Tumaco, contra los males de la droga

La ambición del Gobierno en materia de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos parece estarle pasando cuenta de cobro. Los hechos ocurridos el jueves en Puerto Rico,  municipio de Tumaco (Nariño), y que dejan como saldo –según las cifras más recientes– seis personas muertas, entre ellas un menor de edad, en un supuesto choque entre campesinos y la Fuerza Pública, demuestran que la combinación entre la erradicación forzosa  y los programas de sustitución voluntaria no se está llevando a cabo de manera coordinada. Especialmente en esa región del país que, de acuerdo con el informe del Observatorio de Drogas de Colombia de 2016, del Ministerio de Justicia, es la más afectada con siembras ilegales.

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De hecho, por esa misma razón, en marzo del año pasado el presidente Juan Manuel Santos anunció que Tumaco había sido escogido para ser el piloto del programa de sustitución voluntaria, en aras de ayudar a las comunidades históricamente dedicadas a dicha actividad para que se trasladaran al terreno de lo legal. No era para  menos. La cartera judicial ha registrado que el 48 % del área sembrada con coca en Colombia, es decir, 45.748 hectáreas, se encuentra en diez municipios de cuatro departamentos del país, y Tumaco es el  más afectado, con 16.960 hectáreas. Además, si se tiene en cuenta el aumento de áreas sembradas , es Nariño el que reporta las cifras más altas, con el 72 %.

Pero, ¿por qué se registran episodios como los del jueves? Más allá de las versiones en torno a los responsables de la muerte de los seis pobladores de la zona, lo que aún es materia de investigación, lo cierto es que, como lo dijo el jefe de Estado, allí aún permanecen bandas criminales y organizaciones al margen de la ley dedicadas al narcotráfico, a quienes no les conviene que se les caiga el negocio. No en vano, en dicha región se ha concentrado una fuerte disidencia de las Farc que no se quiso acoger al Acuerdo de Paz, que tiene un capítulo especial para la solución al problema de las drogas ilícitas. Según el Gobierno, alias Guacho y alias David habrían estado detrás de los disparos en contra de la población civil y habrían activado los tatucos en medio del enfrentamiento. Por eso, ofreció $150’000.000 para la persona que ayude a dar con su paradero.

“Hay bandas criminales y organizaciones dedicadas al narcotráfico que están haciendo todo lo posible para que no prospere la política de erradicación forzosa o la política de sustitución voluntaria”, señaló el jefe de Estado. Pero al mismo tiempo reconoció que la sustitución voluntaria no será un proceso rápido y ese punto, concretamente, es el que puede estar generando escepticismo entre la población. Si bien hasta el momento hay 24.000 familias inscritas para los programas de sustitución, y la meta es lograr un total de 72.000, la implementación de dicho programa requiere de un largo proceso de verificación por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que condiciona los pagos a las comunidades que voluntariamente se hayan acogido a las labores de sustitución.

Por eso, el episodio del jueves, en el que los pobladores aparentemente se habrían opuesto a la erradicación forzosa (que se da por parte de la Fuerza Pública cuando el campesino o cultivador no acepta erradicar, o los cultivos ilícitos están en zonas inhóspitas), no es aislado. La desconfianza en torno a los compromisos de La Habana es un sentimiento común y la práctica de bloquear a los Grupos Móviles de Erradicación y las Compañías Antinarcóticos de Seguridad es bastante común. Por ejemplo, en 2015 se registraron 140 manifestaciones con bloqueos en el mismo departamento de Nariño, bajo el argumento de que las alternativas ofrecidas por el Ejecutivo no eran sostenibles.

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En el reciente informe “¿Es posible una paz estable y duradera sin cumplir el Acuerdo Final?”, el Observatorio de Seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz advierte que en materia del desarrollo del punto 4 de lo pactado en Cuba con las Farc, sólo se ha avanzado en un 12 % en los programas de sustitución de cultivos ilícitos. En este sentido, se llama la atención sobre la incertidumbre que viven las comunidades cocaleras, lo cual, por ejemplo, se evidenció en las manifestaciones ocurridas en la región del Catatumbo entre el 16 y el 21 de septiembre, y lo sucedido ahora en Tumaco.

“A pesar de que el pasado 28 de enero, en Tibú (Norte de Santander), el Gobierno junto con las Farc y los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de Caño Indio, Chiquinquirá, El Progreso 2 y Palmeras Mirador, firmaron un acuerdo de sustitución de cultivos, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció la erradicación forzada de cultivos ilícitos en la región. Posteriormente, la Fuerza Pública hizo presencia en el territorio con este objetivo, en una clara muestra de descoordinación institucional, que evidencia una doble política poniendo en situación de vulnerabilidad a las comunidades cocaleras”, señala el documento.

Incluso, esa fue una de las advertencias que hizo ayer la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al señalar que lo ocurrido en Tumaco evidencia que hay presencia limitada del Estado, índices de violencia “a niveles endémicos”, falta de implementación del Acuerdo de Paz, amenazas a líderes que apoyan la sustitución de cultivos y problemas en la reincorporación de los integrantes de las Farc a la vida civil. Desde ayer se encuentra en ese municipio el vicepresidente, general (r) Óscar Naranjo para hacer presencia en territorio y restablecer el orden público allí. Entre tanto, las comunidades de la asociación de juntas de acción comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje instalarán hoy una misión de verificación tras lo ocurrido y pedirán el acompañamiento de las autoridades locales, regionales y nacionales. El objetivo, en todo caso, es que esta no se convierta en otra guerra perdida contra las drogas. 

La ambición del Gobierno en materia de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos parece estarle pasando cuenta de cobro. Los hechos ocurridos el jueves en Puerto Rico,  municipio de Tumaco (Nariño), y que dejan como saldo –según las cifras más recientes– seis personas muertas, entre ellas un menor de edad, en un supuesto choque entre campesinos y la Fuerza Pública, demuestran que la combinación entre la erradicación forzosa  y los programas de sustitución voluntaria no se está llevando a cabo de manera coordinada. Especialmente en esa región del país que, de acuerdo con el informe del Observatorio de Drogas de Colombia de 2016, del Ministerio de Justicia, es la más afectada con siembras ilegales.

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De hecho, por esa misma razón, en marzo del año pasado el presidente Juan Manuel Santos anunció que Tumaco había sido escogido para ser el piloto del programa de sustitución voluntaria, en aras de ayudar a las comunidades históricamente dedicadas a dicha actividad para que se trasladaran al terreno de lo legal. No era para  menos. La cartera judicial ha registrado que el 48 % del área sembrada con coca en Colombia, es decir, 45.748 hectáreas, se encuentra en diez municipios de cuatro departamentos del país, y Tumaco es el  más afectado, con 16.960 hectáreas. Además, si se tiene en cuenta el aumento de áreas sembradas , es Nariño el que reporta las cifras más altas, con el 72 %.

Pero, ¿por qué se registran episodios como los del jueves? Más allá de las versiones en torno a los responsables de la muerte de los seis pobladores de la zona, lo que aún es materia de investigación, lo cierto es que, como lo dijo el jefe de Estado, allí aún permanecen bandas criminales y organizaciones al margen de la ley dedicadas al narcotráfico, a quienes no les conviene que se les caiga el negocio. No en vano, en dicha región se ha concentrado una fuerte disidencia de las Farc que no se quiso acoger al Acuerdo de Paz, que tiene un capítulo especial para la solución al problema de las drogas ilícitas. Según el Gobierno, alias Guacho y alias David habrían estado detrás de los disparos en contra de la población civil y habrían activado los tatucos en medio del enfrentamiento. Por eso, ofreció $150’000.000 para la persona que ayude a dar con su paradero.

“Hay bandas criminales y organizaciones dedicadas al narcotráfico que están haciendo todo lo posible para que no prospere la política de erradicación forzosa o la política de sustitución voluntaria”, señaló el jefe de Estado. Pero al mismo tiempo reconoció que la sustitución voluntaria no será un proceso rápido y ese punto, concretamente, es el que puede estar generando escepticismo entre la población. Si bien hasta el momento hay 24.000 familias inscritas para los programas de sustitución, y la meta es lograr un total de 72.000, la implementación de dicho programa requiere de un largo proceso de verificación por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que condiciona los pagos a las comunidades que voluntariamente se hayan acogido a las labores de sustitución.

Por eso, el episodio del jueves, en el que los pobladores aparentemente se habrían opuesto a la erradicación forzosa (que se da por parte de la Fuerza Pública cuando el campesino o cultivador no acepta erradicar, o los cultivos ilícitos están en zonas inhóspitas), no es aislado. La desconfianza en torno a los compromisos de La Habana es un sentimiento común y la práctica de bloquear a los Grupos Móviles de Erradicación y las Compañías Antinarcóticos de Seguridad es bastante común. Por ejemplo, en 2015 se registraron 140 manifestaciones con bloqueos en el mismo departamento de Nariño, bajo el argumento de que las alternativas ofrecidas por el Ejecutivo no eran sostenibles.

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En el reciente informe “¿Es posible una paz estable y duradera sin cumplir el Acuerdo Final?”, el Observatorio de Seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz advierte que en materia del desarrollo del punto 4 de lo pactado en Cuba con las Farc, sólo se ha avanzado en un 12 % en los programas de sustitución de cultivos ilícitos. En este sentido, se llama la atención sobre la incertidumbre que viven las comunidades cocaleras, lo cual, por ejemplo, se evidenció en las manifestaciones ocurridas en la región del Catatumbo entre el 16 y el 21 de septiembre, y lo sucedido ahora en Tumaco.

“A pesar de que el pasado 28 de enero, en Tibú (Norte de Santander), el Gobierno junto con las Farc y los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de Caño Indio, Chiquinquirá, El Progreso 2 y Palmeras Mirador, firmaron un acuerdo de sustitución de cultivos, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció la erradicación forzada de cultivos ilícitos en la región. Posteriormente, la Fuerza Pública hizo presencia en el territorio con este objetivo, en una clara muestra de descoordinación institucional, que evidencia una doble política poniendo en situación de vulnerabilidad a las comunidades cocaleras”, señala el documento.

Incluso, esa fue una de las advertencias que hizo ayer la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al señalar que lo ocurrido en Tumaco evidencia que hay presencia limitada del Estado, índices de violencia “a niveles endémicos”, falta de implementación del Acuerdo de Paz, amenazas a líderes que apoyan la sustitución de cultivos y problemas en la reincorporación de los integrantes de las Farc a la vida civil. Desde ayer se encuentra en ese municipio el vicepresidente, general (r) Óscar Naranjo para hacer presencia en territorio y restablecer el orden público allí. Entre tanto, las comunidades de la asociación de juntas de acción comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje instalarán hoy una misión de verificación tras lo ocurrido y pedirán el acompañamiento de las autoridades locales, regionales y nacionales. El objetivo, en todo caso, es que esta no se convierta en otra guerra perdida contra las drogas.