Un reclamo indígena ante la Agencia Nacional de Tierras

Altagracia es un territorio situado en La Primavera (Vichada). Desde principios de 1900 fue habitado por las comunidades indígenas sikuani, cuiba y amorúa, que desarrollaron cultivos de yuca, plátano o batata en un área de 19.120 hectáreas que siempre consideraron sagradas. Sin embargo, a partir de 1993, durante el proceso de adjudicación de territorios baldíos por parte del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), varios de los predios fueron adjudicados a colonos que, al adquirir los terrenos, confinaron a los indígenas a renunciar al uso de las tierras. Hacia el año 2010, después de sucesivos negocios, los predios fueron vendidos al grupo empresarial Agrícola El Encanto, propiedad de Alfonso Mattos Barrero.

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Hoy, ocho años después del último negocio, en Altagracia quedan unas 100 personas de 17 familias de las referidas comunidades indígenas, pero viviendo en el casco urbano del municipio de La Primavera. Sin agua ni luz y sin tierras para sembrar, escasamente sobreviven incluso a la lenta extinción de su cultura. Ese fue el escenario que encontró la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, antes de constituirse en apoyo de las comunidades indígenas. Ahora, con el respaldo de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales del Vichada (Asocrivi) y los congresistas Aída Avella, Feliciano Valencia, Jesús Castilla e Iván Cepeda, la pelea se libra ante el Estado.

El pasado 12 de septiembre, ante la Agencia Nacional de Tierras, el grupo que asumió la defensa de las comunidades sikuani, cuiba y amorúa planteó la revocatoria de las resoluciones que permitieron la adjudicación de las tierras baldías, la cancelación de los números de matrículas inmobiliarias correspondientes y el traslado a las autoridades competentes del recuento de las irregularidades detectadas en el proceso de entrega de los predios en Altagracia. En el texto de su reclamo se detalla cómo, en su criterio, las adjudicaciones se realizaron con “franco desconocimiento de los fines constitucionales que subyacen a los programas de reforma agraria y la protección de los pueblos y comunidades étnicas”.

Brayan Cárdenas, en representación de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, recalcó a El Espectador que, entre las presuntas fallas en las que habría incurrido el Incora —Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) desde 2003— se advierte que se desconoció lo preceptuado en la ley 160 de 1994, en la norma que señala que “no podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su hábitat”. Según Cárdenas, además de otras irregularidades y desaciertos jurídicos, la comunidad indígena no fue avisada de la adjudicación de los predios en 1993, 1995 y 2006 y por eso, sin opción de defensa, perdieron la potestad de las tierras.

Tiempo después, en 2010, se formalizó la compra del grupo empresarial Agrícola El Encanto, propiedad de Alfonso Mattos Barrero y familia, de tal modo que la comunidad indígena fue desplazada del territorio de Altagracia. Su opción fue asentarse ilegalmente en la zona de El Trompillo, en el casco urbano de La Primavera, a dos horas de distancia de las tierras que históricamente siempre consideraron de su propiedad. “Nosotros nunca vendimos ni hemos hecho ningún negocio con las tierras. Desde 1920 hemos trabajado en ellas y mis ancestros nunca conocieron a los ‘blancos’ en el territorio. Altagracia era un territorio libre y amplio, en el que recolectábamos comida o hacíamos nuestros rituales”, comentó uno de los reclamantes.

Aunque la comunidad indígena de los sikuani, cuiba y amorúa asegura que desde que fueron desalojados, en 2010, no regresaron a Altagracia y, por ende, no volvieron a ser amenazados, su proceso de salida no fue consensuado. Es decir, no tuvieron más remedio que abandonar las tierras que para el Estado eran baldías, pero que ellos sostienen que ocupaban desde hacía muchos años. “Un señor llegó con unos grupos armados y dejó claro que quien no aceptara el dinero que estaban dando a la comunidad por salir de sus tierras era persona muerta. A las buenas o a las malas, pero terminamos saliendo todos de la zona”, insistió un vocero de la comunidad indígena que prefirió omitir su nombre.

Aunque en el proceso de desalojo nadie perdió la vida, hoy las comunidades indígenas siguen asentadas en La Primavera, en el departamento del Vichada. Con una extensa documentación que detalla las irregularidades en el proceso de adjudicación y el desconocimiento de la legislación indígena, pretenden que la Agencia Nacional de Tierras constate que los beneficiarios no eran oriundos de la región, no tenían relación alguna con las tierras ni las estaban explotando económicamente; fueron terceras personas quienes realizaron los trámites de la adjudicación e incluso ocho de las parcelas eran colindantes con el resguardo indígena Gavilán-La Pascua, que estaba legítimamente constituido desde 1981.

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La comunidad indígena sabe que será una pelea de largo aliento y que sus opositores tienen poder económico para oponerse. También tiene claro que, por lo pronto, el grupo Agrícola El Encanto, S.A., propiedad de Alfonso Mattos Barrero, será su opositor. Mattos Barrero es un excongresista que en su momento fue considerado uno de los caciques políticos del departamento del Cesar. En los años 90, enfrentó una investigación por enriquecimiento ilícito en la Corte Suprema de Justicia, pero como renunció a su curul y, por consiguiente, a su fuero, el caso pasó a la Fiscalía, donde finalmente fue absuelto. Desde el año 2010, las tierras en Altagracia están cultivadas con palma aceitera.

Altagracia es un territorio situado en La Primavera (Vichada). Desde principios de 1900 fue habitado por las comunidades indígenas sikuani, cuiba y amorúa, que desarrollaron cultivos de yuca, plátano o batata en un área de 19.120 hectáreas que siempre consideraron sagradas. Sin embargo, a partir de 1993, durante el proceso de adjudicación de territorios baldíos por parte del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), varios de los predios fueron adjudicados a colonos que, al adquirir los terrenos, confinaron a los indígenas a renunciar al uso de las tierras. Hacia el año 2010, después de sucesivos negocios, los predios fueron vendidos al grupo empresarial Agrícola El Encanto, propiedad de Alfonso Mattos Barrero.

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Hoy, ocho años después del último negocio, en Altagracia quedan unas 100 personas de 17 familias de las referidas comunidades indígenas, pero viviendo en el casco urbano del municipio de La Primavera. Sin agua ni luz y sin tierras para sembrar, escasamente sobreviven incluso a la lenta extinción de su cultura. Ese fue el escenario que encontró la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, antes de constituirse en apoyo de las comunidades indígenas. Ahora, con el respaldo de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales del Vichada (Asocrivi) y los congresistas Aída Avella, Feliciano Valencia, Jesús Castilla e Iván Cepeda, la pelea se libra ante el Estado.

El pasado 12 de septiembre, ante la Agencia Nacional de Tierras, el grupo que asumió la defensa de las comunidades sikuani, cuiba y amorúa planteó la revocatoria de las resoluciones que permitieron la adjudicación de las tierras baldías, la cancelación de los números de matrículas inmobiliarias correspondientes y el traslado a las autoridades competentes del recuento de las irregularidades detectadas en el proceso de entrega de los predios en Altagracia. En el texto de su reclamo se detalla cómo, en su criterio, las adjudicaciones se realizaron con “franco desconocimiento de los fines constitucionales que subyacen a los programas de reforma agraria y la protección de los pueblos y comunidades étnicas”.

Brayan Cárdenas, en representación de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, recalcó a El Espectador que, entre las presuntas fallas en las que habría incurrido el Incora —Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) desde 2003— se advierte que se desconoció lo preceptuado en la ley 160 de 1994, en la norma que señala que “no podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su hábitat”. Según Cárdenas, además de otras irregularidades y desaciertos jurídicos, la comunidad indígena no fue avisada de la adjudicación de los predios en 1993, 1995 y 2006 y por eso, sin opción de defensa, perdieron la potestad de las tierras.

Tiempo después, en 2010, se formalizó la compra del grupo empresarial Agrícola El Encanto, propiedad de Alfonso Mattos Barrero y familia, de tal modo que la comunidad indígena fue desplazada del territorio de Altagracia. Su opción fue asentarse ilegalmente en la zona de El Trompillo, en el casco urbano de La Primavera, a dos horas de distancia de las tierras que históricamente siempre consideraron de su propiedad. “Nosotros nunca vendimos ni hemos hecho ningún negocio con las tierras. Desde 1920 hemos trabajado en ellas y mis ancestros nunca conocieron a los ‘blancos’ en el territorio. Altagracia era un territorio libre y amplio, en el que recolectábamos comida o hacíamos nuestros rituales”, comentó uno de los reclamantes.

Aunque la comunidad indígena de los sikuani, cuiba y amorúa asegura que desde que fueron desalojados, en 2010, no regresaron a Altagracia y, por ende, no volvieron a ser amenazados, su proceso de salida no fue consensuado. Es decir, no tuvieron más remedio que abandonar las tierras que para el Estado eran baldías, pero que ellos sostienen que ocupaban desde hacía muchos años. “Un señor llegó con unos grupos armados y dejó claro que quien no aceptara el dinero que estaban dando a la comunidad por salir de sus tierras era persona muerta. A las buenas o a las malas, pero terminamos saliendo todos de la zona”, insistió un vocero de la comunidad indígena que prefirió omitir su nombre.

Aunque en el proceso de desalojo nadie perdió la vida, hoy las comunidades indígenas siguen asentadas en La Primavera, en el departamento del Vichada. Con una extensa documentación que detalla las irregularidades en el proceso de adjudicación y el desconocimiento de la legislación indígena, pretenden que la Agencia Nacional de Tierras constate que los beneficiarios no eran oriundos de la región, no tenían relación alguna con las tierras ni las estaban explotando económicamente; fueron terceras personas quienes realizaron los trámites de la adjudicación e incluso ocho de las parcelas eran colindantes con el resguardo indígena Gavilán-La Pascua, que estaba legítimamente constituido desde 1981.

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