Se confirma salida de excombatientes de Farc en Meta por amenazas de disidencias

En ese espacio territorial viven cerca de 86 familias que tienen unos 14 proyectos productivos.

Foto: José Vargas

Este viernes tanto la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) como el partido Comunes -a través de sus representantes en el Consejo Nacional de Reincorporación- afirmaron que los excombatientes de las FARC que viven en el ETCR Mariana Páez, ubicado en una vereda del municipio de Mesetas, Meta, saldrán de ese territorio ante el inminente riesgo de desplazamiento forzado.

Según denunciaron los firmantes del Acuerdo de Paz, las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de FARC, al mando de Iván Mordisco, que operan en el territorio, les dieron el pasado lunes 14 de marzo un plazo de 30 días para abandonar ese espacio territorial.

Las partes dieron razones diferentes para el desplazamiento. Por un lado la OACP afirmó en un comunicado que se conformará un comité de atención humanitaria el protocolo, aunque aclaró que desde hace varios años los firmantes vienen solicitando su reubicación “dados los incumplimientos e inconformidades presentadas porque el terreno no responde a sus necesidades productivas y de vida”, mientras que los firmantes del Acuerdo que coordinan los temas de reincorporación afirmaron que el Gobierno no puede garantizarles condiciones de seguridad.

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Lo cierto es que ya se está trabajando conjuntamente en “protocolo de salida y reubicación de la comunidad”, y el reconocimiento de un campamento humanitario en ese ETCR durante el tiempo de la emergencia que tendrá el acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU y de la Mapp-OEA.

También se construirá un cronograma y un plan de trabajo con la Mesa Interinstitucional de Región Oriente para la “exploración, realización de estudios y adquisición de tierras para vivienda y desarrollos de los proyectos productivos” de los habitantes de ese espacio territorial de Mesetas.

La denuncia se dio apenas dos días después de que el presidente Petro anunciara que se instalará una mesa de negociación con el EMC, y de que la Fiscalía levantara las órdenes de captura contra 19 integrantes de esa disidencia, incluyendo algunos militantes que sí habían firmado el Acuerdo de Paz, con lo cual el jefe del ente acusador abrió la posibilidad legal buscar una salida negociada al conflicto armado.

El EMC es una organización armada creada por miembros de las FARC que no se acogieron al Acuerdo de Paz firmado en el teatro Colón en noviembre de 2016 que adelanta un proceso de negociación con el Gobierno de Gustavo Petro.

Como parte de la respuesta a esas amenazas, el Gobierno instaló el jueves una mesa interinstitucional para “escuchar las inquietudes y necesidades de los firmantes”, en la que participaron varios líderes de ese ETCR, así como delegados del Ministerio de Defensa, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), la Misión de Verificación de la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (Mapp-OEA) y un delegado de embajada del Reino de Noruega, entre otros.

La decisión del Gobierno de reubicar a los habitantes de este ETCR se da un día después de que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz afirmara en un comunicado que no permitiría que “los firmantes de paz y sus familias sean desplazados de sus hogares y obligados a abandonar sus proyectos productivos”.

El Componente Comunes del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) también se pronunció sobre el desplazamiento, aunque en ese documento se afirma que el Gobierno no pudo dar las garantías de seguridad. “A pesar de la voluntad, no tiene soberanía y control territorial que brinde dicha potestad”, dice el comunicado.

En entrevista con Colombia+20, William Betancur, líder de ese espacio territorial, afirmó que ambas necesidades fueron tocadas en la mesa interinstitucional.

“Tanto la falta de garantías como nuestras peticiones sobre el terreno son ciertas. En el gobierno de Iván Duque no se legalizó la tenencia de la tierra y sí se pidió una reubicación en ese sentido. Lo que agrava la situación es que es inminente el riesgo que tenemos ahora, por eso a nosotros y al Gobierno nos toca afrontar esta amenaza de desplazamiento”, dijo Betancur.

Y agregó: “En la reunión se nos preguntó qué se requería para quedarse y nuestra respuesta fue: se requiere que se implementen los Acuerdos, pero no nos podemos quedar. Hay una falta de claridad en entender que no se garantiza la seguridad aumentando el pie de fuerza o rodeando al ETCR. Nosotros ya hemos sufrido dos desplazamientos grandes en el Yarí y en El Diamante y esta amenaza es un hecho real”, detalla.

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Sobre el lugar a donde se irían las más de 200 familias que viven en ese espacio en Mesetas, Betancur afirma que aún no lo saben.

“No hemos sido capaz de resolver la llegada a otro lugar y el tiempo está en contra… Hoy tenemos 25 días para irnos. Eso obliga a solicitar con contundencia que el Gobierno resuelva el sitio y que traspase la frontera de inseguridad que tenemos y en el que tengamos acceso a servicios. Un albergue temporal podría ser la salida, pero una salida real sería la compra del terreno o la adjudicación del terreno y la vida digna”.

En el comunicado de Comunes, se especifica que este desplazamiento no es un hecho aislado. “De manera simultánea fue retenido un firmante en Cauca y otro asesinado en Caquetá”.

“Lo preocupante es que ya están llegando a nuestras reuniones y haciendo amenazas de esa manera. Le pedimos al Gobierno que se pronuncie y actúe. Si el Gobierno no puede garantizarle la seguridad a las personas que llevamos seis años firmes con la paz, ¿a quién carajos se la va a garantizar?”, afirmó a este diario hace unos día Luz Marina Giraldo, consejera de derechos humanos del partido Comunes.

El mismo Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko y actual líder del partido Comunes, le advirtió el jueves al presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter que los firmantes de paz siguen siendo blanco de las disidencias y le pidió una reunión de urgencia.

“La implementación del Acuerdo de Paz corre grave peligro. Las organizaciones con las que se pretende negociar la ‘Paz Total’ nos han hecho blanco de sus acciones y su gobierno no atiende nuestros llamados (…) Desde el inicio de su gobierno estamos esperado que usted nos reciba para exponerle nuestros puntos de vista sobre la implementación del Acuerdo de Paz, nuestras inquietudes y propuestas”, dijo Londoño.

Aunque Petro no ha respondido sobre esta solicitud, una reunión con Londoño se viene preparando desde hace días, aunque aún sin fecha definida. La reunión podría tardarse si se tiene en cuenta las recientes declaraciones del mandatario en las que ratificó su respaldo al Acuerdo de Paz de 2016″, pero dijo que quedó incompleto y que hay que reforzarlo de cara a la industrialización del país.

“Cuando uno estudia el Acuerdo al que llegaron, el Acuerdo Final, allí uno quisiera ponerlo como una ilusión realizada. ¿Qué sería de la sociedad colombiana si todos los puntos allí escritos se volvieran realidad? Ese ejercicio nos daría una sociedad rural. Yo le llamaría un romanticismo”, dijo Petro el jueves en una reunión con empresarios, en Medellín.

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Sobre la amenaza, el Comisionado afirmó en el comunicado que se está gestionando un “compromiso público respecto a la protección de la vida y al territorio de los y las firmantes del Acuerdo del Teatro Colón por parte de todos los actores armados que sostienen conversaciones con el Gobierno Nacional”.

El documento finaliza diciendo: “No toleraremos ningún acto de violencia, amenazas o intentos de desplazamiento forzado en contra de los firmantes”.

Betancur dice que durante la reunión el Gobierno afirmó que aún no tiene claridad de que haya sido un hecho de esa disidencia. “Se dijo que se le va a consultar sobre esto a la comisión negociadora y a los voceros del EMC. Lo importante es que sí haya un respeto por la población firmante. Nuestro eslogan es: los cimientos de la Paz Total son atravesados por la implementación de los acuerdos”.

Según registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 3 de marzo de 2023, 350 firmantes han sido asesinados, dos de ellos este año. Meta es el sexto departamento con más muerte de excombatientes (28), después de Cauca (60), Nariño (40), Antioquia (38), Caquetá (32) y Putumayo (31).

En diciembre de 2021 ya se había producido el desplazamiento de otro espacio territorial en ese departamento. Unos 43 excombatienrtes y las familias que vivían en el ETCR Urías Rondón del Yarí, ubicado en el municipio de La Macarena, tuvieron que irse del territorio por las graves condiciones de seguridad. En el operativo de salida de esa zona hacia el predio San José, en El Doncello, Caquetá, fueron impactados con ráfagas de fusil y fue incinerado uno de los camiones que se había dispuesto para los enseres.

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Los hostigamientos contra ese espacio territorial se vienen presentando desde 2019. De hecho, el primer asesinato contra un excombatiente dentro de un ETCR ocurrió justamente allí en octubre de ese año cuando hombres armados ingresaron al lugar y acabaron con la vida de Alexander Parra, líder de esa zona y esposo de Giraldo, entonces candidata al concejo por el Partido Farc y hoy consejera de derechos humanos de esa colectividad.