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La primera masacre se registró cuando apenas había pasado poco más de una semana de 2021. En la mañana del 10 de enero, cuatro hombres armados irrumpieron en una gallera en el corregimiento Santo Domingo, de Morelia (Caquetá) y abrieron fuego contra quienes se encontraban en el recinto. El saldo: tres personas asesinadas y siete heridas. Solo unas horas después, los medios de comunicación alertaron sobre otra masacre: “segunda masacre en menos de un día”, titularon. El hecho ocurrió en Betania (Antioquia) y las tres víctimas fueron un joven de 23 años, su madre y el compañero sentimental de ella.
Desde esas dos masacres ocurridas iniciando el año, hasta la de Ábrego (Norte de Santander) del pasado 24 de diciembre, que dejó tres muertos, son en total 92 masacres ocurridas en Colombia durante 2021. La cifra es del reporte final del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que hace un seguimiento riguroso a los hechos de violencia en el país y que ese instituto dio a conocer este lunes.
Esas masacres, encontró Indepaz, dejaron 326 víctimas fatales. En algunas ocasiones, los hechos dejaron tres personas asesinadas, pero, en el caso más atroz, ocurrido el 31 de mayo en Algeciras (Huila), fueron nueve las personas asesinadas a tiros en una finca de la zona rural. La mitad de las masacres, según el reporte, se concentró en apenas cuatro departamentos: Cauca (14), Antioquia (14), Valle del Cauca (12) y Nariño (9).
Con relación a 2020, la cifra de masacres se mantuvo casi intacta, pues ese año se registraron 91 masacres. Para Leonardo González, quien está al frente del observatorio en Indepaz, el hecho de que se perpetúe en Colombia ese fenómeno obedece a la errada respuesta que se da desde el Gobierno Nacional.
“El grupo armado no está solo, hace parte de una macrocriminalidad, de intereses económicos y políticos, y cuando desde la Fiscalía, el Gobierno o el Ministerio de Defensa se pretende atacar solamente a una parte de esta macrocriminalidad es ineficaz esa respuesta”, explicó. Además, agregó que allí también se evidencia la falta de implementación del Acuerdo de Paz, particularmente del punto 4, sobre drogas ilícitas, que al no implementarse mantiene en auge los cultivos y ello garantiza la presencia de grupos armados.
Asesinatos de líderes sociales se redujeron a la mitad
Desde que se firmó el Acuerdo de paz en noviembre de 2016, la cifra de líderes sociales asesinados por año siempre había estado por encima de 200 en los registros de Indepaz. De hecho, en 2020 la cifra alcanzó su pico y llegó a 310 casos, justo en medio de la pandemia. Sin embargo, los registros de ese instituto arrojaron que en 2021 la cifra se redujo a la mitad y fueron 168 los líderes y lideresas asesinadas durante el año.
El último caso fue el de Gustavo Orozco Ramírez, presidente de la junta de acción comunal de la vereda San Perucho, en Andes (Antioquia). En la noche del 23 de diciembre pasado, cuando el líder terminaba de rezar la novena con la comunidad fue ultimado a disparos por hombres armados. Un caso similar al de la lideresa trans Christina Cantillo en Santa Marta, quien fue asesinada la pasada noche de velitas, el 7 de diciembre, cuando se aprestaba a encender los faroles. Ella, según los registros de Indepaz, fue una de las 26 mujeres lideresas asesinadas en el país durante 2021.
Igual que en el caso de las masacres, los asesinatos de líderes y lideresas se concentraron en los mismos cuatro departamentos: Cauca (31), Antioquia (23), Nariño (16) y Valle del Cauca (15).
Para Leonardo González, la disminución en esos casos obedeció, por lo menos, a cuatro razones. La primera de ellas, dice, es “el fortalecimiento de las organizaciones en el marco del Paro Nacional, que se tradujo en el empoderamiento de las guardias campesinas, indígenas, cimarronas para la defensa y autoprotección de sus territorios”.
Como un segundo motivo, González habla del cambio de comandancia en el Comando Conjunto de Occidente de las disidencias de las Farc, que se sintió en particular en el suroccidente (Valle, Cauca y Nariño), donde se concentra por lo general esa violencia. “Antes estaban unos jóvenes como Guacho o Mayimbú, muchachos sin mayor experiencia cuya forma de ejercer control territorial era por medio de la violencia. Ahora hubo un cambio y hay mandos más experimentados, lo que ha cambiado la relación que tienen esos grupos con la población civil”.
Un tercer factor es que en muchos territorios, los líderes y defensores de DD.HH. han salido desplazados ya de sus comunidades y los grupos han copado casi por completo esas zonas, ejerciendo un control territorial, pero también social. Y la última razón a la que González atribuye la disminución obedece a los acuerdos humanitarios que se hacen al interior de las comunidades y organizaciones sociales para mantener al margen a los armados.
En total, según Indepaz, desde que se firmó el Acuerdo de Paz hasta el 24 de diciembre de este año, son 1.283 los líderes y lideresas asesinadas en Colombia. Es importante resaltar que las cifras de ese centro de estudios difieren de las del Programa Somos Defensores, que también hace un seguimiento riguroso a los asesinatos de líderes sociales y que habla de 682 casos desde la firma de la paz hasta septiembre de este año. Una diferencia casi de la mitad, aunque también refleja la misma tendencia: un pico en 2020 y una disminución para 2021.
Asesinatos de excombatientes también se redujeron
Mientras el año 2020 terminó con una masiva peregrinación de excombatientes de las Farc de todo el país a Bogotá para condenar los asesinatos de esa población que estaban disparados, este año termina, según Indepaz, con una reducción de cerca del 35% en los homicidios. Según el instituto, fueron 48 los firmantes del Acuerdo asesinados en 2021.
Como en el caso de las masacres y los líderes sociales, el departamento donde más ocurrieron asesinatos de excombatientes fue Cauca, con nueve casos. Allí, por ejemplo, fue emblemático el homicidio de Yorbis Valencia, o Anderson, excombatiente de Buenos Aires (Cauca) asesinado en julio de este año, en medio de la persecución a los integrantes de las exFarc en ese municipio del norte del Cauca.
Durante este año continuó avanzando el proceso de medidas cautelares de protección para los firmantes del Acuerdo que lleva la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que le puso el ojo en particular al suroccidente del país.