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Desplazadas o confinadas, sin acceso a internet ni comunicaciones y con las escuelas destruidas. Pese al cese al fuego acordado entre el Gobierno y varios de los grupos armados ilegales que operan en la zona, esa es la situación de al menos 9.000 personas desde finales del año pasado en la zona rural de Buenaventura.
Las acciones provienen de la confrontación entre el Clan del Golfo o Agc y el Eln en la región del Bajo Calima y la disputa en la cuenca del río Yurumanguí entre la columna móvil Jaime Martínez, miembro del Comando Coordinador de Occidente, y la Segunda Marquetalia, que está aliada al Eln en la región. Las dos últimas, estructuras disidentes de las antiguas Farc.
Así lo registró la Defensoría del Pueblo a través de dos misiones humanitarias que envió a esas subregiones a inicios de 2023. Luis Arbey Arias Caicedo, defensor regional del Pacífico, aseguró a Colombia+20 que además pudo evidenciar dos graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario. “La escuela de la comunidad Primavera (río Yurumanguí) estaba ocupada por la Armada Nacional. Les dijimos que esa ocupación no estaba permitida y cuando volvimos unos días después había huellas de un posible combate”, denunció.
La segunda se trata de la ocupación de la Iglesia de la comunidad de San José (también en el río Yurumanguí) por parte de la columna Jaime Martínez. “Allí encontramos huellas como uniformes y municiones en un hecho gravísimo pues ambos escenarios, protegidos por el DIH, están siendo ocupados tanto por actores ilegales como legales”, relató Arias, quien se encuentra realizando el informe respectivo.
Según la información recopilada por la entidad, desde el 28 de noviembre de 2022 iniciaron los enfrentamientos armados en las 13 veredas del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí. “De al menos 3.000 habitantes, unos 1.200 han tenido que salir desplazados y el resto están confinados y con restricciones de movilidad, sobre todo en las veredas Papayo, Veneral del Carmen, San Antonio, El Águila, San Jerónimo, San José y San Antoñito”, señaló la entidad en un comunicado publicado el pasado 10 de enero.
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Además de los combates y ocupaciones de lugares protegidos, en la cuenca del río Yurumanguí quedaron incomunicados luego de que entre el 17 y el 20 de diciembre pasados, unos 40 miembros de la Jaime Martínez robaron las lanchas de los campesinos y atacaron torres de comunicaciones, dejándolos sin señal de internet. Para la Defensoría, “esto implica una serie de limitantes a otros derechos fundamentales como la salud y la educación, y también afecta al transporte de alimentos y pasajeros”.
La situación también es compleja en la región del Bajo Calima, en donde hubo combates entre los armados durante los 3 primeros días del año. Estos enfrentamientos dejaron una persona muerta, más de 2.400 desplazadas hacia el casco urbano y más de 1.600 confinadas.
El pasado 12 de diciembre y tras el cierre del primer ciclo de negociaciones con el Eln, se anunció la realización un piloto de alivios humanitarios en esa misma región ante la “grave situación de violencia en los territorios”. De acuerdo con el comunicado leído ese día se pondría en ejecución “un acuerdo parcial de atención de emergencias” que iniciará a partir de enero de 2023 sobre el Bajo Calima y el Medio San Juan (Chocó).
Al día siguiente, el Frente de Guerra Occidental ‘Omar Gómez’, que tiene presencia en ambas zonas anunció paro armado indefinido que terminó por levantarse tras el cese al fuego que decretó esa guerrilla por las festividades de fin de año.
En una entrevista anterior con Colombia+20, Diego Madrid, líder del Consejo Comunitario del Bajo Calima, había detallado que una de las propuestas para esos alivios era que la guerrilla acogiera el Eje Humanitario. “Proponemos construir espacios de salvaguarda colectiva con enfoque humanitario que estén asegurados de forma jurídica como zonas libres de grupos armados. Serían refugios humanitarios internos en los territorios en los que nos podemos cuidar en hechos eventuales de violencia”, señaló.
La violencia no tuvo descanso y, ahora, las comunidades y la Defensoría continúan a la expectativa de que se defina la fecha para la caravana del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, delegados de la ONU y de los negociadores del Eln a la zona, en el marco de la negociación de esos alivios humanitarios para las regiones más afectadas por este conflicto.
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Defensor del Pacífico pide presencia integral
Luis Arbey Arias también describió la situación este miércoles durante un subcomité de justicia transicional realizado en el municipio. Allí reiteró los llamados que la entidad ha hecho en todas las alertas tempranas de la región: a fortalecer la presencia estatal en las zonas rurales. “La situación es tal que, a unas ocho horas de la ciudad, hay niños, niñas y adolescentes que no tienen tarjeta de identidad ni registro civil de nacimiento. Todo lo que hay del Estado en esa zona es el promotor de salud y el profesor”, señaló el defensor.
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Por eso, aseguró que sus peticiones son concretas. La primera es que haya presencia contínua del Estado. “Tenemos desplazamiento, confinamiento, restricciones a la movilidad. Solo la armada tiene presencia en la zona baja del río, pero, por ejemplo, hay cero presencia del Ejército. La última vez que estas comunidades vieron soldados fue en las elecciones presidenciales. Necesitamos presencia institucional constante”, sentenció.
Además, reiteró que la infraestructura educativa de toda la cuenca del Yurumanguí está en abandonada y aseguró que además del asentamiento de grupos armados en las escuelas, “el PAE no ha llegado a los niños de forma continua, otra razón para que los niños deserten”. La situación en salud también es crítica. “En una comunidad vimos a un menor con una herida de fuego y estaba bien curado, ¿quién lo curó? Los insurgentes. Por eso hicimos el llamado urgente también en materia de salud. Se trata de un total abandono”, concluyó.