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El secuestro del registrador delegado del Chocó, Jefferson Elías Murillo, volvió a poner sobre la mesa la crisis de seguridad que enfrenta este departamento del occidente del país, que históricamente ha sido golpeado por la violencia y la criminalidad.
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Hasta el momento, las autoridades no han establecido quién está detrás del rapto del funcionario, que fue abordado en la tarde del sábado 6 de enero por hombres armados vestidos de negro mientras se desplazaba por la vía que conduce de Quibdó a Itsmina.
La primera hipótesis de las autoridades es que el secuestro fue perpetrado por un grupo de delincuencia común. “Hemos desplegado un equipo especializado con capacidades técnicas y de investigadores hacia Quibdó. Lo único que tenemos al momento es que hay un grupo de delincuencia común que se denomina ‘Los Palmeños’, que podría estar implicado directamente en el hecho”, le dijo a Caracol Radio el general Nicolás Alejandro Zapata, director encargado de la Policía.
El alto oficial agregó que siguen las labores de verificación “porque la intención de esos grupos cuando perpetran este tipo de delitos es ‘vender’ a los secuestrados a grupos armados organizados que delinquen en la zona”.
En la región confluyen una serie de grupos armados ilegales de origen diverso: desde bandas delincuenciales que operan en centros urbanos hasta estructuras de corte guerrillero y paramilitar que se disputan el control de las zonas rurales, los ríos y rutas de conexión con otras regiones del país.
Desde 2018 hasta 2023, la Defensoría del Pueblo emitió 35 alertas tempranas en las que se advierte el riesgo alto que enfrenta este departamento por la presencia y expansión de organizaciones ilegales, especialmente el Clan del Golfo (o AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se han disputado a sangre y fuego el departamento y las rentas ilícitas de la cadena del narcotráfico, la minería ilegal y la explotación de madera.
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Particularmente en Itsmina y el Bajo San Juan, desde agosto de 2021 se advirtió el riesgo inminente para la población luego del quebrantamiento de un pacto entre las AGC y el ELN, que revivió los enfrentamientos, desplazamientos, confinamientos, asesinatos y amenazas para las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas.
A esto se suman las pugnas entre al menos cinco bandas criminales en la capital, Quibdó, que han producido cientos de homicidios, extorsiones, amenazas y otros hechos delictivos en los últimos años.
Entre estas estructuras están Los Mexicanos, Locos Yam y RPS, que el pasado 18 de agosto de 2023 iniciaron un proceso de diálogo con el Gobierno Nacional, que busca su sometimiento a través de la apuesta de Paz Total.
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La respuesta de la Oficina del Alto Comisionado
De hecho, luego del secuestro del registrador Murillo la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), entidad que lidera estos diálogos, se pronunció.
“Reiteramos nuestra condena al secuestro y la obligación que tienen los organismos de seguridad y justicia de prevenir y perseguir a los autores de este tipo de prácticas independientemente del nivel de negociaciones o conversaciones que tengan con la OACP velando, eso sí, por la preservación de la vida y demás derechos y libertades de las personas. La Paz debe fortalecer la seguridad de la población civil y no es pretexto para la inacción de la fuerza pública”, expresó la Oficina a través de su cuenta de X (antes Twitter).
La entidad también se refirió al mensaje del Papa Francisco, quien este domingo clamó por “la liberación sin condiciones de todos los secuestrados” en Colombia.
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Al respecto, la OACP indicó que celebra la petición del sumo pontífice, y agregó: “El secuestro no puede ser avalado por ningún motivo ni bajo ninguna circunstancia”.
¿Qué se sabe del secuestro del registrador?
Desde la tarde del sábado, un equipo del Gaula de la Fiscalía, junto con la Policía y el Ejército, adelantan las investigaciones por el rapto del funcionario.
Una fuente de la región indicó que no se descarta que los motivos detrás del plagio de Murillo sean políticos o económicos, pues el registrador dirigió el proceso electoral del pasado mes de octubre y, de otro lado, pertenece a una reconocida familia de la región del San Juan (es hermano de Jhon Arley Murillo, exrepresentante a la Cámara por las comunidades negras y actual Presidente del Partido Colombia Renaciente).
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El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía del Chocó, indicó en diálogo con La W Radio que “se está recolectando información para indicar qué grupo o estructura es responsable”. También dijo que en el punto donde se presentó el plagio hay injerencia del ELN y estructuras de delincuencia común que hacen presencia “no con el ánimo de secuestrar, sino de constreñir a los transportadores”.
Hay que recordar que desde mediados de diciembre, tras el cierre del quinto ciclo de diálogos de paz con el ELN, el grupo guerrillero se comprometió a suspender el secuestro con fines extorsivos.
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Por ahora, habrá que esperar a que las labores de las autoridades continúen para dar con la identidad de los responsables. Según informó a gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, hay una recompensa de 30 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de Murillo.