SOS por los líderes sociales

“Lo último que yo hice con Hernán fue ir al entierro de Mario. Me dijo que estaba preocupado porque los mismos asesinos lo iban a asesinar”. Con esa frase, un líder de un consejo comunitario del Chocó, que se niega a dar su nombre por cuestiones de seguridad, retrata la situación que viven en esa zona del país los líderes de restitución de tierras.

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A Mario Manuel Castaño Bravo lo asesinaron el 26 de noviembre. Era un líder reclamante de tierras del consejo comunitario de La Larga Tumaradó. Hernán Bedoya, líder reclamante de tierras del territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla, fue asesinado el 8 de diciembre.

Ayer, en Bogotá, 25 líderes y familiares de ellos dieron una rueda de prensa con el fin de visibilizar su situación, que cada vez es más complicada. Muestra de ello es que ante las cámaras se presentaron con máscaras blancas. “Estamos viviendo como en 1997”, dijo uno de ellos. En el año al que se refería, las Autodefensas Unidas de Colombia incursionaron en el Urabá antioqueño y el Bajo Atrato chocoano masacrando y desplazando a la gente.

Este año han sido asesinados cuatro líderes de restitución de tierras en la región. Además de Castaño y Bedoya, que fallecieron en ataques sicariales, han muerto Porfirio Jaramillo Bogallo, el 29 de enero, y Jesús Alberto Correa. “En la región se están utilizando todas las formas de lucha para acabar con la gente”, enfatiza el padre Alberto Franco, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

La afirmación de Franco tiene respaldo en algunas medidas judiciales. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó otorgó medidas cautelares al consejo comunitario de La Larga Tumaradó y en su fallo afirmó: “Existe prueba suficiente de que las mismas (personas del consejo comunitario) se encuentran en un riesgo inminente, que han recibido ataques continuos de sus posibles despojadores e inclusive de grupos armados organizados irregulares”.

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A esa situación se suman las quejas por las medidas de protección que algunas veces les otorga el Estado. Argumentan que están pensadas para entornos urbanos. “Los escoltas se van durante la noche a Belén de Bajirá y ahí es que nos matan”, cuenta uno de ellos. Además, en otros casos, la protección se limita a suministrarles un celular con minutos y un chaleco antibalas.

Los líderes hacen un llamado a que se agilicen los procesos judiciales para recuperar las tierras que quedaron en manos de empresarios tras la incursión paramilitar en la zona. Mientras tanto esperan que el ministro del Interior y el vicepresidente los atiendan. “Esperamos que no tengamos que asistir a unas exequias más. ¿Hasta cuándo?”, se preguntó Franco.

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“Lo último que yo hice con Hernán fue ir al entierro de Mario. Me dijo que estaba preocupado porque los mismos asesinos lo iban a asesinar”. Con esa frase, un líder de un consejo comunitario del Chocó, que se niega a dar su nombre por cuestiones de seguridad, retrata la situación que viven en esa zona del país los líderes de restitución de tierras.

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A Mario Manuel Castaño Bravo lo asesinaron el 26 de noviembre. Era un líder reclamante de tierras del consejo comunitario de La Larga Tumaradó. Hernán Bedoya, líder reclamante de tierras del territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla, fue asesinado el 8 de diciembre.

Ayer, en Bogotá, 25 líderes y familiares de ellos dieron una rueda de prensa con el fin de visibilizar su situación, que cada vez es más complicada. Muestra de ello es que ante las cámaras se presentaron con máscaras blancas. “Estamos viviendo como en 1997”, dijo uno de ellos. En el año al que se refería, las Autodefensas Unidas de Colombia incursionaron en el Urabá antioqueño y el Bajo Atrato chocoano masacrando y desplazando a la gente.

Este año han sido asesinados cuatro líderes de restitución de tierras en la región. Además de Castaño y Bedoya, que fallecieron en ataques sicariales, han muerto Porfirio Jaramillo Bogallo, el 29 de enero, y Jesús Alberto Correa. “En la región se están utilizando todas las formas de lucha para acabar con la gente”, enfatiza el padre Alberto Franco, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

La afirmación de Franco tiene respaldo en algunas medidas judiciales. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó otorgó medidas cautelares al consejo comunitario de La Larga Tumaradó y en su fallo afirmó: “Existe prueba suficiente de que las mismas (personas del consejo comunitario) se encuentran en un riesgo inminente, que han recibido ataques continuos de sus posibles despojadores e inclusive de grupos armados organizados irregulares”.

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Los líderes hacen un llamado a que se agilicen los procesos judiciales para recuperar las tierras que quedaron en manos de empresarios tras la incursión paramilitar en la zona. Mientras tanto esperan que el ministro del Interior y el vicepresidente los atiendan. “Esperamos que no tengamos que asistir a unas exequias más. ¿Hasta cuándo?”, se preguntó Franco.

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