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Durante la guerra, Emiro del Carmen Ropero era conocido en la zona del Catatumbo como el comandante del Frente 33. Como la gran mayoría de los miembros de la extinta guerrilla de las Farc, él también dejó las armas y se dedicó a hacer una nueva vida lejos de la violencia y junto a su familia. Ahora, es el candidato por Colombia Humana y Unión Patriótica para llegar a la Asamblea de Norte de Santander.
Sin embargo, la vida civil no ha sido sencilla. El pasado 25 de agosto, hombres que se identificaron como integrantes del frente 33, que él comandó años atrás, lo detuvieron de camino al municipio de Convención (Norte de Santander). Desarmaron a su esquema de protección e incendiaron la camioneta blindada.
Sumado a esta situación, ayer se conoció que a tres excombatientes de las Farc los mataron en un hotel de Cúcuta a plena luz del día con un arma silenciadora. Milton Urrutia Mora, José Milton Peña Pineda y Arsenio Maldonado Gamboa también habían pertenecido al frente 33.
Estas situaciones han llevado a que Ropero denuncie públicamente que no tiene garantías de seguridad para proteger su vida y continuar con su trabajo político. Así se lo contó a Colombia2020.
¿Cuál es su situación de seguridad después del ataque?
Mi esquema de seguridad ha sido debilitado. En este momento, no tengo el vehículo de las características que tengo aprobado en mi esquema. El que tengo, entre otras cosas, está en mal estado. No se ha podido llevar a mantenimiento porque no hay un vehículo sustituto para mi movilidad.
Tenía asignados cuatros hombres de protección con sus respectivas armas de dotación y un arma de apoyo. El arma de apoyo que tenía fue recogida con la Unidad Nacional de Protección (UNP) y ahora tengo aprobados dos hombres de protección provisionales. Al tercero se le que acabó la misión y no se la han prolongado, y el cuarto renunció hace cinco meses a la UNP y no han designado su reemplazo.
¿Qué tipo de carro debía tener asignado usted?
Una camioneta blindada nivel 4. La que tengo ahora es nivel 3, en mal estado. Se supone que después de los hechos ocurridos en Convención, debían tomar medidas extraordinarias de protección que no se han hecho efectivas. Además, mi familia ha sido muy afectada por el mismo Estado y grupos paramilitares. Ese esquema debería ofrecerles protección a mis familiares sen primer grado. Eso no se está haciendo efectivo.
¿Cuál es su sensación después del asesinato a los tres excombatientes en Cúcuta?
Los hechos ocurrieron ayer, 6 de septiembre, en el barrio Las Américas de Cúcuta. Llegaron unos sicarios y dispararon con silenciador contra tres compañeros en proceso de reincorporación a la vida civil. Murieron en el acto dos de ellos, y el tercero murió horas después en el hospital. Uno de ellos había sido de la guardia personal de Timoleón Jiménez, el otro había sido comandante de una unidad móvil en el Catatumbo y la tercera víctima también había sido comandante. Los tres ejercían el papel de líderes.
¿Teme por su vida?
Desde luego. Estoy haciendo un comunicado responsabilizando al presidente Duque, a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez y al director de la UNP, Pablo Elías González en el evento de que se consumen las amenazas contra mi vida.
¿Qué tipo de amenazas ha recibido?
El día que me abordaron en Convención, la amenaza fue que no puedo hacer campaña política y no puedo estar en las áreas de influencia de las Farc, ¿pero uno cómo sabe cuáles son esas fronteras exactamente? No acepté esa exigencia. Sigo en la campaña por Colombia Humana y Unión Patriótica a la Asamblea del departamento de Norte de Santander. Esto puede entenderse como un desafío hacia la decisión que me dieron a conocer.
¿Esta situación de qué manera incidió en su campaña política?
Hay municipios que no puedo visitar porque considero que allá hay un alto nivel de riesgo. Y con esas medidas de seguridad que tengo, el nivel de riesgo es mucho más alto. Aquí hay un ambiente supremamente hostil y peligroso.
¿A quién atribuye los tres asesinatos?
Hay sicarios disparando en distintas regiones del país en una campaña sistemática de aniquilamiento de líderes sociales y de excombatientes de las Farc que está creciendo en el gobierno del presidente de Iván Duque. Hace poco recibí una circular de la Unidad Nacional de Protección donde generan restricciones para el movimiento del personal de escoltas, es decir, tan solo durante 15 días pueden cumplir su misión porque luego no se le reconocen misiones. Estas medidas las dicta la UNP con la excusa de que se necesita austeridad, pero no les duele gastarse diariamente en Colombia $22.000 millones que se gastan en la guerra.
¿A qué podría obedecer el asesinato de excombatientes?
No me atrevería a opinar al respecto porque la verdad es que la zona del Catatumbo tiene muchísimos actores y uno no sabe quién de todos pudiera estar disparando y al servicio de qué tipo de intereses. Lo que sí puedo decir es que están matando comandantes que estuvieron al frente de unidades cumpliendo misiones de guerra. Puede tratarse de retaliaciones de personas que estuvieron en esa época en conflicto y que ahora pueden estar al servicio de intereses económicos o políticos en el territorio.
¿Estas tres personas estaban en alguna campaña política o de liderazgo social?
Ellos se reincorporaron a la vida civil en Caño Indio y la verdad es que a falta de oportunidades se han ido yendo bastantes compañeros de ese espacio territorial a buscar opciones de vida. Sé que uno de ellos estuvo con su familia en el municipio de Mesetas en una parcela campesina y me dicen que se había venido a buscar trabajo en Cúcuta porque no encontró opción, y que estaba dedicado a las labores de la construcción.
Otro compañero supuestamente se había dedicado al comercio, pero desconozco qué otras actividades estaban haciendo en el marco de su proyecto de vida después del acuerdo de paz.
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