En el departamento de Guaviare hay una angustia latente entre las familias que empezaron a sustituir voluntariamente cultivos de uso ilícito después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC. En las zonas rurales de Miraflores, El Retorno, Calamar y San José hay indicadores altísimos de pobreza multidimensional, desarraigo y desilusión al ver que cada día que pasa sus condiciones de vida no mejoran como les han prometido los últimos tres gobiernos.
“Acá se ha sustituido coca y no se ha visto a cambio ningún proyecto de impacto. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) bota informes y da números sin conocer la realidad de los territorios en el Guaviare. Aquí hay hambre, todo el tema de seguridad alimentaria está pendiente y necesitamos que la Corte se pronuncie porque todo allá está muy calmado con nuestros casos. No es justo”, denuncia Luisa Fernanda Cárdenas, lideresa social y medioambiental del municipio de Miraflores.
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Cárdenas lleva casi dos años participando de forma activa en una acción de tutela contra el PNIS, que apenas hace un par de meses llegó a la sala plena de la Corte Constitucional, instancia que revisará los derechos vulnerados a las familias cocaleras en el Guaviare. Un camino que ha sido tortuoso y estigmatizante para las personas que eligieron los cultivos alternativos como su medio de vida después de la guerra en Colombia.
Seguir confiando en promesas ya no es una opción para ella ni para su comunidad. En Miraflores le han dado a Cárdenas la vocería de sus reclamos y desde allí no renuncian a la afirmación de que el Estado colombiano los está dejando a merced de la miseria y sin un futuro productivo claro. Como si algunas directrices del Acuerdo de La Habana se hubieran quedado en el papel, sin impactos beneficiosos para la ruralidad.
“Durante el gobierno del expresidente Duque todo estuvo muy quieto. Se persiguió al campesinado y no se ofrecieron salidas de fondo… era solo reducir hectáreas de coca a cualquier precio. En el actual Gobierno nos preocupa que los operadores del PNIS actúan igual que en los años pasados, al tiempo que el presidente Petro habla de una voluntad diferente para redireccionar su política de drogas. Algunos operadores han hecho visitas para decirles a las comunidades que serían indemnizadas por todo el tiempo de ausencia del Estado, prometen acompañamiento serio, prometen solidez en los proyectos de ciclo corto, pero al final no han salido con nada”, reiteró.
¿Sustitución forzada y trabas del Estado?
Según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), cerca de 7.200 familias en el departamento de Guaviare están inscritas en el programa de sustitución voluntaria. Desde 2020, los comunes denominadores que han vivido estas personas —como registran los informes de UNODC— son que se encuentran en altos grados de inseguridad alimentaria y amedrentados bajo la premisa de “o sustituyen voluntariamente o se erradica con glifosato y pie de fuerza militar”.
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De hecho, algunas de estas preocupaciones están contenidas en una acción de tutela contra el PNIS que las comunidades de Miraflores y el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR) interpusieron ante el Consejo de Estado en enero de 2022.
Allí, según reza el documento, “campesinos y campesinas de Miraflores relatan que este programa de Gobierno les fue presentado bajo dos opciones: o se acogían al acuerdo o les erradicaban la coca de manera forzada con glifosato”.
Para voceros de juntas de acción comunal en esa zona de la Amazonia, lo doloroso de su proceso con el PNIS viene desde su origen, pues el incentivo inicial no fue —según ellos— el impulso productivo para ellos y su región, sino una amenaza para que la erradicación no fuera irremediablemente forzosa.
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“Se firmó el PNIS porque había persecución militar […] nos acogimos al programa para evitar las fumigaciones con glifosato que afectan la salud y la incómoda y arbitraria erradicación forzada”, narraron para la acción de tutela representantes de las veredas Alto Caño Iris y La Milagrosa.
Los alcances de la tutela no tuvieron el impacto esperado. En primera y segunda instancia esta acción fue declarada como improcedente. Desde la defensa jurídica de los cocaleros este panorama es preocupante e incierto, pues las evasivas jurídicas por parte del Estado parecen una constante para no atender las necesidades de esta población.
Para analistas como Estefanía Ciro, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana A la Orilla del Río, dentro de la génesis del problema jurídico entre las familias campesinas cocaleras del Guaviare y el Estado hay que hacer un capítulo aparte sobre el rol que ha cumplido el Consejo de Estado.
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Según la académica, hay dos cosas que le parecen graves. “Primero, que el Consejo de Estado afirma que el objetivo del PNIS no es hacer frente a las condiciones de desigualdad económica, desconociendo absolutamente los principios del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, en el cual el eje del PNIS y de la Reforma Rural Integral es la transformación rural. La lectura del Consejo también es extraña al defender que la ejecución del presupuesto del PNIS no es inmediato sino paulatino y que no se ha probado que se hayan incumplido los acuerdos y tampoco que si esto ocurrió, que se haya violado algún derecho”.
“No es cierto que se ha cumplido con el PNIS”
En Guaviare, hablar desde el anonimato sobre temas de política de drogas, deforestación o incumplimientos estatales se volvió más frecuente de lo que la comunidad desearía. Desde Asojuntas Guaviare y otras organizaciones sociales, los líderes comunitarios denuncian amenazas en su contra por hablar de estos asuntos, pues están involucradas personas poderosas de la región.
Un campesino involucrado en la tutela contra el PNIS habló con El Espectador y dijo que le preocupan las mentiras que se están diciendo sobre su situación. Pide atención estatal para que su comunidad no siga con hambre y que la sustitución voluntaria que ha trabajado dé frutos para darle sostenibilidad a la paz en la Amazonia.
“Estamos en 2023 y apenas estamos definiendo puntos concretos del plan alimentario, porque nos hicieron esa atención durante los primeros dos años y medio iniciado el acuerdo con el PNIS, pero nos incumplieron hasta la fecha. En Miraflores y otras zonas del Guaviare no se han hecho las caracterizaciones de los proyectos de ciclo corto. De hecho, el PNIS dice que en lugares como Miraflores han pagado proyectos de ciclo corto a 634 familias y eso no es cierto. No sabemos de dónde sacan esa información, de dónde sacan esa plata. Quien sabe si la plata para eso está en los operadores, pero mientras no lo muestren le están mintiendo desde el PNIS al Consejo de Estado”, aseguró la fuente que pidió no ser identificada.
Las respuestas del PNIS frente a esta situación se limitan al compromiso que pactó Luis Fernando Arenas, coordinador regional de ese programa ante la Asamblea Departamental de Guaviare en abril de 2023.
Allí el funcionario prometió celeridad a los pagos de gestores comunitarios que adelantan actividades de sustitución, así como mayor claridad en los procesos de ciclo corto y largo, que son difusos en ese departamento.
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“No queremos más palabras ni promesas en falso. Necesitamos ejecución con urgencia por nuestra dignidad y la de los campesinos que han entregado su vida e integridad por la paz”, sentenció Cárdenas.
El factor de la deforestación
En la instalación de la nueva legislatura, el presidente Gustavo Petro dijo ante el Congreso de la República que en la Amazonia se redujo la deforestación durante 2022 en un 36,4 % respecto a 2021 y que a este paso de desaceleración es improbable retomar indicadores del pasado.
Sin embargo, en las antiguas zonas cocaleras del Guaviare preocupa que los incumplimientos en la adjudicación de proyectos a campesinos por temas de sustitución voluntaria den rienda suelta para que poderosos ganaderos y empresarios de la región puedan aprovechar eso para deforestar indiscriminadamente con fines de ganadería extensiva.
De acuerdo con Estefanía Ciro, hay una correlación entre deforestación e incumplimiento a los acuerdos de sustitución en esa zona del país “referido a la desterritorialización que ha vivido esta región; es decir, los campesinos que sufrieron el incumplimiento de los Acuerdos de Paz tuvieron que migrar a áreas de parques y otros territorios en los que su incertidumbre jurídica se ha mantenido”.
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Una lideresa campesina en Calamar le dijo a Colombia+20 que en su territorio muchas familias que han sustituido de forma voluntaria y a quienes no han llegado los beneficios pactados con el PNIS “se han visto obligadas a vender parte de sus tierras a deforestadores para tener con qué comer. No hay plata para cultivar, entonces los que tienen para deforestar se aprovechan de eso, compran tierras baratas —especialmente en la vía Miraflores-Calamar, sobre Barranquillita— y ocasionan los daños ambientales que ya sabemos lo que esto conlleva”.
Para Luisa Fernanda Cárdenas, es momento de escuchar todos sus reclamos. No aguantan más vulnerabilidad económica y ven en el estudio de la Corte a su caso su única salida para subsistir. “Si fuera por nosotros, los campesinos en el Guaviare iríamos hasta la Corte a mostrar videos, pruebas o lo que necesiten para mostrar cómo estamos viviendo. Que nos escuchen y que se haga algo; que no pase como en el anterior gobierno”, concluyó.