología política que lleva tantos años arguyendo está descartada: “La permanencia de sus integrantes obedece, más que todo, a una lógica económica (…) a cambio de un sueldo”.

Si hay reportes de actividad de esta organización en zonas tan distantes entre sí como el Urabá, Caldas y el sur de Bolívar, es porque las AGC han logrado establecer una compleja red criminal con injerencia territorial indirecta a través de la subcontratación. Las AGC, sostiene la FIP, están relacionadas con múltiples economías irregulares: el narcotráfico, por supuesto —se han especializado en la transformación y comercialización de cocaína—, así como la minería y la tala ilegal. Las autoridades están en deuda de esclarecer su rol en la trata de migrantes por el golfo de Urabá.

Los puntilleros

Cuando el Ministerio de Defensa expidió la Directiva 15 de 2016, señaló que en el país había tres GAO (grupos armados organizados, el nombre con el que reemplazaron la expresión bacrim), contra los cuales las Fuerzas Armadas podían aplicar fuerza letal, que incluye bombardeos. Los puntilleros son uno de esos tres grupos. El informe de la FIP, no obstante, indica que esta no es una organización, sino dos: el Bloque Meta y el Bloque Libertadores del Vichada, que apenas cuentan con unos 70 hombres y tienen injerencia sobre 16 municipios de los Llanos Orientales.

El Bloque Meta estaría en al menos 11 pueblos; el Libertadores del Vichada, en cinco. “Su presencia se limita a ejercer control en puntos estratégicos de la vieja ruta del narcotráfico, que va desde la margen norte del departamento del Meta hasta la frontera con Venezuela”, subraya el reporte, señalando que ellos operan “más que todo como un puente y un facilitador para dinamizar las economías criminales del narcotráfico”, sin la capacidad para ejercer operaciones militares sostenidas ni el control territorial que tienen las Autodefensas Gaitanistas.

Estos grupos también son producto de las desmovilizaciones de las Auc, en especial del Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (Erpac), que surgió de la mano del exparamilitar Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, y del hecho que el bloque Héroes del Llano, que comandaba Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata, no se desmanteló por completo. Lo que preocupa, advierte la FIP, no es exactamente su presencia, sino otros grupos armados que están surgiendo en esa zona al tiempo que se configuran allí disidencias de los frentes 1, 7 y 44 de las Farc.

Epl

El Ejército Popular de Liberación, que ahora el Ministerio de Defensa llama los Pelusos, se encuentra en el Catatumbo como una disidencia del Epl que entregó las armas en 1991 y actuaba allí desde los 70. Para la FIP, no se puede reducir a un grupo criminal, pues también tiene ascendencia social y se está fortaleciendo militar y territorialmente. Afectan a la Fuerza Pública sobre todo con francotiradores y están empezando a tomar fuerza en municipios como Teorama y El Tarra (Norte de Santander), donde antes operaban las Farc. En zonas reducidas de Hacarí o San Calixto, aún conserva legitimidad entre los pobladores.

Para copar los territorios que solían ser de las Farc, el Epl ha venido actuando de la mano del Eln. Esta organización ilegal, además, está incrementando los toques de queda, las restricciones de movilidad y el reclutamiento de menores. “Las autoridades locales insisten en que las realidades del Catatumbo exigen una salida distinta con este grupo, ya sea su sometimiento o un modelo de negociación y desarme”. Es decir, que si el Gobierno quiere acabar con ellos, los golpes militares no serán suficientes. No obstante, se admite que la muerte de su jefe, Megateo, ocurrida el 2 de octubre de 2015, fue un golpe del que no han podido levantarse.

“El Epl es uno de los principales saboteadores armados de la consolidación de la paz en la región del Catatumbo”, concluye la FIP. En el Catatumbo dicen que no habrá paz completa si el Epl continúa actuando, y para los campesinos de la región es un hecho que este grupo “jamás aceptará un sometimiento”.

Urabá

El informe de la FIP también hace un análisis regional. Con respecto a esta zona, la esquina privilegiada de Colombia, apetecida enormemente por el narcotráfico por su salida tanto al Pacífico como al Atlántico, el reporte señala que este es el bastión militar y político de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las cuales siguen en pie a pesar de la ambiciosa “Operación Agamenón”, en la cual participan más de 1.200 policías desde febrero de 2015. En sus paros, sólo con amenazas han amedrantado a la población. Y lo más grave: al parecer, “hay poderes locales que se oponen a la restitución de tierras y estarían contratando a integrantes de las AGC para que atenten contra líderes de este proceso”.

El Urabá se ha convertido en un centro de acopio, refinamiento y salida de la cocaína. La gran mayoría de cultivos de uso ilícito se encuentran en Tierralta (Córdoba), el mismo municipio donde las Auc establecieron su mesa de negociación con el gobierno Uribe y que antes de los paramilitares fue una zona bajo el control de las Farc. En el corto y mediano plazo, dice la FIP, se tendrá que analizar si es cierto que se está presentando una división entre los mandos de las AGC, Otoniel y Gavilán, por cuenta de las acciones de la Fuerza Pública, y si el Eln está incursionando en las zonas donde antes estaba el frente 57 de las Farc (responsable de la masacre de Bojayá).

Bajo Cauca

Esta región antioqueña está enfrentando la expansión de las Autodefensas Gaitanistas a la par de la expansión del Eln, en especial del frente de guerra Darío Ramírez. Ambos van por el control de los espacios que ocupaban las Farc. “La disputa por las economías criminales radica, principalmente, en las extorsiones a mineros por el derecho a trabajar y usar maquinaria (…) los mineros tienen que pagarles al Eln, a las AGC y otras estructuras de menor envergadura”, asegura la FIP, que a la vez señala que “no se puede menospreciar el interés de las AGC por cooptar segmentos de las economías criminales de la coca y el oro”.

La FIP cree que, en poco tiempo, esta región evidenciará la máxima expansión de la violencia por tres razones. La primera, porque allí, históricamente, se han dinamizado las economías criminales por el mismo valor geoestratégico que encierra al ser un corredor hacia el oriente y el occidente del país. La segunda, porque ha sido un lugar propicio para cultivos de coca y para instalar cocinas y laboratorios de droga, lo que le da un valor económico. Y la tercera, porque es la región de mayor producción de oro en Antioquia.

Tumaco

La FIP advierte que, al tiempo que las Farc negociaban la paz, en este municipio de Nariño surgieron dos disidencias de la columna Daniel Aldana: Gente del Orden y la Nueva Gente. El primer grupo lo conformó Yeison Segura, alias Don Ye, y exmiembros de los Rastrojos, uno de los ejércitos privados que se crearon en el cartel del norte del Valle. El segundo, aseguró la Fiscalía, fue desarticulado en octubre de 2016. No obstante, en Tumaco siguen apareciendo estructuras de desertores de las Farc que se están uniendo a grupos que ahora operan en la frontera colombo-ecuatoriana. Se habla de otro más: Nuevas Guerrillas del Pacífico.

Al mismo tiempo, el Eln intenta apoderarse de zonas que antes controlaban las Farc; desde el año pasado se han visto a integrantes de las AGC en el casco urbano y zonas rurales; y en los barrios se han conformado grupos que restringen la movilidad de sus habitantes, promoviendo toques de queda en las noches y haciendo tiroteos frecuentes.

Se ha denunciado también el surgimiento de un grupo armado cerca del punto de reagrupamiento de las Farc en la vereda El Playón, que contaría con hasta 80 hombres armados. En Tumaco, particularmente, la violencia está mutando a la velocidad de la luz.

Vea el informe completo aquí

Desde que las Farc se sentaron a negociar la paz con el gobierno Santos, la discusión de si en el país hay o no todavía grupos paramilitares volvió a coger fuerza. Para las Farc, se trata de una realidad innegable. Incluso lograron que, en el Acuerdo de Paz, el Estado se comprometiera a adoptar “las medidas para garantizar el esclarecimiento del fenómeno paramilitar”, a “evitar su repetición”, a no promover nunca más organizaciones de esta naturaleza y hasta a crear la Unidad Especial de Investigación en la Fiscalía, que tiene como misión desmantelar organizaciones “denominadas como sucesoras del paramilitarismo”.

La postura de las Farc concuerda con lo que organizaciones como Human Rights Watch han señalado desde antes de que la paz se dialogara en La Habana. En el país, sin embargo, hay una organización que encuentra hoy ese debate estéril: la Fundación Ideas para la Paz (FIP). En su más reciente informe, titulado “Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición”, la FIP advierte que lo que se requiere con urgencia es entender en terreno, una a una, las diversas manifestaciones de violencia que afectan las regiones, para así poder tomar decisiones políticas con impacto real para la población civil.

El Espectador conoció el documento, que abre su introducción con la siguiente frase —necesaria para comprender el porqué de este estudio—: “El futuro del crimen organizado y de los diferentes tipos de grupos o expresiones armadas, remanentes y emergentes, está en el centro de las agendas de paz y seguridad en Colombia, y es uno de los grandes retos de la implementación del Acuerdo de Paz”. María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la FIP y parte del grupo de autores del informe, le dijo a este diario: “Hacer esta radiografía nos permite empezar a aclarar de qué estamos hablando cuando hablamos del clan del Golfo, de las redes locales de narcotráfico, de las transformaciones en las economías criminales”.

Luego de un extenso trabajo de campo y de revisión bibliográfica, hecho todo entre agosto de 2016 y mayo de este año, la primera conclusión de los investigadores de la FIP es contundente: en Colombia las autoridades no tienen claridad alguna sobre la magnitud de los fenómenos violentos. “Llama la atención la dificultad (del Estado) para abordar el tamaño y la presencia de estos grupos”.

Se refieren a los que oficialmente han sido llamados grupos armados organizados, grupos de delincuencia organizada, y los que la FIP denomina “saboteadores armados”: disidencias de las Farc o intermediarios del narcotráfico y la minería ilegal.

Este informe es un diagnóstico de la violencia, una radiografía detallada de lo que está ocurriendo en las zonas con mayor complejidad en su situación de orden público y una alerta de que las cosas podrían ponerse mucho más difíciles a pesar del desarme de las Farc. Buena parte de los analistas del conflicto insisten en que el recrudecimiento de la violencia puede esperarse en este período del posacuerdo, pero María Victoria Llorente hace otra lectura: “No es un problema de este momento, de esta transición. Eso lo hemos venido viendo desde la transición que tuvimos con la desmovilización de grupos paramilitares”.

“Queremos resaltar que hoy, sin Farc, muchas personas no están sintiendo un cambio drástico en algunas regiones. Estos grupos armados, por pequeños que sean, están teniendo impacto humanitario sobre las poblaciones que en teoría se deberían beneficiar por la firma de la paz”, expresó Eduardo Álvarez Vanegas, director del área de dinámicas de conflicto y negociaciones de paz de la FIP. “Este estudio también invita a pensar en los rasgos, variaciones y trayectorias que siguen tanto los grupos que se desactivan como las Farc, en términos de lo que ocurrirá con sus disidencias, como otros”, añadió.

Autodefensas Gaitanistas

Es la primera organización irregular a la que se refiere el informe. Identifican en ella “dos tipos de componentes”: uno armado, que se ubica en el Urabá, sur de Córdoba y algunas zonas del Bajo Cauca; y otro de “subcontratación”, distribuido en otras regiones. Aunque las cifras oficiales dicen que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) están conformadas por unos 1.900 integrantes, la FIP estima que la cifra podría llegar hasta 3.500. “Llama la atención los casos de Casanare y Meta, departamentos en los que este grupo opera a través de redes de subcontratación y su radio de influencia sería mayor al reportado”.

Para los investigadores de la FIP, las Autodefensas Gaitanistas se han vuelto una “franquicia” que creció incorporando antiguos paramilitares, y son un “entramado criminal” que agrupa estructuras criminales regionales, narcos, oficinas de cobro y hasta pandillas. Las subcontrataciones son con grupos de menor envergadura, que se hacen cargo de los cobros de extorsiones, los asesinatos, hasta las labores de inteligencia. La ideología política que lleva tantos años arguyendo está descartada: “La permanencia de sus integrantes obedece, más que todo, a una lógica económica (…) a cambio de un sueldo”.

Si hay reportes de actividad de esta organización en zonas tan distantes entre sí como el Urabá, Caldas y el sur de Bolívar, es porque las AGC han logrado establecer una compleja red criminal con injerencia territorial indirecta a través de la subcontratación. Las AGC, sostiene la FIP, están relacionadas con múltiples economías irregulares: el narcotráfico, por supuesto —se han especializado en la transformación y comercialización de cocaína—, así como la minería y la tala ilegal. Las autoridades están en deuda de esclarecer su rol en la trata de migrantes por el golfo de Urabá.

Los puntilleros

Cuando el Ministerio de Defensa expidió la Directiva 15 de 2016, señaló que en el país había tres GAO (grupos armados organizados, el nombre con el que reemplazaron la expresión bacrim), contra los cuales las Fuerzas Armadas podían aplicar fuerza letal, que incluye bombardeos. Los puntilleros son uno de esos tres grupos. El informe de la FIP, no obstante, indica que esta no es una organización, sino dos: el Bloque Meta y el Bloque Libertadores del Vichada, que apenas cuentan con unos 70 hombres y tienen injerencia sobre 16 municipios de los Llanos Orientales.

El Bloque Meta estaría en al menos 11 pueblos; el Libertadores del Vichada, en cinco. “Su presencia se limita a ejercer control en puntos estratégicos de la vieja ruta del narcotráfico, que va desde la margen norte del departamento del Meta hasta la frontera con Venezuela”, subraya el reporte, señalando que ellos operan “más que todo como un puente y un facilitador para dinamizar las economías criminales del narcotráfico”, sin la capacidad para ejercer operaciones militares sostenidas ni el control territorial que tienen las Autodefensas Gaitanistas.

Estos grupos también son producto de las desmovilizaciones de las Auc, en especial del Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (Erpac), que surgió de la mano del exparamilitar Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, y del hecho que el bloque Héroes del Llano, que comandaba Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata, no se desmanteló por completo. Lo que preocupa, advierte la FIP, no es exactamente su presencia, sino otros grupos armados que están surgiendo en esa zona al tiempo que se configuran allí disidencias de los frentes 1, 7 y 44 de las Farc.

Epl

El Ejército Popular de Liberación, que ahora el Ministerio de Defensa llama los Pelusos, se encuentra en el Catatumbo como una disidencia del Epl que entregó las armas en 1991 y actuaba allí desde los 70. Para la FIP, no se puede reducir a un grupo criminal, pues también tiene ascendencia social y se está fortaleciendo militar y territorialmente. Afectan a la Fuerza Pública sobre todo con francotiradores y están empezando a tomar fuerza en municipios como Teorama y El Tarra (Norte de Santander), donde antes operaban las Farc. En zonas reducidas de Hacarí o San Calixto, aún conserva legitimidad entre los pobladores.

Para copar los territorios que solían ser de las Farc, el Epl ha venido actuando de la mano del Eln. Esta organización ilegal, además, está incrementando los toques de queda, las restricciones de movilidad y el reclutamiento de menores. “Las autoridades locales insisten en que las realidades del Catatumbo exigen una salida distinta con este grupo, ya sea su sometimiento o un modelo de negociación y desarme”. Es decir, que si el Gobierno quiere acabar con ellos, los golpes militares no serán suficientes. No obstante, se admite que la muerte de su jefe, Megateo, ocurrida el 2 de octubre de 2015, fue un golpe del que no han podido levantarse.

“El Epl es uno de los principales saboteadores armados de la consolidación de la paz en la región del Catatumbo”, concluye la FIP. En el Catatumbo dicen que no habrá paz completa si el Epl continúa actuando, y para los campesinos de la región es un hecho que este grupo “jamás aceptará un sometimiento”.

Urabá

El informe de la FIP también hace un análisis regional. Con respecto a esta zona, la esquina privilegiada de Colombia, apetecida enormemente por el narcotráfico por su salida tanto al Pacífico como al Atlántico, el reporte señala que este es el bastión militar y político de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las cuales siguen en pie a pesar de la ambiciosa “Operación Agamenón”, en la cual participan más de 1.200 policías desde febrero de 2015. En sus paros, sólo con amenazas han amedrantado a la población. Y lo más grave: al parecer, “hay poderes locales que se oponen a la restitución de tierras y estarían contratando a integrantes de las AGC para que atenten contra líderes de este proceso”.

El Urabá se ha convertido en un centro de acopio, refinamiento y salida de la cocaína. La gran mayoría de cultivos de uso ilícito se encuentran en Tierralta (Córdoba), el mismo municipio donde las Auc establecieron su mesa de negociación con el gobierno Uribe y que antes de los paramilitares fue una zona bajo el control de las Farc. En el corto y mediano plazo, dice la FIP, se tendrá que analizar si es cierto que se está presentando una división entre los mandos de las AGC, Otoniel y Gavilán, por cuenta de las acciones de la Fuerza Pública, y si el Eln está incursionando en las zonas donde antes estaba el frente 57 de las Farc (responsable de la masacre de Bojayá).

Bajo Cauca

Esta región antioqueña está enfrentando la expansión de las Autodefensas Gaitanistas a la par de la expansión del Eln, en especial del frente de guerra Darío Ramírez. Ambos van por el control de los espacios que ocupaban las Farc. “La disputa por las economías criminales radica, principalmente, en las extorsiones a mineros por el derecho a trabajar y usar maquinaria (…) los mineros tienen que pagarles al Eln, a las AGC y otras estructuras de menor envergadura”, asegura la FIP, que a la vez señala que “no se puede menospreciar el interés de las AGC por cooptar segmentos de las economías criminales de la coca y el oro”.

La FIP cree que, en poco tiempo, esta región evidenciará la máxima expansión de la violencia por tres razones. La primera, porque allí, históricamente, se han dinamizado las economías criminales por el mismo valor geoestratégico que encierra al ser un corredor hacia el oriente y el occidente del país. La segunda, porque ha sido un lugar propicio para cultivos de coca y para instalar cocinas y laboratorios de droga, lo que le da un valor económico. Y la tercera, porque es la región de mayor producción de oro en Antioquia.

Tumaco

La FIP advierte que, al tiempo que las Farc negociaban la paz, en este municipio de Nariño surgieron dos disidencias de la columna Daniel Aldana: Gente del Orden y la Nueva Gente. El primer grupo lo conformó Yeison Segura, alias Don Ye, y exmiembros de los Rastrojos, uno de los ejércitos privados que se crearon en el cartel del norte del Valle. El segundo, aseguró la Fiscalía, fue desarticulado en octubre de 2016. No obstante, en Tumaco siguen apareciendo estructuras de desertores de las Farc que se están uniendo a grupos que ahora operan en la frontera colombo-ecuatoriana. Se habla de otro más: Nuevas Guerrillas del Pacífico.

Al mismo tiempo, el Eln intenta apoderarse de zonas que antes controlaban las Farc; desde el año pasado se han visto a integrantes de las AGC en el casco urbano y zonas rurales; y en los barrios se han conformado grupos que restringen la movilidad de sus habitantes, promoviendo toques de queda en las noches y haciendo tiroteos frecuentes.

Se ha denunciado también el surgimiento de un grupo armado cerca del punto de reagrupamiento de las Farc en la vereda El Playón, que contaría con hasta 80 hombres armados. En Tumaco, particularmente, la violencia está mutando a la velocidad de la luz.

Vea el informe completo aquí