Se recrudece la violencia contra excombatientes de las Farc y sus familias

Una vez se desmovilizaron las Farc sucedió lo que era previsible y sobre lo que aún hoy no se ha hecho lo suficiente. Las zonas en las que la guerrilla tuvo influencia históricamente se convirtieron en un hervidero de violencia en contra de civiles y, sobre todo, de defensores de derechos humanos. Hasta allí llegaron otros actores armados para acabar con la esperanza generada por el Acuerdo de Paz: el fin de la confrontación armada.

Si bien al comparar los diferentes informes sobre asesinatos y violaciones a los derechos humanos hay diferencias en las cifras y sobre quiénes puede ser los responsables, el panorama es preocupante, y también han sido reiteradas las alertas de las organizaciones sociales que trabajan en las regiones, buscando que el Gobierno haga lo necesario para garantizar la vida. (Vea la infografía al final de la publicación)

Hace menos de diez días, un informe del programa Somos Defensores señalaba que en el primer semestre de 2017 habían sido asesinados 51 líderes sociales, un incremento de las muertes en 31 % desde 2016 y que contiene unos factores cualitativos que hacen más crudos los números: siete de los asesinados habían denunciado amenazas, siete fueron desaparecidos antes de que los encontraran muertos y seis de los cuerpos presentaban signos de tortura. (Lea: Agúzate, siguen matando defensores de derechos humanos)

En julio de 2017, Carlos Negret, defensor del Pueblo, alertó del riesgo para los líderes sociales en Barrancabermeja y señaló directamente la presunta acción de grupos de autodefensa, a los que estarían vinculados jóvenes entre los 15 y 25 años. Los registros de la misma entidad daban cuenta de que entre el 1º de enero de 2016 y el 5 de julio de este año se presentaron 186 homicidios que involucraban a líderes sociales y defensores de derechos humanos e igualmente mostró su preocupación por el asesinato selectivo de excombatientes de las Farc y sus familiares.

Hoy, un nuevo informe realizado entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) recuerda una violencia que, a pesar de los anuncios del Gobierno, se ha mantenido con fuerza y muestra la situación compleja que se vive en las regiones. Con un componente especial: la situación de las garantías de seguridad y protección para los excombatientes de las Farc que están en proceso de reincorporación.

De acuerdo con el documento, la violencia sociopolítica aumentó el número de víctimas en las zonas en las que las Farc desarrollaron durante años su actividad insurgente y lo que se ve actualmente es una “reconfiguración violenta del control territorial”. Una situación que también ha sido objeto de preocupación para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuya misión en Colombia ha sido la encargada del proceso de desarme de las Farc y está al frente de verificar la reincorporación y la implementación de lo pactado.

Los datos sobre este asunto específico también son alarmantes. Según la información condensada, entre el 14 de abril y el 17 de agosto de 2017 ocurrieron 12 homicidios de integrantes de las Farc que estaban dentro del proceso de paz y otros 11 que involucraron a familiares de excombatientes. Cinco fueron en Antioquia, cuatro en Caquetá, tres en Nariño, tres en Cauca, dos en Putumayo, dos en Chocó, uno en Valle del Cauca, uno en Norte de Santander y uno en Arauca. De estos hechos, los presuntos responsables de nueve de los casos son paramilitares, uno habría sido cometido por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y 13 son desconocidos. Por otra parte, se presentaron atentados —uno en Cauca y otro en Nariño— de los que fueron objeto miembros de las Farc en reincorporación.

En general, el informe registra 540 casos, 57 de los cuales son violaciones a los derechos humanos de integrantes de las Farc que hoy intentan reincorporarse a la vida civil y sus familias, y 484 son violaciones a los derechos humanos de las comunidades y las organizaciones sociales y populares. El análisis realizado con esta información permite hacer una caracterización de las víctimas entre miembros de la comunidad, mujeres, hombres, organizaciones sociales, mujeres trans y gais.

Durante estos seis meses ocurrieron 133 asesinatos (101 contra líderes comunitarios o de organizaciones sociales), 194 amenazas y 36 casos de injerencia arbitraria en los que sujetos identificados como miembros de la Fuerza Pública o de organizaciones ilegales asaltaron las viviendas de los pobladores, cometiendo atropellos, desórdenes y, en algunos casos, tortura y detenciones arbitrarias. Cauca, con 110 casos, es donde más se han presentado violaciones de derechos humanos, seguido por Chocó (81), Valle (59), Antioquia (33) y Nariño (22).

También se revelan cifras recientes sobre la presencia de grupos narcoparamilitares y del clan del Golfo en los municipios del país. Los primeros, de acuerdo con el estudio, afectan a 221 municipios, con una presencia mayor en Antioquia, Córdoba, Chocó, Meta y Bolívar. Mientras que el clan del Golfo tendría presencia en 185 municipios y su operación se desarrolla mayoritariamente en las mismas zonas.

Por lo pronto, algunas de las recomendaciones que arroja el estudio son la prohibición constitucional del paramilitarismo, tema de debate en los últimos días; el desarrollo de una campaña en contra de la estigmatización de los gestores de paz; el fortalecimiento de las negociaciones con el Eln; el robustecimiento de las organizaciones sociales, y la rápida implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, entre otras.

Una vez se desmovilizaron las Farc sucedió lo que era previsible y sobre lo que aún hoy no se ha hecho lo suficiente. Las zonas en las que la guerrilla tuvo influencia históricamente se convirtieron en un hervidero de violencia en contra de civiles y, sobre todo, de defensores de derechos humanos. Hasta allí llegaron otros actores armados para acabar con la esperanza generada por el Acuerdo de Paz: el fin de la confrontación armada.

Si bien al comparar los diferentes informes sobre asesinatos y violaciones a los derechos humanos hay diferencias en las cifras y sobre quiénes puede ser los responsables, el panorama es preocupante, y también han sido reiteradas las alertas de las organizaciones sociales que trabajan en las regiones, buscando que el Gobierno haga lo necesario para garantizar la vida. (Vea la infografía al final de la publicación)

Hace menos de diez días, un informe del programa Somos Defensores señalaba que en el primer semestre de 2017 habían sido asesinados 51 líderes sociales, un incremento de las muertes en 31 % desde 2016 y que contiene unos factores cualitativos que hacen más crudos los números: siete de los asesinados habían denunciado amenazas, siete fueron desaparecidos antes de que los encontraran muertos y seis de los cuerpos presentaban signos de tortura. (Lea: Agúzate, siguen matando defensores de derechos humanos)

En julio de 2017, Carlos Negret, defensor del Pueblo, alertó del riesgo para los líderes sociales en Barrancabermeja y señaló directamente la presunta acción de grupos de autodefensa, a los que estarían vinculados jóvenes entre los 15 y 25 años. Los registros de la misma entidad daban cuenta de que entre el 1º de enero de 2016 y el 5 de julio de este año se presentaron 186 homicidios que involucraban a líderes sociales y defensores de derechos humanos e igualmente mostró su preocupación por el asesinato selectivo de excombatientes de las Farc y sus familiares.

Hoy, un nuevo informe realizado entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) recuerda una violencia que, a pesar de los anuncios del Gobierno, se ha mantenido con fuerza y muestra la situación compleja que se vive en las regiones. Con un componente especial: la situación de las garantías de seguridad y protección para los excombatientes de las Farc que están en proceso de reincorporación.

De acuerdo con el documento, la violencia sociopolítica aumentó el número de víctimas en las zonas en las que las Farc desarrollaron durante años su actividad insurgente y lo que se ve actualmente es una “reconfiguración violenta del control territorial”. Una situación que también ha sido objeto de preocupación para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuya misión en Colombia ha sido la encargada del proceso de desarme de las Farc y está al frente de verificar la reincorporación y la implementación de lo pactado.

Los datos sobre este asunto específico también son alarmantes. Según la información condensada, entre el 14 de abril y el 17 de agosto de 2017 ocurrieron 12 homicidios de integrantes de las Farc que estaban dentro del proceso de paz y otros 11 que involucraron a familiares de excombatientes. Cinco fueron en Antioquia, cuatro en Caquetá, tres en Nariño, tres en Cauca, dos en Putumayo, dos en Chocó, uno en Valle del Cauca, uno en Norte de Santander y uno en Arauca. De estos hechos, los presuntos responsables de nueve de los casos son paramilitares, uno habría sido cometido por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y 13 son desconocidos. Por otra parte, se presentaron atentados —uno en Cauca y otro en Nariño— de los que fueron objeto miembros de las Farc en reincorporación.

En general, el informe registra 540 casos, 57 de los cuales son violaciones a los derechos humanos de integrantes de las Farc que hoy intentan reincorporarse a la vida civil y sus familias, y 484 son violaciones a los derechos humanos de las comunidades y las organizaciones sociales y populares. El análisis realizado con esta información permite hacer una caracterización de las víctimas entre miembros de la comunidad, mujeres, hombres, organizaciones sociales, mujeres trans y gais.

Durante estos seis meses ocurrieron 133 asesinatos (101 contra líderes comunitarios o de organizaciones sociales), 194 amenazas y 36 casos de injerencia arbitraria en los que sujetos identificados como miembros de la Fuerza Pública o de organizaciones ilegales asaltaron las viviendas de los pobladores, cometiendo atropellos, desórdenes y, en algunos casos, tortura y detenciones arbitrarias. Cauca, con 110 casos, es donde más se han presentado violaciones de derechos humanos, seguido por Chocó (81), Valle (59), Antioquia (33) y Nariño (22).

También se revelan cifras recientes sobre la presencia de grupos narcoparamilitares y del clan del Golfo en los municipios del país. Los primeros, de acuerdo con el estudio, afectan a 221 municipios, con una presencia mayor en Antioquia, Córdoba, Chocó, Meta y Bolívar. Mientras que el clan del Golfo tendría presencia en 185 municipios y su operación se desarrolla mayoritariamente en las mismas zonas.

Por lo pronto, algunas de las recomendaciones que arroja el estudio son la prohibición constitucional del paramilitarismo, tema de debate en los últimos días; el desarrollo de una campaña en contra de la estigmatización de los gestores de paz; el fortalecimiento de las negociaciones con el Eln; el robustecimiento de las organizaciones sociales, y la rápida implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, entre otras.