‘Son 85 las masacres cometidas en Colombia en 2020′: Indepaz

Hay quienes se atreven a decir que los asesinatos, masacres y otras dinámicas de grupos armados que vemos a diario en el país forman parte de un conjunto de violencias recicladas, que jamás se fueron a pesar del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc. Otros aseguran que las nuevas violencias surgidas luego de la dejación de armas de las Farc no deben ser entendidas como parte del conflicto armado, sino como una nueva etapa en la que otros actores armados se quieren tomar los territorios por medio de las rentas que puedan dejar las economías ilegales, principalmente.

El director del Observatorio de Tierras e investigador del IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia, Francisco Gutiérrez Sanín, le dijo a este diario que “la gente piensa a veces que nunca hubo un descenso en el conflicto, pero si uno considera tanto las cifras como los actores involucrados, sí hubo un cambio grande. En el caso reciente, las dos agencias armadas más grandes -que fueron los paramilitares y las Farc- se desmovilizaron y eso significó entre 40 mil y 50 mil personas en armas que volvieron a la vida civil. Eso es una cifra gigantesca y es difícil poder decir que no hubo nada”.

En otras palabras, a pesar de las actividades de los grupos armados que vemos a diario, como masacres, asesinatos sistemáticos de excombatientes o líderes/as sociales y demás escenarios traumáticos en las regiones durante el posacuerdo, es innegable que los flagelos y terrores causados por los grupos mencionados por Gutiérrez se han desescalado, siendo esto síntoma de un avance que ha dejado el proceso de paz.

Haciendo un análisis minucioso a la situación que afrontan los distintos liderazgos sociales y de DD.HH. en el país, especialmente en 2020, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) elaboró un Informe Especial sobre Agresiones a Líderes/as Sociales y Personas Defensoras de los Derechos Humanos y de los Acuerdos de Paz, cuyo corte al pasado 15 de diciembre da muestra de que hay algunos departamentos como Cauca, Nariño y Antioquia, cuya tendencia a los asesinatos de líderes va en aumento desde el 24 de noviembre de 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, o de que hay sectores sociales como el indígena, campesino y comunal, que ha puesto la mayor cantidad de asesinados desde esa misma fecha.

Indepaz, respaldada en información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y consignada en declaraciones de Naciones Unidas, presta especial atención al acontecer de estos flagelos durante 2020. Tan solo este año han sido asesinados 292 líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos, así como desde la firma del Acuerdo ya son 246 los exguerrilleros asesinados.

(También le puede interesar: Antioquia silenciada: el mapa de riesgos de los liderazgos sociales)

Panorama de las masacres en Colombia

Según indica Indepaz en su informe, las 85 masacres que se perpetraron este año en el país, se muestran como “método de sometimiento, mediante el terror, en zonas de interés para grupos armados ilegales y alianzas múltiples para disputar riquezas. En 2020 se llega a niveles similares a los que se dieron en el 2005 (134 masacres), en especial en 40 municipios del Bajo Cauca Antioqueño, Norte y suroccidente del Cauca, pacífico nariñense, Putumayo y Catatumbo”.

En la siguiente presentación de mapas (realización propia) se expresa, con datos de Indepaz, el comportamiento de las masacres durante 2020:

Estas masacres y en estos lugares en particular, como expresa el centro de investigación, cuentan con patrones similares a los documentados entre 1995 y 2015, pero con la diferencia de que los hechos actuales tendrían causas asociadas al control de negocios entre mafias, narcoparamilitares y sus aliados, empresarios y políticos “incrustados en el Estado”.

Los comentarios sobre estas masacres también muestran que sus en sus raíces podrían se “por las disputas por territorio cuando un tercero en discordia entra a la competencia por rentas y control en situación de fracturas o debilitamiento de algún sector armado”. Es decir, pueden preponderar los grupos que formen alianzas o robustezcan su brazo armado donde antes otro grupo armado tenía un bastión.

(Lea también: Grupos armados impiden desminado humanitario: MAPP-OEA)

En aumento asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia

La violencia armada y sistemática en Colombia está concentrada en pocos departamentos. O al menos así se entiende a partir de lo que pasa con el asesinato a líderes y lideresas sociales. Desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 15 de diciembre de 2020, según Indepaz, el 85% de estos homicidios se registraron en 132 municipios ubicados en Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño, Putumayo y Córdoba.

Dentro de estos departamentos, salvo en Valle (14), Norte de Santander (14) y Antioquia (26), el 2020 ha sido el año en el que más se han perpetrado asesinatos de líderes, en relación con los demás años del posacuerdo (desde 2016). Sin embargo, en los últimos 20 años, como también señala el centro de investigación, el 2002 sigue siendo el año con más cantidad de homicidios de líderes/as sociales, con un total de 1.649.

Explicar estos asesinatos para no revictimizar es una reto que se debe cumplir para abordar este tipo de temáticas. El dolor de cada familia, comunidad y región que pierde a alguno de sus líderes no se puede medir ni comparar desproporcionalmente. en línea con esto, Indepaz en su informe dio una serie de comentarios sobre este flagelo, que pueden explicar algunas de las causas y alcances que tienen estos asesinatos.

Por un lado, estipula que en 2020 se llegó a más de 291 líderes/as asesinados y en la tras escena de estos hechos, los gatilleros que disparan contra ellos están en un 45% vinculados a grupos “narcoparamilitares y residuales del posacuerdo; el otro 55% se lo reparten entre sicarios sin identificar, muchos de ellos al servicio de mafias (35% en total); Eln, disidentes Farc-EP, y fuerza pública”.

A su vez, Indepaz denuncia que hay complicidad en estos asesinatos a raíz de la connivencia entre poderes políticos clanes y mafias, que se suman a que hay una “recomposición de las fuerzas armadas con el peso de estrategias de guerra en contravía de la transición a la paz”.

En la siguiente presentación de mapas (realización propia) se expresa, con datos de Indepaz, el comportamiento de los asesinatos de líderes sociales durante 2020 y en relación con otros años:

(Lea: ‘No tenemos miedo, nuestro deber es resistir en los territorios’: jóvenes rurales al país)

Teniendo esto en cuenta, y entrando en contexto con el asesinato sistemático de antiguos miembros de las Farc, ¿se podría decir que a los líderes sociales y a los excombatientes los están matando en las mismas zonas? La respuesta es que sí, según un estudio del Observatorio de Crimen Organizado de la Universidad del Rosario, en el que hay evidencia de que en los municipios con grandes extensiones de coca se presentan mayores confrontaciones entre grupos armados y relación de asesinatos entre líderes y reincorporados.

De hecho, los investigadores del Rosario mostraron que hay relación entre estos asesinatos y municipios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pues 175 asesinatos se han dado en municipios que hacen parte de esos programas. “La gran mayoría de esos municipios PDET donde la guerrilla ejerció influencia y control, ahora son territorios de confrontación de otros grupos armados que rivalizan por copar el territorio o por el control de las economías ilícitas”, reza el informe citado el pasado 3 de diciembre por este diario.

Como se ve en el mapa, los asesinatos de líderes y excombatientes tienen, además de los municipios PDET, otra correlación y es la de la presencia de grupos residuales de las antiguas Farc, estructuras del Eln o de narcoparamilitares y de municipios donde hay presencia de Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr). Por ejemplo, según indicaron los investigadores del Rosario, 89 homicidios de líderes/as sociales se han presentado en municipios controlados por grupos paramilitares, seguidos por 50 de la disidencia y 20 del Eln.

“Los líderes sociales también están siendo asesinados en municipios donde hay varios grupos armados en confrontación. De hecho, la relación entre las dinámicas de los grupos armados y los asesinatos de excombatientes es similar a la que se dan con los homicidios de líderes sociales”, también comentaron los investigadores en su momento.

Una dolorosa reincorporación

Para Indepaz, hay espacio para hablar de un “posacuerdo traumático”, en el que, entre otras cosas, han sido asesinados 246 excombatientes y firmantes de paz de las antiguas Farc. La lectura que le hacen a estos homicidios sistemáticos no solo se queda en la causa misma del delito, sino que aborda tangencialmente lo que esto impacta en la implementación del Acuerdo de Paz.

El centro de investigación documenta, por ejemplo, que “según la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, 21% del total de asesinatos de excombatientes de las Farc han sido contra gestores de proyectos de implementación de los acuerdos de paz”.

De estos crímenes, los presuntos responsables fueron enlistados de la siguiente manera: Disidencias Farc (49%); Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas (16%); Eln (12%); Pelusos (11%) y otros (desconocidos) (12%).

Este mismo informe también señala el ambiente de estigmatización con el que viven los reincorporados y apela a que la investigación de estos asesinatos no se debe quedar solo en los hechos mismos, o en la tercerización de los delitos (como contratar a un sicario, por ejemplo), sino que se debe entender que “las fallas en la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, conllevan a la inseguridad para los excombatientes”.

Sin embargo, esto al final del día no debe ser del todo desalentador para reconocer que ha habido avances con el proceso de paz, cuestiones que se traducen en que a diciembre de 2020, la presencia de lo que quedó de las Farc es en 75 municipios, cuando antes del acuerdo era en 350; y que a pesar de que grupos como el Eln han aumentado sus efectivos armados (en caso 500 unidades desde la firma del acuerdo), los actos terroristas, secuestros, desplazamientos forzados y desapariciones forzadas, cayeron radicalmente, mostrando así que paulatinamente una transición hacia la paz, por más dolorosa que sea en distinto escenarios, puede ser posible como una apuesta de largo alcance en el futuro.

Hay quienes se atreven a decir que los asesinatos, masacres y otras dinámicas de grupos armados que vemos a diario en el país forman parte de un conjunto de violencias recicladas, que jamás se fueron a pesar del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc. Otros aseguran que las nuevas violencias surgidas luego de la dejación de armas de las Farc no deben ser entendidas como parte del conflicto armado, sino como una nueva etapa en la que otros actores armados se quieren tomar los territorios por medio de las rentas que puedan dejar las economías ilegales, principalmente.

El director del Observatorio de Tierras e investigador del IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia, Francisco Gutiérrez Sanín, le dijo a este diario que “la gente piensa a veces que nunca hubo un descenso en el conflicto, pero si uno considera tanto las cifras como los actores involucrados, sí hubo un cambio grande. En el caso reciente, las dos agencias armadas más grandes -que fueron los paramilitares y las Farc- se desmovilizaron y eso significó entre 40 mil y 50 mil personas en armas que volvieron a la vida civil. Eso es una cifra gigantesca y es difícil poder decir que no hubo nada”.

En otras palabras, a pesar de las actividades de los grupos armados que vemos a diario, como masacres, asesinatos sistemáticos de excombatientes o líderes/as sociales y demás escenarios traumáticos en las regiones durante el posacuerdo, es innegable que los flagelos y terrores causados por los grupos mencionados por Gutiérrez se han desescalado, siendo esto síntoma de un avance que ha dejado el proceso de paz.

Haciendo un análisis minucioso a la situación que afrontan los distintos liderazgos sociales y de DD.HH. en el país, especialmente en 2020, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) elaboró un Informe Especial sobre Agresiones a Líderes/as Sociales y Personas Defensoras de los Derechos Humanos y de los Acuerdos de Paz, cuyo corte al pasado 15 de diciembre da muestra de que hay algunos departamentos como Cauca, Nariño y Antioquia, cuya tendencia a los asesinatos de líderes va en aumento desde el 24 de noviembre de 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, o de que hay sectores sociales como el indígena, campesino y comunal, que ha puesto la mayor cantidad de asesinados desde esa misma fecha.

Indepaz, respaldada en información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y consignada en declaraciones de Naciones Unidas, presta especial atención al acontecer de estos flagelos durante 2020. Tan solo este año han sido asesinados 292 líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos, así como desde la firma del Acuerdo ya son 246 los exguerrilleros asesinados.

(También le puede interesar: Antioquia silenciada: el mapa de riesgos de los liderazgos sociales)

Panorama de las masacres en Colombia

Según indica Indepaz en su informe, las 85 masacres que se perpetraron este año en el país, se muestran como “método de sometimiento, mediante el terror, en zonas de interés para grupos armados ilegales y alianzas múltiples para disputar riquezas. En 2020 se llega a niveles similares a los que se dieron en el 2005 (134 masacres), en especial en 40 municipios del Bajo Cauca Antioqueño, Norte y suroccidente del Cauca, pacífico nariñense, Putumayo y Catatumbo”.

En la siguiente presentación de mapas (realización propia) se expresa, con datos de Indepaz, el comportamiento de las masacres durante 2020:

Estas masacres y en estos lugares en particular, como expresa el centro de investigación, cuentan con patrones similares a los documentados entre 1995 y 2015, pero con la diferencia de que los hechos actuales tendrían causas asociadas al control de negocios entre mafias, narcoparamilitares y sus aliados, empresarios y políticos “incrustados en el Estado”.

Los comentarios sobre estas masacres también muestran que sus en sus raíces podrían se “por las disputas por territorio cuando un tercero en discordia entra a la competencia por rentas y control en situación de fracturas o debilitamiento de algún sector armado”. Es decir, pueden preponderar los grupos que formen alianzas o robustezcan su brazo armado donde antes otro grupo armado tenía un bastión.

(Lea también: Grupos armados impiden desminado humanitario: MAPP-OEA)

En aumento asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia

La violencia armada y sistemática en Colombia está concentrada en pocos departamentos. O al menos así se entiende a partir de lo que pasa con el asesinato a líderes y lideresas sociales. Desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 15 de diciembre de 2020, según Indepaz, el 85% de estos homicidios se registraron en 132 municipios ubicados en Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño, Putumayo y Córdoba.

Dentro de estos departamentos, salvo en Valle (14), Norte de Santander (14) y Antioquia (26), el 2020 ha sido el año en el que más se han perpetrado asesinatos de líderes, en relación con los demás años del posacuerdo (desde 2016). Sin embargo, en los últimos 20 años, como también señala el centro de investigación, el 2002 sigue siendo el año con más cantidad de homicidios de líderes/as sociales, con un total de 1.649.

Explicar estos asesinatos para no revictimizar es una reto que se debe cumplir para abordar este tipo de temáticas. El dolor de cada familia, comunidad y región que pierde a alguno de sus líderes no se puede medir ni comparar desproporcionalmente. en línea con esto, Indepaz en su informe dio una serie de comentarios sobre este flagelo, que pueden explicar algunas de las causas y alcances que tienen estos asesinatos.

Por un lado, estipula que en 2020 se llegó a más de 291 líderes/as asesinados y en la tras escena de estos hechos, los gatilleros que disparan contra ellos están en un 45% vinculados a grupos “narcoparamilitares y residuales del posacuerdo; el otro 55% se lo reparten entre sicarios sin identificar, muchos de ellos al servicio de mafias (35% en total); Eln, disidentes Farc-EP, y fuerza pública”.

A su vez, Indepaz denuncia que hay complicidad en estos asesinatos a raíz de la connivencia entre poderes políticos clanes y mafias, que se suman a que hay una “recomposición de las fuerzas armadas con el peso de estrategias de guerra en contravía de la transición a la paz”.

En la siguiente presentación de mapas (realización propia) se expresa, con datos de Indepaz, el comportamiento de los asesinatos de líderes sociales durante 2020 y en relación con otros años:

(Lea: ‘No tenemos miedo, nuestro deber es resistir en los territorios’: jóvenes rurales al país)

Teniendo esto en cuenta, y entrando en contexto con el asesinato sistemático de antiguos miembros de las Farc, ¿se podría decir que a los líderes sociales y a los excombatientes los están matando en las mismas zonas? La respuesta es que sí, según un estudio del Observatorio de Crimen Organizado de la Universidad del Rosario, en el que hay evidencia de que en los municipios con grandes extensiones de coca se presentan mayores confrontaciones entre grupos armados y relación de asesinatos entre líderes y reincorporados.

De hecho, los investigadores del Rosario mostraron que hay relación entre estos asesinatos y municipios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pues 175 asesinatos se han dado en municipios que hacen parte de esos programas. “La gran mayoría de esos municipios PDET donde la guerrilla ejerció influencia y control, ahora son territorios de confrontación de otros grupos armados que rivalizan por copar el territorio o por el control de las economías ilícitas”, reza el informe citado el pasado 3 de diciembre por este diario.

Como se ve en el mapa, los asesinatos de líderes y excombatientes tienen, además de los municipios PDET, otra correlación y es la de la presencia de grupos residuales de las antiguas Farc, estructuras del Eln o de narcoparamilitares y de municipios donde hay presencia de Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr). Por ejemplo, según indicaron los investigadores del Rosario, 89 homicidios de líderes/as sociales se han presentado en municipios controlados por grupos paramilitares, seguidos por 50 de la disidencia y 20 del Eln.

“Los líderes sociales también están siendo asesinados en municipios donde hay varios grupos armados en confrontación. De hecho, la relación entre las dinámicas de los grupos armados y los asesinatos de excombatientes es similar a la que se dan con los homicidios de líderes sociales”, también comentaron los investigadores en su momento.

Una dolorosa reincorporación

Para Indepaz, hay espacio para hablar de un “posacuerdo traumático”, en el que, entre otras cosas, han sido asesinados 246 excombatientes y firmantes de paz de las antiguas Farc. La lectura que le hacen a estos homicidios sistemáticos no solo se queda en la causa misma del delito, sino que aborda tangencialmente lo que esto impacta en la implementación del Acuerdo de Paz.

El centro de investigación documenta, por ejemplo, que “según la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, 21% del total de asesinatos de excombatientes de las Farc han sido contra gestores de proyectos de implementación de los acuerdos de paz”.

De estos crímenes, los presuntos responsables fueron enlistados de la siguiente manera: Disidencias Farc (49%); Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas (16%); Eln (12%); Pelusos (11%) y otros (desconocidos) (12%).

Este mismo informe también señala el ambiente de estigmatización con el que viven los reincorporados y apela a que la investigación de estos asesinatos no se debe quedar solo en los hechos mismos, o en la tercerización de los delitos (como contratar a un sicario, por ejemplo), sino que se debe entender que “las fallas en la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, conllevan a la inseguridad para los excombatientes”.

Sin embargo, esto al final del día no debe ser del todo desalentador para reconocer que ha habido avances con el proceso de paz, cuestiones que se traducen en que a diciembre de 2020, la presencia de lo que quedó de las Farc es en 75 municipios, cuando antes del acuerdo era en 350; y que a pesar de que grupos como el Eln han aumentado sus efectivos armados (en caso 500 unidades desde la firma del acuerdo), los actos terroristas, secuestros, desplazamientos forzados y desapariciones forzadas, cayeron radicalmente, mostrando así que paulatinamente una transición hacia la paz, por más dolorosa que sea en distinto escenarios, puede ser posible como una apuesta de largo alcance en el futuro.