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Miguel Samper Strouss es director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), una de las entidades creadas en 2015 para asumir las funciones del liquidado Incoder. En diálogo con este diario, en vísperas de la llegada de un nuevo gobierno, hace un balance de la gestión de la entidad. Afirma que una de sus mayores preocupaciones es el recorte anunciado con el techo presupuestal para el próximo año, cercano al 65 %.
También cuenta sobre hechos de corrupción que han encontrado, algunos con respecto al antiguo Incoder, que han sido denunciados penalmente. Otros, acerca de terceros, falsos tramitadores, que cobran por adelantar procesos ante la ANT, que son gratuitos, o prometen realizar una gestión que nunca se lleva acabo. La recomendación, dice Samper, es acudir directamente a la entidad para cualquier trámite o, en caso de usar un intermediario, asegurarse de que cumplirá. Esas personas inescrupulosas, añade, se exponen a procesos judiciales por estafa.
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¿Qué balance hace después de dos años que tiene de creada la ANT?
El principal logro ha sido que pusimos de moda el tema de la tierra. En las discusiones públicas no se hablaba del tema. Hoy estoy convencido de que ocupa los primeros renglones en la agenda de discusión nacional. Ha sido fruto de las actividades que hemos realizado y los logros que dejamos: legalizamos 1,5 millones de hectáreas, que, en tamaño, equivale a legalizar nueves veces una ciudad como Bogotá o 39 veces una como Medellín.
Legalizar implica el título.
Sí, sea título colectivo para comunidades étnicas, la adjudicación de un baldío o la legalización de un predio que siempre perteneció a la familia campesina, pero que nunca se formalizó por las mismas transacciones que se hacen de manera informal. Esos 1,5 millones de hectáreas equivalen a 42.000 títulos de propiedad entregados. El promedio histórico desde 1960 hasta 2015, antes de que empezara a funcionar la ANT, era de 5.000 títulos por año: cuadruplicamos el promedio histórico anual. Además, revolucionamos la forma en que se gestiona la tierra, porque la ANT no espera a que vengan los campesinos, sino que es la ANT la que los busca.
¿Qué garantías hay de que esa legalización haya sido justa?
Hacemos un proceso ampliamente participativo. Siempre les he dicho a los técnicos de la Agencia que no nos las sabemos todas. Las decisiones no se toman en un escritorio en Bogotá sino en consenso y trabajando con la comunidad en el territorio. Eso también es parte del cambio estructural que implementamos en la ANT. Vamos a trabajar con las comunidades y tomamos las decisiones en el territorio. El que sabe quién ha sido su vecino toda la vida o por dónde pasa la cerca es el campesino, no los funcionarios de la ANT. Al identificar la ruta a seguir podemos implementar de forma consolidada este mecanismo de titulación masiva de la propiedad. En la historia del país no se había visto un programa de titulación tan masivo y ambicioso.
¿La mayor parte del presupuesto de la Agencia se va en formalización?
Sí. Recibimos un rezago del Incoder bastante demandante: había 180.000 solicitudes de baldíos sin tramitar y cerca de 4.000 procesos agrarios, algunos que databan de los años 70 y en los cuales no se había tomado una determinación; 56.000 solicitudes para formalizar la propiedad privada, que no se habían tramitado, y hoy entregamos al país un balance positivo. Ese rezago lo culminamos en un 30 % en materia de baldíos. En procesos agrarios ya hicimos todo un inventario y tenemos 1.000 (de los 4.000) que ya están avanzando y casi en etapa final; entregamos 4.200 títulos de los 56.000 pendientes y tenemos andando otros 11.000, que se empezarán a entregar en los próximos días. Recibimos un escenario caótico y lo que entregamos es una casa ordenada, y en lo personal me satisface mucho. Para mí ha significado el trabajo de mayores retos y sacrificios personales y profesionales, pero también el que más gratificaciones me ha generado.
¿Cómo recibió la noticia de que el Decreto 902 haya pasado el examen de la Corte Constitucional?
Celebramos la decisión de la Corte frente al decreto, pues es un espaldarazo a la gestión de la Agencia. Es un reconocimiento a la rapidez y eficiencia con la que estamos llenando el campo de propietarios y garantizando la seguridad jurídica en todos los rincones de la Colombia rural.
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¿Qué dientes le faltan a la Agencia?
Se debe garantizar que cuente con un robusto respaldo presupuestal para ejecutar lo que hemos venido haciendo, y aquí hay algo muy preocupante que pusimos de presente al nuevo gobierno y al saliente: hubo un recorte de 65 % entre el presupuesto de este año y el siguiente. Eso implicaría acabar muchos programas y que esta rapidez con la que estamos titulando se frene. Lo segundo que se debe garantizar es que se siga profundizando en el modelo de barrido predial, en la atención por oferta, que la entrada al territorio se haga de manera masiva para generar economías de escala, menores costos, mayores eficiencias en la operación territorial. Lo tercero es que la legitimidad de la agencia no se cuestione. Hemos detectado casos de corrupción en los cuales ya hemos interpuesto denuncias; estamos trabajando con las juntas de acción comunal y con la figura inspectora de tierras, que implementamos y es inédita en el país. Eso nos ha permitido ganar legitimidad en el territorio. Si la Agencia no tiene legitimidad, le van a cerrar todas las puertas.
¿Qué casos de corrupción han encontrado?
Si queremos que los campesinos nos abran las puertas de sus predios, que nos levanten los broches de las cercas, necesitamos que ellos no se sientan estafados por los funcionarios. A la fecha no hay denuncias contra funcionarios de la Agencia. Lo que sí hemos encontrado son terceros, avivatos, que se hacen pasar por funcionarios de la Agencia o falsos tramitadores que les cobran a los campesinos por servicios que son gratuitos o que no hacen ninguna gestión ante la ANT, son simples estafadores que se aprovechan de las necesidades de los campesinos. Otro, que ya lo pusimos de presente ante las autoridades, es un caso en el que la ANT iba a comprar un predio y los propietarios, en asocio con algunas organizaciones, especulaban con el valor de la tierra. Antes de que la comprara la ANT intercambiaban entre ellos para subir artificialmente su valor y enriquecerse a expensas del Estado. Hemos interpuesto sobre estos casos cerca de 15 denuncias penales, que cursan en la Fiscalía y siguen su trámite. Otro caso: encontramos en Caquetá una convivencia entre funcionarios notariales, registrales y del antiguo Incoder para despojar de la tierra a la gente, mediante artilugios o figuras jurídicas, que, falseando documentos públicos, permitieran quitar tierra para dárselas a sus organizaciones criminales. Y otro caso, muy sonoro, es el de la pérdida de los expedientes. Es impresionante la falta de información de lo que encontramos como ANT y lo que en realidad el territorio había producido. Hoy podemos decir que nos ha tocado reconstruir más de 300 expedientes. Eso es impresentable. Se ha debido entregar la información completa, pero en muchos casos se utilizaba esa pérdida del expediente para presionar al campesino y solicitarle más recursos para acelerar los trámites o que reapareciera el expediente.
¿Y sobre eso hay investigaciones?
Hay investigaciones penales sobre todos estos casos que estoy mencionando.
¿Cómo se está gestionando el Fondo de Tierras? ¿Ya hay beneficiados o las tierras están “quietas”?
Hay dos metas en el Acuerdo de La Habana. Uno, legalizar siete millones de hectáreas a 10 años. Vamos en 1,5 millones, en un año de implementación. Si sigue este ritmo la meta se cumplirá en la mitad del tiempo. La segunda: reunir en el fondo de tierras tres millones de hectáreas para que de aquí a 12 años se pueda titular a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Llevamos 520.000 hectáreas incorporadas en el fondo. Si sigue este ritmo de conseguir estos baldíos o bienes del Estado para incorporar, la meta se cumple en seis años. Lo que estamos haciendo ahora es ver quién está en esas tierras, si tiene derechos o no, y, si tiene derechos, adjudicar a estos campesinos. Estamos en ese proceso de caracterización.
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¿Qué herramientas espera que el próximo proyecto de ley de tierras (que se radicaría el próximo 20 de julio) dé para seguir administrando las tierras, y en el marco del Acuerdo de Paz?
El tema de la tierra es la piedra angular de todo el desarrollo rural porque si la persona no es titular no puede haber programas de desarrollo rural. A la titulación que hacemos de forma masiva se deben sumar proyectos productivos, acceso a crédito, asistencia técnica si así se requiere, subsidio de vivienda, en resumen, que la oferta institucional llegue después de que llegue el título. El reto depende de la visión y el lineamiento que incorpore el Ministerio de Agricultura. En la ley de tierras hay reformas sustanciales que dependen de una visión del gobierno acerca de cómo resolver los asuntos sobre la tierra y cómo quiere promover el desarrollo rural en sus territorios. Esa visión la tiene que revisar el nuevo gobierno porque esta ley ya no alcanzó a ser tramitada en el actual.
¿Del borrador que se conoció el año pasado se ha replanteado algo? ¿Hay algún punto que a la ANT no le “guste”?
Hay varios puntos que se deben discutir y deberíamos dar un gran debate nacional acerca de la tierra. Con la perspectiva técnica podíamos aportar, contribuir a la discusión. Se dieron muchos debates en el interior del gobierno, pero creo que llegó el momento de que los debates se den hacia afuera, un debate nacional sobre la tierra. No me cabe la menor duda, por todas las dificultades que se presentan en territorio y las aristas que tiene este tema, que se requiere una reforma a la ley de tierras como lo recomendó en su momento la Misión Rural. Esa debería ser una de las prioridades del gobierno entrante, hacer esa modificación, y que la inversión en el campo sea integral porque la tierra sola no sirve, tiene que estar acompasada con las medidas del desarrollo rural, tener una visión de que en ciertos territorios sirve hacer una reforma rural integral, en otros tal vez sirve hacer proyectos agroindustriales. Estamos convencidos de que en esta tierra tenemos que caber todos y esa es la visión que se debería imprimir en la nueva ley de tierras.
¿Qué papel va a tener la entidad en la implementación del catastro multipropósito?
Ya hay varios pilotos andando, y lo que hacemos es ir un paso más allá. El catastro levanta y actualiza la información catastral pero en la ANT decimos que solo actualizar el catastro no sirve, que lo que tiene que venir inmediatamente después es la formalización. Por eso es que hemos insistido tanto en que en ese proceso se sume la ANT. Si no, el Estado tendrá una información muy actualizada, pero el campesino se queda sin el título, y eso no le sirve a la gente.
¿Y ha habido convergencia entre los pilotos y el barrido predial que hace la ANT?
Nos hemos 'pegado' a los pilotos para garantizar que al final del proceso haya el título, y en otras partes del país, donde estamos implementando nosotros directamente, garantizamos que la
metodología del catastro sea similar en una primera etapa, pero que al final entremos nosotros a titularle a la gente. Estamos pegados a lo que están haciendo desde el DNP para entregar los títulos, y estamos haciendo otros ejercicios, de catastro también, pero ya nosotros ponemos toda la tecnología, el capital humano y al final garantizamos que haya títulos de propiedad.
¿Le gustaría seguir dirigiendo la Agencia?
Yo estoy complacido con lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos cuadruplicado las cifras de titulación, les cortamos el chorro a los corruptos que pretendían feriarse la tierra, cambiamos la manera en que la gente percibe a la institución que se encarga de la tierra, pusimos el tema en el debate nacional... Estoy complacido. Sea desde esta u otra tribuna seguiré trabajando por el tema de la tierra y del desarrollo rural.
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