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El más reciente informe del Secretario General de la ONU sobre niñez y conflictos armados dice que hay un “preocupante” aumento en los hechos violentos contra la niñez en Colombia.
Según el documento, entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2023, se registraron un total de 615 violaciones graves contra niños y niñas, lo que representa un aumento del 61% en comparación con el periodo anterior (2019-2021). Estas violaciones incluyen el reclutamiento y la utilización de 347 niños, así como casos de asesinato, mutilación y secuestro que afectó en un 41% a niños y niñas indígenas y afrocolombianos.
El informe también afirma que el incremento de la violencia en ciertas regiones ha afectado de manera desproporcionada a niños y niñas, especialmente indígenas y afrocolombianos, que viven en zonas rurales remotas y que padecen varias formas de control de grupos al margen de la ley.
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El informe atribuye la mayoría de estas violaciones a grupos armados, con un pequeño porcentaje (4 %) que viene de las autoridades. Entre los principales perpetradores se encuentran los grupos disidentes de las FARC-EP, el ELN y las AGC (también llamadas Clan del Golfo o autodenominadas como Ejército Gaitanista de Colombia).
“Hago un llamado a todas las partes para que cesen el reclutamiento y la utilización de niños y niñas, pongan fin a la violencia sexual y respeten la inviolabilidad de escuelas y hospitales. Deben aplicarse medidas de protección para la niñez, en particular para las comunidades indígenas y afrocolombianas, incluso facilitando la reintegración de los niños y niñas desvinculados de los grupos armados”, declaró Virginia Gamba, representante Especial del Secretario General sobre la Niñez en los Conflictos armados.
Hace unos días el intento de reclutamiento de un menor de edad por parte de la disidencia de las antiguas FARC, conocida como Estado Mayor Central, que derivó en una ataque contra una comunidad indígena y la muerte de una mayora y puso en jaque el proceso de paz con ese grupo armado tras la suspensión del cese al fuego en tres regiones.
Joe Sauca, consejero mayor del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), denunció hace unos días que los grupos armados utilizan las redes sociales, sobre todo TikTok, para engañar a los jóvenes con falsas oportunidades de empleo para administrar fincas y llevárselos reclutados. También va en aumento la instrumentalización de menores de edad para atraer a los jóvenes.
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Cifras de la Fiscalía, presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una reciente audiencia sobre el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes indígenas en el conflicto armado, evidencia que la mitad de los casos que se registraron en Colombia el año pasado fueron en el Cauca, mientras que en lo que va corrido de este año van 38 noticias criminales relacionadas con el tema.
A pesar de estos desafíos, el documento destaca algunos avances significativos como la suspensión de ataques aéreos contra grupos armados que podrían involucrar a niños y niñas, así como el respaldo del Gobierno a la Declaración de Escuelas Seguras.
La reintegración de niños desvinculados de grupos armados continúa siendo una prioridad, con 392 niños inscritos en programas especializados, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Además, la Jurisdicción Especial para la Paz avanza en la investigación de casos relacionados con el reclutamiento de niños y niñas durante el conflicto armado.
El más reciente informe sobre la situación de los pueblos indígenas en Colombia, realizado por el relator especial sobre derechos de pueblos étnicos, José Francisco Cali Tzay, y presentando hace unos días, muestra casos más desalentadores como el reclutamiento de niños desde los seis años.
“Hay una situación en la cual se puede ver que hay niños, inclusive de 6, 7, 8 años, que están siendo reclutados. Es una situación que es preocupante, esencialmente por la cuestión de la violación al derecho internacional humanitario”, indicó Cali Tzay, quien llamó la atención en que los actores armados también estarían reclutando a menores de edad que luego retornan a las comunidades como informantes.