¿Se podía prevenir el asesinato de María del Pilar Hurtado?

El 6 de junio de este año, el subdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Fabio Parra Beltrán, recibió un oficio de la Defensoría del Pueblo en el que se advertía sobre un panfleto que estaba circulando en el municipio de Tierralta (Córdoba), firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que amenazaba a alrededor de siete personas. En el documento la Defensoría recordaba que hacía solo siete meses, en noviembre de 2018, ya había emitido una alerta temprana sobre ese territorio. Pasadas dos semanas de la emisión de ese oficio, el 21 de junio, María del Pilar Hurtado, una de las lideresas a la que al parecer se refería el panfleto, cayó asesinada frente a uno de sus hijos en un episodio que conmocionó al país.

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El oficio detallaba quiénes eran algunas de las personas mencionadas despectivamente en la amenaza: el representante legal de la Fundación Cordoberxia, un aspirante a la Alcaldía de Tierralta por la Unión Patriótica, un líder político del movimiento Colombia Humana y un miembro de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú. Entre las personas que quedaban sin identificar estaba una mujer a la que se referían en el panfleto como la “mujer del chatarrero”. Hoy varios líderes han expresado que se trataba de María del Pilar Hurtado, por su labor y la de su esposo como recicladores.

El Ministerio del Interior respondió el oficio de la Defensoría el 12 de junio y lo trasladó al Ministerio de Defensa, al Comando General de las Fuerzas Militares, a la Policía, a la Fiscalía y a otras autoridades nacionales y locales para que se tomaran las medidas correspondientes. Pero en la Defensoría dicen desconocer las acciones que se tomaron a raíz de esa petición.

No es la primera vez que un asesinato de un líder o lideresa social, o una crisis humanitaria en un territorio, es advertido desde la Defensoría del Pueblo. En marzo de 2018, la entidad emitió la alerta 026, de carácter nacional, en la que llamó la atención sobre el riesgo particular que corrían los líderes sociales y defensores de derechos humanos, especialmente en 322 municipios del país, menos del 30 % del territorio nacional. El documento incluía los nombres de las organizaciones cuyos integrantes estaban en peligro. Después de emitida la alerta y hasta febrero de este año, es decir, en casi un año, fueron asesinados 172 líderes sociales en el 72 % de los municipios advertidos.

Sin embargo, la semana pasada una alerta temprana que dio a conocer esa entidad con respecto a las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, en Bogotá, sobre la presencia de grupos armados ilegales en esa zona, fue inmediatamente controvertida por las autoridades distritales. Que en la capital no hay grupos armados ilegales, sino bandas de delincuencia común, dijo el secretario de Seguridad, Jairo García. Pero, ¿qué deberían hacer las autoridades locales y nacionales después de que se emita una alerta temprana sobre un territorio? ¿Cuál es su objeto?

En diálogo con Colombia 2020, Mateo Gómez, defensor delegado para la prevención de violaciones a los derechos humanos a cargo del Sistema de Alertas Tempranas, explicó cuál es la ruta que debe seguir el documento con el fin de prevenir posibles asesinatos o riesgos. El origen de esas alertas, tal como funcionan actualmente, quedó pactado en el tercer punto del Acuerdo Final de La Habana, que estipuló que la Defensoría del Pueblo emitiría alertas tempranas de forma autónoma según evaluara los riesgos.

“Cuando hay factores de riesgo -generalmente presencia de actores armados-, además mayores vulnerabilidades en los territorios y menores capacidades de las instituciones para hacer frente a ese riesgo, es cuando nosotros emitimos una alerta temprana”, dijo Gómez.

De acuerdo con el Decreto 2124 de 2017, norma que rige el Sistema de Alertas Tempranas, el documento debe remitirse a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), que preside el Ministerio del Interior y donde tienen asientos el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Ejército, la Policía Nacional, entre otras entidades. Ese comité debe reunirse en un período de 10 días una vez emitida la alerta, coordinado por el Ministerio del Interior, para evaluar la respuesta rápida de las autoridades.

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“Lo que está pasando hoy en algunas reuniones es que las autoridades acuden no a dar cuenta y a gestionar una respuesta rápida, sino a desvirtuar el escenario de riesgo descrito”, dijo el funcionario. Prueba de ello fue lo que sucedió tras la emisión de la alerta en Bogotá. “Lo grave no es que se controvierta una alerta, sino que, si eso está pasando, ¿qué va a pasar con la prevención? ¿Quién se va a encargar de desplegar esas acciones?”.

En el caso del sur de Córdoba, donde fue asesinada María del Pilar Hurtado, tras la emisión de la alerta temprana de noviembre de 2018, durante el primer semestre de 2019 se registraron varios hechos que confirmaron el riesgo de esa alerta: desplazamientos masivos en Puerto Libertador (municipio de esa región), enfrentamientos entre grupos armados, panfletos amenazantes contra líderes sociales. Todos hechos puestos en conocimiento del Gobierno, según dijo el defensor delegado.

Colombia 2020 intentó comunicarse con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, para que respondiera sobre las acciones tomadas frente a las alertas emitidas por la Defensoría en el caso del sur de Córdoba, así como otros llamados que deben ser atendidos por ese Ministerio, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Frente al panfleto en el que estaría referida María del Pilar Hurtado, Gómez llama la atención sobre las acciones de prevención que no se desplegaron. “¿Cuál fue la acción investigativa que desplegó la Fiscalía, o la Policía, o la UNP para establecer lo que había detrás de ese panfleto? ¿Qué autoridad se encargó de establecer a quién se referían con “la esposa del chatarrero”? Si hubiéramos tomado en serio los llamados, investigado y evaluado el riesgo, quizá no habríamos tenido que sufrir la muerte de la lideresa Hurtado ni el dolor de ver a sus hijos absolutamente acabados por la pérdida de su madre”.

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El 6 de junio de este año, el subdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Fabio Parra Beltrán, recibió un oficio de la Defensoría del Pueblo en el que se advertía sobre un panfleto que estaba circulando en el municipio de Tierralta (Córdoba), firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que amenazaba a alrededor de siete personas. En el documento la Defensoría recordaba que hacía solo siete meses, en noviembre de 2018, ya había emitido una alerta temprana sobre ese territorio. Pasadas dos semanas de la emisión de ese oficio, el 21 de junio, María del Pilar Hurtado, una de las lideresas a la que al parecer se refería el panfleto, cayó asesinada frente a uno de sus hijos en un episodio que conmocionó al país.

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El oficio detallaba quiénes eran algunas de las personas mencionadas despectivamente en la amenaza: el representante legal de la Fundación Cordoberxia, un aspirante a la Alcaldía de Tierralta por la Unión Patriótica, un líder político del movimiento Colombia Humana y un miembro de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú. Entre las personas que quedaban sin identificar estaba una mujer a la que se referían en el panfleto como la “mujer del chatarrero”. Hoy varios líderes han expresado que se trataba de María del Pilar Hurtado, por su labor y la de su esposo como recicladores.

El Ministerio del Interior respondió el oficio de la Defensoría el 12 de junio y lo trasladó al Ministerio de Defensa, al Comando General de las Fuerzas Militares, a la Policía, a la Fiscalía y a otras autoridades nacionales y locales para que se tomaran las medidas correspondientes. Pero en la Defensoría dicen desconocer las acciones que se tomaron a raíz de esa petición.

No es la primera vez que un asesinato de un líder o lideresa social, o una crisis humanitaria en un territorio, es advertido desde la Defensoría del Pueblo. En marzo de 2018, la entidad emitió la alerta 026, de carácter nacional, en la que llamó la atención sobre el riesgo particular que corrían los líderes sociales y defensores de derechos humanos, especialmente en 322 municipios del país, menos del 30 % del territorio nacional. El documento incluía los nombres de las organizaciones cuyos integrantes estaban en peligro. Después de emitida la alerta y hasta febrero de este año, es decir, en casi un año, fueron asesinados 172 líderes sociales en el 72 % de los municipios advertidos.

Sin embargo, la semana pasada una alerta temprana que dio a conocer esa entidad con respecto a las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, en Bogotá, sobre la presencia de grupos armados ilegales en esa zona, fue inmediatamente controvertida por las autoridades distritales. Que en la capital no hay grupos armados ilegales, sino bandas de delincuencia común, dijo el secretario de Seguridad, Jairo García. Pero, ¿qué deberían hacer las autoridades locales y nacionales después de que se emita una alerta temprana sobre un territorio? ¿Cuál es su objeto?

En diálogo con Colombia 2020, Mateo Gómez, defensor delegado para la prevención de violaciones a los derechos humanos a cargo del Sistema de Alertas Tempranas, explicó cuál es la ruta que debe seguir el documento con el fin de prevenir posibles asesinatos o riesgos. El origen de esas alertas, tal como funcionan actualmente, quedó pactado en el tercer punto del Acuerdo Final de La Habana, que estipuló que la Defensoría del Pueblo emitiría alertas tempranas de forma autónoma según evaluara los riesgos.

“Cuando hay factores de riesgo -generalmente presencia de actores armados-, además mayores vulnerabilidades en los territorios y menores capacidades de las instituciones para hacer frente a ese riesgo, es cuando nosotros emitimos una alerta temprana”, dijo Gómez.

De acuerdo con el Decreto 2124 de 2017, norma que rige el Sistema de Alertas Tempranas, el documento debe remitirse a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), que preside el Ministerio del Interior y donde tienen asientos el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Ejército, la Policía Nacional, entre otras entidades. Ese comité debe reunirse en un período de 10 días una vez emitida la alerta, coordinado por el Ministerio del Interior, para evaluar la respuesta rápida de las autoridades.

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“Lo que está pasando hoy en algunas reuniones es que las autoridades acuden no a dar cuenta y a gestionar una respuesta rápida, sino a desvirtuar el escenario de riesgo descrito”, dijo el funcionario. Prueba de ello fue lo que sucedió tras la emisión de la alerta en Bogotá. “Lo grave no es que se controvierta una alerta, sino que, si eso está pasando, ¿qué va a pasar con la prevención? ¿Quién se va a encargar de desplegar esas acciones?”.

En el caso del sur de Córdoba, donde fue asesinada María del Pilar Hurtado, tras la emisión de la alerta temprana de noviembre de 2018, durante el primer semestre de 2019 se registraron varios hechos que confirmaron el riesgo de esa alerta: desplazamientos masivos en Puerto Libertador (municipio de esa región), enfrentamientos entre grupos armados, panfletos amenazantes contra líderes sociales. Todos hechos puestos en conocimiento del Gobierno, según dijo el defensor delegado.

Colombia 2020 intentó comunicarse con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, para que respondiera sobre las acciones tomadas frente a las alertas emitidas por la Defensoría en el caso del sur de Córdoba, así como otros llamados que deben ser atendidos por ese Ministerio, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Frente al panfleto en el que estaría referida María del Pilar Hurtado, Gómez llama la atención sobre las acciones de prevención que no se desplegaron. “¿Cuál fue la acción investigativa que desplegó la Fiscalía, o la Policía, o la UNP para establecer lo que había detrás de ese panfleto? ¿Qué autoridad se encargó de establecer a quién se referían con “la esposa del chatarrero”? Si hubiéramos tomado en serio los llamados, investigado y evaluado el riesgo, quizá no habríamos tenido que sufrir la muerte de la lideresa Hurtado ni el dolor de ver a sus hijos absolutamente acabados por la pérdida de su madre”.

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