Un año de la masacre en Alto Remanso: congresistas de EE.UU. piden explicaciones

El 28 de marzo de 2022, organizaciones de derechos humanos denunciaron inconsistencias en un operativo militar efectuado ese día en la vereda Alto Remanso (Puerto Leguízamo, Putumayo). Uno de los primeros mandos militares que salió a dar resultados por el operativo fue el mayor general Édgar Rodríguez Sánchez, comandante del Comando Conjunto No. 3 Suroriente. “Fueron neutralizados 15 presuntos miembros del grupo armado residual 48 que eran parte de la Segunda Marquetalia”, declaró ante el país dos días después de los hechos.

La operación militar fue denominada 05 Mahlon. Según información de la Fiscalía, en poder de este diario, el operativo comenzó a andar el 17 de febrero de 2022 cuando el capitán de fragata Jhon Fredy Huertas Jiménez, comandante regional de inteligencia fluvial del sur, presentó información de inteligencia en la que advertía de la presencia de integrantes de los Comandos de Frontera en el río Putumayo, en inmediaciones de las veredas El Hacha y Remanso. Desde ese momento se identificó a Carlos Emilio Loaiza Quiñonez (conocido como Bruno), integrante de los Comandos de Frontera, como objetivo militar.

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El año pasado este diario reconstruyó ese momento luego de una visita a la vereda Alto Remanso que realizamos en abril de 2022. En un trabajo colaborativo de este diario con revista Cambio y Vorágine se recopilaron 30 testimonios de la comunidad en los que las personas aseguraban que en la vereda había presencia de al menos cuatro hombres de los Comandos de la Frontera armados y vestidos de civil, que habrían sido víctimas del operativo. También coincidieron en que los miembros del Ejército llegaron a pie desde la montaña y se presentaron con gritos: “No somos Fuerza Pública, somos guerrilla”.

El operativo militar en la vereda dejó 11 civiles muertos, entre ellos Pablo Panduro Coquinche (48 años), el gobernador indígena. Entre las víctimas que se pudieron identificar también al presidente de la Junta de Acción Comunal de la verera Divier Hernández (35 años), su esposa Ana María Sarrias Barrera (24 años); Brayan Santiago Pama Pianda (16 años); Rubén Peña (21 años); Óscar Oliva (40 años); Luis Guerrero (32 años); Enuar Ojeda (23 años); José Peña (40 años); Alexander Peña (30 años) y Jhon Jairo Silva (34 años). Este último era firmante de Paz y según confirmó la Agencia Nacional de Reincorporación.

A un año de los hechos, las autoridades no han abierto ninguna investigación formal por el caso ante la Fiscalía ni la Justicia Penal Militar, según pudo confirmar Colombia+20 con ambas entidades. La Fiscalía 150 Especializada Delegada de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, en la sede de Ibagué, es quien tenía la indagación preliminar del proceso hasta septiembre de 2022.

En enero de este año, este diario, a través de la organización Forbidder Stories, tuvo acceso a varios documentos secretos del Comando General de las Fuerzas Militares filtrados por el colectivo de hackers Guacamaya. En esos correos y documentos reservados se conoció que el 7 de abril, cuando se acrecentaban las denuncias por inconsistencias en el operativo armado, el vicelamirante Harry Ernesto Reyna le pidió al mayor general Rodríguez Sánchez una solicitud para que se otorgara reconocimiento a 22 uniformados de la armada que participaron de los hechos.

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Los 22 uniformados a los que se refiere en el documento, pertenecientes a la Armada Nacional son el mayor Luis Carlos Barajas Franco, el subteniente Juan José López Merchán, los cabos primeros Davisson Steack Yáñez Vanegas, Jeison Vega Méndez, Manuel Alfonso Brand Perea y Liber Antonio Perdomo Olaya. También los infantes de marina profesional Saider Calle Rivera, Donaldo Escorcia Cabarcas, Nelson Farid Pardo Achicué, Tomás Alberto Campo Díaz, Luis Felipe Olaya Abello, Rafael Felipe Paternina Mendoza, Camilo Andrés López Acevedo, José David Pérez Atencio, Joel de Jesús Ceballos Otero, Ever Enrique Narváez Guzmán, Carlos Javier Betancour Cuéllar, Rodrigo Arroyo Bravo, Elber Becerra Contreras, Rafael Quiroz Hernández, Yeferson Rosas Londoño y José Samier Salgado Navarro.

Este diario pidió en derecho de petición, en febrero de este año, información a la Justicia Penal Militar para saber si los militares mencionados del Batallón Fluvial de Infantería de Marina # 30 tenían algún tipo de proceso de investigación en esa justicia, a lo que respondieron que el único de los oficiales con investigaciones es el mayor Luis Carlos Barajas Franco, quien tiene un proceso por abandono del puesto (en 2011) y un proceso por ataque al inferior (en 2013). Ambas investigaciones están archivadas.

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Foto: El Espectador

La Fiscalía, en los documentos conocidos por Colombia+20, especificó que el operativo estuvo al mando del Batallón contra el Narcotráfico No. 3, sobre quienes tampoco recaen investigaciones formales por este caso. La única institución que se ha pronunciado públicamente por este caso fue la Procuraduría, que el 16 de febrero pasado anunciaron investigaciones a altos oficiales de las Fuerzas Militares por la operación en Puerto Leguízamo.

“Luego del análisis de dichas pruebas, el 21 de abril de 2022, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos ordenó vincular a la indagación previa, varios miembros del Ejército que participaron en la mencionada operación. De igual manera, a lo largo del año 2022 han sido expedidos diferentes autos que ordena la práctica de más pruebas, todas encaminadas a esclarecer lo sucedido”, dice el comunicado público.

Congresistas demócratas de Estados Unidos hacen cuestionamientos

Ocho congresistas de la Cámara Baja de los Estados Unidos emitieron una carta dirigida a Antony Blinken, secretario de Estado de ese país, en la que manifiestan su preocupación por el apoyo que ha dado Estados Unidos a las unidades militares colombianas del Comando Contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales (CONAT). “Estamos particularmente preocupados por el asesinato de 11 personas en el pueblo de Alto Remanso el 28 de marzo 2022, por una unidad de la fuerza pública colombiana que ha recibido apoyo militar de los EE.UU.”, dice el documento.

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Los congresistas que lideraron el proceso son el representantes demócratas Mark Pocan, del estado de Wisconsin; Jim McGovern, del estado de Massachussetts y copresidente de la Tom Lantos Human Rights Commission; Joaquín Castro, del estado de Texas; Bárbara Lee, del estado de California; Sydney Kamlager-Dove, del estado de California; Raúl Grijalva, del estado de Arizona; Ilhan Omar, del estado de Minnesota y Juan Vargas, de California.

El comunicado también advierte que “investigaciones de prensa revelaron evidencias convincentes de que los militares intentaron manipular el escenario de los asesinatos, colocando ropa militar y armas encima de los cuerpos posteriormente. Esta alegación hace eco al modus operandi del escándalo ‘falsos positivos’ en Colombia”.

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Frente a ello, plantearon varias preguntas al secretario de Estado de Estados Unidos, entre las que se destacan “¿cómo es la relación entre los militares de los EE.UU. y el Batallón contra Narcóticos #3 en particular y el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) en general?; ¿qué apoyo han recibido estas unidades militares desde el 28 de marzo del 2022?; ¿cuál es la evaluación del departamento de Estado sobre si estas unidades militares cometieron graves violaciones de DD.HH., como ejecuciones extrajudiciales, en Alto Remanso?”, entre otros cuestionamientos.

Los congresistas estadounidenses aseguraron que no conocen avances significativos en las investigaciones ante la Fiscalía ni Procuraduría. Cabe destacar que uno de los generales que salió a dar partes después del operativo fue, justamente, Édgar Rodríguez Sánchez, comandante del Comando Conjunto No. 3 Suroriente, un militar con 32 investigaciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) relacionadas con 56 casos de falsos positivos que habrían sido cometidos bajo su mando entre el 7 de julio de 2006 y el 9 de julio de 2007, cuando operaba como comandante del Batallón de Infantería No. 27 Magdalena, en Pitalito (Huila).

Este diario también consultó a tres de los abogados que llevan los casos de las familias víctimas, pero todos coincidieron con que les han negado la acreditación ante la Fiscalía y a todo el proceso por, justamente, estar en etapa de indagación preliminar y no de investigación. Aunque no hay avances significativos en la justicia, hoy, un año después de la masacre, varias delegaciones de organizaciones sociales llevan a cabo actos conmemorativos en la vereda de Bajo Remanso, donde era gobernador Pablo Panduro Coquinche, una de las víctimas mortales.