Un grito de auxilio para que no sigan asesinando a las mujeres de Tibú

Solo ocho de las quince mujeres que convocó Martha* para esa tarde de julio llegaron al punto de encuentro en uno de los edificios centrales de Tibú, municipio de Norte de Santander y corazón de la región del Catatumbo.

Tibú es centro de disputa de los grupos armados del Eln, Epl y las ahora disidencias del Frente 33 de las Farc, por ser fronterizo con Venezuela, con débil presencia estatal y uno de los lugares con más hectáreas sembradas de cultivos de uso ilícito en Colombia.

Quienes se animaron a ir a la reunión se sentaron con miedo y desconfianza. Martha, lideresa social de esta región, quería hablar con ellas sobre la violencia que se ha desatado en contra de las tibuyanas en lo corrido de 2021.

Al menos diez mujeres han sido asesinadas entre abril y agosto, y 46 han salido de Tibú por amenazas, de acuerdo con la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz, organización que a finales de agosto denunció amenazas en contra de su presidenta, secretaria y tres voceras municipales.

Estas cifras varían con respecto a las de la Defensoría del Pueblo, la cual tiene el reporte de once asesinatos en toda esta región, ubicada al oriente del país. Nueve de ellos ocurrieron en Tibú, según sus monitoreos. También tiene conocimiento de 36 mujeres amenazadas, treinta de las cuales son de este municipio.

Nelly Avendaño, Liliana Rincón, Ludy Vásquez, Geraldine Poveda, Ana Calderón, Jennifer Gutiérrez y Esperanza Navas, fiscal seccional de Tibú, son siete de las mujeres asesinadas que han resonado en medios de comunicación, marchas y misas convocadas por colectivos de mujeres locales. Las mataron en sus casas con crueldad. Aparecieron con disparos, puñaladas y hasta degolladas.

“Aquí la seguridad de una es estar ciega, sorda y muda. Se le tiene más miedo al plomo que a la pandemia”, mencionó una las asistentes al encuentro. Entre las demás surgieron comentarios parecidos: que ya no se sabe en quién confiar, que hablar puede ser la razón de una amenaza y que denunciar es peor que no hacer nada, por la endeble reacción y protección de las autoridades. Por estas razones, para este artículo, decidieron hablar a cambio de no revelar sus nombres.

(Nota relacionada: Lideresas sociales escriben sus historias con Colombia+20)

Son amas de casa dedicadas al cuidado de sus hijos, estilistas, administradoras de empresas, lideresas y presidentas de las juntas de acción comunal de sus barrios. Algunas de ellas son víctimas de amenazas, conocidas de las mujeres asesinadas o de las que salieron en los videos que circularon por WhatsApp, desde abril de este año. Allí se ven las fotografías de 25 mujeres al lado de calificativos misóginos como la “prepago barata”, “la moza de la policía” o “la comesoldados”.

En todas las esquinas de Tibú se sabe que las mujeres que salen en las grabaciones tienen que huir porque están en riesgo de que las asesinen, aunque nadie tenga la certeza de cuál grupo armado o quién está detrás de esta forma de intimidación.

Así ocurrió con la hija de Luz*, una de las mujeres que fue a la reunión. Luz nació en Venezuela y cruzó la frontera hace siete años para buscar en Tibú otras oportunidades y sostener a su familia. “Al llegar acá me dijeron de qué manera tenía que comportarme, que no hay que hablar con los militares”.

Su hija salió en estos videos luego de que el novio la viera con otro muchacho. “Fueron las mujeres de aquí las que me ayudaron a sacarla hacia Cúcuta, porque la Personería me dijo que hasta que no hubiera dos o tres chicas más con el mismo caso, no podía salir el bus”, contó Luz. La joven fue acogida por el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) de esta ciudad por ser menor de edad mientras su situación de seguridad se define. Permanece encerrada, la comunicación con su familia es ocasional y Luz no puede visitarla a menudo, por falta de dinero para el transporte hacia Cúcuta. En medio del llanto, dijo que ella y su familia necesitan apoyo psicológico y, sobre todo, que los funcionarios dejen de recriminarla por lo que sucedió.

Sacar del municipio a las mujeres amenazadas ha sido la manera en la que la Personería y Defensoría del Pueblo han intentado protegerlas. “La Alcaldía tiene contrato con un transportador acá, que en horas de la madrugada las recoge y las lleva hasta Cúcuta. Sin embargo, las mujeres poco han puesto en conocimiento de la Personería lo que viene pasando, supongo que por miedo”, explicó John Jairo Ascanio, personero municipal.

Para las mujeres, esta ayuda no ha sido efectiva, pues ante la falta de una red de apoyo, de instituciones que acompañen a las desplazadas y la falta de oportunidades de empleo en esta ciudad, prefieren devolverse a pesar de las amenazas. “Hace más de un mes sacamos a tres mujeres de acá y no les han tomado la declaración ni les han dado las ayudas inmediatas. Las que corrieron con suerte fueron las que llevamos al Consejo Noruego de Refugiados y a ONU Mujeres, que las sacaron del país”, aseguró Martha.

(Vea: ¿Qué está pasando con los feminicidios en Catatumbo?)

Martha está viviendo esta situación en carne propia. Desde hace tres meses se tuvo que mudar a Cúcuta por las amenazas que le llegaron debido a su liderazgo social en Tibú. Tiene un esquema de seguridad, pero el riesgo sigue tan latente que le ofrecieron salir del país. Ella rechazó esta propuesta para poder quedarse y cuidar a sus hijos.

***

La violencia contra las mujeres en Tibú, y en general en el Catatumbo, no es un acontecimiento nuevo. Al ser una zona que históricamente ha sufrido el conflicto armado, con la presencia, desde los años 90, de las Farc y el bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual, torturas, reclutamiento, desapariciones y homicidios.

“El contexto actual se agudizó tanto que están matando a muchísima gente”, señaló Milena*, otra lideresa sentada en la pequeña sala. “Ahora el control lo ejercen si uno fue amiga o tuvo una relación sentimental con un policía, un soldado o guerrillero. Por el solo hecho de querer estar con alguien nos quieran asesinar”.

“No se tiene esa libertad de poder decidir con quién voy a estar”, añadió otra mujer más joven. Liliana Rincón Ramos, por ejemplo, fue asesinada el 4 de mayo mientras salía de su casa, en su carro, por ser la esposa de un militar.

Los ataques no necesariamente se dan por un vínculo de pareja: dos enfermeras fueron amenazadas por cumplir su labor de atender a unos policías, a otras mujeres las han amenazado por venderles productos en sus tiendas a los militares o incluso la misma Defensoría del Pueblo señala que las amenazas van hacia familiares de organizaciones criminales y se atenta contra ellas en retaliación con otro grupo armado.

“El control territorial por parte de los actores no va únicamente en la amenaza en armas hacia la población, sino que pasa por la pauta de conductas: los horarios y lugares permitidos para el desplazamiento o hasta la misma mediación en los conflictos internos de las familias”, señaló Adriana Pérez, directora del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander.

Para Adriana, el incumplimiento del Acuerdo de Paz con las Farc ha agravado la situación en el Catatumbo y ha golpeado a las mujeres. “Como ellas nos dicen: ya ni siquiera tienen conocimiento de quién las está agrediendo, porque se han multiplicado los actores armados en el territorio”. Y así lo mencionaron las ocho mujeres. Creen que hay casos en los que sí están detrás las disidencias u otros grupos armados, pero en otros se trata de venganzas personales que se aprovechan del miedo impuesto por los grupos ilegales en la zona.

“Viviendo aquí uno se da cuenta del modus operandi. Los grupos armados matan a tiros y cuando sacan un panfleto o video lo hacen con nombre y logo. Que maten a cuchillazos o degüellen no es de ellos. Y como lo que ha salido no tiene nada de eso, entonces uno se pregunta: ¿quién es?”, dijo Marcela*. Otra mujer, que accedió a hablar desde su casa, afirmó que incluso hay rumores de que es la misma fuerza pública la que está amenazando y asesinando a mujeres que usan en redes de informantes y no les dan resultados.

(Lea también: En el Catatumbo hay 51 mujeres amenazadas de muerte)

Jorge Mantilla, analista de Laboratorio de Frontera, una iniciativa del diario La Opinión para abordar las problemáticas de la frontera colombo-venezolana, sostuvo que en el Catatumbo convergen dos problemáticas: la intimidación y el control de los liderazgos sociales, en este caso de mujeres, y el tránsito hacia unas nuevas reglas de juego con los actores que están llegando a este territorio, relacionados con la “Segunda Marquetalia” de Iván Márquez, grupos del lado venezolano, extranjeros o asociados a la economía de la coca.

“El rol de la mujer en el Catatumbo ha sido de articuladora de iniciativas de resistencia pacífica, de construcción de tejido social y recuperación de la memoria. Y, claro, que no estén este tipo de voces e iniciativas es importante para determinados actores”, añadió Mantilla.

***

Cada mujer agarró un marcador y dibujó en una cartulina los lugares y situaciones en las que se sienten más inseguras. La primera en explicar su dibujo, unos árboles alrededor de un río, dijo que el sitio se llama Higuerones y que antes era el lugar para ir a relajarse y bañarse por el calor que hace en Tibú o para hacer sancocho en familia los festivos, en Navidad o Año Nuevo. Hoy ya no es posible ir por la inseguridad que allí se vive. Han asesinado personas, es zona de tolerancia y, según ella, ni la fuerza pública entra a ese lugar.

Otros dibujos que se repitieron fueron las cervezas y los helados: “Anteriormente uno salía al parque a tomarse una cerveza con las amigas o con la familia a comer un helado. Ya no. Si se acercan las seis de la tarde hay que buscar la casa para protegerse. Aunque ni en mi casa me siento segura, porque escuchar tiros es pan de cada día. A la fiscal que asesinaron la buscaron en su casa”, comentó otra mujer.

En la mañana del 9 de junio le dispararon a Esperanza Navas desde la puerta de su casa, lo que provocó su fallecimiento en un centro de salud horas después. Vivía en la misma cuadra de la Fiscalía, entidad en la que trabajaba como fiscal especializada. Según La Opinión, tenía a su cargo más de 400 procesos penales por cultivos de uso ilícito y homicidios.

Las mujeres también pintaron la estación de Policía, celulares y hombres en moto. Sonia* mencionó que por el solo hecho de que alguna vaya a una de estas instituciones a hacer diligencias ya es catalogada de informante. “Donde estén ellos es lo menos seguro”, acotó.

Otra confesó que tienen miedo de salir a la calle, de que en cualquier momento haya un enfrentamiento. Y a ella se sumó otra de las mujeres, quien resaltó que ahora el celular es sinónimo de terror, porque en cualquier momento podría salir en uno de los videos.

Las respuestas de las autoridades no han ido más allá de consejos de seguridad y comunicados públicos rechazando los asesinatos. El pasado 11 de junio, Silvano Serrano, gobernador de Norte de Santander, anunció una recompensa de hasta $50 millones por información sobre los responsables de los feminicidios. También anunció el aumento de fuerza pública en Tibú, el fortalecimiento de la articulación con otras instituciones, el acompañamiento a mujeres amenazadas y consejos de seguridad para hacer seguimiento a la situación.

La Fiscalía anunció ese mismo mes que el Mocho Olmedo, miembro de las disidencias del frente 33, había sido capturado por su presunta responsabilidad en dos asesinatos de mujeres.

“Como Gobernación, hasta el momento no se tiene conocimiento de grupos armados o quiénes están detrás. Nuestro tema es la promoción y prevención. Tenemos una ordenanza en contra de la violencia hacia la mujer, creo que es de los pocos departamentos que la tienen, lo que pasa es que Tibú es un municipio muy difícil”, respondió a este diario Taiz Ortega Torres, secretaria de Gobierno, quien sostuvo, además, que aún no pueden catalogar estos asesinatos de mujeres como feminicidios, porque no fue a manos de un familiar o con algún vínculo amoroso. Adriana Pérez reprochó esta afirmación y aseguró que en el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander sí cuentan como feminicidios los asesinatos de mujeres en contextos de conflicto armado.

Con la Ley 1761 (o Ley Rosa Elvira Cely) se tipificó el feminicidio en Colombia desde 2015. Este crimen consiste en asesinar a una mujer por el hecho de serlo. “Las están matando por comportamientos que son sancionados por el hecho de ser mujeres: son quienes tienen mayor miedo de hablar con policías y militares, sobre ellas recae ese juicio y la vigilancia de qué deberían hacer, a qué hora y en dónde. Hay una lógica clásica de que el feminicidio se imputa al final de la investigación penal, pero este también debe ser un enfoque de investigación”, añadió.

Adriana y las ocho mujeres que hablaron con este medio coincidieron en que la militarización no es la solución, sino que, por el contrario, aumenta más la inseguridad y los riesgos a los que están expuestas.

Una de las propuestas que surgió alrededor de la mesa es que se instale una casa refugio para las mujeres amenazadas por grupos armados y víctimas de violencia intrafamiliar. Que sea un espacio apoyado por organizaciones internacionales e intocable para los actores ilegales.

“Estas casas son obligación del Gobierno Nacional a partir de la Ley 1257 de 2008. Que no contemos con una casa refugio en Tibú ni en Cúcuta ya habla bastante de la responsabilidad del Estado. Aunque no va a resolver el problema de fondo. Todas las medidas de protección se deben establecer con las comunidades y mujeres”, explicó Adriana.

Colombia+20 consultó a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, dirigida por Gheidy Gallo, pero hasta la publicación de este artículo no hubo respuesta.

Al finalizar el encuentro, algunas de las mujeres salieron más tranquilas al desahogarse de sus preocupaciones y miedos. Esperan que el Estado reaccione con rapidez para que no sigan contándose casos de asesinatos. Ninguna quiere dejar el municipio, a pesar de su violencia, porque allí han crecido o fueron recibidas de otras circunstancias difíciles. Y estuvieron de acuerdo en que anhelan que, algún día, ellas y sus familias puedan recuperar los espacios públicos y caminar tranquilas por las calles de Tibú.

*Los nombres fueron cambiados por seguridad.

**Este artículo hace parte de varios productos periodísticos construidos con lideresas sociales de Norte de Santander y Cauca, en el marco del proyecto de International Media Support (IMS) “Implementando la Resolución 1325 a través de los medios”, en asocio con la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz y el apoyo de la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo.

Solo ocho de las quince mujeres que convocó Martha* para esa tarde de julio llegaron al punto de encuentro en uno de los edificios centrales de Tibú, municipio de Norte de Santander y corazón de la región del Catatumbo.

Tibú es centro de disputa de los grupos armados del Eln, Epl y las ahora disidencias del Frente 33 de las Farc, por ser fronterizo con Venezuela, con débil presencia estatal y uno de los lugares con más hectáreas sembradas de cultivos de uso ilícito en Colombia.

Quienes se animaron a ir a la reunión se sentaron con miedo y desconfianza. Martha, lideresa social de esta región, quería hablar con ellas sobre la violencia que se ha desatado en contra de las tibuyanas en lo corrido de 2021.

Al menos diez mujeres han sido asesinadas entre abril y agosto, y 46 han salido de Tibú por amenazas, de acuerdo con la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz, organización que a finales de agosto denunció amenazas en contra de su presidenta, secretaria y tres voceras municipales.

Estas cifras varían con respecto a las de la Defensoría del Pueblo, la cual tiene el reporte de once asesinatos en toda esta región, ubicada al oriente del país. Nueve de ellos ocurrieron en Tibú, según sus monitoreos. También tiene conocimiento de 36 mujeres amenazadas, treinta de las cuales son de este municipio.

Nelly Avendaño, Liliana Rincón, Ludy Vásquez, Geraldine Poveda, Ana Calderón, Jennifer Gutiérrez y Esperanza Navas, fiscal seccional de Tibú, son siete de las mujeres asesinadas que han resonado en medios de comunicación, marchas y misas convocadas por colectivos de mujeres locales. Las mataron en sus casas con crueldad. Aparecieron con disparos, puñaladas y hasta degolladas.

“Aquí la seguridad de una es estar ciega, sorda y muda. Se le tiene más miedo al plomo que a la pandemia”, mencionó una las asistentes al encuentro. Entre las demás surgieron comentarios parecidos: que ya no se sabe en quién confiar, que hablar puede ser la razón de una amenaza y que denunciar es peor que no hacer nada, por la endeble reacción y protección de las autoridades. Por estas razones, para este artículo, decidieron hablar a cambio de no revelar sus nombres.

(Nota relacionada: Lideresas sociales escriben sus historias con Colombia+20)

Son amas de casa dedicadas al cuidado de sus hijos, estilistas, administradoras de empresas, lideresas y presidentas de las juntas de acción comunal de sus barrios. Algunas de ellas son víctimas de amenazas, conocidas de las mujeres asesinadas o de las que salieron en los videos que circularon por WhatsApp, desde abril de este año. Allí se ven las fotografías de 25 mujeres al lado de calificativos misóginos como la “prepago barata”, “la moza de la policía” o “la comesoldados”.

En todas las esquinas de Tibú se sabe que las mujeres que salen en las grabaciones tienen que huir porque están en riesgo de que las asesinen, aunque nadie tenga la certeza de cuál grupo armado o quién está detrás de esta forma de intimidación.

Así ocurrió con la hija de Luz*, una de las mujeres que fue a la reunión. Luz nació en Venezuela y cruzó la frontera hace siete años para buscar en Tibú otras oportunidades y sostener a su familia. “Al llegar acá me dijeron de qué manera tenía que comportarme, que no hay que hablar con los militares”.

Su hija salió en estos videos luego de que el novio la viera con otro muchacho. “Fueron las mujeres de aquí las que me ayudaron a sacarla hacia Cúcuta, porque la Personería me dijo que hasta que no hubiera dos o tres chicas más con el mismo caso, no podía salir el bus”, contó Luz. La joven fue acogida por el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) de esta ciudad por ser menor de edad mientras su situación de seguridad se define. Permanece encerrada, la comunicación con su familia es ocasional y Luz no puede visitarla a menudo, por falta de dinero para el transporte hacia Cúcuta. En medio del llanto, dijo que ella y su familia necesitan apoyo psicológico y, sobre todo, que los funcionarios dejen de recriminarla por lo que sucedió.

Sacar del municipio a las mujeres amenazadas ha sido la manera en la que la Personería y Defensoría del Pueblo han intentado protegerlas. “La Alcaldía tiene contrato con un transportador acá, que en horas de la madrugada las recoge y las lleva hasta Cúcuta. Sin embargo, las mujeres poco han puesto en conocimiento de la Personería lo que viene pasando, supongo que por miedo”, explicó John Jairo Ascanio, personero municipal.

Para las mujeres, esta ayuda no ha sido efectiva, pues ante la falta de una red de apoyo, de instituciones que acompañen a las desplazadas y la falta de oportunidades de empleo en esta ciudad, prefieren devolverse a pesar de las amenazas. “Hace más de un mes sacamos a tres mujeres de acá y no les han tomado la declaración ni les han dado las ayudas inmediatas. Las que corrieron con suerte fueron las que llevamos al Consejo Noruego de Refugiados y a ONU Mujeres, que las sacaron del país”, aseguró Martha.

(Vea: ¿Qué está pasando con los feminicidios en Catatumbo?)

Martha está viviendo esta situación en carne propia. Desde hace tres meses se tuvo que mudar a Cúcuta por las amenazas que le llegaron debido a su liderazgo social en Tibú. Tiene un esquema de seguridad, pero el riesgo sigue tan latente que le ofrecieron salir del país. Ella rechazó esta propuesta para poder quedarse y cuidar a sus hijos.

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La violencia contra las mujeres en Tibú, y en general en el Catatumbo, no es un acontecimiento nuevo. Al ser una zona que históricamente ha sufrido el conflicto armado, con la presencia, desde los años 90, de las Farc y el bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual, torturas, reclutamiento, desapariciones y homicidios.

“El contexto actual se agudizó tanto que están matando a muchísima gente”, señaló Milena*, otra lideresa sentada en la pequeña sala. “Ahora el control lo ejercen si uno fue amiga o tuvo una relación sentimental con un policía, un soldado o guerrillero. Por el solo hecho de querer estar con alguien nos quieran asesinar”.

“No se tiene esa libertad de poder decidir con quién voy a estar”, añadió otra mujer más joven. Liliana Rincón Ramos, por ejemplo, fue asesinada el 4 de mayo mientras salía de su casa, en su carro, por ser la esposa de un militar.

Los ataques no necesariamente se dan por un vínculo de pareja: dos enfermeras fueron amenazadas por cumplir su labor de atender a unos policías, a otras mujeres las han amenazado por venderles productos en sus tiendas a los militares o incluso la misma Defensoría del Pueblo señala que las amenazas van hacia familiares de organizaciones criminales y se atenta contra ellas en retaliación con otro grupo armado.

“El control territorial por parte de los actores no va únicamente en la amenaza en armas hacia la población, sino que pasa por la pauta de conductas: los horarios y lugares permitidos para el desplazamiento o hasta la misma mediación en los conflictos internos de las familias”, señaló Adriana Pérez, directora del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander.

Para Adriana, el incumplimiento del Acuerdo de Paz con las Farc ha agravado la situación en el Catatumbo y ha golpeado a las mujeres. “Como ellas nos dicen: ya ni siquiera tienen conocimiento de quién las está agrediendo, porque se han multiplicado los actores armados en el territorio”. Y así lo mencionaron las ocho mujeres. Creen que hay casos en los que sí están detrás las disidencias u otros grupos armados, pero en otros se trata de venganzas personales que se aprovechan del miedo impuesto por los grupos ilegales en la zona.

“Viviendo aquí uno se da cuenta del modus operandi. Los grupos armados matan a tiros y cuando sacan un panfleto o video lo hacen con nombre y logo. Que maten a cuchillazos o degüellen no es de ellos. Y como lo que ha salido no tiene nada de eso, entonces uno se pregunta: ¿quién es?”, dijo Marcela*. Otra mujer, que accedió a hablar desde su casa, afirmó que incluso hay rumores de que es la misma fuerza pública la que está amenazando y asesinando a mujeres que usan en redes de informantes y no les dan resultados.

(Lea también: En el Catatumbo hay 51 mujeres amenazadas de muerte)

Jorge Mantilla, analista de Laboratorio de Frontera, una iniciativa del diario La Opinión para abordar las problemáticas de la frontera colombo-venezolana, sostuvo que en el Catatumbo convergen dos problemáticas: la intimidación y el control de los liderazgos sociales, en este caso de mujeres, y el tránsito hacia unas nuevas reglas de juego con los actores que están llegando a este territorio, relacionados con la “Segunda Marquetalia” de Iván Márquez, grupos del lado venezolano, extranjeros o asociados a la economía de la coca.

“El rol de la mujer en el Catatumbo ha sido de articuladora de iniciativas de resistencia pacífica, de construcción de tejido social y recuperación de la memoria. Y, claro, que no estén este tipo de voces e iniciativas es importante para determinados actores”, añadió Mantilla.

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Cada mujer agarró un marcador y dibujó en una cartulina los lugares y situaciones en las que se sienten más inseguras. La primera en explicar su dibujo, unos árboles alrededor de un río, dijo que el sitio se llama Higuerones y que antes era el lugar para ir a relajarse y bañarse por el calor que hace en Tibú o para hacer sancocho en familia los festivos, en Navidad o Año Nuevo. Hoy ya no es posible ir por la inseguridad que allí se vive. Han asesinado personas, es zona de tolerancia y, según ella, ni la fuerza pública entra a ese lugar.

Otros dibujos que se repitieron fueron las cervezas y los helados: “Anteriormente uno salía al parque a tomarse una cerveza con las amigas o con la familia a comer un helado. Ya no. Si se acercan las seis de la tarde hay que buscar la casa para protegerse. Aunque ni en mi casa me siento segura, porque escuchar tiros es pan de cada día. A la fiscal que asesinaron la buscaron en su casa”, comentó otra mujer.

En la mañana del 9 de junio le dispararon a Esperanza Navas desde la puerta de su casa, lo que provocó su fallecimiento en un centro de salud horas después. Vivía en la misma cuadra de la Fiscalía, entidad en la que trabajaba como fiscal especializada. Según La Opinión, tenía a su cargo más de 400 procesos penales por cultivos de uso ilícito y homicidios.

Las mujeres también pintaron la estación de Policía, celulares y hombres en moto. Sonia* mencionó que por el solo hecho de que alguna vaya a una de estas instituciones a hacer diligencias ya es catalogada de informante. “Donde estén ellos es lo menos seguro”, acotó.

Otra confesó que tienen miedo de salir a la calle, de que en cualquier momento haya un enfrentamiento. Y a ella se sumó otra de las mujeres, quien resaltó que ahora el celular es sinónimo de terror, porque en cualquier momento podría salir en uno de los videos.

Las respuestas de las autoridades no han ido más allá de consejos de seguridad y comunicados públicos rechazando los asesinatos. El pasado 11 de junio, Silvano Serrano, gobernador de Norte de Santander, anunció una recompensa de hasta $50 millones por información sobre los responsables de los feminicidios. También anunció el aumento de fuerza pública en Tibú, el fortalecimiento de la articulación con otras instituciones, el acompañamiento a mujeres amenazadas y consejos de seguridad para hacer seguimiento a la situación.

La Fiscalía anunció ese mismo mes que el Mocho Olmedo, miembro de las disidencias del frente 33, había sido capturado por su presunta responsabilidad en dos asesinatos de mujeres.

“Como Gobernación, hasta el momento no se tiene conocimiento de grupos armados o quiénes están detrás. Nuestro tema es la promoción y prevención. Tenemos una ordenanza en contra de la violencia hacia la mujer, creo que es de los pocos departamentos que la tienen, lo que pasa es que Tibú es un municipio muy difícil”, respondió a este diario Taiz Ortega Torres, secretaria de Gobierno, quien sostuvo, además, que aún no pueden catalogar estos asesinatos de mujeres como feminicidios, porque no fue a manos de un familiar o con algún vínculo amoroso. Adriana Pérez reprochó esta afirmación y aseguró que en el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander sí cuentan como feminicidios los asesinatos de mujeres en contextos de conflicto armado.

Con la Ley 1761 (o Ley Rosa Elvira Cely) se tipificó el feminicidio en Colombia desde 2015. Este crimen consiste en asesinar a una mujer por el hecho de serlo. “Las están matando por comportamientos que son sancionados por el hecho de ser mujeres: son quienes tienen mayor miedo de hablar con policías y militares, sobre ellas recae ese juicio y la vigilancia de qué deberían hacer, a qué hora y en dónde. Hay una lógica clásica de que el feminicidio se imputa al final de la investigación penal, pero este también debe ser un enfoque de investigación”, añadió.

Adriana y las ocho mujeres que hablaron con este medio coincidieron en que la militarización no es la solución, sino que, por el contrario, aumenta más la inseguridad y los riesgos a los que están expuestas.

Una de las propuestas que surgió alrededor de la mesa es que se instale una casa refugio para las mujeres amenazadas por grupos armados y víctimas de violencia intrafamiliar. Que sea un espacio apoyado por organizaciones internacionales e intocable para los actores ilegales.

“Estas casas son obligación del Gobierno Nacional a partir de la Ley 1257 de 2008. Que no contemos con una casa refugio en Tibú ni en Cúcuta ya habla bastante de la responsabilidad del Estado. Aunque no va a resolver el problema de fondo. Todas las medidas de protección se deben establecer con las comunidades y mujeres”, explicó Adriana.

Colombia+20 consultó a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, dirigida por Gheidy Gallo, pero hasta la publicación de este artículo no hubo respuesta.

Al finalizar el encuentro, algunas de las mujeres salieron más tranquilas al desahogarse de sus preocupaciones y miedos. Esperan que el Estado reaccione con rapidez para que no sigan contándose casos de asesinatos. Ninguna quiere dejar el municipio, a pesar de su violencia, porque allí han crecido o fueron recibidas de otras circunstancias difíciles. Y estuvieron de acuerdo en que anhelan que, algún día, ellas y sus familias puedan recuperar los espacios públicos y caminar tranquilas por las calles de Tibú.

*Los nombres fueron cambiados por seguridad.

**Este artículo hace parte de varios productos periodísticos construidos con lideresas sociales de Norte de Santander y Cauca, en el marco del proyecto de International Media Support (IMS) “Implementando la Resolución 1325 a través de los medios”, en asocio con la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz y el apoyo de la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo.