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En Tumaco, decir la verdad es arriesgar la vida. Prueba de esto son los sistemáticos asesinatos de líderes del pueblo negro que han denunciado y resistido contra los actores que les impiden ejercer el derecho a la autonomía en sus territorios. El último fue Genaro García, el pasado 3 de agosto, pero lo precede una larga lista. El efecto de estos asesinatos es el silencio, el miedo a seguir denunciando y resistiendo. Para hablar sin temor y visibilizar los problemas como son, hay que apagar las grabadoras y guardar el anonimato. El Espectador entrevistó bajo estas condiciones a varios líderes de los consejos comunitarios, miembros de organizaciones civiles y autoridades locales de las comunidades negras en Nariño.
Hay algo en lo que todos coinciden: desde que se conformaron los consejos comunitarios y se les reconoció la propiedad colectiva de sus territorios con la Ley 70 de 1993, y se establecieron mecanismos para la protección de la identidad cultural y el fomento de su desarrollo económico y social, por lo menos en Nariño nunca han podido ejercer plenamente ese derecho. A pesar de que la normatividad ha avanzado lentamente (sólo se ha reglamentado el capítulo tercero de la Ley 70), las comunidades negras nariñenses, que son pioneras en el proceso organizativo de los consejos, han enfrentado amenazas a su autonomía territorial por al menos tres factores: la expansión de la palmicultura, los grupos paramilitares y las Farc.
Actualmente, y esto no es un secreto para nadie en Tumaco, hay presencia y control de las Farc en una gran mayoría de los territorios, aunque también hay presencia de algunos grupos de recomposición paramilitar y narcotraficantes. Mientras en La Habana se discute sobre la participación política de exguerrilleros, la guerrilla adelanta desde hace varios años una lucha por el poder y el control político en la región. Para esto han creado organizaciones que buscan suplantar la autoridad de los consejos comunitarios. En Nariño hay por lo menos tres y la más antigua tiene más de ocho años.
En su mayoría, estas organizaciones están compuestas por colonos provenientes de Caquetá, Putumayo y Huila que se dedican al cultivo de la coca y venden la pasta de coca a las Farc. También hay miembros de las comunidades negras que, por presión o por decisión, trabajan en los negocios ilícitos de la guerrilla. Con el crecimiento de estas organizaciones se comenzó a fragmentar el territorio y empezaron los conflictos, no sólo con los consejos comunitarios, sino con la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico (Recompas), la organización política que agrupa a los líderes de los 15 consejos comunitarios de los municipios de Tumaco y Francisco Pizarro. Las amenazas y vacunas exigidas a Recompas han sido frecuentes en los últimos años.
Así, las Farc buscarían imponer una agenda política. En la práctica es normal que, por ejemplo, llamen a reunión a los presidentes veredales, les quiten los celulares, les aclaren cuál debe ser el candidato elegido en la Alcaldía y cuáles deben ser los concejales, les digan que tienen el censo veredal de las personas que son aptas para votar y que van a revisar mesa por mesa de votación contando los votos. Estas prácticas se han presentado de cara a las elecciones del próximo 25 de octubre. El que no obedece se va, lo sacan o lo matan. Los líderes negros que aspiran a un cargo público sin el aval de las Farc reciben amenazas, les cobran vacunas, viven en una situación de alto riesgo.
Esas presiones y el control territorial de las Farc se han acentuado durante el proceso de paz, después de un aparente debilitamiento entre 2008 y 2011. Según los líderes entrevistados, lo que busca la guerrilla durante las negociaciones es consolidar el dominio de los territorios que son estratégicos para sus actividades ilícitas —la ubicación de Tumaco es geoestratégica por su salida al océano Pacífico, porque comparte frontera con Ecuador y porque tiene varias rutas de acceso al interior del país—. Las zonas de reserva campesina vendrían a consolidar esa estrategia, en territorios que por ley les pertenecen a las comunidades negras.
Para todos los entrevistados, el proceso de paz es esperanzador y necesario. Sin embargo, ven un enorme problema en la incoherencia entre lo que dicen las Farc en La Habana y lo que ocurre en los territorios colectivos de las comunidades negras en la costa de Nariño. Mientras allá se habla de respeto, acá se deslegitima a las autoridades étnicas territoriales negras e indígenas. Esta desconexión entre ambos escenarios podría derivar en una mayor fragmentación de los territorios colectivos.
Por estas razones, los consejos comunitarios piden una mayor inclusión de sus representantes en las negociaciones de paz de La Habana. Dicen que, si se quiere tener negociaciones realistas, que sea factible implementar en el terreno, hay que entablar relaciones con las bases y con los líderes, que son los que llevan años en medio del conflicto. Aunque hay miembros del pueblo negro que han declarado como víctimas, no hay una participación de manera colectiva de las comunidades negras, que están entre las más afectadas por la guerra.
El Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa) ha exigido que las partes en la mesa creen una subcomisión de trabajo sobre asuntos étnicos, donde los pueblos indígenas, rom y el pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y raizal trabajen sobre las garantías de sus derechos en los acuerdos y en la implementación de los mismos.
Quienes se han resistido a las presiones de los actores no estatales y han luchado por el ejercicio de los derechos colectivos del pueblo negro han sido sistemáticamente amenazados o asesinados. Entre ellos está Yolanda Cerón, exdirectora de la diócesis y pionera en los procesos de resistencia de los consejos comunitarios, cuyo asesinato en 2001 fue aceptado públicamente por el bloque paramilitar Libertadores, comandado por Pablo Sevillano. La muerte de otros tantos ha sido atribuida a las Farc u otros actores armados: Francisco Hurtado, primer representante legal del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, asesinado en 1998; Pablo Gutiérrez, presidente de la Junta Veredal de El Pital, asesinado en 2008; Armenio Cortés, fiscal de la Junta del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, también en 2008.
Por no permitir que en sus territorios se siembre coca o que se les coarte su derecho a la libertad de votar libremente, estos y muchos otros han pagado con sus vidas. Genaro García, líder del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, uno de los más golpeados por la guerra en Nariño, seguía con esas reivindicaciones de la gobernabilidad de los consejos comunitarios en sus territorios. Debido a esto sufrió duras represalias: el 16 de agosto de 2012 su hermana, Yerly Maricel García, fue asesinada en la zona urbana de Tumaco. Por eso Genaro tuvo que desplazarse. Aun así, meses después volvió a su tierra, sabiendo que las Farc lo tenían entre ceja y ceja.
Las amenazas se incrementaron hace dos años, cuando fue elegido como representante legal de Alto Mira y Frontera. En octubre de 2014 fue obligado a ir a una reunión en la que las Farc le notificaron que estaba destituido de su cargo como representante legal del consejo y que sería asesinado si continuaba con sus labores. Pero Genaro no renunció y siguió en la resistencia. En su vereda, La Balsa, no le caminaban a la guerrilla a pesar de las presiones. Al final, como dicen los líderes, la de Genaro fue la crónica de una muerte anunciada.
Debido a las recurrentes amenazas, el Ministerio del Interior le había otorgado a Genaro unas medidas de protección que claramente no fueron efectivas. La razón es sencilla: en Tumaco no hay medida de protección que valga, ni en la zona rural ni en el casco urbano, donde al lado del inmenso batallón de Infantería de Marina hay barrios controlados por actores no estatales. No es suficiente un chaleco antibalas cuando a los líderes los matan de un tiro en la cabeza; de qué sirve un carro en áreas donde sólo se anda en chalupa o en potrillo; para qué dos guardaespaldas en un territorio plagado de guerrilla, bacrim y otros actores ilegales. Irse tampoco es una opción, porque implica ceder en la lucha por el territorio, y porque no hay condiciones suficientes para una vida digna en otros lugares del país.
Los asesinatos de Genaro y otros líderes han roto la poca confianza que se podía tener para negociar con las Farc en los territorios de las comunidades negras, dicen los líderes. A pesar de que las Farc emitieron un comunicado según el cual Genaro fue asesinado por las Autodefensas Gaitanistas, hay muy pocos en los consejos comunitarios que crean en esta información. Creen, más bien, que es una forma de calmar los ánimos en La Habana mientras continúa el cruel ciclo de la violencia en el sur de Colombia.
La confianza, entonces, no sólo es necesario construirla en Cuba, sino más importante establecerla con hechos en el territorio nacional. Crear mecanismos para restablecer la confianza, escuchando a los más afectados, garantizaría que la firma de un acuerdo de paz viaje desde La Habana y aterrice de manera permanente en Tumaco y en cada uno de los territorios donde los líderes afrocolombianos siguen siendo amenazados y asesinados en medio de un conflicto ajeno.
¿Y el Estado? La Ley 70 dice en su artículo 33 que el Estado sancionará y evitará todo acto de intimidación, segregación, discriminación o racismo contra las comunidades negras (...) y velará para que se ejerzan los principios de igualdad y respeto de la diversidad étnica y cultural de las mismas. Esto, por supuesto, no se cumple. De hecho, la evidente ausencia estatal en los territorios de los pueblos negros de Nariño ha permitido la llegada de los actores armados no estatales y la continuidad de sus actividades ilegales. Cuando se les pregunta a los líderes negros quién es el mayor culpable de lo que está pasando, todos apuntan al Estado, por omitir de manera sistemática la situación de sus comunidades y las exigencias de la Ley 70, así como los varios autos y decretos que exigen la implementación de esta ley.
La única manera en que llega el Estado es para resolver situaciones específicas a través de la Fuerza Pública, pero en la mayoría de los consejos comunitarios no hay servicios públicos como acueducto, luz eléctrica o salud. Los entrevistados coinciden en que, a excepción del área fronteriza con Ecuador, el Estado sigue con la fumigación aérea de cultivos ilícitos. Esas fumigaciones, dicen, han acabado también con cultivos de plátano, cacao, chirimoya y, en general, con los pocos programas que se han implementado para garantizar la soberanía alimentaria.
Por estas razones, en general el Estado es percibido como un enemigo más que les impide a los colectivos del pueblo negro ejercer a cabalidad su derecho a vivir de manera autónoma y digna.