Suárez: el penúltimo peaje del narcotráfico hacia el Pacífico

“A mi hija la asesinaron por la difamación de sus contendores”, dice el padre de Karina García Sierra, la candidata a la Alcaldía de Suárez (Cauca), que murió baleada e incinerada junto a su madre y otras cuatro personas el pasado domingo, a las 10 de la noche. Ella regresaba de la vereda Bellavista, la zona de la cordillera Occidental del municipio, cuando una camioneta Toyota Macho se atravesó en la trocha por donde García transitaba con sus escoltas. Al menos unos ocho hombres dispararon contra la camioneta blindada y luego le prendieron fuego, con las personas adentro, como para borrar el rastro del crimen. Poco a poco Medicina Legal ha identificado los cuerpos calcinados de las víctimas, pero la sevicia con la que murieron deja un interrogante profundo: ¿por qué?

Orlando García Sierra, el padre de Karina, no se aventura a entregar una hipótesis de quiénes serían los responsables. Sin embargo, acude al video que dejó grabado su hija para alertar de su riesgo. La estaban acusando de que iba a erradicar la coca, a llevar las multinacionales para extraer el oro y a despojarles las tierras a los suareños, refiere el campesino.

Lea la primera entrega: Corinto: donde opera la ley del silencio

Temas sensibles para un municipio que hace algunas semanas se unió con su vecino, Jamundí (Valle del Cauca), para rechazar la erradicación forzada de los cultivos de coca que ascendían hasta diciembre de 2018 a más de 383 hectáreas. El Ejército dice que los cultivos han aumentado y que los armados obligan a los campesinos a protestar contra la Fuerza Pública, y los campesinos piden al Gobierno implementar el programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito.

En agosto de 2017, las extintas columnas Gabriel Galvis y Jacobo Arenas de las Farc dejaron las armas en la zona veredal del otro municipio vecino: Buenos Aires (Cauca). Apenas unos meses después, algunos mandos medios de esos grupos se declararon en disidencia y crearon una nueva estructura de la que se proclamaron los jefes; la denominaron Jaime Martínez. Hoy, dice el comandante de la Brigada 29 del Ejército, coronel Royer Gómez, son 105 hombres comandados por Leyder Johany Noscué, alias Mayimbú, quien en la última semana pasó de ser mentado por el ministro de Defensa, Guillermo Botero, a ser el más buscado del suroccidente del país para el presidente Iván Duque. El viernes pasado, en un consejo de seguridad extraordinario en Popayán, pasó de ofrecer $30 millones a $1.000 millones de recompensa para capturarlo.

A Mayimbú le atribuyen el ataque contra la camioneta de la candidata Karina, así como el posible atentado contra el presidente Duque cuando iba a asistir a la minga indígena en el norte del Cauca a finales de 2018. Según el coronel Gómez, esta estructura ilegal está dividida en varios grupos que son liderados por antiguos guerrilleros rasos de las Farc, que ahora están dedicados al control del tráfico de la cocaína que se produce en la cordillera Occidental y de la que llega del Caquetá y sur del Cauca. “En la parte alta de Suárez hay laboratorios para el procesamiento de pasta base y clorhidrato de cocaína”, apunta el alto mando militar. Los otros mandos medios de las disidencias son alias Marlon, James y Maicol, por los que también ofrecen recompensa para capturarlos.

Suárez es un municipio que tuvo 27.000 habitantes cuando tomó vida jurídica en 1989, tiempo en el que apenas estaban lidiando una controversia con la empresa de energía EPSA, dueña de la represa La Salvajina, que detuvo las aguas del río Cauca para acabar las inundaciones que sufría el Valle del Cauca, especialmente Cali, y para generar electricidad.

La disputa fue por la tierra, porque cuando ordenaron llenar el embalse, cientos de familias tuvieron que salir de sus predios para recibir muchas promesas del Estado, aún pendientes de cumplir, cuentan los afrodescendientes. Ahora son 20.000 los pobladores. La guerra por el control de las minas de oro y el narcotráfico hizo que muchas familias huyeran por el temor a la muerte.

En lo que va corrido del año, los homicidios en el municipio ascienden a 22, mientras que en 2018 fueron 24; en 2017 sumaron 25, y en 2016, cuando empezó el proceso de paz, 12, reporta la Policía Nacional. Las amenazas no cesan, algunos de los cuatro candidatos a la Alcaldía que quedan en la contienda decidieron sacar a sus familias del territorio por seguridad y otros están pensando en pedirle al presidente Duque que aplace las elecciones. Los policías no llegan a 20 en el casco urbano, desde la Alcaldía piden que dupliquen esta presencia y las tropas del Ejército vigilan las carreteras destapadas con cierto riesgo de emboscadas. Todo un teatro de guerra para un municipio que no tiene ni Fiscalía ni notaría, dos peticiones históricas que han hecho los alcaldes al Gobierno Nacional, pero no han sido escuchadas.

Este es un peaje histórico hoy en manos de las disidencias de las Farc, donde también están los laboratorios. Las mulas y caballos siguen siendo los medios predilectos para el transporte de la droga hasta encontrar ríos navegables que nacen en Buenaventura (Valle). De ahí en adelante sigue el medio Naya, que es donde empiezan a descolgar los ríos que llegan al andén del Pacífico: Yurumanguí y Naya por este costado de la cordillera Occidental.

Puerto Merizalde se llama la zona donde queda el bajo Naya. Esa ya es jurisdicción de Buenaventura y desde ahí comienza el eslabón más duro del narcotráfico, pues, después de días de camino cordillera abajo, la droga llega para ser negociada o entregada, muchas veces, a ciudadanos extranjeros, principalmente mexicanos. “El mexicano es el principal comprador de cocaína, es como el intermediario para la distribución en Estados Unidos. Al mexicano bandido le interesa tener una buena relación con el que tiene la producción para poder surtir la demanda en el exterior. Por eso hace presencia para garantizar el negocio, no tanto una presencia criminal”, dijo una fuente de la Fiscalía del Cauca.

Más abajo, en el sector de Boca Grande (López de Micay), a finales de abril de este año, por ejemplo, fueron capturados 11 extranjeros vinculados al cartel de Sinaloa, según las autoridades. Eran un mexicano del estado de Sinaloa, cuatro nicaragüenses y seis costarricenses, quienes tenían en su poder equipos de comunicación, dos fusiles calibre 5.56 milímetros, una pistola calibre 45 milímetros y 108 cartuchos para fusiles. A mediados de este año, el director de Fiscalías del Cauca volvió a recibir un nuevo reporte de captura de un mexicano, y así han ido quedando en evidencia una decena de esos comercializadores internacionales que esperan en las costas del Pacífico.

Allí ya está la frontera invisible y el control territorial les corresponde a las disidencias del frente 30 de las Farc, quienes a su vez negocian con los narcos colombianos y los mexicanos encargados de llevarse el cargamento de droga para Centroamérica, México y Estados Unidos.

“Con inteligencia especializada de la red básica, a través de fuentes humanas, que son las que manejamos en la Tercera Brigada del Ejército, y tecnología, podemos decir que no tenemos presencia de un cartel estructurado, es decir, de una organización que funcione con un cabecilla principal, con comisiones de finanzas, una comisión armada, no la tenemos así. No quiere decir eso que no haya presencia de mexicanos”, sostiene el coronel Gómez, comandante de esta brigada.

El ambiente enrarecido que quedó tras el ataque que mató a la candidata Karina García hace ocho días se siente cuando los funcionarios no quieren pasar al teléfono para explicar qué está pasando en su municipio. El 60 % de la población de Suárez es afrodescendiente, mientras que el otro 40 % son indígenas y campesinos. Los negros históricamente han luchado por la economía de subsistencia a través de la minería de socavón y aluvión. Sus luchas también los ha llevado a exiliarse de su territorio, como es el caso de Francia Márquez, la líder de ese municipio que en mayo pasado, junto con otros líderes afros del territorio, fueron atacados con granadas y disparos de fusil, según la Fiscalía, supuestamente porque los maleantes pensaban que podían robar el vehículo blindado y con escoltas en el que se movilizaban varios defensores de derechos humanos.

El flagelo de la minería sigue latente en este municipio. Aunque los líderes afros, quienes prefieren reservar sus nombres, dicen que las máquinas amarillas han disminuido después de los operativos para sacarlas del territorio, que lideró Márquez, también es cierto que en la zona hay empresarios del oro pescando en el río revuelto del conflicto. No hay que olvidar que a finales de enero de 2018, a las 6:30 p.m., en la vía que conduce de Santander de Quilichao (norte del Cauca) hacia el corregimiento de Timba (Valle), el gerente de la cooperativa de mineros de Buenos Aires, Fares Carabalí, fue asesinado junto a otra persona, con granadas de fragmentación y tiros de fusil. En su momento, la comunidad lo acusó de recibir dinero de empresarios del oro para la campaña de su hermano a la Alcaldía de Buenos Aires (Cauca).

Lea: Muertes por violencia política aumentaron 29% en agosto

Uno de los líderes con los que conversamos dijo que prefería no hablar de la situación de Suárez, porque estaba en la calle y que lo llamara después. Sin embargo, no volvió a contestar su celular. Otros prefirieron no decir nada y cortar la llamada, y otros están esperando a que el Gobierno anuncie su presencia, más allá del pie de fuerza. Uno de los candidatos también dijo que en este momento la gente de Suárez no tiene derecho a elegir ni a ser elegidos y que es probable que se retire de la contienda electoral del próximo 27 de octubre. La marcha por la paz, que habían convocado varios líderes de Suárez y que se iba a realizar el viernes pasado por las principales calles, también se canceló porque los armados enviaron un mensaje: que dijeran con quiénes estaban en esta guerra.

Las noches de Suárez parecen las de un pueblo sin ley. Son oscuras y guardan la incertidumbre que expresan sus pobladores. Como la de Orlando García, el padre de Karina, quien quedó con su nieto de tres años y otra hija de 20. Está esperando que Medicina Legal de Cali le entregue el cuerpo de su hija para entender qué le pasó, quizá para llorar pensando cuánto sufrió, quizá para saber si su muerte fue instantánea, principalmente, dice él, para enterrarla en Santander de Quilichao, lejos de la tierra que la vio nacer, crecer y hasta tener caballos, su otra pasión, además de la política.

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“A mi hija la asesinaron por la difamación de sus contendores”, dice el padre de Karina García Sierra, la candidata a la Alcaldía de Suárez (Cauca), que murió baleada e incinerada junto a su madre y otras cuatro personas el pasado domingo, a las 10 de la noche. Ella regresaba de la vereda Bellavista, la zona de la cordillera Occidental del municipio, cuando una camioneta Toyota Macho se atravesó en la trocha por donde García transitaba con sus escoltas. Al menos unos ocho hombres dispararon contra la camioneta blindada y luego le prendieron fuego, con las personas adentro, como para borrar el rastro del crimen. Poco a poco Medicina Legal ha identificado los cuerpos calcinados de las víctimas, pero la sevicia con la que murieron deja un interrogante profundo: ¿por qué?

Orlando García Sierra, el padre de Karina, no se aventura a entregar una hipótesis de quiénes serían los responsables. Sin embargo, acude al video que dejó grabado su hija para alertar de su riesgo. La estaban acusando de que iba a erradicar la coca, a llevar las multinacionales para extraer el oro y a despojarles las tierras a los suareños, refiere el campesino.

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Temas sensibles para un municipio que hace algunas semanas se unió con su vecino, Jamundí (Valle del Cauca), para rechazar la erradicación forzada de los cultivos de coca que ascendían hasta diciembre de 2018 a más de 383 hectáreas. El Ejército dice que los cultivos han aumentado y que los armados obligan a los campesinos a protestar contra la Fuerza Pública, y los campesinos piden al Gobierno implementar el programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito.

En agosto de 2017, las extintas columnas Gabriel Galvis y Jacobo Arenas de las Farc dejaron las armas en la zona veredal del otro municipio vecino: Buenos Aires (Cauca). Apenas unos meses después, algunos mandos medios de esos grupos se declararon en disidencia y crearon una nueva estructura de la que se proclamaron los jefes; la denominaron Jaime Martínez. Hoy, dice el comandante de la Brigada 29 del Ejército, coronel Royer Gómez, son 105 hombres comandados por Leyder Johany Noscué, alias Mayimbú, quien en la última semana pasó de ser mentado por el ministro de Defensa, Guillermo Botero, a ser el más buscado del suroccidente del país para el presidente Iván Duque. El viernes pasado, en un consejo de seguridad extraordinario en Popayán, pasó de ofrecer $30 millones a $1.000 millones de recompensa para capturarlo.

A Mayimbú le atribuyen el ataque contra la camioneta de la candidata Karina, así como el posible atentado contra el presidente Duque cuando iba a asistir a la minga indígena en el norte del Cauca a finales de 2018. Según el coronel Gómez, esta estructura ilegal está dividida en varios grupos que son liderados por antiguos guerrilleros rasos de las Farc, que ahora están dedicados al control del tráfico de la cocaína que se produce en la cordillera Occidental y de la que llega del Caquetá y sur del Cauca. “En la parte alta de Suárez hay laboratorios para el procesamiento de pasta base y clorhidrato de cocaína”, apunta el alto mando militar. Los otros mandos medios de las disidencias son alias Marlon, James y Maicol, por los que también ofrecen recompensa para capturarlos.

Suárez es un municipio que tuvo 27.000 habitantes cuando tomó vida jurídica en 1989, tiempo en el que apenas estaban lidiando una controversia con la empresa de energía EPSA, dueña de la represa La Salvajina, que detuvo las aguas del río Cauca para acabar las inundaciones que sufría el Valle del Cauca, especialmente Cali, y para generar electricidad.

La disputa fue por la tierra, porque cuando ordenaron llenar el embalse, cientos de familias tuvieron que salir de sus predios para recibir muchas promesas del Estado, aún pendientes de cumplir, cuentan los afrodescendientes. Ahora son 20.000 los pobladores. La guerra por el control de las minas de oro y el narcotráfico hizo que muchas familias huyeran por el temor a la muerte.

En lo que va corrido del año, los homicidios en el municipio ascienden a 22, mientras que en 2018 fueron 24; en 2017 sumaron 25, y en 2016, cuando empezó el proceso de paz, 12, reporta la Policía Nacional. Las amenazas no cesan, algunos de los cuatro candidatos a la Alcaldía que quedan en la contienda decidieron sacar a sus familias del territorio por seguridad y otros están pensando en pedirle al presidente Duque que aplace las elecciones. Los policías no llegan a 20 en el casco urbano, desde la Alcaldía piden que dupliquen esta presencia y las tropas del Ejército vigilan las carreteras destapadas con cierto riesgo de emboscadas. Todo un teatro de guerra para un municipio que no tiene ni Fiscalía ni notaría, dos peticiones históricas que han hecho los alcaldes al Gobierno Nacional, pero no han sido escuchadas.

Este es un peaje histórico hoy en manos de las disidencias de las Farc, donde también están los laboratorios. Las mulas y caballos siguen siendo los medios predilectos para el transporte de la droga hasta encontrar ríos navegables que nacen en Buenaventura (Valle). De ahí en adelante sigue el medio Naya, que es donde empiezan a descolgar los ríos que llegan al andén del Pacífico: Yurumanguí y Naya por este costado de la cordillera Occidental.

Puerto Merizalde se llama la zona donde queda el bajo Naya. Esa ya es jurisdicción de Buenaventura y desde ahí comienza el eslabón más duro del narcotráfico, pues, después de días de camino cordillera abajo, la droga llega para ser negociada o entregada, muchas veces, a ciudadanos extranjeros, principalmente mexicanos. “El mexicano es el principal comprador de cocaína, es como el intermediario para la distribución en Estados Unidos. Al mexicano bandido le interesa tener una buena relación con el que tiene la producción para poder surtir la demanda en el exterior. Por eso hace presencia para garantizar el negocio, no tanto una presencia criminal”, dijo una fuente de la Fiscalía del Cauca.

Más abajo, en el sector de Boca Grande (López de Micay), a finales de abril de este año, por ejemplo, fueron capturados 11 extranjeros vinculados al cartel de Sinaloa, según las autoridades. Eran un mexicano del estado de Sinaloa, cuatro nicaragüenses y seis costarricenses, quienes tenían en su poder equipos de comunicación, dos fusiles calibre 5.56 milímetros, una pistola calibre 45 milímetros y 108 cartuchos para fusiles. A mediados de este año, el director de Fiscalías del Cauca volvió a recibir un nuevo reporte de captura de un mexicano, y así han ido quedando en evidencia una decena de esos comercializadores internacionales que esperan en las costas del Pacífico.

Allí ya está la frontera invisible y el control territorial les corresponde a las disidencias del frente 30 de las Farc, quienes a su vez negocian con los narcos colombianos y los mexicanos encargados de llevarse el cargamento de droga para Centroamérica, México y Estados Unidos.

“Con inteligencia especializada de la red básica, a través de fuentes humanas, que son las que manejamos en la Tercera Brigada del Ejército, y tecnología, podemos decir que no tenemos presencia de un cartel estructurado, es decir, de una organización que funcione con un cabecilla principal, con comisiones de finanzas, una comisión armada, no la tenemos así. No quiere decir eso que no haya presencia de mexicanos”, sostiene el coronel Gómez, comandante de esta brigada.

El ambiente enrarecido que quedó tras el ataque que mató a la candidata Karina García hace ocho días se siente cuando los funcionarios no quieren pasar al teléfono para explicar qué está pasando en su municipio. El 60 % de la población de Suárez es afrodescendiente, mientras que el otro 40 % son indígenas y campesinos. Los negros históricamente han luchado por la economía de subsistencia a través de la minería de socavón y aluvión. Sus luchas también los ha llevado a exiliarse de su territorio, como es el caso de Francia Márquez, la líder de ese municipio que en mayo pasado, junto con otros líderes afros del territorio, fueron atacados con granadas y disparos de fusil, según la Fiscalía, supuestamente porque los maleantes pensaban que podían robar el vehículo blindado y con escoltas en el que se movilizaban varios defensores de derechos humanos.

El flagelo de la minería sigue latente en este municipio. Aunque los líderes afros, quienes prefieren reservar sus nombres, dicen que las máquinas amarillas han disminuido después de los operativos para sacarlas del territorio, que lideró Márquez, también es cierto que en la zona hay empresarios del oro pescando en el río revuelto del conflicto. No hay que olvidar que a finales de enero de 2018, a las 6:30 p.m., en la vía que conduce de Santander de Quilichao (norte del Cauca) hacia el corregimiento de Timba (Valle), el gerente de la cooperativa de mineros de Buenos Aires, Fares Carabalí, fue asesinado junto a otra persona, con granadas de fragmentación y tiros de fusil. En su momento, la comunidad lo acusó de recibir dinero de empresarios del oro para la campaña de su hermano a la Alcaldía de Buenos Aires (Cauca).

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Uno de los líderes con los que conversamos dijo que prefería no hablar de la situación de Suárez, porque estaba en la calle y que lo llamara después. Sin embargo, no volvió a contestar su celular. Otros prefirieron no decir nada y cortar la llamada, y otros están esperando a que el Gobierno anuncie su presencia, más allá del pie de fuerza. Uno de los candidatos también dijo que en este momento la gente de Suárez no tiene derecho a elegir ni a ser elegidos y que es probable que se retire de la contienda electoral del próximo 27 de octubre. La marcha por la paz, que habían convocado varios líderes de Suárez y que se iba a realizar el viernes pasado por las principales calles, también se canceló porque los armados enviaron un mensaje: que dijeran con quiénes estaban en esta guerra.

Las noches de Suárez parecen las de un pueblo sin ley. Son oscuras y guardan la incertidumbre que expresan sus pobladores. Como la de Orlando García, el padre de Karina, quien quedó con su nieto de tres años y otra hija de 20. Está esperando que Medicina Legal de Cali le entregue el cuerpo de su hija para entender qué le pasó, quizá para llorar pensando cuánto sufrió, quizá para saber si su muerte fue instantánea, principalmente, dice él, para enterrarla en Santander de Quilichao, lejos de la tierra que la vio nacer, crecer y hasta tener caballos, su otra pasión, además de la política.

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