Una nueva voz para las víctimas en el posconflicto

Con veinte años de trayectoria trabajando por la justicia de las víctimas del conflicto armado, Orlando Burgos García se posesionó el pasado 7 de noviembre como el coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas.

La historia de Burgos, como la de millones de colombianos, está marcada por la violencia que se vive en las zonas rurales. En su sangre, dice, lleva el deseo de servir y trabajar por los derechos de los ciudadanos.

Huyó en la década de los 80 con su familia hacia Antioquia y la historia se repitió en el año 2000 al recibir amenazas de muerte. Desde entonces, vive en Santander, donde crió a sus tres hijos y ha visto crecer a sus tres nietos.

Burgos García habló con El Espectador sobre el trabajo que ejercerá por los próximos dos años con las víctimas y las propuestas que desarrollará en este cargo.

¿Quién es Orlando Burgos García?

Soy una persona que lleva en la sangre la labor social. Desde que estaba en grado sexto comencé a ser representante estudiantil y delegado del salón. Luego hice parte del grupo de Juventudes de la Unión Patriótica y de las Juventudes Comunistas. En 1987 me lancé al Concejo de Barrancabermeja, pero no quedé; luego asesinaron a mi hermano, que era candidato a la alcaldía, y desde ahí comenzamos a ser víctimas del conflicto.

¿Cuál es su trayectoria en la Unidad de Víctimas?

Me registré como víctima en el año 2000. Luego fui representante departamental para las víctimas. En 2018 hice parte del Comité Ejecutivo y el pasado jueves me posesioné como el nuevo coordinador de la Mesa Nacional.

¿Cuáles son sus propuestas?

Primero, tenemos que hacer más presencia en los territorios afectados y eso solo lo vamos a lograr fortaleciendo los representantes departamentales para que visiten todos los municipios. Segundo, tenemos que hacer presión en Bogotá para que no vayan a reformar la ley 1448 sin consultarnos. Y tercero, el período de trabajo de la Mesa Nacional es muy corto, entonces quiero proponer que en vez de que estemos por dos años, ejerzamos por cuatro para que coincidamos con las alcaldías y gobernaciones de turno.

En la Mesa Nacional hay poblaciones diversas con las que usted debe trabajar, ¿hay alguna que vaya priorizar?

Sí, la población en situación de discapacidad y los adultos mayores son los más vulnerables.

Y de todo el territorio nacional ¿cuál es la zona priorizada?

Los compañeros del Cauca en este momento están solicitando a gritos que hagamos presencia. En general todo el suroccidente colombiano es la zona donde más trabajaremos.

Usted asume la coordinación en un momento muy difícil en materia de orden público, ¿cómo toma ese reto?

Lo primero que hay que decir es que aunque sumemos todos los esfuerzos, seguramente no nos va alcanzar el tiempo para atender todo, pero por ejemplo en el caso de lo que está pasando en el Cauca, vamos a organizarnos para enviar una petición formal sobre cómo trabajaremos en el territorio. Vamos a organizar unas comisiones que vayan a diferentes municipios y corregimientos para recoger las inquietudes de las víctimas y centrarnos en ellas.

El pasado miércoles varias víctimas en Ituango decidieron no seguir con el proceso voluntario de erradicación de cultivos ilícitos porque el Gobierno les ha incumplido. ¿Qué hacer ante eso?

Haremos seguimiento, incidencia y evaluación de las solicitudes de la población vulnerable y las obligaciones de la administración pública. Les vamos a exigir a las autoridades que nos sustenten con cifras y datos cómo han atendido a las víctimas y, si es el caso, haremos las respectivas reclamaciones en la Procuraduría y Defensoría.

¿Cómo articulará a todas las representantes de la Mesa para trabajar en equipo?

A las seis representantes nacionales y todos los departamentales, los vamos a apretar. Tenemos que ver cómo nos organizamos para entregar informes, rendir cuentas a la Mesa Nacional y formar diferentes comisiones que visiten constantemente los territorios más afectados por la violencia.

Con veinte años de trayectoria trabajando por la justicia de las víctimas del conflicto armado, Orlando Burgos García se posesionó el pasado 7 de noviembre como el coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas.

La historia de Burgos, como la de millones de colombianos, está marcada por la violencia que se vive en las zonas rurales. En su sangre, dice, lleva el deseo de servir y trabajar por los derechos de los ciudadanos.

Huyó en la década de los 80 con su familia hacia Antioquia y la historia se repitió en el año 2000 al recibir amenazas de muerte. Desde entonces, vive en Santander, donde crió a sus tres hijos y ha visto crecer a sus tres nietos.

Burgos García habló con El Espectador sobre el trabajo que ejercerá por los próximos dos años con las víctimas y las propuestas que desarrollará en este cargo.

¿Quién es Orlando Burgos García?

Soy una persona que lleva en la sangre la labor social. Desde que estaba en grado sexto comencé a ser representante estudiantil y delegado del salón. Luego hice parte del grupo de Juventudes de la Unión Patriótica y de las Juventudes Comunistas. En 1987 me lancé al Concejo de Barrancabermeja, pero no quedé; luego asesinaron a mi hermano, que era candidato a la alcaldía, y desde ahí comenzamos a ser víctimas del conflicto.

¿Cuál es su trayectoria en la Unidad de Víctimas?

Me registré como víctima en el año 2000. Luego fui representante departamental para las víctimas. En 2018 hice parte del Comité Ejecutivo y el pasado jueves me posesioné como el nuevo coordinador de la Mesa Nacional.

¿Cuáles son sus propuestas?

Primero, tenemos que hacer más presencia en los territorios afectados y eso solo lo vamos a lograr fortaleciendo los representantes departamentales para que visiten todos los municipios. Segundo, tenemos que hacer presión en Bogotá para que no vayan a reformar la ley 1448 sin consultarnos. Y tercero, el período de trabajo de la Mesa Nacional es muy corto, entonces quiero proponer que en vez de que estemos por dos años, ejerzamos por cuatro para que coincidamos con las alcaldías y gobernaciones de turno.

En la Mesa Nacional hay poblaciones diversas con las que usted debe trabajar, ¿hay alguna que vaya priorizar?

Sí, la población en situación de discapacidad y los adultos mayores son los más vulnerables.

Y de todo el territorio nacional ¿cuál es la zona priorizada?

Los compañeros del Cauca en este momento están solicitando a gritos que hagamos presencia. En general todo el suroccidente colombiano es la zona donde más trabajaremos.

Usted asume la coordinación en un momento muy difícil en materia de orden público, ¿cómo toma ese reto?

Lo primero que hay que decir es que aunque sumemos todos los esfuerzos, seguramente no nos va alcanzar el tiempo para atender todo, pero por ejemplo en el caso de lo que está pasando en el Cauca, vamos a organizarnos para enviar una petición formal sobre cómo trabajaremos en el territorio. Vamos a organizar unas comisiones que vayan a diferentes municipios y corregimientos para recoger las inquietudes de las víctimas y centrarnos en ellas.

El pasado miércoles varias víctimas en Ituango decidieron no seguir con el proceso voluntario de erradicación de cultivos ilícitos porque el Gobierno les ha incumplido. ¿Qué hacer ante eso?

Haremos seguimiento, incidencia y evaluación de las solicitudes de la población vulnerable y las obligaciones de la administración pública. Les vamos a exigir a las autoridades que nos sustenten con cifras y datos cómo han atendido a las víctimas y, si es el caso, haremos las respectivas reclamaciones en la Procuraduría y Defensoría.

¿Cómo articulará a todas las representantes de la Mesa para trabajar en equipo?

A las seis representantes nacionales y todos los departamentales, los vamos a apretar. Tenemos que ver cómo nos organizamos para entregar informes, rendir cuentas a la Mesa Nacional y formar diferentes comisiones que visiten constantemente los territorios más afectados por la violencia.