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Las oleadas de desplazados que vieron llegar Wálter Sánchez y Carlos Cáceres durante los años noventa a Bucaramanga, así como las experiencias laborales de Julián González con población vulnerable en el país, fueron fundamentales para que en 2015 estos tres emprendedores se sentaran a pensar en un proyecto de vivienda que pudiera ayudar a solucionar el drama del desplazamiento forzado en Colombia. Era, lo sabían, un proyecto ambicioso, pues se trataba de idear algo que pudiera beneficiar al menos a una parte de los cerca de siete millones de personas a quienes la guerra sacó corriendo de sus territorios.
Ese fue el origen de su proyecto de viviendas autosostenibles que ahora quieren divulgar. Cáceres vio en ciudades como Ámsterdam y Berlín casas hechas con materiales orgánicos o contenedores marítimos y pensó que en Colombia, para los desplazados, una iniciativa similar podría funcionar. Entre los tres diseñaron las casas para que sean construidas con contendedores reutilizados y provistas con energía solar y materiales profesionalmente reciclados, para así rebajar el costo de su construcción. El modelo más pequeño es una casa de dos habitaciones, un baño, sala y comedor. En la parte posterior estarían los paneles solares para usar lo menos posible la energía eléctrica: una ayuda fundamental en ahorro de servicios para una población que, por lo general, gana salarios bajos.
Al lado del sistema de energía alternativa hay un espacio diseñado para una pequeña huerta, en la que se podría cultivar ya sea para consumo propio o para vender lo cosechado. Las casas también tendrían integrado un sistema de captación de aguas lluvias, para que las familias desplazadas, acostumbradas como estaban en el campo a vivir de lo que daba la tierra y pagar poco por los servicios públicos, reduzcan aún más sus gastos mensuales.
“Este no es un plan descabellado. En varias partes del mundo incluso gente de distintas clases sociales vive en containers con todas las comodidades, amparados del frío y la lluvia. Este es un proyecto viable y beneficiaría mucho a los desplazados, población que ha resultado invisibilizada en nuestro país y que es de las que peor la ha pasado”, le dijo a El Espectador Wálter Sánchez, un ingeniero mecánico de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y uno de los cerebros del proyecto.
En la investigación, que realizaron estos emprendedores para formular su proyecto, identificaron tres deficiencias que viven los desplazados en Colombia: vivienda, trabajo e ingresos sostenibles. Por ende, en el plan está contemplado que sean los mismos desplazados, luego de haberse capacitado en el Sena en alguna rama para la construcción de viviendas, quienes sean los hacedores de sus hogares y reciban una remuneración por su trabajo fabricando pellets reciclados para construir bloques de WPC que luego serán usados para construir más casas.
Y es que el impacto del desplazamiento forzado en Colombia ha dejado desde finales de los años 90 más de seis millones de desplazados, según organizaciones como Acnur o el Centro Nacional de Memoria Histórica. Los más de 50 años de conflicto armado en Colombia facilitaron que los diferentes actores armados —hasta el Ejército— desterraran a campesinos, negros e indígenas, principalmente. Por ejemplo, la masacre de Bojayá (Chocó), que ocurrió en mayo de 2002 por los enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares, no sólo cobró la vida de unas 74 personas, sino que generó el desplazamiento de más de 5.000.
Colombia, según el más reciente informe de Acnur, es el país con más desplazados internos de manera forzada en el mundo. En la penosa lista le siguen Siria, con 6,6 millones, e Irak, con 4,4 millones. El coordinador residente y humanitario de la ONU, Fabrizio Hochschild, en su visita a Soacha, Cundinamarca —municipio que más ha recibido desplazados en Colombia, más de 38.000— reveló que, de acuerdo con varios estudios, el 35 % de los desplazados viven en pobreza extrema y el 65 % no tienen acceso a los alimentos.
Según el grupo de emprendedores, los desplazados llegan a las grandes ciudades a trabajar en lo que les ofrecen por poco dinero. “Regalar casas es sólo un paño de agua tibia”, manifestaron los ingenieros. Construir una casa de interés social prioritario, que son las que regala el Gobierno a la población desplazada o en extrema pobreza, cuesta 70 salarios mínimos legales vigentes ($50 millones) y miden 35 metros cuadrados, según el Ministerio de Vivienda. De esos, sólo 26 metros cuadrados son habitables, reclamó el grupo Dejusticia ante la Corte Constitucional en 2008. En esta iniciativa de los contenedores, cada casa tiene un área de 50 metros cuadrados y cuesta $40 millones hacerla.
Los encargados de este proyecto están ansiosos por poner en marcha su idea. Por eso, en los próximos días, socializarán su iniciativa con la corporación Congreso Nacional de Desplazados, luego de conocer —por un reportaje de este diario publicado en julio del año pasado— cómo algunos de sus integrantes recogen sobras en Corabastos para subsistir. A Wálter Sánchez y sus compañeros también les hace ilusión que su idea llegue a oídos del presidente y la gente cercana al proceso de paz. Piensa que la vivienda que creó su equipo podría funcionar en medio de la difícil situación que se vive por los retrasos en la construcción de los campamentos guerrilleros en las zonas veredales.
Hace una semana larga, Hult Prize Colombia reconoció este proyecto como uno de los mejores emprendimientos sociales del país y por eso sus promotores recibirán asesorías del MIT-Harvard Club Colombia. “Dependemos del proceso de restitución de tierras o de una asignación de tierras por parte del Gobierno para poder ejecutar nuestro proyecto. Proponemos que el capital que se gasta en subsidios y donaciones de vivienda sea invertido en tierras con acceso a todos los servicios básicos” para así construir estas casas sostenibles, puntualizaron los emprendedores.