Versiones encontradas sobre la muerte de Salvador Jaime en el Catatumbo
Habitantes de Teorama, Norte de Santander, insisten en que el joven Salvador Jaime fue asesinado por soldados adscritos a la Fuerza de Tarea Vulcano, la misma a la que pertenecían los uniformados implicados en el asesinato de Dimar Torres, desmovilizado de las extintas Farc. El Ejército insinúa que la víctima es miembro del Eln y acusa a la comunidad de alterar la escena de los hechos.
El padre de Salvador Jaime encontró el cuerpo sin vida de su hijo con impactos de bala, el sábado 27 de junio, en el municipio de Teorama, Norte de Santander. En un video, se registró el momento exacto cuando familia y vecinos identificaron a Salvador Jaime Durán, un joven campesino del Catatumbo, de 22 años y miembro de la Junta de Acción Comunal de Filo Guamo, vereda del Corregimiento El Aserrío. De inmediato, según un comunicado expedido por la Asociación Campesina del Catatumbo, la comunidad retuvo a seis soldados que se encontraban en la zona de los hechos, a quienes identifican como los responsables del crimen.
El relato de cómo acontecieron los hechos posteriores a la muerte de Jaime quedó plasmado en un acta que conoció este diario, la cual fue firmada por las autoridades locales y entregada a la Fiscalía General de la Nación. El documento especifica que la comunidad inició la persecución de los uniformados al considerar su responsabilidad en el asesinato. “Se logró realizar un cerco humanitario a seis personas, las cuales, visten prenda de uso privativo de las fuerzas militares, sus insignias y el armamento correspondiente”, dice el acta.
“Frente a este hecho, las comunidades decidieron iniciar una interlocución directa con el Ejército Nacional que se encuentra presente en el lugar, en donde el suboficial encargado con el grado de sargento identificado con el apellido Yunda, indicó tener 30 hombres a su cargo y negó conocer la procedencia de los seis uniformados cercados por la comunidad”, se refiere en el punto quinto del acta. En un video grabado por los habitantes, se registra al sargento en mención quien, después de ser instigado por la comunidad, aseguró que las tropas se encontraban en la zona “debido al aterrizaje de una aeronave militar”.
Lo que continúo fue la solicitud de intermediación entre las comunidades y el Ejército, proceso en el que participó la Personería, el defensor regional de Ocaña, Diógenes Quintero; la personera encargada de Teorama, Yenifer Rincón, y el alcalde de Teorama, Robinson Salazar. Así consta en el documento firmado por cada uno de ellos.
“Luego de varias horas de interlocución, el suboficial a cargo (Yunda) admitió que los seis uniformados sí eran miembros de su unidad militar”, se aclara. Enseguida la comunidad “procedió al traslado de estos hacia las instalaciones de la escuela de la vereda Filo Guamo”. De acuerdo con el documento, la aprehensión y el traslado se le notificó “vía telefónica a la Fiscalía” y, por parte de la comunidad, niegan que se haya tratado de un secuestro o constreñimiento de los uniformados.
Finalmente, se hizo la entrega del cadáver a la comisión de la Fiscalía y antes de liberar a los soldados, en el punto 12 del acta se aclara que: “las comunidades campesinas dejan constancia de la intensión de entrega formal a la Defensoría del Pueblo Regional Ocaña de seis soldados profesionales que responden a los nombres de Javier Orlando García Jaimes, Víctor Alfonso Gómez Romero, Wilder Lugo Ramos, Milciades Navas, Arnulfo Bobadilla Yulder y Miguel Ángel Jiménez Navas”. Estos uniformados, según dice el documento, harían parte del Comando Operativo Energético Nº1 que hace presencia en la zona.
(Lea también: Asesinan a Miriam Vargas, lideresa indígena que trabajaba por la paz en Páez (Cauca))
La versión del Ejército, mediante un pronunciamiento oficial de la entidad, refiere que el 27 de junio las tropas de este Comando, de la Fuerza de Tarea Vulcano, desarrollaban “operaciones de seguridad y defensa en ese sector, y según las primeras informaciones, fueron atacadas ocasionando un intercambio de disparos”. Sobre lo ocurrido, continúa el pronunciamiento, se dio aviso a la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
Esta misma versión fue entregada por el general Oliveiro Pérez Mahecha, a cargo de la Fuerza de Tarea Vulcano el 28 de junio, pero fue ampliado en la noche de este lunes 29 de junio en un nuevo comunicado. Este pronunciamiento se da luego de que se conocieran algunas fotografías de un integrante del Eln, cuya identidad supuestamente correspondería a la de Jaime. “Estas fotos habrían sido tomadas el pasado 14 de junio de 2020 en el momento en el que el Eln entregaba a la Defensoria, al Comité de la Cruz Roja y la Diócesis de Ocaña, dos auxiliares de la Policía que tenían secuestrados”, refiere el comunicado del Ejército. Este material ya está en manos de la Fiscalía, añade.
De igual forma, el Ejército agrega otro detalle a su versión diciendo “es de conocimiento de la Fiscalía la alteración de la escena de los hechos, al parecer por la población del sector. Así mismo se comunicaron al ente investigador las irregularidades de las que fueron objeto seis de nuestro militares”.
Tanto el acta entregada por las comunidades y los dos comunicados del Ejército dejan preguntas que resolverá la investigación de la Fiscalía. Habrá que ver de qué manera se esclarecen las circunstancias de modo y lugar en la que se dio el asesinato de Jaime.
Aún así, cabe recordar que militares adscritos a esta misma Fuerza de Tarea Vulcano, citada en los hechos, fueron los responsables del asesinato de Dimar Torres (desmovilizado de las Farc), el 22 de abril de 2019, en el municipio de Convención, a solo 30 minutos de donde fue asesinado Salvador Jaime. Por el caso de Dimar Torres, el cabo retirado Daniel Eduardo Gómez Robledo fue condenado a 20 años de prisión, y el coronel retirado Jorge Armando Pérez Amézquita y tres soldados profesionales (Cristian David Casilimas Pulido, Yorman Alexánder Buriticá Duarte y William Alarcón Castrillón) irán a juicio porque habrían planeado conjuntamente el crimen.
(Le puede interesar: Caso Dimar Torres: coronel (r) Jorge Armando Pérez enfrentará su proceso en prisión)
De igual forma, en aquel entonces el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, el general (r) Diego Luis Villegas, pidió perdón a la comunidad, luego de conocerse el asesinato de Dimar. “No mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad, lo mataron hombres de las fuerzas armadas y por lo tanto, el comandante debería poner la cara”, aseguró en ese entonces, Villegas parado en una tarima, frente a los habitantes de Convención.
Una relación de desconfianzas
No es la primera vez que en la región del Catatumbo hay choques entre la comunidad y los miembros de la Fuerza Pública. De hecho, en mayo de este año un campesino, Digno Emérito Buendía, resultó muerto en medio de un operativo de erradicación forzada adelantado por la Fuerza Pública en la vereda Totumito de Cúcuta. Frente a estos hechos, la Segunda División del Ejército aseguró que las tropas habían sido atacadas mientras los uniformados adelantaban las labores de erradicación. En aquel entonces esta versión fue rechazada por la comunidad, quienes aseguraron que “el supuesto enfrentamiento es un hecho totalmente falso”. Asimismo, al igual que en el caso de Jaime, los habitantes retuvieron aquella vez a un subintendiente del Ejército.
No hay que olvidar que la región del Catatumbo viene siendo la sometida tanto por las disidencias del frente 33 de las extintas Farc como por los enfrentamientos entre el Eln y el Epl, quienes se disputan el control territorial de la zona, desde 2018. Los pactos de no agresión entre estas dos últimas guerrillas no han dado frutos, y por el contrario, los enfrentamientos han impactado directamente a la población civil, dejando niños heridos por balas, colegios cerrados, vehículos quemados y desplazamientos forzados.
(En contexto: Los otros cuestionamientos al Ejército en el Catatumbo)
Es importante mencionar que esta zona fronteriza ha estado en disputa por el control, por un lado, de cultivos de hoja coca y por el otro, de las rutas de narcotráfico. Los municipios de Tibú, Sardinata, Teorama y El Tarra son los municipios con mayor presencia de cultivos de coca y con tendencia expansiva más fuerte, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Esta situación ha puesto en jaque a la población del Catatumbo, donde se ha advertido acerca de las vulneraciones a los derechos humanos en la región. Así lo deja ver la alerta temprana de inminencia (Nº 014-19) emitida por la Defensoría del Pueblo en marzo de 2019. Allí se señala que los habitantes de San Pablo, El Aserrío, La Cecilia y San Juancito, todos comprensión del municipio de Teorama, están en “alto riesgo a infracciones al DIH”. En el documento, enviado a la oficina de la entonces ministra del Interior Nancy Patricia Gutierrez, quien ahora está al frente de la consejería para Derechos Humanos, se relata detalladamente la crisis humanitaria de esta zona.
En el documento, la Defensoría también recomendó a la Fuerza de Tarea Vulcano “proteger y prevenir las violaciones a los derechos humanos, de tal manera que se garanticen las condiciones de seguridad y protección de la población campesina e integrantes de los centros poblados de cuatro corregimientos del municipio de Teorama”. La vereda de Filo Guamo, donde murió Jaime, está mencionada como una de las zonas en mayor peligro, “como consecuencia de los continuos enfrentamientos entre las tropas del Ejército Nacional y la guerrilla del Eln”, refiere la alerta.
El padre de Salvador Jaime encontró el cuerpo sin vida de su hijo con impactos de bala, el sábado 27 de junio, en el municipio de Teorama, Norte de Santander. En un video, se registró el momento exacto cuando familia y vecinos identificaron a Salvador Jaime Durán, un joven campesino del Catatumbo, de 22 años y miembro de la Junta de Acción Comunal de Filo Guamo, vereda del Corregimiento El Aserrío. De inmediato, según un comunicado expedido por la Asociación Campesina del Catatumbo, la comunidad retuvo a seis soldados que se encontraban en la zona de los hechos, a quienes identifican como los responsables del crimen.
El relato de cómo acontecieron los hechos posteriores a la muerte de Jaime quedó plasmado en un acta que conoció este diario, la cual fue firmada por las autoridades locales y entregada a la Fiscalía General de la Nación. El documento especifica que la comunidad inició la persecución de los uniformados al considerar su responsabilidad en el asesinato. “Se logró realizar un cerco humanitario a seis personas, las cuales, visten prenda de uso privativo de las fuerzas militares, sus insignias y el armamento correspondiente”, dice el acta.
“Frente a este hecho, las comunidades decidieron iniciar una interlocución directa con el Ejército Nacional que se encuentra presente en el lugar, en donde el suboficial encargado con el grado de sargento identificado con el apellido Yunda, indicó tener 30 hombres a su cargo y negó conocer la procedencia de los seis uniformados cercados por la comunidad”, se refiere en el punto quinto del acta. En un video grabado por los habitantes, se registra al sargento en mención quien, después de ser instigado por la comunidad, aseguró que las tropas se encontraban en la zona “debido al aterrizaje de una aeronave militar”.
Lo que continúo fue la solicitud de intermediación entre las comunidades y el Ejército, proceso en el que participó la Personería, el defensor regional de Ocaña, Diógenes Quintero; la personera encargada de Teorama, Yenifer Rincón, y el alcalde de Teorama, Robinson Salazar. Así consta en el documento firmado por cada uno de ellos.
“Luego de varias horas de interlocución, el suboficial a cargo (Yunda) admitió que los seis uniformados sí eran miembros de su unidad militar”, se aclara. Enseguida la comunidad “procedió al traslado de estos hacia las instalaciones de la escuela de la vereda Filo Guamo”. De acuerdo con el documento, la aprehensión y el traslado se le notificó “vía telefónica a la Fiscalía” y, por parte de la comunidad, niegan que se haya tratado de un secuestro o constreñimiento de los uniformados.
Finalmente, se hizo la entrega del cadáver a la comisión de la Fiscalía y antes de liberar a los soldados, en el punto 12 del acta se aclara que: “las comunidades campesinas dejan constancia de la intensión de entrega formal a la Defensoría del Pueblo Regional Ocaña de seis soldados profesionales que responden a los nombres de Javier Orlando García Jaimes, Víctor Alfonso Gómez Romero, Wilder Lugo Ramos, Milciades Navas, Arnulfo Bobadilla Yulder y Miguel Ángel Jiménez Navas”. Estos uniformados, según dice el documento, harían parte del Comando Operativo Energético Nº1 que hace presencia en la zona.
(Lea también: Asesinan a Miriam Vargas, lideresa indígena que trabajaba por la paz en Páez (Cauca))
La versión del Ejército, mediante un pronunciamiento oficial de la entidad, refiere que el 27 de junio las tropas de este Comando, de la Fuerza de Tarea Vulcano, desarrollaban “operaciones de seguridad y defensa en ese sector, y según las primeras informaciones, fueron atacadas ocasionando un intercambio de disparos”. Sobre lo ocurrido, continúa el pronunciamiento, se dio aviso a la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
Esta misma versión fue entregada por el general Oliveiro Pérez Mahecha, a cargo de la Fuerza de Tarea Vulcano el 28 de junio, pero fue ampliado en la noche de este lunes 29 de junio en un nuevo comunicado. Este pronunciamiento se da luego de que se conocieran algunas fotografías de un integrante del Eln, cuya identidad supuestamente correspondería a la de Jaime. “Estas fotos habrían sido tomadas el pasado 14 de junio de 2020 en el momento en el que el Eln entregaba a la Defensoria, al Comité de la Cruz Roja y la Diócesis de Ocaña, dos auxiliares de la Policía que tenían secuestrados”, refiere el comunicado del Ejército. Este material ya está en manos de la Fiscalía, añade.
De igual forma, el Ejército agrega otro detalle a su versión diciendo “es de conocimiento de la Fiscalía la alteración de la escena de los hechos, al parecer por la población del sector. Así mismo se comunicaron al ente investigador las irregularidades de las que fueron objeto seis de nuestro militares”.
Tanto el acta entregada por las comunidades y los dos comunicados del Ejército dejan preguntas que resolverá la investigación de la Fiscalía. Habrá que ver de qué manera se esclarecen las circunstancias de modo y lugar en la que se dio el asesinato de Jaime.
Aún así, cabe recordar que militares adscritos a esta misma Fuerza de Tarea Vulcano, citada en los hechos, fueron los responsables del asesinato de Dimar Torres (desmovilizado de las Farc), el 22 de abril de 2019, en el municipio de Convención, a solo 30 minutos de donde fue asesinado Salvador Jaime. Por el caso de Dimar Torres, el cabo retirado Daniel Eduardo Gómez Robledo fue condenado a 20 años de prisión, y el coronel retirado Jorge Armando Pérez Amézquita y tres soldados profesionales (Cristian David Casilimas Pulido, Yorman Alexánder Buriticá Duarte y William Alarcón Castrillón) irán a juicio porque habrían planeado conjuntamente el crimen.
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De igual forma, en aquel entonces el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, el general (r) Diego Luis Villegas, pidió perdón a la comunidad, luego de conocerse el asesinato de Dimar. “No mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad, lo mataron hombres de las fuerzas armadas y por lo tanto, el comandante debería poner la cara”, aseguró en ese entonces, Villegas parado en una tarima, frente a los habitantes de Convención.
Una relación de desconfianzas
No es la primera vez que en la región del Catatumbo hay choques entre la comunidad y los miembros de la Fuerza Pública. De hecho, en mayo de este año un campesino, Digno Emérito Buendía, resultó muerto en medio de un operativo de erradicación forzada adelantado por la Fuerza Pública en la vereda Totumito de Cúcuta. Frente a estos hechos, la Segunda División del Ejército aseguró que las tropas habían sido atacadas mientras los uniformados adelantaban las labores de erradicación. En aquel entonces esta versión fue rechazada por la comunidad, quienes aseguraron que “el supuesto enfrentamiento es un hecho totalmente falso”. Asimismo, al igual que en el caso de Jaime, los habitantes retuvieron aquella vez a un subintendiente del Ejército.
No hay que olvidar que la región del Catatumbo viene siendo la sometida tanto por las disidencias del frente 33 de las extintas Farc como por los enfrentamientos entre el Eln y el Epl, quienes se disputan el control territorial de la zona, desde 2018. Los pactos de no agresión entre estas dos últimas guerrillas no han dado frutos, y por el contrario, los enfrentamientos han impactado directamente a la población civil, dejando niños heridos por balas, colegios cerrados, vehículos quemados y desplazamientos forzados.
(En contexto: Los otros cuestionamientos al Ejército en el Catatumbo)
Es importante mencionar que esta zona fronteriza ha estado en disputa por el control, por un lado, de cultivos de hoja coca y por el otro, de las rutas de narcotráfico. Los municipios de Tibú, Sardinata, Teorama y El Tarra son los municipios con mayor presencia de cultivos de coca y con tendencia expansiva más fuerte, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Esta situación ha puesto en jaque a la población del Catatumbo, donde se ha advertido acerca de las vulneraciones a los derechos humanos en la región. Así lo deja ver la alerta temprana de inminencia (Nº 014-19) emitida por la Defensoría del Pueblo en marzo de 2019. Allí se señala que los habitantes de San Pablo, El Aserrío, La Cecilia y San Juancito, todos comprensión del municipio de Teorama, están en “alto riesgo a infracciones al DIH”. En el documento, enviado a la oficina de la entonces ministra del Interior Nancy Patricia Gutierrez, quien ahora está al frente de la consejería para Derechos Humanos, se relata detalladamente la crisis humanitaria de esta zona.
En el documento, la Defensoría también recomendó a la Fuerza de Tarea Vulcano “proteger y prevenir las violaciones a los derechos humanos, de tal manera que se garanticen las condiciones de seguridad y protección de la población campesina e integrantes de los centros poblados de cuatro corregimientos del municipio de Teorama”. La vereda de Filo Guamo, donde murió Jaime, está mencionada como una de las zonas en mayor peligro, “como consecuencia de los continuos enfrentamientos entre las tropas del Ejército Nacional y la guerrilla del Eln”, refiere la alerta.