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Lo único que se escucha desde el 5 de febrero entre las montañas de las veredas de Puerto Rico y Santa Clara, del municipio de Argelia (Cauca), es el intercambio de ráfagas entre el Frente Carlos Patiño de las disidencias del Estado Mayor Central (o de Iván Mordisco) y el Diomer Cortés de la Segunda Marquetalia. Más de un mes de combates ininterrumpidos ya han dejado a 1.900 personas desplazadas, 1.800 confinadas y más de 1.000 niños y niñas sin clases, según cifras de la Personería.
“La gente está muy asustada. El Ejército inicialmente se fue de esas zonas aunque se les avisó que eso iba a pasar, luego el Carlos Patiño empezó a entrar a áreas de influencia del Diomer Cortés y ahí empezó todo esto. El Ejército ha tratado de recuperar esas zonas pero el frente Carlos Patiño los ataca a diario, violando el cese al fuego”, señala un funcionario de ese municipio que prefiere no revelar su nombre.
Ese cese al fuego bilateral fue anunciado por el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter para cerrar el año 2022 e incluye, en efecto, a los dos actores con mayor presencia en el Cauca: las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central y las de la Segunda Marquetalia, que en algunas zonas del departamento están aliadas con el ELN. Sin embargo, según reportes de la comunidad y el seguimiento que ha realizado la Defensoría del Pueblo, poco más de dos meses después, no solo no se ha cumplido a cabalidad el cese entre el Ejército y los grupos, sino que persiste la confrontación entre las estructuras ilegales y con ellos la afectación humanitaria.
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Solo entre el 21 de enero y el 10 de febrero, según el último reporte de seguimiento al cese de la Defensoría, hubo cinco acciones bélicas que involucraron directamente a la Fuerza Pública y al Comando Coordinador de Occidente (CCO), la estructura del Estado Mayor Central que incluye a las columnas móviles Jaime Martínez y Dagoberto Ramos y al frente Carlos Patiño. La lista de hechos incluye: “un hostigamiento contra el Ejército en Buenos Aires el 23 de enero; el 3 de febrero, un hostigamiento a la Estación de Policía de Corinto; el 9 del mismo mes, enfrentamientos armados en Argelia; al siguiente día, hostigamientos contra el Ejército y la Policía de Corinto, y el 12 de febrero se presentaron combates entre fuerza pública y guerrilla en zona rural de Balboa”.
Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), le ha hecho seguimiento a la situación y tiene presentes hechos anteriores y posteriores a ese informe. “Hay una imagen muy fuerte de la segunda semana de enero. En medio de carnavales, el frente Carlos Patiño patrulló la cabecera municipal de Balboa. La gente salió despavorida pero ni el Ejército ni la Policía respondieron”, describe y añade que “la fuerza pública está en medio porque el cese es con ellos pero no entre los grupos. En Argelia, hubo soldados que cayeron en minas antipersona cuando trataron de entrar. Quince días después del inicio de los combates en ese municipio el Ejército entró con tres aviones Kfir de combate para disuadir y la gente de Argelia quedó asustadísima y se preguntan si esto es el cese al fuego”.
Para Pares, una de las falencias está en el concepto de cese al fuego. “Lo que debe haber es un cese de hostilidades, porque el cese al fuego termina siendo problemático para el actuar mismo de la fuerza pública y generando libertades en los otros grupos, que lo que entienden es que nunca los van a atacar”, explica Torres, quien insiste en que la fuerza pública debe tener un protocolo claro para saber cómo actuar.
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El drama se repite en el norte del Cauca
En el norte del departamento la situación no es mejor. Todos tienen temor de nombrar a las disidencias de las Farc y de hablar de su control armado. “¿Quién me asegura a mí que estoy hablando con una periodista?”, responde del otro lado del teléfono una lideresa afro reconocida en la subregión que se negó a dar detalles. Entre los líderes, incluso, hay temor de tener las llamadas interceptadas por los armados. “Nuestros territorios tienen un miedo terrible. Parece que no sirve hablar de un proceso de paz. El anuncio del cese al fuego parece que hubiera toreado a los grupos porque no cesó para nada la violencia, antes avanzó”, señala otra defensora, esta vez desde Puerto Tejada.
Lo que hay en esta subregión es total control social armado. En Buenos Aires y Suárez dicen que las disidencias son ‘amas y señoras’ e imponen las reglas. Lo mismo pasa en Toribío, en donde en los primeros días de marzo la Defensoría del Pueblo advirtió un riesgo alto para sus 37.000 habitantes. “Si bien las personas no están confinadas, el desarrollo de la vida comunitaria y social está no solo paralizado sino sujeto a la voluntad de los grupos armados, ya que vienen imponiendo múltiples normas so pena de muerte para quien las incumpla. Por ejemplo, a los establecimientos públicos se les prohíbe vender bebidas alcohólicas en días de semana, no se le permite el parqueo de motocicletas frente a los locales y se les establece una hora de cierre, entre otras restricciones”, señaló la entidad.
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Además, alertó que las disidencias de las Farc convirtieron ese municipio en centro de entrenamiento de niños reclutados. “Ese es un tema que vienen denunciando hace mucho las organizaciones étnicas, el reclutamiento ha aumentado desaforadamente y es claro que esos reclutas pasan por un entrenamiento. Frente a eso tampoco ha habido una respuesta efectiva”, cuestionó Torres.
Esa es una de las principales preocupaciones de los cabildos indígenas de la región. De hecho, según el monitoreo que realiza la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), en 2022 se registraron 250 casos de reclutamiento a menores de edad indígenas y en los dos primeros meses de 2023 van 20 casos solo en territorios indígenas del norte del Cauca. “Esto aún con el subregistro que genera no poder hacer denuncias inmediatamente suceden los hechos, por lo que a lo largo del año el registro de estos meses aumentará”, explica Juan Manuel Camayo, coordinador de derechos humanos. En 2022, a estas cifras se sumaron 97 homicidios, 88 amenazas, 66 combates, 15 desapariciones, 14 atentados y 5 secuestros. En 2023, han registrado 17 homicidios y 14 amenazas.
Camayo, sin embargo, asegura que estas afectaciones ya eran fuertes antes del anuncio del cese al fuego. “Estas situaciones son históricas. Transformar las dinámicas históricas requiere tiempo y el Gobierno Petro lleva un periodo muy corto para cambiarlas. Sin embargo, ha avanzado elementos importantes, dentro de ello estos espacios de diálogo con los diferentes sectores. Tenemos esperanza en que la guerra no es la salida”, señala esperanzado.
Colombia+20 se comunicó con la Tercera División del Ejército para conocer qué información tienen sobre el control social y la expansión de los armados y cuál ha sido su postura al respecto pero al cierre de esta publicación no había obtenido respuesta.
Mientras tanto, líderes y organizaciones coinciden en que es fundamental definir el mecanismo de monitoreo al cese al fuego porque hasta ahora, señala el funcionario de Argelia “ha sido una pantomima, no ha servido para nada”. Juan Manuel Torres explicó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya está haciendo la gestión para extender el mandato de la Misión de Verificación de la ONU y que esta pueda contribuir en ese monitoreo. “Sin embargo, falta definición administrativa porque la Oficina del Alto Comisionado para la Paz está intentando hacer todo. Danilo Rueda es negociador con los grupos, pero a la vez quiere ser el que hace el monitoreo y articular. Se espera que el Plan Nacional de Desarrollo defina esto porque se había hablado de comisionados regionales y la participación de la gente, pero eso no se ha definido”, señala.