Vacíos y avances en la lucha contra las minas antipersonal

Los accidentes con minas antipersonal se han incrementado un 400% entre 2017 y 2019. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) en lo que va corrido del año se han registrado 299 víctimas de artefactos explosivos. A esas cifras se suma el hecho de que existen varias barreras para la atención de los afectados por esos hechos. “Con lo que está pasando en Chocó, conseguir el traslado de una víctima hasta Quibdó es una tragedia desde el punto de vista humanitario, las comunidades no tienen cómo cubrir el traslado”, ejemplificó Álvaro Jiménez de la Campaña Colombiana contra las Minas.

(Vea también: CICR, preocupado por el uso de explosivos en Colombia)

Esas barreras en la atención de las víctimas fueron reconocidas por el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, en medio del evento 'Impacto humanitario y retos de la acción contra las minas', organizado por Colombia2020 en asocio con la delegación de la Unión Europea, el apoyo de Pnud y Acnur y en alianza con Unmas. El funcionario dijo que si bien el 100% de los afectados recibe atención hospitalaria, solamente 50% tiene atención poshospitalaria, el 30% atención psicosocial y el 40% apoyo socioeconómico.

“Muchas personas desisten de la rehabilitación física porque no cuentan con los recursos para transportarse y alojarse”, agregó Ana María Hernández, coordinadora Unidad de Contaminación por Minas para la delegación colombiana del Cicr. Jiménez enfatizó en que regiones con altos reportes de accidentes como el Catatumbo (Norte de Santander), Chocó y Meta no tienen centros de rehabilitación por lo que las víctimas tienen que hacer su tratamiento en Cúcuta, Medellín o Bogotá: “las familias no pueden acompañar al sobreviviente, les cuesta la vida entera”, racalcó.

A eso se sumó una denuncia de Hernández: “no existen recursos destinados por el Gobierno Nacional para que las víctimas puedan acceder”. Ante eso, Ceballos dijo que se está preparando un nuevo Conpes para el 2020.

En la conversación se pidió que el Estado preste atención especial a dos grupos de personas: los menores de edad y los migrantes. Sobre los niños, niñas y adolescentes Aída Oliver, representante de la Unicef, dijo que son el 27% del total de las víctimas de minas antipersonal. Aseguró que se necesita fortalecer la educación en prevención de accidentes con esos artefactos explosivos. Sobre las personas que han llegado al país provenientes de Venezuela, Jiménez dijo que hay dos registros de accidentes con minas.  “Es una cifra subregistrada”, puntualizó. Además, dijo que ese hecho obliga al Estado a revisar la ruta de atención para garantizarle los derechos a los migrantes.

(Vea también: Por los menos dos venezolanos han sido víctimas de minas antipersonal en Colombia)

Un vacío en el que coincidieron tanto las organizaciones como Ceballos fue en la atención a los cuidadores de víctimas de minas. Según el funcionario en la Ley de Víctimas no se especificó nada en ese tema, por lo que en una eventual prorroga de ese instrumento tendría que haber algo referido a lo mismo.  

Avances, compromisos y propuestas

Todos los participantes concordaron en que la atención a víctimas ha avanzado con respecto a lo que se hacía hace 20 años. Coincidieron en que el papel de la cooperación internacional ha sido fundamental tanto para la atención de las víctimas como para la prevención.

Ceballos entregó cifras de los logros en materia de descontaminación del territorio de esos artefactos explosivos. Reconoció el trabajo del gobierno de Juan Manuel Santos en la materia y resaltó el del actual, presidido por Iván Duque. Según dijo, bajo la administración de Duque se han entregado 113 municipios libres de sospecha de presencia de minas, en total ya son 212 desde 2016, año en el que solamente había cuatro. Adicional a eso, contó que “quedan 165 municipios en donde quisiéramos intervenir, pero la situación de seguridad no nos permite hacer desminado humanitario”.

Por otra parte, el funcionario anunció que el Gobierno presentará en el Congreso una reforma constitucional para crear las 16 curules para las víctimas del conflicto armado, un asunto pendiente por implementar del Acuerdo de Paz. El senador por el Partido de la U Roy Barreras criticó la decisión por medio de un trino: "seamos serios,el congreso ya aprobó esas curules y las cortes nos están dando la razón. Lo que tienen que hacer es promulgarlas. Ahórrese el proyecto y la cortina de humo". EL comisionado también contó que Humanicemos, una entidad de desminado humanitario conformada por excombatientes de las Farc, empezará a descontaminar el territorio en el 2020.

(Vea También: Gobierno anuncia que presentará proyecto que reviviría las 16 curules para las víctimas)

Jiménez aseguró que la única posibilidad de que en el país se deje de minar es que se termine el conflicto armado con el Eln por medio de una negociación. Mientras eso sucede propuso que se haga un acuerdo humanitario para empezar a desminar Samaniego (Nariño). Dijo que gracias al Acuerdo de Paz con las Farc se iniciaron labores de desminado en Algeciras (Huila), municipio que era donde la columna móvil Teófilo Forero tenía una zona de retaguardia. “Están abiertas las puertas del diálogo, pero para eso necesitamos con el Eln cumpla con unas condiciones”, respondió Ceballos.

Mientras tanto las comunidades de diferentes partes del país piden que se acabe la confrontación armadas. Son ellas las que viven el confinamiento y ven trastocadas las prácticas culturales porque esos artefactos ocultos hacen que el territorio en medio del cual pueden vivir con tranquilidad se haga cada vez más pequeño.

Los accidentes con minas antipersonal se han incrementado un 400% entre 2017 y 2019. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) en lo que va corrido del año se han registrado 299 víctimas de artefactos explosivos. A esas cifras se suma el hecho de que existen varias barreras para la atención de los afectados por esos hechos. “Con lo que está pasando en Chocó, conseguir el traslado de una víctima hasta Quibdó es una tragedia desde el punto de vista humanitario, las comunidades no tienen cómo cubrir el traslado”, ejemplificó Álvaro Jiménez de la Campaña Colombiana contra las Minas.

(Vea también: CICR, preocupado por el uso de explosivos en Colombia)

Esas barreras en la atención de las víctimas fueron reconocidas por el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, en medio del evento 'Impacto humanitario y retos de la acción contra las minas', organizado por Colombia2020 en asocio con la delegación de la Unión Europea, el apoyo de Pnud y Acnur y en alianza con Unmas. El funcionario dijo que si bien el 100% de los afectados recibe atención hospitalaria, solamente 50% tiene atención poshospitalaria, el 30% atención psicosocial y el 40% apoyo socioeconómico.

“Muchas personas desisten de la rehabilitación física porque no cuentan con los recursos para transportarse y alojarse”, agregó Ana María Hernández, coordinadora Unidad de Contaminación por Minas para la delegación colombiana del Cicr. Jiménez enfatizó en que regiones con altos reportes de accidentes como el Catatumbo (Norte de Santander), Chocó y Meta no tienen centros de rehabilitación por lo que las víctimas tienen que hacer su tratamiento en Cúcuta, Medellín o Bogotá: “las familias no pueden acompañar al sobreviviente, les cuesta la vida entera”, racalcó.

A eso se sumó una denuncia de Hernández: “no existen recursos destinados por el Gobierno Nacional para que las víctimas puedan acceder”. Ante eso, Ceballos dijo que se está preparando un nuevo Conpes para el 2020.

En la conversación se pidió que el Estado preste atención especial a dos grupos de personas: los menores de edad y los migrantes. Sobre los niños, niñas y adolescentes Aída Oliver, representante de la Unicef, dijo que son el 27% del total de las víctimas de minas antipersonal. Aseguró que se necesita fortalecer la educación en prevención de accidentes con esos artefactos explosivos. Sobre las personas que han llegado al país provenientes de Venezuela, Jiménez dijo que hay dos registros de accidentes con minas.  “Es una cifra subregistrada”, puntualizó. Además, dijo que ese hecho obliga al Estado a revisar la ruta de atención para garantizarle los derechos a los migrantes.

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Un vacío en el que coincidieron tanto las organizaciones como Ceballos fue en la atención a los cuidadores de víctimas de minas. Según el funcionario en la Ley de Víctimas no se especificó nada en ese tema, por lo que en una eventual prorroga de ese instrumento tendría que haber algo referido a lo mismo.  

Avances, compromisos y propuestas

Todos los participantes concordaron en que la atención a víctimas ha avanzado con respecto a lo que se hacía hace 20 años. Coincidieron en que el papel de la cooperación internacional ha sido fundamental tanto para la atención de las víctimas como para la prevención.

Ceballos entregó cifras de los logros en materia de descontaminación del territorio de esos artefactos explosivos. Reconoció el trabajo del gobierno de Juan Manuel Santos en la materia y resaltó el del actual, presidido por Iván Duque. Según dijo, bajo la administración de Duque se han entregado 113 municipios libres de sospecha de presencia de minas, en total ya son 212 desde 2016, año en el que solamente había cuatro. Adicional a eso, contó que “quedan 165 municipios en donde quisiéramos intervenir, pero la situación de seguridad no nos permite hacer desminado humanitario”.

Por otra parte, el funcionario anunció que el Gobierno presentará en el Congreso una reforma constitucional para crear las 16 curules para las víctimas del conflicto armado, un asunto pendiente por implementar del Acuerdo de Paz. El senador por el Partido de la U Roy Barreras criticó la decisión por medio de un trino: "seamos serios,el congreso ya aprobó esas curules y las cortes nos están dando la razón. Lo que tienen que hacer es promulgarlas. Ahórrese el proyecto y la cortina de humo". EL comisionado también contó que Humanicemos, una entidad de desminado humanitario conformada por excombatientes de las Farc, empezará a descontaminar el territorio en el 2020.

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Jiménez aseguró que la única posibilidad de que en el país se deje de minar es que se termine el conflicto armado con el Eln por medio de una negociación. Mientras eso sucede propuso que se haga un acuerdo humanitario para empezar a desminar Samaniego (Nariño). Dijo que gracias al Acuerdo de Paz con las Farc se iniciaron labores de desminado en Algeciras (Huila), municipio que era donde la columna móvil Teófilo Forero tenía una zona de retaguardia. “Están abiertas las puertas del diálogo, pero para eso necesitamos con el Eln cumpla con unas condiciones”, respondió Ceballos.

Mientras tanto las comunidades de diferentes partes del país piden que se acabe la confrontación armadas. Son ellas las que viven el confinamiento y ven trastocadas las prácticas culturales porque esos artefactos ocultos hacen que el territorio en medio del cual pueden vivir con tranquilidad se haga cada vez más pequeño.