I.
La región de La Macarena ha tenido siempre un enorme poder de seducción sobre el que la mira de lejos. Desde el conquistador alemán Hutton en el siglo XVI, que creyó ver palacios encantados, hasta los turistas de hoy, magnetizados por Caño Cristales. Miles de aventureros han buscado en sus brechas oro, piedras preciosas, uranio y aun sin encontrarlos siguen siendo devotos de su imponencia. No ha sido esquiva a las grandes empresas económicas como la Hacienda Colombia, de los señores Uribe y Herrera, que sacaban de San Juan de Arama restos de ganado cimarrón dejados por los jesuitas expulsados por Carlos III; cultivaban café y cacao en lo que es hoy Uribe; construyeron un camino de herradura del Ariari al Magdalena –que se conserva en parte–. Tampoco ha sido ignorada en las guerras civiles: por ese camino entró la expedición del general Avelino Rosas que regresaba de Cuba, donde luchó al lado de Maceo contra España y enfrentó las fuerzas conservadoras en Jardín de Peñas, cerca de Mesetas. Durante la Violencia de los años 1950, La Macarena fue retaguardia de guerrilleros liberales y luego fue una de las tierras prometidas por Rojas Pinilla a cambio de las armas de los 10.000 guerrilleros que mandaba Guadalupe Salcedo en 1953; la otra tierra fue Saravena, Arauca. El caserío que hoy se llama La Macarena se conoció como El Refugio y allí llegaron colonos de San Vicente del Caguán buscando monte para hacer fincas en paz. También llegaron partidas de pescadores y cazadores traídas en avión desde EE. UU por un gringo. Por aquellos años aterrizó la Texas Petroleum Company, buscando petróleo. Con el Frente Nacional se inició la colonización de la hoya del Ariari. Dos célebres guerrilleros liberales fueron destacados por el gobierno de Lleras Camargo para mantener el orden en una zona donde se iniciaba un ambicioso programa de colonización dirigida, financiado por la banca mundial: Dúmar Aljure, quien se ubicó en Fuente de Oro, margen izquierda del Ariari, y Berardo Giraldo, el Tuerto, en Bocademonte, hoy Granada, margen derecha. El programa de Lleras atrajo miles de colonos y abrió las tierras desde San Martín hasta lo que hoy es Vistahermosa. Se construyeron trochas, escuelas, puestos de salud; se abrieron programas de crédito y asistencia técnica. Se fortaleció el Batallón Vargas, creado durante la Violencia para liquidar las guerrillas. La intervención del Gobierno valorizó las tierras y los empresarios agrícolas las adquirieron sin reparar en medios, mientras los colonos iniciaron su larga marcha a una zona encantada al sur del río Güéjar, donde se toparon con otra marcha que venía huyendo organizada como autodefensas armadas desde el sur y el oriente de Tolima, perseguida por el Gobierno. Dos colonizaciones de naturaleza distinta y horizontes políticos diferentes. Los que venían del norte eran campesinos desplazados por fuerzas económicas; los que venían del occidente, por las Fuerzas Armadas del Gobierno. El choque fue inevitable y las más fuertes, aun siendo perseguidas, se impusieron y subordinaron a las más débiles. Se originó así lo que se ha llamado Colonización Armada, pero que fue, de todos modos, una colonización campesina que entró a descuajar montaña, hacer abiertos, sembrar maíz y arroz, sacar cerdos y aserrar maderas finas. Pero para hacer finca el colono tenía que endeudarse con los comerciantes locales, que al cabo de unos años –vendiendo caro y comprando barato– lo arruinaban y terminaban por comprarle la mejora para hacer haciendas ganaderas. Los colonos siguieron entonces su marcha hacia el suroriente.
II.
Hasta cuando llegaron los cultivos de marihuana y coca traídos por la mafia y protegidos por las autoridades. La coca se convirtió en una trinchera campesina contra su bancarrota. Todo lo que los gobiernos les habían prometido e incumplido se lo dio la coca en un abrir y cerrar de ojos. El campesino se convirtió en una fuente de capital originario, en un productor, en un consumidor y en un pagador de gramaje. Las guerrillas de las Farc, que habían echado profundas raíces en la región, monopolizaron las armas y los tributos; eran, como dijo Marulanda, un “estado fluido” que impuso un orden social con códigos elementales y autoridades reconocidas. Fue en estos días cuando las Farc y el gobierno de Belisario firmaron los acuerdos de Uribe. La Unión Patriótica, salida de esa firma, ganó elecciones en cinco municipios; eligió diputados, representantes a la cámara y un senador. Entonces se inició el Baile Rojo, el asesinato sistemático y brutal de la Unión Patriótica. La guerrilla respondió con emboscadas violentas y el Gobierno le soltó las manos al paramilitarismo. Fue la sangrienta guerra de los años 1980 y 1990, que convirtió la coca en un recurso militar estratégico para las fuerzas combatientes: Farc, fuerza pública y Auc. El conflicto armado llegó a un punto tan alto, que las Farc se convirtieron casi en un ejército convencional y la legitimidad de la fuerza pública estaba siendo erosionada por el poder del paramilitarismo. Fue así como el gobierno de Pastrana abrió la puerta a un nuevo intento de paz con las Farc y se vio obligado a despejar 40.000 kilómetros cuadrados y retirar la fuerza pública para desarrollar las negociaciones. Mientras los diálogos tenían lugar sin mayores avances, los paramilitares cometieron las más monstruosas masacres en el país, y el gobierno de EE. UU. lanzó a Colombia un salvavidas llamado Plan Colombia, con más de 5.000 millones de dólares entre el año 2000 y el 2005, invertidos casi en su totalidad en un programa de reingeniería militar cuyo mayor logro fue la creación de un batallón aéreo del Ejército. Al romperse las negociaciones, se inició una guerra sin cuartel en que las Fuerzas Militares controlaban el aire y las guerrillas se vieron obligadas a renunciar a la guerra regular y a reorganizarse como “guerrillas rodadas”.
III.
El despeje significó para los cocaleros una edad de oro. “La ‘mercancía’ corría como el plátano”. Los cultivos se expandieron, nuevas variedades que multiplicaron la productividad por 4 o por 5. Mientras el Gobierno fumigaba, los colonos abrían nuevas chagras. Cuando el despeje terminó, cuentan los colonos, los paramilitares volvieron a entrar detrás del Ejército y protegidos por él. Hubo un período, el de la Seguridad Democrática, en que la región se sumergió en una crisis institucional y social profunda. Las autoridades administraban las armas; las organizaciones comunitarias desaparecieron. El crimen prevalecía. Por aquellos días llegó don Gustavo, un campesino nacido en Yolombó que prestó el servicio militar en los Santanderes y cumplió misiones de inteligencia antisubversiva. Se dedicó sin suerte a “negocios varios” hasta que la ilusión de la coca lo llevó a la región de La Macarena, atraído por el “Dorado en polvo”. Se metió a la región de Tomaschipán a cultivar coca en sociedad. Trabajaron varios años hasta que se dieron cuenta de que los precios del combustible se comían la ganancia y abandonaron el intento. Don Gustavo se dedicó a un negocio más pulpo: el de la química de la coca. Es decir, a separar los alcaloides de la hoja y transformarlos en cristal para la exportación, y terminó colaborando con las autoridades competentes en la región, es decir, con las Farc, prestándoles servicios de información e inteligencia. Se aburrió de obedecer y de aguantar hambre y se entregó al Batallón Joaquín París, en San José del Guaviare. Colaboró con toda la información que tenía sobre la guerrilla a cambio de que le fuera suspendida la judicialización y de una ayuda de 12 millones de pesos para hacerlos producir. Montó una heladería y trabajó varios años hasta que entró en bancarrota y nuevamente abandonó. Entonces, confiesa alegremente, “me dediqué a lo social”. Trabajó en oficios varios hasta que pudo hacerse a un lote y fue nombrado fiscal de la Junta de acción comunal de La Cristalina, Cristacaña. Al mismo tiempo colaboraba con el Plan Familias guardabosques en la erradicación de cultivos de coca. El Gobierno ofreció ayudas por medio del programa de Consolidación, cuya estrategia consistió en concentrar los programas sociales y económicos en un esfuerzo “integral”, donde los militares jugaban un papel determinante como directivos y a la vez contratistas. Los programas eran atractivos: cultivo de maracuyá, cacao, caña, caucho; cría de gallinas y cerdos; producción de miel. Todos, dice con tristeza, fracasaron porque los técnicos impusieron sus conocimientos de manual sobre la experiencia de los campesinos. “No nos oían”, repite. Eran sordos a nuestras opiniones, pero eran ellos los que tenían la plata. Entre fracasos e ilusiones los campesinos de La Cristalina, de La Albania, del Guapaya, sostuvieron sus proyectos productivos que se convirtieron en pilotos de la sustitución de la coca. O mejor, que trataron, porque a la hora de la verdad, muchos campesinos tenían su chagra de plan B con que sostenían la fachada legal de los proyectos de Consolidación.
IV.
La situación comenzó a cambiar al ritmo y en la medida en que avanzaban las negociaciones en La Habana. Las Farc, sin embargo, mirando el futuro, permitieron a los colonos ampliar las chagras en las zonas campesinas, al suroccidente del río Güéjar, porque al nororiente, en los Llanos de San Juan de Arama, una región tradicionalmente ganadera que ha sido desde los tiempos de dominio de Dúmar Aljure parte del corredor paramilitar San José-Granada-San Martín, llegaron las compañías petroleras Petrominerales y Pacific Rubiales. Compraron predios; hicieron trochas para la sísmica; atropellaron a las comunidades, que comenzaron a protestar y a demandar, presiones que fueron también promovidas por la erradicación de cultivos de coca. Las petroleras hicieron lo que suelen hacer: de un lado, apoyaron fuerzas satélites y de otro, compraban a los dirigentes comunales ofreciéndoles tejas de zinc para las escuelas, pintura para sus casas, becas para sus hijos, apoyos para las juntas de acción comunal. En fin, la combinación de todas las formas de lucha. A las que sumaban otra aún más efectiva: el apoyo a las campañas políticas y por esta vía lograron el enfrentamiento entre la gente de la Sabana –vinculada al eje San José-Granada-San Martín– y los colonos del Güéjar, donde hasta 2012-2013 existía una fuerte organización comunal. El conflicto se profundizó porque los campesinos de estas regiones opusieron resistencia al que llaman ellos Modelo Granada, una combinación entre comercio barato, plataformas digitales, bares y fuerza sicarial. Las petroleras y la cocalización se convirtieron en la base de la nueva estrategia económica y política cuyos hilos eran manejados desde Granada y Montería, Córdoba. En Vistahermosa aparecieron los tres primeros muertos en diciembre pasado. Varios dirigentes campesinos fueron amenazados y, como en el caso de don Gustavo, golpeados. Las alertas se multiplicaron y la Unidad Nacional de Protección apareció, impulsando una red de comunicaciones que las organizaciones campesinas montaron sobre sus propias bases. Son redes que en el fondo defienden un modelo campesino fundado en formas asociativas comunales. Con ese fin fue don Gustavo a La Habana a buscar apoyo y legitimación para el modelo porque los dirigentes campesinos tienen miedo al que llaman “vacío de poder” que se está creando tras la concentración de las fuerzas guerrilleras de las Farc y la amenaza inminente de ser llenado por el Modelo Granada. Las Farc instituyeron un orden social y político bueno, regular o malo, pero unas reglas de juego claras que de una u otra manera eran aceptadas. Pero al desaparecer estas, los colonos de la región de La Macarena se preguntan: “Y ahora, ¿quién podrá defendernos?”. Hay una historia que no se puede desconocer, hay una tradición sólida de organización de estirpe campesina que resiste al embate de las fuerzas que avanzan desde Granada con el apoyo del Batallón Vargas, la red comercial de baratijas chinas, las cadenas de bares y las alianzas políticas. El problema no es que existan modelos distintos en una región tan diversa biológica y culturalmente; el problema está en que el Estado permita ahora, cuando tanto se ha hablado del monopolio de las armas, que unas prevalezcan sobre las otras aprovechando el vacío de poder. El acuerdo de La Habana puede crear un equilibrio si el Gobierno no se inclina a favor del Modelo Granada. Las cosas que están pasando y están por suceder vienen de atrás. Tienen historia.
El Espectador y la OACP
Con la idea de que la paz tiene que materializarse en los territorios por donde la guerra más golpeó, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y El Espectador nos aliamos para este especial periodístico, que en cinco entregas recogió el proceso vivido con el proyecto Diálogos y Capacidades para la Paz Territorial.
La iniciativa trabajó desde noviembre de 2015 en el Bajo Cauca antioqueño, Cauca, Caquetá, Magdalena Medio, Meta, Montes de María, Putumayo, Córdoba y Tolima. Allí se desarrollaron foros, actos culturales, marchas y encuentros con organizaciones sociales y comunidades. En esta última entrega presentamos la historia de la guerra en el Meta y de una red de comunicaciones que organizaciones campesinas montaron sobre sus propias bases.
*Aliados en el Meta: Unillanos, Cordepaz, Parque Nacional Natural los Picachos, Escuela de Liderazgo Ambiental (ELA), PNUD.