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El antiguo secretariado de las extintas FARC emitió un comunicado en respuesta al polémico borrador del Ministerio de Justicia -y que dio a conocer Colombia+20 el jueves pasado- para crear las “Zonas de Restauración y Reintegración Comunitaria (ZRRC)”, algo parecido a unas zonas de concentración, para ejecutar las sanciones que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le imponga a quienes están acogidos a ese tribunal de paz.
La propuesta de los ZRRC señala que los comparecientes estarán sujetos a medidas de restricción de movimiento y que tendrá “vigilancia supervisada por un equipo multidisciplinario que garantice el cumplimiento de las condiciones de sanción (…) y que la restricción no implicará condiciones penitenciarias tradicionales, sino un régimen basado en principios restaurativos y de dignidad humana”. Sin embargo, de acuerdo con expertos que negociaron el Acuerdo de Paz y excombatientes, se trataría de una iniciativa que va en contra de lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016.
En la carta dirigida a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, el exsecretariado de las FARC pide la “derogación y retiro” del documento. Así como el retiro del CONPES 4094 que tiene que ver con los Lineamientos de Política para implementar el arreglo institucional del Estado para la Ejecución de los componentes de las sanciones propias y las medidas de contribución a la reparación. Según el comunicado de los exFARC, esos documentos son contrarios a lo plasmado en la Ley Estatutaria de la JEP y el Acuerdo Final de Paz.
Las sanciones propias son uno de los tres tipos de sanciones que puede imponer la JEP (las otras dos son las penas alternativas y las ordinarias), y son impuestas a quienes reconozcan de forma exhaustiva su responsabilidad en los hechos más graves cometidos durante el conflicto armado.
“El enfoque que ha tomado el Gobierno Nacional frente a este tema no solo representa un retroceso en la implementación del Acuerdo de Paz, sino que también pone en riesgo la estabilidad del proceso y la confianza de las partes involucradas. Es necesario un replanteamiento urgente, con consultas previas basadas en los principios originales del Acuerdo Final”, se lee en el comunicado de los firmantes.
Además de señalar que la elaboración de ese documento no contó con la participación de la población firmante y tampoco fue constatado ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)”, el principal rechazo del antiguo secretariado tiene que ver con las restricciones que propone la iniciativa del Ministerio de Justicia.
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Según el Acuerdo de Paz, no se habla de una restricción de movimiento sino de una restricción efectiva de libertad, en la que los sancionados cumplen unas funciones sin estar concentrados en un solo lugar. Al respecto, los firmantes explican que dicha restricción para cumplir sanciones debe estar determinada directamente por la JEP y que en ningún momento se debe entender como cárcel o prisión, ni medidas de aseguramiento equivalentes. Sin embargo, los firmantes señalan que es el Ministerio de Justicia el que propone dichas zonas, aun sin tener competencia para ello.
La propuesta es parecida a las “colonias agrícolas” que propuso Iván Duque durante su gobierno, cuando quiso hacer “correcciones” al Acuerdo de Paz. “No necesariamente tienen que ser cárceles con barrotes, puede haber mecanismos de reclusión distintos; pueden ser unos centros de colonias agrícolas, pero tiene que haber una proporcionalidad en la sanción”, dijo entonces Duque.
El rechazo también fue expresado por Rodrigo Londoño desde su cuenta en X, donde cuestionó el modelo de justicia del gobierno Petro. “Sorprendió la propuesta emitida por su ministra de Justicia acerca del modelo de sanciones propias de la JEP, en la cual se emulan colonias penales. ¿Ese es el modelo de justicia para la paz de su gobierno?”, señaló el exFARC junto con otros cuestionamientos.
Por otro lado, sobre el punto del borrador que propone medidas de vigilancia, el comunicado de los firmantes señala que esos mecanismos ya están dispuestos en el Acuerdo de Paz.
El otro tema que fue rechazado por el exsecretariado de las FARC tiene que ver con la ubicación que tendrían estas Zonas de Restauración y Reintegración Comunitaria, pues, según el documento, se realizaría “en áreas rurales o semiurbanas con alta afectación por el conflicto armado”. Y aunque el documento no lo diga, este diario pudo corroborar que se trataría de 41 zonas.
“En la actualidad en Colombia se desarrollan al menos ocho conflictos armados y el Estado no ha logrado garantizar la seguridad y protección integral de la población firmante, lo que ha generado una grave crisis que ha costado la vida de 443 firmantes, amenazas, desplazamiento que condujo a abandonar de manera forzada siete Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y la constante estigmatización a la que nos enfrentamos día a día los y las constructoras de paz”, explica el comunicado.
Sobre los trabajos restaurativos contenidos en el borrador se indica que los proyectos se deben hacer en consulta con las comunidades y víctimas y se delinean propuestas como la rehabilitación de infraestructura (reparación de escuela, caminos rurales, entre otros), proyectos ambientales como reforestación o servicios sociales como brigadas educativas y de salud.
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También programas de alfabetización, talleres sobre derechos humanos y resolución de conflictos y sesiones individuales y grupales de terapias psicosociales para el manejo de traumas, fortalecimiento emocional y desarrollo de empatía. “Las ZRRC fomentarán encuentros periódicos entre los comparecientes, las víctimas y las comunidades, organizados bajo la dirección de mediadores capacitados en justicia restaurativa”, dice el borrador.
Sobre este punto, el exsecretariado reconoció que si bien las sanciones contribuyen a la restauración, la responsabilidad integral de reparar está en cabeza del Estado. “El pretender que se satisfaga el derecho a la reparación a las víctimas únicamente por medio de los sancionados es una restricción al deber del Estado, resulta un despropósito y un claro desconocimiento de lo acordado”, señalaron los firmantes.
Colombia+20 consultó con la JEP sobre su postura frente al borrador entregado por el MinJusticia, pero el tribunal dijo que por ahora no se pronunciaría y solo envió una escueta respuesta en la que decía: “Esa propuesta formulada en la mesa técnica deberá ser estudiada en su momento por la JEP”.
La respuesta del Ministerio de Justicia
En un comunicado dado a conocer el viernes pasado, la cartera dijo que la iniciativa se trataba de un primer e incipiente borrador “en aras de contribuir a la discusión, en el marco de la Instancia de Articulación Gobierno-JEP, sobre los componentes de las sanciones propias”.
Y agregó que el borrador “es solo un insumo y no una política definitiva que haya sido adoptada por la Instancia de Articulación”.
Además, indicó que se adelantará una mesa técnica en enero para concertar espacios conjuntos para “discutir y consensuar tanto la propuesta del ministerio como otras, incluida una presentada por la JEP, y cualquier otra adicional que deben ser respetuosas del Acuerdo de Paz y de la reglamentación correspondiente”, dice el comunicado.
Las peticiones de Rodrigo Londoño
A través de un hilo de cinco puntos en su cuenta en X, Rodrigo Londoño, firmante de paz y miembro del antiguo secretariado de las extintas FARC, cuestionó el modelo de justicia del gobierno Petro a raíz de la polémica iniciativa por parte del Ministerio de Justicia. Asimismo, Londoño volvió a poner sobre la mesa el incumplimiento de la renta básica para los firmantes de paz y exigió a la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) el desembolso inmediato.
“Presidente Gustavo Petro, la paz de Colombia pasa por horas difíciles y es necesario que usted tome correctivos urgentes. Usted es el jefe de Estado. Le corresponde actuar en favor de la paz en Colombia”, señaló Londoño en la red social.
Otro de los reparos de Londoño fue a raíz de los continuos asesinatos de firmantes de paz. Señaló que durante el mes de diciembre fueron asesinados cuatro excombatientes, llegando a la cifra de 443 firmantes asesinados. “Necesitamos garantías para los firmantes de paz”, dijo.
Finalmente, Londoño también abogó por el cumplimiento del Acuerdo de Paz y le pidió al mandatario que “honrara” lo firmado en 2016.
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