Tras las razones de la persistencia de la guerra en el Catatumbo

La última masacre que se registró en la región del Catatumbo (Norte de Santander), ocurrió el pasado 17 de septiembre. Ese día, en el corregimiento Aguas Claras del municipio de Ocaña, puerta de entrada a la región, tres hombres fueron asesinados a tiros mientras departían en un estadero. Antes de esa, este año se registraron otras cinco matanzas en el Catatumbo, contando las que se presentaron en zona rural de Cúcuta, hasta donde se ha sentido el impacto de la guerra en la región. El saldo total de las seis masacres: 28 víctimas mortales.

Igualmente, la región ocupa los primeros lugares entre las regiones con más asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc. Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y junio de este año al menos 10 líderes fueron asesinados en Norte de Santander, principalmente en el Catatumbo. Y, según el partido FARC, ese departamento es el sexto a nivel nacional en materia de homicidios contra exintegrantes de la antigua guerrilla con al menos 17 casos.

¿Por qué no cesa la guerra en el Catatumbo? Esa es la pregunta que ha convocado desde hace dos meses a distintos sectores sociales en la región, a través de reuniones virtuales, para encontrar puntos comunes en un diálogo promovido por la Comisión de la Verdad. Tanto excombatientes de las Farc como empresarios de la palma, líderes sociales, comunidades indígenas, organizaciones de cooperación internacional, Fuerza Pública, entre otros actores, se han encontrado casi una docena de veces para preparar lo que será este jueves el Diálogo para la No Continuidad y la No Repetición en Catatumbo.

En el primero de los encuentros virtuales, el pasado 30 de julio, se sentaron a discutir las razones del conflicto armado en la región. Líderes comunitarios, que han sentido en carne propia los impactos de la confrontación, reunidos con representantes de las entidades del Estado. Igualmente, con miembros de la Fuerza Pública, la Unidad de Restitución de Tierras, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio del Interior y la Gobernación de Santander.

(Lea también: El Catatumbo hablará de las razones de la guerra en el Diálogo para la No Repetición)

Y así, cada semana se fueron reuniendo delegados de organizaciones de cooperación internacional, empresarios del cacao, del carbón y de la palma, artistas, periodistas, indígenas del pueblo Barí y excombatientes de las Farc. En total se realizaron 11 encuentros para preparar este gran Diálogo que será público y transmitido por las plataformas digitales de Colombia2020 y la Comisión de la Verdad.

De allí ya han ido saliendo algunas hipótesis para entender por qué esta región sigue sumida en el fuego cruzado de la guerrilla del Eln, del Epl, las disidencias de las Farc, grupos neoparamilitares y el Ejército Nacional. Para Saúl Franco, comisionado de la Verdad que acompaña dicho proceso, el asunto que mayor consenso generó entre todos los sectores convocados fue el desequilibrio de la presencia estatal en el Catatumbo, que ha privilegiado la militarización en la zona mientras las necesidades básicas insatisfechas aún son un pendiente. “Esa fuerte presencia militar sectorizada está más relacionada con la protección de ciertos sectores económicamente estratégicos, que con la protección de la población civil. En esos diálogos nos dijeron: “aquí matan a los líderes sociales a 100 metros de los retenes o destacamentos militares y no pasa nada. Ni se detiene al gatillero ni mucho menos se investiga a profundidad los responsables”, dijo el comisionado Franco.

Otro de los temas que se hizo evidente durante los encuentros a puerta cerrada fue el papel que juega la cadena del narcotráfico en la persistencia del conflicto armado. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el Catatumbo hay cerca de 40.000 hectáreas de coca sembradas y solo Tibú tiene alrededor de 20.000 de ellas. “El narcotráfico tiene el poder económico para sobornar al gobierno. Tienen la capacidad económica para armar ejércitos encargados de protegerles su economía ilegal y nosotros los campesinos seguimos siendo los bobos útiles del conflicto”, dijo uno de los líderes convocados a los diálogos.

Sobre eso, el comisionado Saúl Franco agregó que el límite de la ilegalidad y la legalidad usualmente termina desdibujado en esta región del país. “El procesamiento de esa coca implica una cantidad muy grande químicos, empezando por la gasolina y otros componentes que son del orden legal y que circulan por la región con una facilidad impresionante habiendo toda la presencia y todos los retenes militares”. Otra de las razones por las que persiste la guerra es la frontera con Venezuela. Según se denunció en uno de los encuentros, si bien existen cuatro pasos autorizados hacia el vecino país, también hay 54 pasos informales, conocidos como ‘las trochas’ y sobre los cuales las autoridades no ejercen ningún control. “La frontera es al país lo que la piel es al cuerpo: su límite, pero al mismo tiempo su punto de acercamiento, el área por donde transpira todo el cuerpo; las fronteras deben ser más oxígeno que tóxicas para los países. Desafortunadamente en este caso, la frontera por la falta de esa presencia y control estatal se ha convertido en un problema muy grave”, dijo el comisionado. al termino de lo que llamó un diálogo universal con el Catatumbo.

(Vea: Comisión de la Verdad retomará diálogos para la no repetición del conflicto)

Las conclusiones de ese diálogo se pondrán sobre la mesa en el gran encuentro de este jueves, que se podrá seguir por las redes de la Comisión de la Verdad y de Colombia2020 de El Espectador, entre las 9:30 a.m. y las 12:00 del día. Allí conversarán Alba Luz Trigos, de la Red de Mujeres Rurales del Catatumbo; Mauricio Vargas, gerente de la empresa Palnorte; Aracelys Peña, enlace del partido FARC con la Comisión de la Verdad; monseñor Omar Sánchez, obispo de Tibú; y el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano.

“Lo que queremos es ayudarle al país a entender la gravedad de lo que está pasando en la confrontación armada e ir al fondo no solamente del qué y cómo están pasando las cosas, cuántas víctimas hay, qué tipo de violencias se presentan, sino trascender al por qué de la confrontación. Solamente en la medida en que desentrañemos ese por qué, se abren las ventanas y las posibilidades de buscar soluciones a futuro.

La última masacre que se registró en la región del Catatumbo (Norte de Santander), ocurrió el pasado 17 de septiembre. Ese día, en el corregimiento Aguas Claras del municipio de Ocaña, puerta de entrada a la región, tres hombres fueron asesinados a tiros mientras departían en un estadero. Antes de esa, este año se registraron otras cinco matanzas en el Catatumbo, contando las que se presentaron en zona rural de Cúcuta, hasta donde se ha sentido el impacto de la guerra en la región. El saldo total de las seis masacres: 28 víctimas mortales.

Igualmente, la región ocupa los primeros lugares entre las regiones con más asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc. Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y junio de este año al menos 10 líderes fueron asesinados en Norte de Santander, principalmente en el Catatumbo. Y, según el partido FARC, ese departamento es el sexto a nivel nacional en materia de homicidios contra exintegrantes de la antigua guerrilla con al menos 17 casos.

¿Por qué no cesa la guerra en el Catatumbo? Esa es la pregunta que ha convocado desde hace dos meses a distintos sectores sociales en la región, a través de reuniones virtuales, para encontrar puntos comunes en un diálogo promovido por la Comisión de la Verdad. Tanto excombatientes de las Farc como empresarios de la palma, líderes sociales, comunidades indígenas, organizaciones de cooperación internacional, Fuerza Pública, entre otros actores, se han encontrado casi una docena de veces para preparar lo que será este jueves el Diálogo para la No Continuidad y la No Repetición en Catatumbo.

En el primero de los encuentros virtuales, el pasado 30 de julio, se sentaron a discutir las razones del conflicto armado en la región. Líderes comunitarios, que han sentido en carne propia los impactos de la confrontación, reunidos con representantes de las entidades del Estado. Igualmente, con miembros de la Fuerza Pública, la Unidad de Restitución de Tierras, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio del Interior y la Gobernación de Santander.

(Lea también: El Catatumbo hablará de las razones de la guerra en el Diálogo para la No Repetición)

Y así, cada semana se fueron reuniendo delegados de organizaciones de cooperación internacional, empresarios del cacao, del carbón y de la palma, artistas, periodistas, indígenas del pueblo Barí y excombatientes de las Farc. En total se realizaron 11 encuentros para preparar este gran Diálogo que será público y transmitido por las plataformas digitales de Colombia2020 y la Comisión de la Verdad.

De allí ya han ido saliendo algunas hipótesis para entender por qué esta región sigue sumida en el fuego cruzado de la guerrilla del Eln, del Epl, las disidencias de las Farc, grupos neoparamilitares y el Ejército Nacional. Para Saúl Franco, comisionado de la Verdad que acompaña dicho proceso, el asunto que mayor consenso generó entre todos los sectores convocados fue el desequilibrio de la presencia estatal en el Catatumbo, que ha privilegiado la militarización en la zona mientras las necesidades básicas insatisfechas aún son un pendiente. “Esa fuerte presencia militar sectorizada está más relacionada con la protección de ciertos sectores económicamente estratégicos, que con la protección de la población civil. En esos diálogos nos dijeron: “aquí matan a los líderes sociales a 100 metros de los retenes o destacamentos militares y no pasa nada. Ni se detiene al gatillero ni mucho menos se investiga a profundidad los responsables”, dijo el comisionado Franco.

Otro de los temas que se hizo evidente durante los encuentros a puerta cerrada fue el papel que juega la cadena del narcotráfico en la persistencia del conflicto armado. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el Catatumbo hay cerca de 40.000 hectáreas de coca sembradas y solo Tibú tiene alrededor de 20.000 de ellas. “El narcotráfico tiene el poder económico para sobornar al gobierno. Tienen la capacidad económica para armar ejércitos encargados de protegerles su economía ilegal y nosotros los campesinos seguimos siendo los bobos útiles del conflicto”, dijo uno de los líderes convocados a los diálogos.

Sobre eso, el comisionado Saúl Franco agregó que el límite de la ilegalidad y la legalidad usualmente termina desdibujado en esta región del país. “El procesamiento de esa coca implica una cantidad muy grande químicos, empezando por la gasolina y otros componentes que son del orden legal y que circulan por la región con una facilidad impresionante habiendo toda la presencia y todos los retenes militares”. Otra de las razones por las que persiste la guerra es la frontera con Venezuela. Según se denunció en uno de los encuentros, si bien existen cuatro pasos autorizados hacia el vecino país, también hay 54 pasos informales, conocidos como ‘las trochas’ y sobre los cuales las autoridades no ejercen ningún control. “La frontera es al país lo que la piel es al cuerpo: su límite, pero al mismo tiempo su punto de acercamiento, el área por donde transpira todo el cuerpo; las fronteras deben ser más oxígeno que tóxicas para los países. Desafortunadamente en este caso, la frontera por la falta de esa presencia y control estatal se ha convertido en un problema muy grave”, dijo el comisionado. al termino de lo que llamó un diálogo universal con el Catatumbo.

(Vea: Comisión de la Verdad retomará diálogos para la no repetición del conflicto)

Las conclusiones de ese diálogo se pondrán sobre la mesa en el gran encuentro de este jueves, que se podrá seguir por las redes de la Comisión de la Verdad y de Colombia2020 de El Espectador, entre las 9:30 a.m. y las 12:00 del día. Allí conversarán Alba Luz Trigos, de la Red de Mujeres Rurales del Catatumbo; Mauricio Vargas, gerente de la empresa Palnorte; Aracelys Peña, enlace del partido FARC con la Comisión de la Verdad; monseñor Omar Sánchez, obispo de Tibú; y el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano.

“Lo que queremos es ayudarle al país a entender la gravedad de lo que está pasando en la confrontación armada e ir al fondo no solamente del qué y cómo están pasando las cosas, cuántas víctimas hay, qué tipo de violencias se presentan, sino trascender al por qué de la confrontación. Solamente en la medida en que desentrañemos ese por qué, se abren las ventanas y las posibilidades de buscar soluciones a futuro.