Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El llanto no dejaba de escucharse mientras el chorro de sangre salía desbocado por los dos agujeros que dejaron los proyectiles en las piernas de Samuel David. Cómo controlar ese aullido de dolor, si apenas tenía siete meses de nacido. Cómo podía socorrerlo su madre, si sentía la rodilla izquierda fragmentada en dos por un disparo. Cómo podía hacerlo su padre, si apenas pudo tirarlos al suelo cayó herido por dos balazos en esa lluvia de plomo en plena madrugada en un caserío de La Guajira. A sus verdugos no les importó que Samuel fuera apenas un bebé, ni que su papá hubiera abandonado para siempre las armas que portó durante siete años, mientras fue guerrillero de las Farc. Y cinco horas después ya nada importaba: la hemorragia causada por los disparos le arrancó la vida al bebé antes de llegar al hospital, bajo las primeras luces del domingo 14 de abril de 2019. Fue el primer hijo de la paz al que la guerra se llevó por delante.
“Fue como si me hubieran arrancado una segunda vida. Yo sentí mucho dolor, pero también mucha rabia, porque sabía que había mucha gente con odio, que se quería vengar, y aún así me confié. Ese día se me rompieron las ilusiones del proceso de paz, y tres años después el caso sigue impune”, dice el padre de Samuel, a quien el miedo le impide revelar su nombre, como tampoco le ha dejado alejarse del pedazo de tierra en el que adelanta su reincorporación a la vida civil junto a su esposa y sus antiguos camaradas.
Esa madrugada, las balas también acabaron con la vida de un primo de Samuel. Reportes de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas —conocidos por Colombia+20— dan cuenta de que, como ellos dos, al menos sesenta familiares (en primer, segundo y tercer grado de consanguinidad) de firmantes de paz han sido asesinados desde 2017, a lo que se podrían sumar otras siete víctimas que siguen en proceso de verificación. Se trata de un conteo que avanza silencioso a la sombra de un fenómeno de dimensiones mucho mayores: el de los homicidios contra los propios excombatientes, que hasta el 27 de junio de 2022 ya eran 327 (en promedio, un asesinato cada seis días desde que se firmó el Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016).
Lea: Asesinato de hijo de excombatientes, un golpe a la reconciliación: Farc.
Un hombre de sesenta años, padre de tres exguerrilleros, baleado por sicarios en Tolima. Una niña de 17, hija de dos firmantes del Acuerdo, apuñalada y degollada en una finca de Antioquia. Una menor de edad, en el Cauca, asesinada por sicarios junto a su tía, quien perteneció a las Farc, en el mismo lugar donde tres meses antes mataron a su compañero. De ese calado son las historias que deja esta ola de violencia.
“Estos asesinatos, además de desmoralizar a la persona, desmoralizan al resto de firmantes del Acuerdo y rompen el tejido social de las comunidades y familias que vieron en ese acuerdo una oportunidad de reencontrarse con sus seres amados”, dice el exjefe guerrillero Jaime Alberto Parra, quien lidera la Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunes.
De acuerdo con información que la Fiscalía General de la Nación le ha entregado a la comisión, desde noviembre de 2016 hasta marzo de 2022 hubo al menos 62 asesinatos a parientes de ex-Farc, y en 37 de estos casos se ha vinculado como responsable a algún grupo ilegal. Las disidencias de las Farc, con 18 casos (29 %), figuran como el principal verdugo, seguidas de las Agc o Clan del Golfo (19 %), grupos delincuenciales (6 %) y el Epl (5 %). Casi nueve de cada diez víctimas son hombres (54 de 62) y los departamentos con más asesinatos contra familiares de reincorporados son Antioquia (once), Nariño (cuatro) y Cauca, Putumayo y Huila (con tres casos cada uno).
¿Por qué los asesinan?
Para Angelika Rettberg, profesora de la Universidad de los Andes, quien lleva más de dos décadas investigando sobre conflicto y construcción de paz, estos asesinatos a familiares casi siempre ocurren para ejercer presión sobre el verdadero blanco de la acción, que es el exguerrillero.
“Los cometen grupos que tratan de lograr que algunos desmovilizados se vinculen a la criminalidad, y cuando no funciona la presión verbal, matan a un familiar para enviar un mensaje muy claro: ‘Si usted no se vincula, si usted no coopera o no colabora, vamos a seguir con la siguiente persona’. Es una forma de mostrar que saben cómo golpearlos a través de sus familias, que son sus flancos más vulnerables”, explica Rettberg.
Una excombatiente del sur del país, que pidió no mencionar su nombre, le suma otro factor: “Hay muchas personas que estuvieron en las filas, pero no se acogieron al acuerdo. Ahora que se dan cuenta quiénes sí lo firmaron, tratan de reclutarlos o utilizarlos, y si se niegan toman represalias”.
Los casos abundan, y varios se quedan en el anonimato, como el de una exguerrillera que cuando estaba en las filas se desempeñaba como caletera (conocía la ubicación de las guacas de armamento y dinero). “Los grupos ilegales la identificaron, la asediaron hasta que tuvo que desplazarse, y por eso le asesinaron un hermano. A la mamá le llegó un mensaje en el que decían que lo mataban porque ella no colaboró”, cuenta la mujer.
A estas situaciones, el investigador Leonardo González, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), les agrega otro factor: el rol de liderazgo que han alcanzado algunos excombatientes o sus parientes. “Varios se han convertido en líderes de sus comunidades, y la forma de los grupos para obligarlos a que dejen de adelantar una actividad o proceso es atentando contra quienes los rodean”, señala.
¿Medidas insuficientes?
Para Jaime Parra, líder de Comunes, “la respuesta del gobierno de Iván Duque frente al asesinato de firmantes del Acuerdo de Paz y sus familiares ha sido mínima, al igual que lo ha sido la implementación del Acuerdo”. Parra argumenta que “la respuesta de los mecanismos de denuncia ha sido lenta” y “no se han tomado medidas integrales ni contundentes” de protección.
Al respecto, Juan Carlos Vargas Morales, consejero presidencial (e) para la Estabilización y la Consolidación, le dijo a Colombia+ 20 que desde el Ejecutivo se han “adelantado esfuerzos significativos en lo que corresponde a las garantías de seguridad”. Según Vargas, la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha implementado 430 esquemas de protección para ex-Farc, “los cuales son extensivos, en gran parte, a los núcleos familiares de los beneficiarios”. El funcionario agregó que el gobierno Duque ha liderado cerca de 120 sesiones de la Mesa de Coordinación para la Seguridad de las Personas en Reincorporación, para buscar acciones preventivas y estrategias que reduzcan estos hechos de violencia.
Vea: Estas son las recomendaciones de ONU al gobierno Petro para reducir la violencia.
González, de Indepaz, indica que una de las falencias de estas medidas es “que se ha priorizado la protección individual de los firmantes, pero en muy pocos casos la colectiva y casi nunca la territorial”. Ese fortalecimiento de la protección colectiva fue, precisamente, una de las órdenes que dio la Corte Constitucional en enero de este año, cuando declaró el estado de cosas inconstitucional por el bajo grado de implementación del componente de garantías de seguridad para los exmiembros de las Farc y sus familias, que se convirtió en un precedente clave sobre las vulneraciones que ha atravesado esta población.
Por su parte, la profesora Rettberg asegura que “más allá de medidas como chalecos antibalas, escoltas y camionetas, lo más importante es desactivar los factores de riesgo que buscan halar a los desmovilizados y sus parientes a nuevos ciclos de violencia, no solo combatiendo a los grupos armados ilegales, sino entendiendo cómo delinquen y llevando presencia integral del Estado a las zonas donde lo hacen”.
Auge de desplazamientos
Al drama de enterrar a sus familiares varios excombatientes han tenido que sumarle el salir sin nada de sus territorios para resguardar su vida. Los casos abundan. “Acá hay una compañera a la que le asesinaron al esposo al frente de ella, en 2019. Por el riesgo, tuvo que salir de Guapi desplazada al Bajo Calima, pero luego tuvo que huir a Buenaventura y después le tocó desplazarse a Cali”, relata una promotora de derechos humanos del Partido Comunes en el Valle del Cauca. También menciona el caso de un hombre que habría sido desaparecido (van 27 casos desde la firma del Acuerdo, según la ONU) por negarse a entrar a una estructura disidente en 2020: “El grupo obligó a 45 personas de su familia a que se desplazaran, y aún se desconoce el paradero del compañero”.
Lea: Los retos de Petro para establecer diálogos regionales en medio del conflicto.
Según un investigador de la Comisión de DD. HH. del Partido Comunes, en todas estas agresiones puede existir un subregistro relacionado con el proceso de denuncia. “En el momento en que se interpone, las víctimas no informan que son familiares de personas en reincorporación y que por esta condición se presentó la vulneración. Sienten temor de ser estigmatizadas y revictimizadas”, señala. Otro hecho que pone de relieve el riesgo al que se exponen los ex-Farc y sus familias es la cantidad de apoyos económicos para la reubicación: ya van 1.570 desembolsos.
El panorama de esta violencia contra los ex-Farc y sus familiares choca con las expectativas que planteó una negociación de paz para desarmar a la guerrilla más grande del país, transformarla en movimiento político, y reincorporar a sus combatientes a la vida civil.
Como dice la profesora Rettberg: “Una de las principales razones que motivan a las personas a dejar las armas es que van a poder restablecer lazos con su familia. De hecho, los primeros meses después de la desmovilización de las Farc hubo una avalancha de familiares que fueron a buscarlos, a encontrar al hijo perdido. Y no solo eso, sino que muchos exguerrilleros formaron familias: se habló del baby boom de las mujeres que después de estar en la guerra les apostaron a sus embarazos. El tema de la familia es de los que más incide para motivarse a abandonar las armas, pero, asimismo, es el flanco más fácil después de este proceso”.
Han sido asesinados 327 firmantes de paz
Según el último informe de la Misión de Verificación de la ONU, desde la firma del Acuerdo de paz (en noviembre de 2016) hasta el pasado 27 de junio han sido asesinados 327 excombatientes de las Farc. Solo cinco de los homicidios ocurrieron en antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
Lea también: Gobierno acata orden de la JEP y pagará renta básica a hijos de ex-Farc asesinados.
A estas muertes se suman 93 tentativas de homicidio y 27 desapariciones forzadas. La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía investiga 379 casos por estas afectaciones, pero hasta ahora solo se han logrado 55 condenas (y apenas cuatro contra autores intelectuales).
Desde 2017, la Defensoría del Pueblo ha emitido 95 alertas tempranas, que incluyen riesgos específicos para los excombatientes. Los departamentos donde se sitúan estas alertas son Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Chocó, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca, además de Bogotá.
