Saravena: la última gota de dolor

El 11 de noviembre de 2002, hace 15 años, es recordado por los pobladores de Saravena (Arauca) como el día en que la seguridad democrática llegó a su territorio. Estaban en la tradicional Feria de Exposición Agropecuaria, cuando fueron sorprendidos por unidades del Ejército que desembarcaron en aviones en la pista del Batallón General Revéis Pizarro. Más de cuatro mil personas fueron encerradas en el coliseo Jacinto Jerez Archila, según registró la prensa en aquellos días, como arreando ganado en las sabanas del Arauca. Después de tres días de requisas y averiguaciones de funcionarios de la Fiscalía enviados desde Bogotá, el escenario fue quedando desocupado. Hombres y mujeres salían con un sello en la mano para que no los volvieran a capturar.

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A Eduardo Argüello y a varios directivos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena (Ecaaas) los dejaron entre los 47 retenidos por el delito de rebelión. Según las autoridades, ellos eran auxiliadores de la guerrilla del Eln, específicamente del frente Domingo Laín. Ese rumor, que luego se convirtió en tragedia, empezó a correr con fuerza entre el piedemonte y las sabanas del Arauca.

A los detenidos los llevaron al batallón Revéis Pizarro, luego fueron trasladados a la cárcel La Picota de Bogotá, y allí duraron 16 meses en prisión, pero, previo a sus excarcelaciones, por vencimiento de términos, el 21 de octubre de 2003, vino la otra redada: la Operación Dignidad, como la bautizaron las fuerzas estatales. Iba dirigida contra candidatos a las elecciones regionales de ese año y contra funcionarios públicos del nororiente del país.

Aquellos días de la primera década del nuevo milenio fueron prácticamente eso: días de encarcelaciones y excarcelaciones; de amenazas y asesinatos; de coronas en velorios y ataúdes sin muertos. Líderes sociales y políticos quedaron en medio de una guerra ambientada por la estigmatización. Algunos de los señalados por los militares, como Argüello, fueron encerrados, y otros, perseguidos a muerte por los paramilitares del Bloque Vencedores de Arauca, que entraron en 2002 a la zona, al mando de los hermanos Víctor y Miguel Mejía Múnera, apodados Los Mellizos.

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Así, las capturas masivas se prolongaron hasta 2011, cuando el número de saravenenses que habían ido a la cárcel por el mismo delito ascendía a más 250 personas, entre dirigentes sociales y políticos.

El acueducto comunitario

La empresa Ecaaas, que nació en 1960 de la mano de las juntas de acción comunal para saciar la sed del naciente pueblo, administraba inicialmente un acueducto rudimentario, construido con mangueras y tanques ubicados en la cabecera municipal. Para distribuir el agua y cobrar el servicio, instituyeron un modelo empresarial comunitario. “Desde entonces, acá no participan ni los inversionistas privados, ni el alcalde, ni el Concejo, es sólo el factor comunitario”, comenta Argüello, quien hoy nuevamente está ocupando la silla de presidente de la empresa comunitaria.

Luego, en 1984, con la llegada de la petrolera Mannesmann y el inicio de la construcción de un tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, los pobladores agrupados en las juntas comunales y en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) hicieron varios paros para exigir al Gobierno y a la petrolera que construyeran el acueducto con el dinero que emergía de la tierra del piedemonte llanero en forma de petróleo. La comunidad puso la mano de obra y así se terminó de construir en 1988.

Con el correr de los años, Ecaaas contrató a una decena de trabajadores, seleccionados por las juntas comunales. Estas últimas también integran la junta directiva de la empresa, que es la encargada de dictar las tarifas y de velar por la buena prestación del servicio a los usuarios.

En 1997, después de un paro que duró varias semanas en Saravena, el gobierno departamental dio el dinero para la construcción de la planta de tratamiento del acueducto comunitario.

Una lápida en la oficina

En las paredes de Ecaaas, una tarde de julio de 2003, apareció un mensaje escrito con aerosol negro: “Muerte a los milicianos de Ecaaas”. Hoy, en lugar de esa amenaza lo que reluce en la entrada de las oficinas de la empresa (en el centro de Saravena) es una lápida en homenaje a los trabajadores asesinados por los paramilitares de Los Mellizos, quienes cumplieron con su sentencia de muerte.

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Tres de los asesinados eran fontaneros de Ecaaas: Rito Hernández, Uriel Ortiz y Miguel Ángel Anaya. Y un directivo: Édgar Mantilla. “Ortiz no quiso denunciar la amenaza que le hicieron a pocas cuadras de la Policía, pero Hernández sí lo hizo”, relata Sonia López, representante de la fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.

Primero asesinaron a Ortiz el 22 de junio de 2003, cuando compartía con unos amigos en un establecimiento público de Saravena. Tenía 28 años. “Pasó la policía, lo requisó y como a los 10 minutos pasaron los hombres armados y le dispararon”, rememora López.

A Rito lo mataron el 25 de septiembre de ese mismo año, pero fue acribillado frente a su familia, en su casa que quedaba a una cuadra de la garita de la policía en ese momento. Hasta ahí llegaron dos tipos armados y en motos y le dispararon. Los dos hermanos de Rito los persiguieron hasta la garita de la policía y ahí se refugiaron, relata López. A don Édgar Mantilla lo mataron en una tienda en Saravena y a don Miguel Ángel, en la casa, a las afueras del pueblo. Todos, entre julio y noviembre de 2003.

Tras 16 meses en prisión, acusados de participar en un atentado contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas en 2001, Argüello y los otros 46 líderes sociales y políticos recobraron su libertad. “Unos salieron y se fueron a otras ciudades del país a donde tenían familiares”, recuerda el líder. Él regresó a su tierra, Saravena, pero la libertad le duró sólo 20 días.

Como figura en una sentencia del Consejo de Estado del 10 de noviembre de 2016, el 24 de marzo de 2004, Argüello fue capturado nuevamente por miembros del Grupo Mecanizado General Gabriel Revéis Pizarro del Ejército Nacional. Le revivieron la misma acusación por la que estuvo privado 16 meses y por la que volvió a purgar dos años y medio de prisión en cárceles de máxima seguridad del país.

“Me llevaron al batallón y el coronel me preguntó qué hacía yo otra vez visitando a las organizaciones sociales, que si era que no había cogido vergüenza. Que ahora que el delito era terrorismo me proponía que sindicara a algunas personas, y que si no lo hacía, me iría preso no sé cuántos años”.

Ante esto, Argüello le ripostó: “La verdad, acabo de llegar de la cárcel y si tengo que volver a ir, pues voy, pero yo no voy a acusar a alguien que no tiene nada que ver con esta guerra”, rememora el líder.

El montaje del gobernador

Mientras los días de Argüello pasaban tras las rejas, afuera, en Saravena, las autoridades judiciales y el gobernador de la época, Julio Acosta Bernal, electo en 2004 en nombre del partido Cambio Radical, acusó a Ecaaas de desviar $10 mil millones para el Eln. Ese dinero, según la acusación, había sido girado por la Gobernación para la construcción de una obra.

Para esa época, las organizaciones sociales de Arauca ya habían denunciado los presuntos nexos del entonces gobernador Acosta con los paramilitares de Pablo Arauca o Los Mellizos.

En retaliación, dicen hoy los trabajadores de Ecaaas, el 6 de julio de 2007, Acosta Bernal llegó a las oficinas de la empresa comunitaria con tanquetas; con el zar anticorrupción de la época, Rodrigo Lara Restrepo; con el subdirector del DAS del departamento, José Cepeda; con el procurador departamental, Germán Samudio Puerto; con funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos; con el comandante de la Brigada 18, brigadier general José Rafael González Villamil; con el comandante del Batallón Revéis Pizarro, coronel Alejandro Cortés; con el alcalde municipal, Antonio José Ortega Gutiérrez, y con el concejal Luis Francisco Delgadillo.

Durante la inspección, les dijeron que iban por el dinero que el gobernador les había girado y que en esa empresa había milicianos con armas guardadas en las oficinas. No obstante, terminada la inspección judicial se llevaron varios documentos de contabilidad, pero no encontraron ni armas, ni milicianos del Eln.

Con lo que ellos llaman “guerra judicial” y los muertos a cuestas, Ecaaas empezó a desvirtuar las acusaciones en los estrados judiciales. Primero, a través de un derecho de petición, el propio tesorero de la época en la Gobernación de Arauca, Ómar José García, confirmó que “no se encontraron pagos efectuados a nombre de la razón social Ecaaas ESP”, por parte de esa entidad.

Y, finalmente, el año pasado Argüello fue declarado inocente. Según el fallo del Consejo de Estado, “fue víctima directa de la privación injusta de la libertad” y ratificó el fallo de 2010 del Tribunal Administrativo de Arauca, que declaró patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los daños y perjuicios causados a él y a su familia durante los dos años y medio que estuvo en la cárcel. En la época de las capturas, Luis Camilo Osorio era el jefe del ente acusador.

Acosta Bernal, por su parte, terminó preso por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, tras el homicidio en 2003 del exregistrador de Arauca Juan Alejandro Plazas Lamónaco. En julio pasado, la Corte Suprema de Justicia dictó su libertad por vencimiento de términos. El proceso, en el que los paramilitares de Los Mellizos lo acusan de haber recibido dinero para su campaña de 2003 y de instigar la muerte de Plazas, continúa sin resolverse.

El renacer de Ecaaas

Durante la guerra que libraron el Eln y las Farc (entre 2006 y 2009), el movimiento social de Arauca también quedó en medio de las balas. A las oficinas de Ecaaas lanzaron una granada bomba “porque parece ser que las Farc le copiaron la mentira al Estado de que nosotros éramos milicianos del Eln”, dice Argüello. En la entrada de la planta de tratamiento del acueducto también activaron un artefacto explosivo, entonces el hecho fue atribuido a las Farc.

Hacia 2010, tras el pacto de no agresión entre las dos guerrillas, mermaron los asesinatos de líderes sociales y los campesinos de la zona rural y urbana empezaron a hablar como antes, sin las desconfianzas que les impuso la guerra.

Por esos años, Ecaaas contrató a una microbióloga de la Universidad de Santander, Yenny Núñez, a quien designó como coordinadora de la planta de tratamiento. Desde entonces se propusieron demostrarle al país que no eran lo que habían dicho de ellos. Que soñaban como muchos colombianos y que serían los mejores como finalmente lo lograron.

Con Núñez, recorrimos esa infraestructura. Es el modelo de planta que muchos pueblos del país periférico quisieran tener. Oficinas impecables, un laboratorio con todas las condiciones de seguridad y un producto clasificado como “sin riesgo”, es decir, agua apta para el consumo humano, reconoce el último informe que recibió Ecaaas de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca.

“Hicieron la evaluación de los cuatro años anteriores, el último fue el 2016, y yo digo con el dolor del alma: el Estado tuvo que reconocer que Ecaaas es la mejor empresa del departamento”, dice Argüello, mientras muestra la placa que le entregó esta entidad, dependiente del Ministerio de Salud.

Con Núñez también visitamos la bocatoma del acueducto, el sitio en donde captan el agua del río Satocá. Ese afluente nace en las montañas de la cordillera Oriental en donde los indígenas u’was, que tienen su asiento en la empresa comunitaria, cuidan el bosque que produce el líquido vital. Están comprando más tierras para asegurar el agua del futuro, dicen los aborígenes.

Desde su nacimiento, Ecaaas implantó la política de dar agua gratis para las familias más vulnerables de Saravena. Hay cien beneficiarios y pretenden ampliar los cupos de acuerdo con nuevos reportes de las juntas comunales. Son 12 metros cúbicos cada mes, teniendo en cuenta que el promedio de consumo total de esta población es de 13.

Por esto también han recibido condecoraciones de quien, quizá, menos se lo esperaban. El 28 de julio de este año, de manos del alcalde de Saravena, Yecid Lozano Fernández, elegido con las banderas del Centro Democrático, Ecaaas recibió la mayor distinción que otorga el municipio a una empresa local: el Colono de Oro.

“Se hace importante y necesario que la administración reconozca la labor que desempeñan los miembros de esta empresa insignia en el municipio de Saravena”, escribió Lozano en un aparte del decreto que firmó.

Un hecho trascendental para pacificar a este municipio, pues las detenciones masivas siempre fueron apoyadas por los alcaldes. El último hecho de este tipo, Ecaaas lo vivió el 29 de julio de 2011, cuando Ariela Gelvis Quintero, reconocida dirigente social de Arauca y expresidenta de Ecaaas, se presentó ante las autoridades que la acusaban de terrorismo y que la buscaban con la Interpol en 187 países. Ese día fue acompañada por más de tres mil personas que salieron a marchar por las calles de Saravena para denunciar las “detenciones arbitrarias”. Tras llegar a la Fiscalía, fue retenida hasta diciembre de ese año, cuando le dieron casa por cárcel.

Desde 2012, año en que quedó en libertad por vencimiento de términos, no ha pasado nada con su caso. Mientras tanto, Argüello y otros líderes sociales ya pudieron demostrar la injusticia y dedicarse a administrar la empresa comunitaria, esperando que sus muertos pronto cierren los ojos cuando conozcamos la verdad de lo que sucedió.

El 11 de noviembre de 2002, hace 15 años, es recordado por los pobladores de Saravena (Arauca) como el día en que la seguridad democrática llegó a su territorio. Estaban en la tradicional Feria de Exposición Agropecuaria, cuando fueron sorprendidos por unidades del Ejército que desembarcaron en aviones en la pista del Batallón General Revéis Pizarro. Más de cuatro mil personas fueron encerradas en el coliseo Jacinto Jerez Archila, según registró la prensa en aquellos días, como arreando ganado en las sabanas del Arauca. Después de tres días de requisas y averiguaciones de funcionarios de la Fiscalía enviados desde Bogotá, el escenario fue quedando desocupado. Hombres y mujeres salían con un sello en la mano para que no los volvieran a capturar.

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A Eduardo Argüello y a varios directivos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena (Ecaaas) los dejaron entre los 47 retenidos por el delito de rebelión. Según las autoridades, ellos eran auxiliadores de la guerrilla del Eln, específicamente del frente Domingo Laín. Ese rumor, que luego se convirtió en tragedia, empezó a correr con fuerza entre el piedemonte y las sabanas del Arauca.

A los detenidos los llevaron al batallón Revéis Pizarro, luego fueron trasladados a la cárcel La Picota de Bogotá, y allí duraron 16 meses en prisión, pero, previo a sus excarcelaciones, por vencimiento de términos, el 21 de octubre de 2003, vino la otra redada: la Operación Dignidad, como la bautizaron las fuerzas estatales. Iba dirigida contra candidatos a las elecciones regionales de ese año y contra funcionarios públicos del nororiente del país.

Aquellos días de la primera década del nuevo milenio fueron prácticamente eso: días de encarcelaciones y excarcelaciones; de amenazas y asesinatos; de coronas en velorios y ataúdes sin muertos. Líderes sociales y políticos quedaron en medio de una guerra ambientada por la estigmatización. Algunos de los señalados por los militares, como Argüello, fueron encerrados, y otros, perseguidos a muerte por los paramilitares del Bloque Vencedores de Arauca, que entraron en 2002 a la zona, al mando de los hermanos Víctor y Miguel Mejía Múnera, apodados Los Mellizos.

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Así, las capturas masivas se prolongaron hasta 2011, cuando el número de saravenenses que habían ido a la cárcel por el mismo delito ascendía a más 250 personas, entre dirigentes sociales y políticos.

El acueducto comunitario

La empresa Ecaaas, que nació en 1960 de la mano de las juntas de acción comunal para saciar la sed del naciente pueblo, administraba inicialmente un acueducto rudimentario, construido con mangueras y tanques ubicados en la cabecera municipal. Para distribuir el agua y cobrar el servicio, instituyeron un modelo empresarial comunitario. “Desde entonces, acá no participan ni los inversionistas privados, ni el alcalde, ni el Concejo, es sólo el factor comunitario”, comenta Argüello, quien hoy nuevamente está ocupando la silla de presidente de la empresa comunitaria.

Luego, en 1984, con la llegada de la petrolera Mannesmann y el inicio de la construcción de un tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, los pobladores agrupados en las juntas comunales y en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) hicieron varios paros para exigir al Gobierno y a la petrolera que construyeran el acueducto con el dinero que emergía de la tierra del piedemonte llanero en forma de petróleo. La comunidad puso la mano de obra y así se terminó de construir en 1988.

Con el correr de los años, Ecaaas contrató a una decena de trabajadores, seleccionados por las juntas comunales. Estas últimas también integran la junta directiva de la empresa, que es la encargada de dictar las tarifas y de velar por la buena prestación del servicio a los usuarios.

En 1997, después de un paro que duró varias semanas en Saravena, el gobierno departamental dio el dinero para la construcción de la planta de tratamiento del acueducto comunitario.

Una lápida en la oficina

En las paredes de Ecaaas, una tarde de julio de 2003, apareció un mensaje escrito con aerosol negro: “Muerte a los milicianos de Ecaaas”. Hoy, en lugar de esa amenaza lo que reluce en la entrada de las oficinas de la empresa (en el centro de Saravena) es una lápida en homenaje a los trabajadores asesinados por los paramilitares de Los Mellizos, quienes cumplieron con su sentencia de muerte.

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Tres de los asesinados eran fontaneros de Ecaaas: Rito Hernández, Uriel Ortiz y Miguel Ángel Anaya. Y un directivo: Édgar Mantilla. “Ortiz no quiso denunciar la amenaza que le hicieron a pocas cuadras de la Policía, pero Hernández sí lo hizo”, relata Sonia López, representante de la fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.

Primero asesinaron a Ortiz el 22 de junio de 2003, cuando compartía con unos amigos en un establecimiento público de Saravena. Tenía 28 años. “Pasó la policía, lo requisó y como a los 10 minutos pasaron los hombres armados y le dispararon”, rememora López.

A Rito lo mataron el 25 de septiembre de ese mismo año, pero fue acribillado frente a su familia, en su casa que quedaba a una cuadra de la garita de la policía en ese momento. Hasta ahí llegaron dos tipos armados y en motos y le dispararon. Los dos hermanos de Rito los persiguieron hasta la garita de la policía y ahí se refugiaron, relata López. A don Édgar Mantilla lo mataron en una tienda en Saravena y a don Miguel Ángel, en la casa, a las afueras del pueblo. Todos, entre julio y noviembre de 2003.

Tras 16 meses en prisión, acusados de participar en un atentado contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas en 2001, Argüello y los otros 46 líderes sociales y políticos recobraron su libertad. “Unos salieron y se fueron a otras ciudades del país a donde tenían familiares”, recuerda el líder. Él regresó a su tierra, Saravena, pero la libertad le duró sólo 20 días.

Como figura en una sentencia del Consejo de Estado del 10 de noviembre de 2016, el 24 de marzo de 2004, Argüello fue capturado nuevamente por miembros del Grupo Mecanizado General Gabriel Revéis Pizarro del Ejército Nacional. Le revivieron la misma acusación por la que estuvo privado 16 meses y por la que volvió a purgar dos años y medio de prisión en cárceles de máxima seguridad del país.

“Me llevaron al batallón y el coronel me preguntó qué hacía yo otra vez visitando a las organizaciones sociales, que si era que no había cogido vergüenza. Que ahora que el delito era terrorismo me proponía que sindicara a algunas personas, y que si no lo hacía, me iría preso no sé cuántos años”.

Ante esto, Argüello le ripostó: “La verdad, acabo de llegar de la cárcel y si tengo que volver a ir, pues voy, pero yo no voy a acusar a alguien que no tiene nada que ver con esta guerra”, rememora el líder.

El montaje del gobernador

Mientras los días de Argüello pasaban tras las rejas, afuera, en Saravena, las autoridades judiciales y el gobernador de la época, Julio Acosta Bernal, electo en 2004 en nombre del partido Cambio Radical, acusó a Ecaaas de desviar $10 mil millones para el Eln. Ese dinero, según la acusación, había sido girado por la Gobernación para la construcción de una obra.

Para esa época, las organizaciones sociales de Arauca ya habían denunciado los presuntos nexos del entonces gobernador Acosta con los paramilitares de Pablo Arauca o Los Mellizos.

En retaliación, dicen hoy los trabajadores de Ecaaas, el 6 de julio de 2007, Acosta Bernal llegó a las oficinas de la empresa comunitaria con tanquetas; con el zar anticorrupción de la época, Rodrigo Lara Restrepo; con el subdirector del DAS del departamento, José Cepeda; con el procurador departamental, Germán Samudio Puerto; con funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos; con el comandante de la Brigada 18, brigadier general José Rafael González Villamil; con el comandante del Batallón Revéis Pizarro, coronel Alejandro Cortés; con el alcalde municipal, Antonio José Ortega Gutiérrez, y con el concejal Luis Francisco Delgadillo.

Durante la inspección, les dijeron que iban por el dinero que el gobernador les había girado y que en esa empresa había milicianos con armas guardadas en las oficinas. No obstante, terminada la inspección judicial se llevaron varios documentos de contabilidad, pero no encontraron ni armas, ni milicianos del Eln.

Con lo que ellos llaman “guerra judicial” y los muertos a cuestas, Ecaaas empezó a desvirtuar las acusaciones en los estrados judiciales. Primero, a través de un derecho de petición, el propio tesorero de la época en la Gobernación de Arauca, Ómar José García, confirmó que “no se encontraron pagos efectuados a nombre de la razón social Ecaaas ESP”, por parte de esa entidad.

Y, finalmente, el año pasado Argüello fue declarado inocente. Según el fallo del Consejo de Estado, “fue víctima directa de la privación injusta de la libertad” y ratificó el fallo de 2010 del Tribunal Administrativo de Arauca, que declaró patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los daños y perjuicios causados a él y a su familia durante los dos años y medio que estuvo en la cárcel. En la época de las capturas, Luis Camilo Osorio era el jefe del ente acusador.

Acosta Bernal, por su parte, terminó preso por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, tras el homicidio en 2003 del exregistrador de Arauca Juan Alejandro Plazas Lamónaco. En julio pasado, la Corte Suprema de Justicia dictó su libertad por vencimiento de términos. El proceso, en el que los paramilitares de Los Mellizos lo acusan de haber recibido dinero para su campaña de 2003 y de instigar la muerte de Plazas, continúa sin resolverse.

El renacer de Ecaaas

Durante la guerra que libraron el Eln y las Farc (entre 2006 y 2009), el movimiento social de Arauca también quedó en medio de las balas. A las oficinas de Ecaaas lanzaron una granada bomba “porque parece ser que las Farc le copiaron la mentira al Estado de que nosotros éramos milicianos del Eln”, dice Argüello. En la entrada de la planta de tratamiento del acueducto también activaron un artefacto explosivo, entonces el hecho fue atribuido a las Farc.

Hacia 2010, tras el pacto de no agresión entre las dos guerrillas, mermaron los asesinatos de líderes sociales y los campesinos de la zona rural y urbana empezaron a hablar como antes, sin las desconfianzas que les impuso la guerra.

Por esos años, Ecaaas contrató a una microbióloga de la Universidad de Santander, Yenny Núñez, a quien designó como coordinadora de la planta de tratamiento. Desde entonces se propusieron demostrarle al país que no eran lo que habían dicho de ellos. Que soñaban como muchos colombianos y que serían los mejores como finalmente lo lograron.

Con Núñez, recorrimos esa infraestructura. Es el modelo de planta que muchos pueblos del país periférico quisieran tener. Oficinas impecables, un laboratorio con todas las condiciones de seguridad y un producto clasificado como “sin riesgo”, es decir, agua apta para el consumo humano, reconoce el último informe que recibió Ecaaas de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca.

“Hicieron la evaluación de los cuatro años anteriores, el último fue el 2016, y yo digo con el dolor del alma: el Estado tuvo que reconocer que Ecaaas es la mejor empresa del departamento”, dice Argüello, mientras muestra la placa que le entregó esta entidad, dependiente del Ministerio de Salud.

Con Núñez también visitamos la bocatoma del acueducto, el sitio en donde captan el agua del río Satocá. Ese afluente nace en las montañas de la cordillera Oriental en donde los indígenas u’was, que tienen su asiento en la empresa comunitaria, cuidan el bosque que produce el líquido vital. Están comprando más tierras para asegurar el agua del futuro, dicen los aborígenes.

Desde su nacimiento, Ecaaas implantó la política de dar agua gratis para las familias más vulnerables de Saravena. Hay cien beneficiarios y pretenden ampliar los cupos de acuerdo con nuevos reportes de las juntas comunales. Son 12 metros cúbicos cada mes, teniendo en cuenta que el promedio de consumo total de esta población es de 13.

Por esto también han recibido condecoraciones de quien, quizá, menos se lo esperaban. El 28 de julio de este año, de manos del alcalde de Saravena, Yecid Lozano Fernández, elegido con las banderas del Centro Democrático, Ecaaas recibió la mayor distinción que otorga el municipio a una empresa local: el Colono de Oro.

“Se hace importante y necesario que la administración reconozca la labor que desempeñan los miembros de esta empresa insignia en el municipio de Saravena”, escribió Lozano en un aparte del decreto que firmó.

Un hecho trascendental para pacificar a este municipio, pues las detenciones masivas siempre fueron apoyadas por los alcaldes. El último hecho de este tipo, Ecaaas lo vivió el 29 de julio de 2011, cuando Ariela Gelvis Quintero, reconocida dirigente social de Arauca y expresidenta de Ecaaas, se presentó ante las autoridades que la acusaban de terrorismo y que la buscaban con la Interpol en 187 países. Ese día fue acompañada por más de tres mil personas que salieron a marchar por las calles de Saravena para denunciar las “detenciones arbitrarias”. Tras llegar a la Fiscalía, fue retenida hasta diciembre de ese año, cuando le dieron casa por cárcel.

Desde 2012, año en que quedó en libertad por vencimiento de términos, no ha pasado nada con su caso. Mientras tanto, Argüello y otros líderes sociales ya pudieron demostrar la injusticia y dedicarse a administrar la empresa comunitaria, esperando que sus muertos pronto cierren los ojos cuando conozcamos la verdad de lo que sucedió.