Líderes de Buenaventura llegaron a Bogotá para reclamar justicia por río Anchicayá
Más de 30 representantes de los 6 mil afectados por la crisis ambiental y social del río Anchicayá (Valle del Cauca) se movilizan en Bogotá este jueves desde el Ministerio de Ambiente hasta la Corte Constitucional. Exigen que se cumpla una sentencia de 2009 que les garantizaba justicia por una descarga de sedimentos podridos ocasionada en 2001 por una hidroeléctrica.
Natalia Romero Peñuela
El 21 de julio de 2001 el río Anchicayá, entre Cali y Buenaventura (Valle del Cauca), fue asesinado. Es así como los más de 6 mil afectados definen lo que sucedió tras la avalancha de sedimentos podridos que se dio ese día luego de que la empresa española Unión Fenosa Distribución (entonces dueña de la Empresa de Energía del Pacífico S.A - EPSA) abriera las compuertas del embale de la Hidroeléctrica Bajo Anchicayá. Más de 500 mil metros cúbicos de lodos podridos acabaron con los peces del río y contaminaron las aguas de las que al menos 22 corregimientos aledaños se abastecían para el riego y la alimentación.
“Llevamos más de 21 años en procesos jurídicos, pero aún no hemos sido indemnizados ni se ha hecho justicia en el territorio, el río sigue muerto. Por eso llegamos hasta Bogotá para reclamar nuestros derechos porque los derechos del pueblo no se mendigan, sino que se conquistan al calor de la lucha”, sentencia Silvano Caicedo, uno de los líderes que desde 2001 encabeza la búsqueda de justicia. Junto a él, 36 líderes y pobladores del río Anchicayá se movilizan este jueves 1 de diciembre entre el Ministerio de Ambiente y la Corte Constitucional, en Bogotá.
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“Nos mataron el pescado, los moluscos y la piangua; acabaron con nuestra agricultura de pancoger, nuestra papa china, nuestro borojó y nuestro chontaduro. Ya no contamos con el río porque aún hoy el agua baja con olor fétido, pero tampoco tenemos acueducto. Por eso vinimos con nuestro bombo y nuestra marimba, como muestra de resistencia, a decir que ya no aguantamos más”, reclama el líder.
Sus peticiones son puntuales: que se cumpla una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 7 de septiembre de 2009, que condenaba a la empresa a pagar 160 mil millones de pesos a la comunidad por los daños ocasionados; que la Corte Constitucional deje sin efectos una sentencia de 2021 que les ha ocasionado amenazas por parte de grupos armados, y alertar sobre el riesgo latente de una tragedia similar porque los sedimentos se han seguido acumulando en la represa.
Un proceso legal complejo
El mismo año de la tragedia miembros tres consejos comunitarios y cinco organizaciones interpusieron una acción de grupo contra la empresa y la Corporación Autónoma del Valle (CVC), buscando una indemnización para las comunidades. Fruto de ese proceso, el 7 de septiembre de 2009, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ordenó una indemnización por casi $160.000 millones (322.000 salarios mínimos en 2009) además de otras medidas reparadoras.
“Esa decisión se ratificó en segunda instancia y, como en Colombia no hay tercera instancia, estábamos listos para el pago, pero el Tribunal envió el expediente a Bogotá para revisión del Consejo de Estado. Este lo devolvió en 2012 diciendo que sí, que esa sentencia se debía cumplir”, explica Germán Ospina, el abogado que lleva la causa.
Pero ese pago se vio suspendido nuevamente porque la Unión Fenosa vendió la operación de la Central Hidroeléctrica a la empresa colombiana Celsia, que impugnó el fallo y logró suspender la sentencia. “En ese complejo proceso jurídico, se anuló la sentencia, presentamos un incidente de nulidad ante la Corte Constitucional y la Sala Plena emitió la sentencia unificadora SU 686 de 2015 en la que volvió y ordenó que se cumpliera la indemnización del 2009. Y cuando ya estábamos listos para el pago, en 2016, el Consejo de Estado volvió a suspenderlo”, continúa Ospina.
En contexto: Al fin indemnizarán a damnificados por contaminación del río Anchicayá
Desde 2016 hasta 2021, el Consejo de Estado continuó en su revisión del caso y finalmente emitió la segunda sentencia unificadora SU del 10 de junio de 2021 en donde anuló definitivamente la sentencia de 2009, que las comunidades reclaman que se cumpla porque era la que tenía en cuenta tanto las pruebas de los daños como los censos de los afectados. “Esta decisión fue totalmente alejada de la realidad, es una acción con daño porque solo identifica 1.700 personas afectadas y no las 6.000 personas que se valoraron inicialmente. Es decir, deja a más de 4.000 personas sin justicia, después de 21 años de trabajo y, además, rebajó la cuantía de la indemnización”, añade Ospina.
Esta última sentencia es tan polémica que recientemente el Ministerio de Ambiente y la Agencia de Defensa Jurídica pusieron otra tutela para buscar su nulidad porque vulnera el debido proceso y los derechos de las comunidades a presentar sus pruebas. Actualmente, el proceso legal se encuentra en manos de la Corte Constitucional que decidió asumir el caso de manera integral y está próxima a emitir una nueva decisión. Por eso los líderes finalizarán hoy allí su movilización con una velatón.
De esa decisión de la Corte Constitucional también está pendiente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 2018 abrió el caso ante la dilación injustificada de la justicia colombiana.
El riesgo de defender los derechos
Además de los tropiezos en la indemnización, la sentencia de 2021 ha puesto en riesgo la vida tanto de los líderes como del abogado. “En este momento hay más de nueve grupos armados en la zona que han empezado una serie de amenazas contra nuestras vidas”, relata el Ospina que actualmente se encuentra buscando exiliado.
Según cuentan él y Silvano Caicedo, por el enredo legal entre sentencias, hasta los grupos armados llegó el rumor de que el pago de la indemnización ya fue consignado a las cuentas de los líderes y del abogado y recientemente han recibido amenazas directas contra sus vidas, tanto de interesados en el dinero como de quienes reclaman por qué no se le ha entregado el dinero a la comunidad. “Nosotros estamos siendo revictimizados. Ya en el año 2.000, un año antes de que soltaran los lodos podridos, las Autodefensas del Pacífico un desplazamiento brutal de los corregimientos 8 y 9 de Buenaventura. Y hoy estamos siendo nuevamente amenazados”, añade Silvano.
La movilización convocada por el Consejo Comunitario Mayor del Anchicayá, la Organización de Negros Unidos por los Intereses y Defensas del Río Anchicayá, y el Proceso de Comunidades Negras inició esta mañana en el Ministerio de Ambiente, pasó por la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República y finalizará en una velatón a las 4:00 p. m. frente a la Corte Constitucional.
El 21 de julio de 2001 el río Anchicayá, entre Cali y Buenaventura (Valle del Cauca), fue asesinado. Es así como los más de 6 mil afectados definen lo que sucedió tras la avalancha de sedimentos podridos que se dio ese día luego de que la empresa española Unión Fenosa Distribución (entonces dueña de la Empresa de Energía del Pacífico S.A - EPSA) abriera las compuertas del embale de la Hidroeléctrica Bajo Anchicayá. Más de 500 mil metros cúbicos de lodos podridos acabaron con los peces del río y contaminaron las aguas de las que al menos 22 corregimientos aledaños se abastecían para el riego y la alimentación.
“Llevamos más de 21 años en procesos jurídicos, pero aún no hemos sido indemnizados ni se ha hecho justicia en el territorio, el río sigue muerto. Por eso llegamos hasta Bogotá para reclamar nuestros derechos porque los derechos del pueblo no se mendigan, sino que se conquistan al calor de la lucha”, sentencia Silvano Caicedo, uno de los líderes que desde 2001 encabeza la búsqueda de justicia. Junto a él, 36 líderes y pobladores del río Anchicayá se movilizan este jueves 1 de diciembre entre el Ministerio de Ambiente y la Corte Constitucional, en Bogotá.
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“Nos mataron el pescado, los moluscos y la piangua; acabaron con nuestra agricultura de pancoger, nuestra papa china, nuestro borojó y nuestro chontaduro. Ya no contamos con el río porque aún hoy el agua baja con olor fétido, pero tampoco tenemos acueducto. Por eso vinimos con nuestro bombo y nuestra marimba, como muestra de resistencia, a decir que ya no aguantamos más”, reclama el líder.
Sus peticiones son puntuales: que se cumpla una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 7 de septiembre de 2009, que condenaba a la empresa a pagar 160 mil millones de pesos a la comunidad por los daños ocasionados; que la Corte Constitucional deje sin efectos una sentencia de 2021 que les ha ocasionado amenazas por parte de grupos armados, y alertar sobre el riesgo latente de una tragedia similar porque los sedimentos se han seguido acumulando en la represa.
Un proceso legal complejo
El mismo año de la tragedia miembros tres consejos comunitarios y cinco organizaciones interpusieron una acción de grupo contra la empresa y la Corporación Autónoma del Valle (CVC), buscando una indemnización para las comunidades. Fruto de ese proceso, el 7 de septiembre de 2009, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ordenó una indemnización por casi $160.000 millones (322.000 salarios mínimos en 2009) además de otras medidas reparadoras.
“Esa decisión se ratificó en segunda instancia y, como en Colombia no hay tercera instancia, estábamos listos para el pago, pero el Tribunal envió el expediente a Bogotá para revisión del Consejo de Estado. Este lo devolvió en 2012 diciendo que sí, que esa sentencia se debía cumplir”, explica Germán Ospina, el abogado que lleva la causa.
Pero ese pago se vio suspendido nuevamente porque la Unión Fenosa vendió la operación de la Central Hidroeléctrica a la empresa colombiana Celsia, que impugnó el fallo y logró suspender la sentencia. “En ese complejo proceso jurídico, se anuló la sentencia, presentamos un incidente de nulidad ante la Corte Constitucional y la Sala Plena emitió la sentencia unificadora SU 686 de 2015 en la que volvió y ordenó que se cumpliera la indemnización del 2009. Y cuando ya estábamos listos para el pago, en 2016, el Consejo de Estado volvió a suspenderlo”, continúa Ospina.
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Desde 2016 hasta 2021, el Consejo de Estado continuó en su revisión del caso y finalmente emitió la segunda sentencia unificadora SU del 10 de junio de 2021 en donde anuló definitivamente la sentencia de 2009, que las comunidades reclaman que se cumpla porque era la que tenía en cuenta tanto las pruebas de los daños como los censos de los afectados. “Esta decisión fue totalmente alejada de la realidad, es una acción con daño porque solo identifica 1.700 personas afectadas y no las 6.000 personas que se valoraron inicialmente. Es decir, deja a más de 4.000 personas sin justicia, después de 21 años de trabajo y, además, rebajó la cuantía de la indemnización”, añade Ospina.
Esta última sentencia es tan polémica que recientemente el Ministerio de Ambiente y la Agencia de Defensa Jurídica pusieron otra tutela para buscar su nulidad porque vulnera el debido proceso y los derechos de las comunidades a presentar sus pruebas. Actualmente, el proceso legal se encuentra en manos de la Corte Constitucional que decidió asumir el caso de manera integral y está próxima a emitir una nueva decisión. Por eso los líderes finalizarán hoy allí su movilización con una velatón.
De esa decisión de la Corte Constitucional también está pendiente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 2018 abrió el caso ante la dilación injustificada de la justicia colombiana.
El riesgo de defender los derechos
Además de los tropiezos en la indemnización, la sentencia de 2021 ha puesto en riesgo la vida tanto de los líderes como del abogado. “En este momento hay más de nueve grupos armados en la zona que han empezado una serie de amenazas contra nuestras vidas”, relata el Ospina que actualmente se encuentra buscando exiliado.
Según cuentan él y Silvano Caicedo, por el enredo legal entre sentencias, hasta los grupos armados llegó el rumor de que el pago de la indemnización ya fue consignado a las cuentas de los líderes y del abogado y recientemente han recibido amenazas directas contra sus vidas, tanto de interesados en el dinero como de quienes reclaman por qué no se le ha entregado el dinero a la comunidad. “Nosotros estamos siendo revictimizados. Ya en el año 2.000, un año antes de que soltaran los lodos podridos, las Autodefensas del Pacífico un desplazamiento brutal de los corregimientos 8 y 9 de Buenaventura. Y hoy estamos siendo nuevamente amenazados”, añade Silvano.
La movilización convocada por el Consejo Comunitario Mayor del Anchicayá, la Organización de Negros Unidos por los Intereses y Defensas del Río Anchicayá, y el Proceso de Comunidades Negras inició esta mañana en el Ministerio de Ambiente, pasó por la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República y finalizará en una velatón a las 4:00 p. m. frente a la Corte Constitucional.