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Fue una noticia dura y sin anestesia. Tanto el pueblo colombiano como Ecuador se negaban a aceptar que el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, trabajadores del diario El Comercio, habían muerto en cautiverio a manos de una disidencia de las Farc. La lápida llegó cuando el primer mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, lo confirmó sobre el mediodía del viernes ante una multitud de periodistas que le transmitían al mundo la gravedad de la situación: “Lamentablemente, tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas”.
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Inmediatamente dijo una frase que quebró por completo las esperanzas que tenían las dos naciones de rescatarlos algún día: “Más allá de los esfuerzos realizados, se ha confirmado que estos criminales nunca tuvieron la intención de entregárnoslos sanos y salvos”. Un hecho inquebrantable que rememoró los embates de la guerra de un país que por más de 50 años ha sido testigo de más de 220.000 muertes, a pesar de que se encuentra en una etapa de posconflicto por cuenta del proceso de paz. Ecuador tenía poco conocimiento de asesinatos por cuenta de grupos armados ilegales y le tocó vivirlo por los coletazos de una disputa que Colombia quiere terminar.
El equipo periodístico de El Comercio se encontraba en la zona de Esmeraldas, una provincia que colinda con el departamento de Nariño, buscando explicaciones de los hechos de violencia que todavía azotan esa zona. Los últimos hechos registrados en Esmeraldas se resumen así: el pasado 27 de enero ocurrió un atentado con un coche bomba en el cuartel policial de San Lorenzo, que dejó por lo menos 14 heridos y cuantiosos daños materiales. Después, el 17 de febrero, se produjo un enfrentamiento entre grupos ilegales y militares ecuatorianos que patrullaban la frontera. Y el 16 de marzo, según las pesquisas, varias personas colocaron un saco de fibra con pólvora en Borbón.
Sin embargo, los hechos no se detuvieron ahí: el 20 de marzo, seis días antes de que el equipo de prensa fuera secuestrado, se registró el estallido de un artefacto al paso de una unidad militar en la zona de Mataje. Todo esto motivó al equipo de prensa a desplazarse para verificar qué estaba pasando. En su tránsito por Esmeraldas fueron sorprendidos por un retén militar que les advirtió de las consecuencias de seguir su camino y después pasó lo inesperado: sus familiares y la redacción perdieron todo contacto con el equipo periodístico. El gobierno de Ecuador empezó el protocolo de búsqueda y confirmó que sus tres ciudadanos estaban secuestrados.
Desde ese momento la información fue escasa. César Navas, ministro del Interior de Ecuador, dijo que se presumía que sus connacionales estaban bien. Aunque en esa oportunidad no se confirmó quiénes los habían secuestrado, los reporteros ecuatorianos sí lo hicieron, pues tenían versiones de que el responsable de la retención era Wálter Patricio Artizala, alias Guacho, jefe de una disidencia de la extinta guerrilla de las Farc que opera en el sur de Colombia, entre Nariño y Ecuador. Ese mismo día también se conoció que esa cartera ministerial negociaba con los captores la liberación del equipo periodístico.
A pesar de que el 23 de marzo los ministerios de Defensa de ambos países habían pactado una reunión de urgencia para reforzar la seguridad en la frontera, de nada sirvió: el plagio de los comunicadores se dio tres días después. De este lado, en Colombia, las noticias tampoco mostraban avances significativos, pues se reportaba dos explosiones de gran magnitud que quebraron dos torres eléctricas en Tumaco, situación que dejó a más de 200.000 personas sin el servicio eléctrico por varios días. Alias Guacho, conocedor de la zona, se perfiló como el principal responsable.
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Con el pasar de los días, las noticias llegaban a manera de súplica. Diversas tesis se tejieron sobre la situación de los reporteros, pero nada confirmado oficialmente. Mientras tanto, en Ecuador, las voces que pedían la libertad del equipo periodístico eran cada vez más: se realizaron marchas, se conformaron movimientos y se presentaban solicitudes al gobierno de Ecuador para que agilizara la liberación en el menor tiempo posible. Pero los captores no daban noticias de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Sin embargo, el 3 de abril, siete días después de su secuestro, Noticias RCN divulgó un video que se convertiría en la primera y única prueba de supervivencia.“Señor presidente Lenín Moreno, en sus manos están nuestras vidas. Ellos lo único que quieren es el intercambio de sus tres detenidos en Ecuador por nuestras tres”, dijo en el video el reportero Javier Ortega. “Los secuestros de civiles no van a parar, también los ataques a militares, a soldados ecuatorianos en territorio ecuatoriano”, agregó. Su voz fue grabada como prueba de supervivencia y difundida por medios colombianos, pero la Presidencia ecuatoriana no quedó satisfecha en modo alguno con la divulgación de ese material sensible.
Desde entonces, ante la ausencia de noticias, la incertidumbre aumentó. Diversas organizaciones alzaron su voz de rechazo por la forma como los dos países estaban manejando el tema, en paralelo a los ruegos de las familias de los secuestrados que urgían respuestas. Nada pasó. Nada. Ni el encuentro programado en la Cumbre de las Américas para evaluar la situación en la frontera serviría de algo. La incertidumbre se acabó y las lágrimas llegaron cuando Noticias RCN indicó que tenía tres imágenes de quienes, se presumía, eran el equipo periodístico secuestrado. El presidente Moreno se devolvió de Lima a Quito y en cuestión de horas la duda estaba resuelta: las fotos eran de los secuestrados. Y, según las imágenes, sí fueron ejecutados.
Ecuador está acongojado y no es para menos. Se anunciaron cuatro días de duelo por una tragedia que el país vecino no conocía. Ahora la pregunta es dónde están los cuerpos. Por lo pronto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ya recibió la solicitud de los dos gobiernos para facilitar la operación de rescate de los restos. Por orden del presidente Juan Manuel Santos, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, viajó y se reunió con el presidente Moreno para poner a su disposición recursos y información y coordinar operaciones en la zona fronteriza. Además ofreció una recompensa de $400 millones por información del paradero de Guacho, cifra que se suma a los US$100.000 (unos $270 millones) ofrecidos por el gobierno de Ecuador.
El frente Óliver Sinisterra de las Farc, en cabeza de alias Guacho, emitió un comunicado responsabilizando a los presidentes, fiscales y comandantes militares de ambas naciones por la muerte del equipo periodístico. También manifestaron que, debido a los acuerdos entre ambos gobiernos para acabar con este grupo y a la fallida propuesta al gobierno de Ecuador para buscar el diálogo, el resultado fue la muerte del equipo de El Comercio. Lo que sí es claro es que el gobierno ecuatoriano, en trabajo conjunto con las autoridades colombianas, reiniciará las operaciones militares en la zona de la frontera binacional con un objetivo claro: hallar a Guacho y sus hombres, quienes segaron la vida de tres hombres que no pertenecían a la guerra.