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La cuenca del río Duda, que del páramo de Sumapaz va a desembocar al río Guayabero, en el sur del Meta, marca la frontera entre los municipios de Uribe y Mesetas. Sobre ambas márgenes del río se ubican varios poblados que conocen de cerca la guerra y que en su momento fueron el escenario de varias conferencias guerrilleras de las extintas Farc. Sobre todos ellos hoy corre de boca en boca una advertencia: Henry Castellanos Garzón, conocido como Romaña y antiguo jefe militar en la región, ha dicho que volverá para recuperar las tierras de las que se apropió cuando por esta zona dominó el Bloque Oriental de la guerrilla.
Cuatro años atrás, esta misma zona fue la “cuna” para la implementación del Acuerdo de Paz alcanzado en La Habana. A pocos kilómetros se ubica la vereda Buenavista, adonde llegaron el 27 de junio de 2017 el entonces presidente, Juan Manuel Santos, y el máximo dirigente de la exguerrilla, Rodrigo Londoño, para sellar en un acto solemne la dejación de armas de las Farc. Con la estructura de un fusil convertido en azadón para el campo, las Farc dejaban 7.132 armas (luego serían 8.994) en poder de las Naciones Unidas.
En fotos: Así dejaron las armas las Farc en Mesetas (Meta)
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Jennifer Martínez es una lideresa de la vereda San Miguel, que hoy denuncia con vehemencia que la falta de implementación de lo pactado está desplazando a las familias de su vereda. Allí, unas cincuenta familias se acogieron al programa de sustitución voluntaria de cultivos de coca, entre cultivadores y recolectores. Cumpliendo con su parte, los campesinos arrancaron las matas de coca de las que vivían hace años, esperando las promesas del programa.
Pero para que les cumplieran apenas con el primer paso, los pagos mensuales de $1 millón durante un año, varias de esas familias tuvieron que interponer tutelas. Luego llegó la huerta comunitaria, pero eso fue lo último que les llegó por cuenta del programa. Los proyectos productivos, por $19 millones, nunca llegaron. Como no tuvieron con qué reemplazar la coca que ya habían arrancado, y se quedaron sin sustento, malvendieron sus parcelas, levantaron lo suyo y se fueron a probar suerte en las zonas cocaleras. Unos a sembrar de nuevo y otros como raspachines.
No es la única vereda. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, en Brisas del Duda, donde se inscribieron más de sesenta familias, o en Guacamayas, donde fueron unas treinta. En total, en todo Mesetas entraron al programa 1.103 familias. “Realmente lo que ha habido es erradicación voluntaria, pero no ha habido ninguna sustitución de cultivos”, comenta Irson Córdoba, delegado del partido Comunes (antes FARC) para el programa de sustitución en el Meta.
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Y denuncia: “Con tantas necesidades, muchos se han ido a otras zonas de raspachines o a involucrarse en la cadena del procesamiento de la coca, y en un momento determinado cuando se den las capturas, los cogen y comienzan a hacer la propaganda contra el programa”. Las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) certifican el cumplimiento de las familias que ingresaron al programa: en un 99 % esas familias cumplieron con erradicar la coca, según el último informe ejecutivo que emitió esa agencia, antes de que el 31 de diciembre de 2020 finalizara el convenio con el Gobierno para monitorear el cumplimiento del programa. Hasta la fecha, ese convenio no ha sido renovado.
En uno de los últimos informes que emitió, la UNODC reveló que los grupos que están allí vetaron el ingreso a sus funcionarios en esta zona. “Restricción de ingreso emitida por integrantes de grupos armados ilegales, dirigida a funcionarios y personal que de una u otra forma estuviera relacionado con el PNIS y con Parques Nacionales Naturales”, se lee en el documento que ubicó el episodio en el municipio de La Macarena.
Según dice Córdoba, creen que la movilización campesina puede hacer que se corrija el rumbo en la implementación del PNIS. “Estamos planificando con delegaciones y líderes por vereda hacer una denuncia no ante el presidente [Duque] porque la conoce, no ante los ministerios porque la conocen, sino ante la Embajada de Estados Unidos en Colombia o las embajadas de los países europeos en Colombia, no para decir “es que el gobierno no nos cumple”, sino para decir “queremos que nos ayuden a eliminar el cultivo ilícito en Colombia, pero que sea una voluntad unánime de la comunidad internacional”.
Emilio Archila, consejero para la Estabilización, le dijo a este diario que a pesar de las ambiciosas promesas que el programa les hizo a las comunidades, sin asegurar recursos para su implementación, el Gobierno ha aumentado esfuerzos para cumplirles a las 99.000 familias que en todo el país se acogieron al programa. Para ellas, han invertido unos $1,3 billones, con los que han logrado empezar los primeros proyectos de ciclo corto.
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Al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que se implementa en la zona producto del primer punto del Acuerdo de Paz no le ha ido mejor. En varias veredas que recorrió Colombia+20, si bien participaron en la construcción del programa, en el que plasmaron qué era lo que necesitaban, hoy no tienen idea de qué se ha entregado ni cuánto se ha invertido.
Los datos oficiales, entregados por la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), dicen que en Mesetas se han entregado al menos 27 obras de pequeña envergadura como resultado del PDET. En la lista hay intervenciones en algunos tramos de vías terciarias, que a veces abarcan apenas 400 metros o en ocasiones hasta cuarenta kilómetros de vía. Hay casetas comunales, alcantarillas y puentes peatonales para cruzar caños. En total, en el municipio se han invertido más de $4.236 millones en esas 27 obras. Mesetas hace parte del PDET Macarena-Guaviare, en el que en total se han entregado 240 obras, por más de $36.800 millones.
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El 21 de octubre de 2019, Luz Marina Giraldo (Jessenia), a tres años de la firma de la paz, tuvo que empezar de cero su reincorporación. Ese día, después de varias semanas de amenazas a su celular, hombres armados entraron hasta su vivienda en el espacio territorial de reincorporación Mariana Páez, de Mesetas, y ultimaron a tiros a su esposo, Alexánder Parra (Rodolfo). Ambos eran líderes de los excombatientes que avanzaban en su tránsito a la legalidad en esa zona del país. Tras el asesinato de su esposo y con el precedente de que luego entre los capturados por el crimen estaría el líder político del mismo espacio, John Jairo Giraldo Velásquez, Jessenia empacó maletas y se fue para siempre.
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En noviembre de ese año llegó a parar a Villavicencio, desde donde continuó con su trabajo como enlace de reincorporación en el Meta. Al año siguiente empezó a estudiar Trabajo Social y hoy ya va por cuarto semestre. El año pasado, luego de la peregrinación de excombatientes de las Farc que llegó hasta Bogotá tras el asesinato de Albeiro Suárez —también asesinado en esta zona del país, en Uribe— Jessenia integró el comité de peregrinos que se creó para hacerle seguimiento a lo que se acordó entonces con el gobierno de Duque.
“El hecho de nosotros estar trabajando en pro de la reincorporación y sostener a los firmantes del Acuerdo en este camino se ha convertido para quienes decidieron devolverse o los que nunca hicieron parte del proceso en un punto de quiebre, en el que nos tildan a nosotros de arrodillados del Gobierno y de traidores”, explica.
Hoy quiere que se ponga un tema sobre la mesa: los hijos de los exguerrilleros que han sido asesinados después de la firma del Acuerdo, cifra que ya va en 280 casos. “Los hijos de excombatientes asesinados están totalmente abandonados por el Estado. Como los derechos que da la reincorporación no son heredables, ¿estos niños qué heredaron entonces? ¿La desgracia de ser hijos de excombatientes?”.
Desde su rol de lideresa de la reincorporación en el Meta, hace un balance de la situación económica de los exguerrilleros en el departamento. “A cuatro años de la reincorporación, ya no estamos hablando de proyectos productivos, sino de sostenibilidad económica. Se habla de una millonada que han entregado para las cooperativas y sus proyectos, pero vamos a ver cuál es la rentabilidad. Las cooperativas para implementar sus proyectos de ganadería o agrícolas tienen que hacerlo en terrenos arrendados, y eso desangra los ingresos”.
Sin embargo, en noviembre de 2020, el Gobierno expidió un decreto para que predios en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) pudieran ser habilitados para adjudicarlos a excombatientes que necesitaran tierra para sus proyectos productivos. Hoy ya son más de 2.300 proyectos entre individuales y colectivos, con una inversión de más de $60.000 millones.
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El cerco de la disputa entre la Segunda Marquetalia, donde está Romaña, y la de Gentil Duarte, que en la zona comanda Calarcá, ha recaído también sobre los exguerrilleros que se quedaron en la legalidad en esta zona. En la vereda El Diamante, de Uribe, se asentaron unos sesenta excombatientes que llegaron allí en principio con Romaña y cuando él se devolvió a la guerra, ellos siguieron adelante con los proyectos productivos. Sin embargo, les cayó encima el peso de la estigmatización de ser “los de Romaña” y para la disidencia de Gentil Duarte todos los bienes de esa cooperativa eran de ese exjefe de las Farc. Por eso, al puñado de exguerrilleros les dieron el ultimátum para que salieran del territorio a riesgo de ser asesinados. De eso ha pasado ya más de un año y hoy están dispersos en ciudades como Villavicencio y otros poblados del oriente del país, mientras concretan con el Gobierno un nuevo predio para trasladarse definitivamente.
En esa disputa entre Romaña y Gentil Duarte muchos incluyen lo que ocurrió hace semanas con la comisión de la Unidad de Restitución de Tierras que fue masacrada en Mesetas: una finca de la que en tiempos de guerra se apropió Romaña, pero que hoy está en poder de la disidencia de Gentil Duarte. Cuando las dos hermanas reclamantes, Yadmil y Sandra Milena Cortés Uribe, junto con la funcionaria Karen Garay y el conductor Jhoan Cogua fueron a reclamarla se encontraron con los armados, que asesinaron a los cuatro.
