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Resistir no es aguantar, dijo el Informe final de la Comisión de la Verdad sobre las consecuencias del conflicto armado en los indígenas de Colombia, pero la realidad de los pueblos originarios se parece más al segundo verbo. Los emberas “aguantando” el desplazamiento por varias ciudades del país, los awás “aguantando” los asesinatos y el alto riesgo de exterminio, y los nukaks “aguantando” el inexistente acceso al sistema de salud fueron algunos de los hechos violentos que hicieron que el 2022 fuera calificado como uno de los peores años para esas poblaciones desde la firma del Acuerdo de Paz.
Así lo indica el informe de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) que se lanzó esta semana, donde se afirma que el año pasado se registraron 453.018 víctimas de diversos hechos violentos; apenas una muestra de las banderas rojas que por años vienen levantando líderes indígenas.
El informe se conoció en la misma semana en que sucedieron tres hechos relevantes en temas étnicos: el Consejo de Seguridad de la ONU amplió el mandato de su Misión de Verificación —que presentaba su informe trimestral sobre implementación del Acuerdo de Paz— y le sumó dos nuevas tareas, incluida la verificación del capítulo étnico.
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Además la vicepresidenta, Francia Márquez, habló por primera vez en esa instancia internacional y su discurso versó sobre la necesidad de una justicia racial y un enfoque étnico en todas las políticas del Gobierno. Y por último, la intervención —también ante ese organismo— del líder indígena Armando Wouriyu Valbuena, quien dijo que la principal dificultad no fue estar en el Acuerdo de Paz, sino que la implementación se diera a favor de los indígenas. “Los pueblos ancestrales fueron exterminados en un 90% en tiempos de la Conquista del continente americano (...). Mal comienzo, y por él pareciera que nos mantenemos todavía condenados”, dijo Wouriyu.
Confinamiento, el mayor hecho victimizante
El informe muestra justamente la persistencia de la violencia hacia esas comunidades. Por ejemplo, la cifra de víctimas es por mucho la más alta desde 2016, cuando se empezó a hacer el recuento. La cifra de las 453.018 víctimas de 2022 es casi 23 veces más elevada que la de 2021, cuando se registraron 19.931. De acuerdo con los datos, el segundo trimestre de 2022 fue el momento del año donde con más intensidad se vio la crisis humanitaria en los territorios ancestrales.
El confinamiento es el hecho con más víctimas, con 433.580, y se concentró en Antioquia, Chocó, Córdoba y Sucre. Para Sebastián Hurtado, abogado de incidencias en derechos humanos de los pueblos indígenas de la ONIC, esto se debió principalmente “al paro armado que durante cuatro días fue decretado por las Agc o Clan del Golfo, en mayo del año pasado”, en el que resultaron afectados al menos 11 departamentos del país.
El año pasado se registraron 453.018 víctimas indígenas de diversos hechos violentos
El segundo hecho con más víctimas fue el desplazamiento forzado (8.183), donde resultaron afectados indígenas de Córdoba, Nariño y Vichada; seguido de hostigamientos (7.711), focalizados en Nariño y Norte de Santander. El documento también registra 3.544 víctimas de otras afectaciones.
De los 115 pueblos indígenas autorreconocidos en Colombia, al menos 50 fueron objeto de vulneraciones a sus derechos humanos. El informe clasifica los más afectados y el pueblo zenú ocupa el primer lugar, con 238.010 víctimas, mayoritariamente de confinamiento.
Le siguen los indígenas emberas. Al menos 148.703 de ellos fueron víctimas de afectaciones por las pocas garantías para regresar a su territorio, un retorno que han intentado al menos 12 veces y ha fallado bien por la presencia y violencia de grupos armados o por la “carretera” imposible que hay para llegar allí.
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Algunos de ellos estuvieron durante varios meses en el parque Nacional de Bogotá, adonde fueron a parar por el desplazamiento forzado. Las escenas de los enfrentamientos con la Policía, las muertes de niños y el mal manejo de su estancia en la ciudad no se borran de la cabeza de la ciudadanía.
El informe afirma que “se ha evidenciado que los indígenas desplazados sufren acciones de discriminación, segregación y revictimización por parte de la mayor parte de la población”. El 21 de diciembre, unos 250 indígenas emberas que permanecían en albergues temporales en Bogotá empezaron su retorno, en un proceso concertado con la Unidad de Víctimas.
Los datos del informe fueron recogidos por las filiales de la ONIC en el territorio con aportes de organizaciones indígenas regionales, como el Consejo Regional indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC).
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La violencia en las regiones
El documento divide las afectaciones en cinco macrorregiones y muestra que la región norte es la que suma mayor cantidad de víctimas, con 240.240, de las cuales 238.000 son por confinamiento, 1.399 por desplazamiento, 566 por afectaciones al territorio, 191 amenazas y otras 84 afectaciones.
Para Hurtado, esto no obedece a la cantidad de pueblos indígenas en la región Caribe, sino a la alta presencia de grupos armados que provocan varios focos de conflicto por el corredor estratégico que hay en zonas como la Serranía del Perijá, el Magdalena Medio y la frontera norte con Venezuela. “Depende de la zona si hay alguien distinto en operación o se pueden cruzar varios de ellos; en general, operan las Agc, el Frente 18 de las Farc-Ep, los Caparros y Los Rastrojos. También están las Águilas Negras, el Eln y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada”, detalla.
En la región occidental también el confinamiento fue el hecho con más víctimas (192.174), en su mayoría por el paro armado del año pasado, que “impidió la libre movilidad para el ejercicio de la caza y la pesca, base de la alimentación y la economía propia de los pueblos indígenas”, dice el informe.
De acuerdo con el documento, esa zona también es un punto estratégico para el tráfico de coca y otros cultivos de uso ilícito, así como “rutas de movilidad de los grupos armados”. En la zona centro-oriental, que ocupa principalmente al Catatumbo, la principal afectación fue el hostigamiento, con 1.472 víctimas. “Las violencias de los grupos armados están aumentando el riesgo de exterminio físico y cultural de la nación barí y de los yukpas, u’was, ingas y muiscas entre otros”, precisa el documento.
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El segundo hecho violento en esta zona es la omisión de la presencia estatal (191), especialmente sobre pueblos plurinacionales como los indígenas yukpas y wayúus. En la Orinoquia, el confinamiento dejó 2.756 víctimas, seguidos por los desplazamientos (1.091). Este último hecho se une a las amenazas contra los defensores de los territorios ancestrales, que sumaron 59 casos.
“El acaparamiento de la tierra por parte de terceros, incluyendo terratenientes, empresarios (nacionales e internacionales) y grupos legales e ilegales, quienes se valen de estrategias jurídicas para legalizar los despojos y la usurpación de los territorios ancestrales, ha debido ser enfrentada por los pueblos indígenas asentados en esta región”, cita el informe. Finalmente en la región amazónica, el documento evidencia un “quebrantamiento del orden natural en cada territorio ancestral” debido a actividades extractivas, de minería ilegal y narcotráfico que han afectado los resguardos, lo que se suma a “pobres condiciones nutricionales y de abastecimiento de alimentos y la falta de infraestructura en materia de servicios de salud pública”.
En esa zona que la mayor afectación fue el confinamiento, con 650 víctimas, seguido de abandono estatal, con 632 afectados, y desplazamiento (375).
Pueblos indígenas de la frontera y el pueblo awá
El informe tiene un capítulo aparte sobre la situación de los pueblos plurinacionales en las fronteras de La Guajira, Norte de Santander, Cesar, Arauca y Vichada.
El texto detalla que los wayuus, awás, sikuanis, cubeos, piapocos, curripacos, baris, ingas, kichwas, yaguas, tikunas, cocamas, tules, yukpas, jivis, amorúas, u’was, e’ñepas y makaguanes son naciones establecidas mucho antes de las delimitaciones de los Estados y que, por tanto, “deben tener protección constitucional”.
Uno de los mayores desafíos con los pueblos plurinacionales es la constante discriminación y xenofobia y que, especialmente del lado colombiano, son tratados como migrantes extranjeros.
En el documento se enumeran al menos 25 afectaciones entre ellas la vulneración a la autonomía y soberanía sobre sus territorios ancestrales, falta de soberanía alimentaria, obstrucción de prácticas espirituales, desnutrición extrema de niños, niñas y adolescentes, trata de personas, reclutamiento forzado, apatridia, delitos contra la integridad sexual, entre otros.
Sobre este último, justamente esta semana se conoció una denuncia sobre explotación sexual infantil de niños, niñas y adolescentes indígenas en Guaviare en la que estarían involucrados al menos 118 militares del Ejército.
Aunque el informe resalta el Estatuto Temporal de Protección que se implementó en el gobierno pasado para la regularización de migrantes, señala que no tiene un enfoque étnico. El informe indica que la mayor afectación en 2022 fue el desplazamiento forzado sobre el pueblo awá. Desde 2019, el Observatorio de Derechos de la UNIPA ha presenciado un incremento de los hechos violatorios de los derechos humanos.
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En 2009, la Corte Constitucional alertó del riesgo inminente de desaparición física y cultural de este pueblo, conformado por unos 26.000 indígenas y se ordenó una protección especial, que aún no se cumple.
