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El secuestro de un menor de edad que terminó en un ataque armado de la mayor disidencia de las antiguas FARC, conocida como Estado Mayor Central (EMC), contra indígenas de Toribío, en el norte de Cauca, llevó al presidente Gustavo Petro a suspender el cese al fuego con ese grupo armado en tres departamentos del país: Nariño, Cauca y Valle.
El decreto fue firmado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y ordena reanudar “las operaciones militares, ofensivas y operativos policiales” a partir de las 00:00 del miércoles 20 de marzo de 2024 en contra de las estructuras de esa disidencia presentes en esas zonas.
En el ataque murió la mayora Carmelina Yule Paví, lideresa y defensora de derechos humanos del norte de Cauca, de 52 años. El hecho, que también dejó dos comuneros heridos, Rodrigo UI Musicue y Édgar Tumiñase, se dio apenas un día antes del inicio de la reunión en ese departamento entre la delegación del Gobierno y de la disidencia que comanda Iván Mordisco, en la que paradójicamente se quiere acelerar acuerdos y acciones para, entre otras cosas, disminuir la violencia en esa región.
Vea aquí la primera parte del reportaje Viaje a las entrañas del cañón del Micay: así se vive en el mayor fortín de la disidencia de Mordisco
El Gobierno tiene un cese al fuego nacional con esa disidencia desde el pasado 17 de octubre, cuya vigencia se extendió desde el 14 de enero hasta el próximo 15 de julio.
Según conoció este diario, casi al mismo tiempo de que se difundiera el decreto, se reunieron en Huisitó -un centro poblado a unos 40 kilómetros de El Tambo, Cauca- tres negociadores del Gobierno, entre ellos Camilo González Posso, jefe de la delegación; miembros de la comunidad internacional y delegados del EMC, como Andrey Avendaño, Calarcá Córdoba y Óscar Eduardo Sandoval Noscué, conocido como Mocho o Andrés Patiño, jefe del Comando Coordinador de Occidente (también conocido como Bloque Occidental Jacobo Arenas), y quien alcanzó a ser parte del anillo de seguridad de Manuel Marulanda Vélez, fundador de las antiguas FARC.
El encuentro duró poco menos de dos horas, y la delegación del Gobierno volvió a Bogotá. Las partes afirmaron que por ahora no había pronunciamiento.
Horas antes, el presidente Petro se refirió al ataque a la Guardia Indígena, que justamente se había reunido con el mandatario en Cali el viernes pasado. “Una vez la minga salió de Puerto Resistencia, en Cali, del diálogo conmigo y desde donde se lanzaron las propuestas de comités municipales de fuerzas populares para desatar el proceso constituyente, fue atacada a fuego en Toribío, Cauca, por el Estado Mayor Central. Con este hecho, el EMC de Cauca viola el acuerdo de cese al fuego”, dijo Petro.
Lea aquí todas las historias de este reportaje especial
Una vez la minga salió de puerto resistencia en Cali del dialogo conmigo y desde donde se lanzaron las propuestas de comités municipales de fuerzas populares para desatar el proceso constituyente, fué atacada a fuego en Toribío, Cauca, por el Estado Mayor Central.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2024
Con este hecho… https://t.co/cer4Rm5hpx
La Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (ACIN) también condenó el hecho y dijo que demostraba “claramente que la voluntad de paz del frente Dagoberto Ramos y el Estado Mayor Central es inexistente” y que no solo era una violación al cese, sino “un crimen de lesa humanidad”. La Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco había pedido suspender el cese. “Hacemos un llamado a la Corte Penal Internacional a que inicie procesos de investigación por estos hechos, que conllevan al exterminio físico y cultural de nuestras comunidades. Asimismo, solicitamos al Gobierno Nacional a suspender el cese bilateral suscrito con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, pues no pueden estar sentados en una mesa de diálogo mientras en los territorios siguen cometiendo delitos de lesa humanidad”.
Hace unos días el relator de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas alertó en un informe que la situación de estas comunidades en Colombia era “grave y preocupante”, y la violencia se había exacerbado pese al Acuerdo de Paz de 2016.
Es la segunda vez que el presidente Petro ordena una suspensión regional del cese al fuego con la disidencia de Mordisco. La primera se dio en mayo de 2023, cuando no se había instalado formalmente la mesa de diálogos. En ese entonces, el frente Carolina Ramírez, adscrito al EMC, reclutó y asesinó a cuatro niños indígenas de Putumayo. Aunque el Ejecutivo le puso freno a la tregua en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta, días después la disidencia expresó su rechazo a esa decisión unilateral y rompió la tregua en todo el país.
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Cauca, la rueda suelta de la disidencia de “Mordisco”
Este ataque, que vuelve a poner en jaque el proceso de paz, es la muestra de que uno de los retos más grandes que tiene el Gobierno en la negociación con la que es considerada la mayor disidencia de las extintas FARC, son los frentes de Cauca, que se están convirtiendo en un obstáculo para esa negociación.
El mismo Petro señaló en su cuenta de X que la disidencia de Cauca no había dado desde el principio “ninguna señal de querer un proceso serio de paz” y que equivocadamente el grupo creyó que la negociación era para fortalecerse militarmente. “Debí reconocer que diferentes frentes del EMC en otras partes del país fueron más respetuosos con el proceso de paz y lamento que, aun sin quererlo, se retiren. Los muertos que vendrán serán innecesarios, la vida del pueblo debió primar sobre las jerarquías”, escribió en X.
Tal como lo contó Colombia+20 el domingo en la primera entrega del reportaje sobre el cañón del Micay, el fortín de Mordisco, que precisamente se ubica en Cauca, las estructuras que operan en ese departamento no son tan proclives a los diálogos como otras estructuras del grupo, y eso las está convirtiendo en un “palo en la rueda” para el diálogo de paz.
Un reciente informe entregado por la fundación Conflict Response (CORE) sobre las disidencias de las FARC pone de presente esos obstáculos en el proceso de paz y las divisiones internas. “No está claro qué busca el EMC con su proceso de negociación (…) Su visión de los tiempos de la negociación también dificulta entender cuál es su meta en la mesa. (Tampoco es claro) cómo el EMC reaccionará internamente frente a posibles divisiones sobre la paz: hay cierta evidencia de que existen unidades “antipaz” y otras más a favor de la negociación”, dice el informe.
González Posso afirmó hace unos días a este diario que, conscientes de que hay problemas con los frentes de Cauca, las delegaciones habían pactado la reunión en ese departamento. “Lo único que podemos decir es que tenemos un vacío para agilizar esta territorialización, esos planes territoriales y la acción frente a economías ilícitas. Pero es cierto que hay una lentitud que tenemos que superar. Eso es cierto”.
El otro problema es justamente las economías ilícitas, que son la base del poder económico de los frentes de Cauca. González explica que la explotación ilícita de oro, “el aumento de la minería ilegal sobre el río Micay y las rutas del narcotráfico”, sumado a las extorsiones a la población son el sustento del Bloque Occidental Jacobo Arenas, que reúne seis frentes y tres columnas móviles en Nariño, Valle del Cauca y Cauca, las zonas donde se levantó el cese al fuego.
Todos esos recursos, que se convierten en una de las grandes fuentes de financiación para esa disidencia, lo vuelven un bloque fuerte y un hueso difícil de roer de cara a la negociación con el Gobierno. “Desde el principio de la reconformación de este Bloque Occidental Jacobo Arenas se preveía que iba a ser un frente o una parte del Estado Mayor Central con unos niveles muy importantes de autonomía de alguna forma por la fortaleza económica, pero también por la militar”, explica a Colombia+20 Jorge Mantilla, investigador en temas de conflicto y crimen.
Para el también investigador Kyle Johnson, ambas fortalezas se pueden ver en el tipo de armas que usan las unidades en Cauca y en el flujo de recursos que tienen. “Son de los frentes más poderosos en lo económico. Tienen casi toda la coca del cañón de Micay, los cristalizaderos que hay. También las rutas por Guapi y Timbiquí, donde sacan cocaína en cantidades impresionantes. Ni hablar del río Naya, donde está la Jaime Martínez; y el vínculo entre Jamundí y Buenaventura que, aunque está en disputa, es súper importante. Casi todas esas rutas están bajo el control de unidades caucanas del Estado Mayor Central”, explica.
Y agrega que a nivel de bloques, probablemente el Occidental sea el que tenga más recursos económicos, junto con el del Magdalena Medio. “No sé si representa la mitad del poder económico, pero probablemente la proporción más grande comparado con otros bloques. Diría que es casi el 40 %, pero el restante 60 % se lo distribuyen en las demás estructuras”, explica.
Sobre este tema se pronunció el presidente Petro, quien dijo: “La economía ilícita puede devorar al revolucionario y transformarlo en un simple traqueto negociante”. En octubre del año pasado, cuando dio la orden de tomarse el corregimiento de El Plateado, también se había referido a ese grupo armado así. “No nos podemos vestir de revolucionarios y ser traquetos en el alma”, dijo entonces.
Estos son los bloques, frentes y columnas del Estado Mayor Central
Por ese poderío no le queda fácil al Gobierno, ni siquiera a la misma disidencia en su conjunto, subir a las facciones de Cauca al proceso de paz y esa fue una de las razones de la reunión de las delegaciones en Cauca.
Según explicó González, el jefe negociador, los mandos militares de esa zona necesitan llegar a la mesa de diálogos para llegar a acuerdos más concretos como los que se lograron en ciertas zonas durante la cuarta ronda de negociaciones que terminó hace dos semanas. “Del Cauca no estaba (en el último ciclo) ninguno de los comandantes, ni de El Plateado, ni de los otros frentes, ni el responsable por todo ese bloque del Cauca, solo estaba Sebastián, que es más su vocero político. O sea, le falta, como lo militar del Cauca en la mesa y creo que es necesario. Los otros frentes sí estaban directamente representados y eso significó mayores avances en regiones como Caquetá y Catatumbo”, aseguró.
Según cifras no oficiales del cese al fuego, el Bloque Occidental es el que más ha cometido posibles violaciones. Hace un mes, la Defensoría del Pueblo publicó un informe de seguimiento del cese al fuego de todo 2023. Según el documento, se registraron 236 acciones violentas por parte de los grupos armados ilegales en el desarrollo del cese al fuego, 34 de ellas fueron acciones directas con la Fuerza Pública y el resto de acciones indirectas entre las mismas organizaciones armadas, que constituyeron claras infracciones al derecho internacional humanitario.
De esas 34, 32 fueron cometidas por el EMC de las FARC. El departamento de Cauca fue el más afectado, con 21 de esas acciones. algunas en Corinto, Suárez, Patía, Buenos Aires y Argelia. En las acciones indirectas, esa disidencia también tuvo el mayor número de hechos. De las 202, el grupo armado de Mordisco fue responsable del 58 % (117).
La violencia constante en ese departamento
Desde la firma del Acuerdo de Paz, el departamento de Cauca ha sido el que más ha sufrido los estragos del conflicto y el resurgimiento de grupos armados ilegales. A inicios de febrero, también se registraron enfrentamientos en el municipio de Silvia, que dejaron como saldo el desplazamiento forzado de 150 pobladores.
Cifras del mecanismo de monitoreo del Sistema Integral para la Paz (liderado por la JEP) indican que desde noviembre de 2016 hasta diciembre de 2023 se registraron 2.797 hechos de violencia (al menos 964 homicidios selectivos, 421 amenazas, 220 enfrentamientos armados, 120 secuestros, 62 masacres, entre otros hechos).
En los cinco meses de los diálogos con el EMC, los intentos del Gobierno para quitarle el control de zonas del departamento a esa disidencia no han llegado a buen puerto, e incluso han causado varios reveses en la mesa de diálogos con esta disidencia de las FARC. Por ejemplo, en septiembre pasado hubo una serie de atentados del EMC en respuesta a los intentos del Ejército para incursionar en el corregimiento de El Plateado, que dejó más de una decena de muertos y heridos.
A finales de diciembre se volvieron a encender las alarmas en el departamento, luego de que en una sola semana se reportó una masacre con cinco víctimas y el asesinato de 11 personas en distintos municipios, incluido el alcalde de Guachené, Elmer Abonía Rodríguez.
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La situación de violencia se ha mantenido en 2024, pese a que todos los grupos que hacen presencia en el departamento (EMC, Segunda Marquetalia y ELN) tienen mesas de diálogo activas con el gobierno.
El 10 de marzo, en el municipio de Balboa (en límites con Nariño), se presentaron combates entre grupos armados, que obligaron a más de 200 personas a desplazarse.
El interés de los grupos ilegales por controlar este territorio tampoco es nuevo. De hecho, desde mediados de la década de los 60 casi todos han tratado de hacerse a un espacio en este departamento, estratégicamente ubicado: conecta el centro y el sur del país y tiene salida al Océano Pacífico.
Aunque el quinto ciclo de diálogos con esa disidencia está previsto para dentro de un mes en Ocaña, Norte de Santander, aún no se sabe cuáles serán las consecuencias de esta suspensión regional del cese ni cuál será la respuesta del grupo armado.
Lo que es cierto es que si el Gobierno quiere seguir adelante con la negociación deberá empezar a pensar cómo puede integrar a las reacias estructuras de Cauca en ese proceso. Para el investigador Mantilla, una salida puede ser ofrecer “una implementación conjunta de los acuerdos” que se lleven en los territorios”. Pero para ello se debe tramitar otro pendiente: la agenda de negociación.
“No está claro qué busca el EMC con su proceso de negociación. Es más, es posible que el grupo sepa más lo que no quiere: no busca curules en el Congreso, como las FARC-EP, ni está de acuerdo con la idea de firmar un solo acuerdo final que se implemente una vez firmado. Tampoco quiere un modelo de dejación de armas, como el de la antigua guerrilla, ni están a favor de una negociación fuera del país”, dice el informe de CORE. Esa claridad podría darles mayor alcance a las negociaciones.
