La niñez y los procesos de paz: Unicef recomienda medidas tempranas urgentes

El impacto del conflicto armado en la niñez debería ser un tema prioritario en la agenda de los procesos de negociación y diálogo que se adelantan para lograr la paz en Colombia, lo que permitiría llegar, desde fases tempranas, a acuerdos para protegerla de nuevas violaciones y restituir los derechos de aquellos niños ya víctimas.

“No es un mal menor”, nos lo recordó la Comisión de la Verdad en uno de los capítulos de su informe así titulado, cuyo primer aniversario celebramos este mes, y nos lo reiteran las nuevas cifras divulgadas esta semana por el secretario general de Naciones Unidas en su informe anual sobre el tema.

Sabemos que el conflicto armado en Colombia no afecta solo a combatientes de bandos opuestos. La población civil —incluidos los niños y adolescentes— sigue sufriendo desproporcionadamente sus efectos: la guerra sigue hipotecando el presente y el futuro de la niñez y, en consecuencia, la paz en Colombia. Estamos en deuda de frenar las violaciones y garantizar la no repetición de los hechos que los siguen victimizando.

Según el “Informe anual sobre niñez y conflictos armados” presentado por el secretario general esta semana, en 2022, los actores armados cometieron en el país al menos 290 graves violaciones contra niños y niñas, verificadas según estándares globales de Naciones Unidas. Esto implica un incremento del 25 % en comparación con 2021. Sabemos que estos números no representan la magnitud del problema, pero sí que detrás de cada vida de un niño afectado por una grave violación hay un efecto multiplicador del sufrimiento: madres, padres, hermanos, amistades, docentes y comunidades enteras que también sufren las consecuencias. Son otras heridas que se acumulan y agregan nuevos obstáculos para romper los ciclos intergeneracionales del conflicto.

En contexto: La guerra y la niñez, algunas cifras que ha dejado el conflicto en Colombia

Entre estas graves violaciones se encuentran el reclutamiento, uso y utilización de niños y adolescentes, la violencia sexual, los asesinatos y mutilaciones, los secuestros, los ataques a escuelas y hospitales, y la denegación de acceso a la ayuda humanitaria. Esto sumado a los más de 25.000 de niños que fueron desplazados forzosamente, según estimaciones, y a los más de 30.000 confinados en sus comunidades, lo que incrementa su riesgo de sufrir otras graves violaciones y limita su acceso a derechos esenciales como la educación y la salud, y les impide romper con ciclos de pobreza, discriminación y exclusión.

Además de la afectación desproporcionada que sufren las comunidades afrocolombianas e indígenas, que representan el 44 % del total del número de víctimas verificadas en este informe del secretario general, también es muy preocupante el sufrimiento de las niñas en medio del conflicto armado: la proporción de niñas víctimas de graves violaciones aumentó del 29 % en 2021 al 40 % en 2022. La violencia sexual contra niñas fue una grave violación en aumento, en muchas ocasiones relacionada con su reclutamiento por grupos armados.

El Informe del secretario general revela también un incremento de ataques a escuelas y de su uso militar, así como de amenazas y ataques a docentes. A pesar de la firma de la Declaración sobre Escuelas Seguras, es importante implementar acciones concretas para asegurar que las instalaciones educativas no sufran los efectos del conflicto, que no sigan siendo utilizadas por las partes, que los maestros no sean amenazados por los grupos armados, y que los niños puedan seguir yendo a estudiar sin riesgo a ser reclutados o ser víctimas de una mina.

Todas las partes en el conflicto cometen estas acciones. Es urgente, como lo recomienda en su informe el secretario general de Naciones Unidas, lograr desde las fases iniciales de los diálogos de paz un fuerte compromiso de los actores armados para proteger a la niñez y desvincular a aquellos niños y adolescentes que hoy hacen parte de los grupos armados. Esto sería un importante gesto de su voluntad de paz. Es necesario poner sobre la mesa estas realidades y restituir los derechos de los niños afectados por el conflicto armado.

Lea también: “Lo único que detiene el reclutamiento forzado de menores son los procesos de paz”

Es sabido, como señalamos hace poco en el Informe de Caracterización de Niñez Desvinculada del Conflicto Armado, publicado por Unicef y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que la niñez es más vulnerable de sufrir diversas violaciones, en especial de ser reclutada, cuando vive ya en un estado de privación de derechos: niños que no van a la escuela, no tienen acceso a la salud, viven violencia en sus hogares y no tienen oportunidades para desarrollar su proyecto de vida.

Reconocemos los avances de los mecanismos de justicia transicional sobre este tema, incluyendo los progresos del caso 07 en la Jurisdicción Especial para la Paz y el Informe de la Comisión de la Verdad, cuyo legado es necesario seguir difundiendo. Es importante además robustecer la acción de organismos estatales como la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso, Utilización y la Violencia Sexual en contra de niños, niñas y adolescentes (Ciprunna) para proteger y salvar las vidas de muchos niños en riesgo de ser reclutados o ser víctimas de violencia sexual.

Son también grandes avances que el Gobierno reconozca a toda la niñez reclutada como víctima, el anuncio de cesar los bombardeos en campamentos donde hay sospecha de la presencia de niños y la adopción de la declaración de escuelas seguras: hay un terreno ya abonado para hablar de los derechos de los niños en el que pueden florecer acciones inmediatas de todas las partes para su protección.

Unicef reitera su compromiso para apoyar los esfuerzos y acuerdos necesarios para que la guerra no siga afectando a la niñez en Colombia. Las cifras y los hechos nos muestran que hay urgencia de actuar y que hay aún muchísimo por hacer. Es el momento oportuno en el que podemos unir voluntades y valentías para proteger las vidas de los niños. Esta es una apuesta en la que solo habrá ganadores.

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El impacto del conflicto armado en la niñez debería ser un tema prioritario en la agenda de los procesos de negociación y diálogo que se adelantan para lograr la paz en Colombia, lo que permitiría llegar, desde fases tempranas, a acuerdos para protegerla de nuevas violaciones y restituir los derechos de aquellos niños ya víctimas.

“No es un mal menor”, nos lo recordó la Comisión de la Verdad en uno de los capítulos de su informe así titulado, cuyo primer aniversario celebramos este mes, y nos lo reiteran las nuevas cifras divulgadas esta semana por el secretario general de Naciones Unidas en su informe anual sobre el tema.

Sabemos que el conflicto armado en Colombia no afecta solo a combatientes de bandos opuestos. La población civil —incluidos los niños y adolescentes— sigue sufriendo desproporcionadamente sus efectos: la guerra sigue hipotecando el presente y el futuro de la niñez y, en consecuencia, la paz en Colombia. Estamos en deuda de frenar las violaciones y garantizar la no repetición de los hechos que los siguen victimizando.

Según el “Informe anual sobre niñez y conflictos armados” presentado por el secretario general esta semana, en 2022, los actores armados cometieron en el país al menos 290 graves violaciones contra niños y niñas, verificadas según estándares globales de Naciones Unidas. Esto implica un incremento del 25 % en comparación con 2021. Sabemos que estos números no representan la magnitud del problema, pero sí que detrás de cada vida de un niño afectado por una grave violación hay un efecto multiplicador del sufrimiento: madres, padres, hermanos, amistades, docentes y comunidades enteras que también sufren las consecuencias. Son otras heridas que se acumulan y agregan nuevos obstáculos para romper los ciclos intergeneracionales del conflicto.

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Entre estas graves violaciones se encuentran el reclutamiento, uso y utilización de niños y adolescentes, la violencia sexual, los asesinatos y mutilaciones, los secuestros, los ataques a escuelas y hospitales, y la denegación de acceso a la ayuda humanitaria. Esto sumado a los más de 25.000 de niños que fueron desplazados forzosamente, según estimaciones, y a los más de 30.000 confinados en sus comunidades, lo que incrementa su riesgo de sufrir otras graves violaciones y limita su acceso a derechos esenciales como la educación y la salud, y les impide romper con ciclos de pobreza, discriminación y exclusión.

Además de la afectación desproporcionada que sufren las comunidades afrocolombianas e indígenas, que representan el 44 % del total del número de víctimas verificadas en este informe del secretario general, también es muy preocupante el sufrimiento de las niñas en medio del conflicto armado: la proporción de niñas víctimas de graves violaciones aumentó del 29 % en 2021 al 40 % en 2022. La violencia sexual contra niñas fue una grave violación en aumento, en muchas ocasiones relacionada con su reclutamiento por grupos armados.

El Informe del secretario general revela también un incremento de ataques a escuelas y de su uso militar, así como de amenazas y ataques a docentes. A pesar de la firma de la Declaración sobre Escuelas Seguras, es importante implementar acciones concretas para asegurar que las instalaciones educativas no sufran los efectos del conflicto, que no sigan siendo utilizadas por las partes, que los maestros no sean amenazados por los grupos armados, y que los niños puedan seguir yendo a estudiar sin riesgo a ser reclutados o ser víctimas de una mina.

Todas las partes en el conflicto cometen estas acciones. Es urgente, como lo recomienda en su informe el secretario general de Naciones Unidas, lograr desde las fases iniciales de los diálogos de paz un fuerte compromiso de los actores armados para proteger a la niñez y desvincular a aquellos niños y adolescentes que hoy hacen parte de los grupos armados. Esto sería un importante gesto de su voluntad de paz. Es necesario poner sobre la mesa estas realidades y restituir los derechos de los niños afectados por el conflicto armado.

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Reconocemos los avances de los mecanismos de justicia transicional sobre este tema, incluyendo los progresos del caso 07 en la Jurisdicción Especial para la Paz y el Informe de la Comisión de la Verdad, cuyo legado es necesario seguir difundiendo. Es importante además robustecer la acción de organismos estatales como la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso, Utilización y la Violencia Sexual en contra de niños, niñas y adolescentes (Ciprunna) para proteger y salvar las vidas de muchos niños en riesgo de ser reclutados o ser víctimas de violencia sexual.

Son también grandes avances que el Gobierno reconozca a toda la niñez reclutada como víctima, el anuncio de cesar los bombardeos en campamentos donde hay sospecha de la presencia de niños y la adopción de la declaración de escuelas seguras: hay un terreno ya abonado para hablar de los derechos de los niños en el que pueden florecer acciones inmediatas de todas las partes para su protección.

Unicef reitera su compromiso para apoyar los esfuerzos y acuerdos necesarios para que la guerra no siga afectando a la niñez en Colombia. Las cifras y los hechos nos muestran que hay urgencia de actuar y que hay aún muchísimo por hacer. Es el momento oportuno en el que podemos unir voluntades y valentías para proteger las vidas de los niños. Esta es una apuesta en la que solo habrá ganadores.

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