Un mayo bañado en sangre: 30 años del narcoterrorismo

A los magnicidios de dos candidatos presidenciales, Bernardo Jaramillo Ossa, el 22 de marzo de 1990, y de Carlos Pizarro Leongómez, el 26 de abril del mismo año, le siguieron una docena de atentados con carros bomba detonados, principalmente en Bogotá, Pereira, Medellín y Cali, donde los carteles del narcotráfico más poderosos de la historia libraban una guerra frontal entre sí y con el Estado colombiano: el de Cali y el de Medellín. A mayo de 1990, El Espectador registraba en sus páginas judiciales 362 asesinatos en todo el país, de los cuales, cerca de cien habían muerto por las explosiones en calles, hoteles, farmacias y estaciones de Policía.

La gran mayoría de las víctimas fueron civiles que estaban desprevenidos en oficios de la cotidianidad en aquellos lugares. Fueron más de 80 bombas las que hizo estallar el cartel de Medellín entre enero de 1988 y mayo de 1990, especialmente contra las sucursales de Drogas La Rebaja, fundada por los capos del narcotráfico del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, en los años 80. El 3 de mayo, los estallidos empezaron en el barrio Alameda en el norte de Cali en la carrera 27 entre calles 8ª y 9ª. Un automóvil Chevrolet Monza, cargado con 100 kilos de dinamita, fue accionado contra la sede de la mencionada farmacia faltando diez minutos para las nueve de la noche. La detonación dejó cuatro muertos y 33 heridos.

(Puede interesarle: Tras las pistas del arma que asesinó a Carlos Pizarro)

Los responsables de este hecho fueron sicarios del cartel de Medellín, cuyo líder, Pablo Escobar Gaviria, había declarado la guerra a los capos del cartel de Cali, que el 13 de enero de 1988 detonó el edificio Mónaco de propiedad del capo paisa. La saga continuó el 12 de mayo. Siendo las 3:45 p. m., en la transversal 96 Nº 79-18 del barrio Quirigua, en el noroccidente de Bogotá, desconocidos estacionaron un carro cargado de 70 kilos de dinamita. La explosión fue provocada por un sistema de combustión, mecha lenta y detonador ineléctrico.

17 personas murieron ese Día de la Madre, entre ellas 7 niños. 150 resultaron heridas. Sobre este episodio, como en el otro, en el imaginario de las víctimas solo quedó el rumor de que se trató de una bomba de uno de los carteles. Sin embargo, la justicia nunca individualizó a los responsables del hecho y, a cuenta gotas y después de varias décadas, el Estado ha reparado económicamente a algunas víctimas.

A las 4:30 p. m. de ese mismo día explotó el carro bomba destinado para el centro comercial Bulevar Niza en la calle 127 con Avenida Suba. Dos muertos y 58 heridos fue el resultado de la acción terrorista. Algunas sentencias de reparación a las víctimas hablan de que para la época del atentado, en Niza, se evidenció como característica especial escoger lugares de mucha concentración de personas, “sin establecer si el sitio en mención estaba considerado dentro de sus planes”. La jornada de terror de ese día terminó con una bomba a las 8:50 p. m., pero en Cali, la capital del Valle, en la calle 5ª con carrera 40, en una zona conocida como La Calle de los Griles, donde nueve personas murieron y más de 40 fueron trasladadas a hospitales por la gravedad de las heridas. El rumor que corrió en ese momento es que la bomba iba a ser accionada a las afueras del Estadio Pascual Guerrero donde ese día jugaba el América de Cali y el Independiente Medellín.

En medio de los atentados, los “extraditables” también asesinaban políticos; el conocido grupo de narcos que lideraba Pablo Escobar y que ya le había declarado la guerra al Estado, al tratado de extradición de narcotraficantes y a todo aquel que se opusiera a su accionar criminal. Fue así como el 21 de mayo de 1990, a medio día, fue abaleado el senador liberal Federico Estrada Vélez, cuando se dirigía a su residencia al occidente de Medellín. En 1995, John Jairo Posada Valencia, El Tití, recibió su tercera condena a ocho años de prisión por este homicidio, al ser señalado como delegado de Pablo Escobar para el crimen. En octubre de 1997 fue asesinado en la cárcel La Picota de Bogotá.

El 24 de mayo, a las 5:15 p. m., el caos y el baño de sangre volvió a marcar Medellín. Esta vez, dos hombres se inmolaron frente al Hotel Intercontinental, a las afueras de la capital de Antioquia. El automóvil se detuvo en un retén de los agentes del Grupo Élite y, segundos después, los homicidas salieron corriendo, activando los 100 kilos de dinamita a control remoto. Tras el estallido, nueve civiles y tres uniformados perdieron la vida y más de 30 personas terminaron heridas.

En esa guerra sangrienta, de mayo de 1990, la justicia también era golpeada y silenciada por los sicarios. El exgobernador de Boyacá, Álvaro González Santana, fue acribillado por sicarios del cartel de Medellín. Horas más tarde, la prensa fue informada por los asesinos de que se trataba de un mensaje para la jueza segunda de orden público Marta Lucía González, hija de González, quien había dictado las capturas de Pablo Escobar, Fidel Castaño Gil y Gonzalo Rodríguez Gacha, sindicados de ordenar las masacres que sucedieron en las regiones del Urabá, Córdoba y Magdalena Medio. Una valiente orden que, de haberse tomado en serio por las autoridades, hubiera evitado decenas de muertes y crímenes que intensificaron el conflicto armado.

Hoy, 30 años después, para la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) existe una línea delgada frente a estos hechos que siguen analizando. En principio, se dice que estos actos terroristas no están relacionados con el conflicto, ya que se dieron en medio de una guerra entre carteles del narcotráfico, los más poderosos y criminales de la época; no obstante, esta justicia podría estudiarlos si se llegaran a develar que existieron otros intereses distintos, como el asesinato de dirigentes políticos y la alianza de funcionarios para estos crímenes.

Por su parte, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad del Conflicto tendrá un capítulo aparte, dentro de su informe que presentará el próximo año, sobre el papel del narcotráfico en la guerra colombiana desde esa época hasta nuestros días, justamente para reconocer a las víctimas de este fenómeno que aún sigue vigente.

(Lea también: “Pasé por encima de los muertos”)

Según dijeron los comisionados a este diario, “aunque el conflicto armado es anterior al fenómeno del narcotráfico, es innegable que cuando se convierte en su fuente de financiación, se torna en el gran motor de la guerra. El narcotráfico inflamó, desvió y degradó el conflicto armado interno, es un punto central en la reproducción de la guerra y un gran factor de persistencia”.

En ese sentido, para la Comisión de la Verdad es importante entender que el narcotráfico no es un fenómeno que pasa en los márgenes del país solamente, como lo demuestra ese mayo de terror que impactó la vida de miles de colombianos. “El narcotráfico ha permeado todas las esferas de la sociedad, la política, la cultura y la economía, de tal manera que estos elementos están en la base del mecanismo de repetición del conflicto armado interno”.

Por esa razón, los comisionados están analizando datos y testimonios de las relaciones del narcotráfico y sus conexiones con el conflicto armado, la corrupción y la enorme impunidad que aquejan al país, para dar recomendaciones que apunten a la no repetición del conflicto armado, como dicta una de sus ambiciosas pero necesarias tareas.

A los magnicidios de dos candidatos presidenciales, Bernardo Jaramillo Ossa, el 22 de marzo de 1990, y de Carlos Pizarro Leongómez, el 26 de abril del mismo año, le siguieron una docena de atentados con carros bomba detonados, principalmente en Bogotá, Pereira, Medellín y Cali, donde los carteles del narcotráfico más poderosos de la historia libraban una guerra frontal entre sí y con el Estado colombiano: el de Cali y el de Medellín. A mayo de 1990, El Espectador registraba en sus páginas judiciales 362 asesinatos en todo el país, de los cuales, cerca de cien habían muerto por las explosiones en calles, hoteles, farmacias y estaciones de Policía.

La gran mayoría de las víctimas fueron civiles que estaban desprevenidos en oficios de la cotidianidad en aquellos lugares. Fueron más de 80 bombas las que hizo estallar el cartel de Medellín entre enero de 1988 y mayo de 1990, especialmente contra las sucursales de Drogas La Rebaja, fundada por los capos del narcotráfico del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, en los años 80. El 3 de mayo, los estallidos empezaron en el barrio Alameda en el norte de Cali en la carrera 27 entre calles 8ª y 9ª. Un automóvil Chevrolet Monza, cargado con 100 kilos de dinamita, fue accionado contra la sede de la mencionada farmacia faltando diez minutos para las nueve de la noche. La detonación dejó cuatro muertos y 33 heridos.

(Puede interesarle: Tras las pistas del arma que asesinó a Carlos Pizarro)

Los responsables de este hecho fueron sicarios del cartel de Medellín, cuyo líder, Pablo Escobar Gaviria, había declarado la guerra a los capos del cartel de Cali, que el 13 de enero de 1988 detonó el edificio Mónaco de propiedad del capo paisa. La saga continuó el 12 de mayo. Siendo las 3:45 p. m., en la transversal 96 Nº 79-18 del barrio Quirigua, en el noroccidente de Bogotá, desconocidos estacionaron un carro cargado de 70 kilos de dinamita. La explosión fue provocada por un sistema de combustión, mecha lenta y detonador ineléctrico.

17 personas murieron ese Día de la Madre, entre ellas 7 niños. 150 resultaron heridas. Sobre este episodio, como en el otro, en el imaginario de las víctimas solo quedó el rumor de que se trató de una bomba de uno de los carteles. Sin embargo, la justicia nunca individualizó a los responsables del hecho y, a cuenta gotas y después de varias décadas, el Estado ha reparado económicamente a algunas víctimas.

A las 4:30 p. m. de ese mismo día explotó el carro bomba destinado para el centro comercial Bulevar Niza en la calle 127 con Avenida Suba. Dos muertos y 58 heridos fue el resultado de la acción terrorista. Algunas sentencias de reparación a las víctimas hablan de que para la época del atentado, en Niza, se evidenció como característica especial escoger lugares de mucha concentración de personas, “sin establecer si el sitio en mención estaba considerado dentro de sus planes”. La jornada de terror de ese día terminó con una bomba a las 8:50 p. m., pero en Cali, la capital del Valle, en la calle 5ª con carrera 40, en una zona conocida como La Calle de los Griles, donde nueve personas murieron y más de 40 fueron trasladadas a hospitales por la gravedad de las heridas. El rumor que corrió en ese momento es que la bomba iba a ser accionada a las afueras del Estadio Pascual Guerrero donde ese día jugaba el América de Cali y el Independiente Medellín.

En medio de los atentados, los “extraditables” también asesinaban políticos; el conocido grupo de narcos que lideraba Pablo Escobar y que ya le había declarado la guerra al Estado, al tratado de extradición de narcotraficantes y a todo aquel que se opusiera a su accionar criminal. Fue así como el 21 de mayo de 1990, a medio día, fue abaleado el senador liberal Federico Estrada Vélez, cuando se dirigía a su residencia al occidente de Medellín. En 1995, John Jairo Posada Valencia, El Tití, recibió su tercera condena a ocho años de prisión por este homicidio, al ser señalado como delegado de Pablo Escobar para el crimen. En octubre de 1997 fue asesinado en la cárcel La Picota de Bogotá.

El 24 de mayo, a las 5:15 p. m., el caos y el baño de sangre volvió a marcar Medellín. Esta vez, dos hombres se inmolaron frente al Hotel Intercontinental, a las afueras de la capital de Antioquia. El automóvil se detuvo en un retén de los agentes del Grupo Élite y, segundos después, los homicidas salieron corriendo, activando los 100 kilos de dinamita a control remoto. Tras el estallido, nueve civiles y tres uniformados perdieron la vida y más de 30 personas terminaron heridas.

En esa guerra sangrienta, de mayo de 1990, la justicia también era golpeada y silenciada por los sicarios. El exgobernador de Boyacá, Álvaro González Santana, fue acribillado por sicarios del cartel de Medellín. Horas más tarde, la prensa fue informada por los asesinos de que se trataba de un mensaje para la jueza segunda de orden público Marta Lucía González, hija de González, quien había dictado las capturas de Pablo Escobar, Fidel Castaño Gil y Gonzalo Rodríguez Gacha, sindicados de ordenar las masacres que sucedieron en las regiones del Urabá, Córdoba y Magdalena Medio. Una valiente orden que, de haberse tomado en serio por las autoridades, hubiera evitado decenas de muertes y crímenes que intensificaron el conflicto armado.

Hoy, 30 años después, para la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) existe una línea delgada frente a estos hechos que siguen analizando. En principio, se dice que estos actos terroristas no están relacionados con el conflicto, ya que se dieron en medio de una guerra entre carteles del narcotráfico, los más poderosos y criminales de la época; no obstante, esta justicia podría estudiarlos si se llegaran a develar que existieron otros intereses distintos, como el asesinato de dirigentes políticos y la alianza de funcionarios para estos crímenes.

Por su parte, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad del Conflicto tendrá un capítulo aparte, dentro de su informe que presentará el próximo año, sobre el papel del narcotráfico en la guerra colombiana desde esa época hasta nuestros días, justamente para reconocer a las víctimas de este fenómeno que aún sigue vigente.

(Lea también: “Pasé por encima de los muertos”)

Según dijeron los comisionados a este diario, “aunque el conflicto armado es anterior al fenómeno del narcotráfico, es innegable que cuando se convierte en su fuente de financiación, se torna en el gran motor de la guerra. El narcotráfico inflamó, desvió y degradó el conflicto armado interno, es un punto central en la reproducción de la guerra y un gran factor de persistencia”.

En ese sentido, para la Comisión de la Verdad es importante entender que el narcotráfico no es un fenómeno que pasa en los márgenes del país solamente, como lo demuestra ese mayo de terror que impactó la vida de miles de colombianos. “El narcotráfico ha permeado todas las esferas de la sociedad, la política, la cultura y la economía, de tal manera que estos elementos están en la base del mecanismo de repetición del conflicto armado interno”.

Por esa razón, los comisionados están analizando datos y testimonios de las relaciones del narcotráfico y sus conexiones con el conflicto armado, la corrupción y la enorme impunidad que aquejan al país, para dar recomendaciones que apunten a la no repetición del conflicto armado, como dicta una de sus ambiciosas pero necesarias tareas.