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Quién mata una persona es como si hubiera matado a la humanidad, dice el papa Francisco en la Fratelli Tutti, y la frase tiene pleno sentido cuando el muerto es un inocente. Este es el caso del “falso positivo” en sentido estricto, donde el asesinado es un insignificante, que vivo vale nada y como cadáver es precioso para la patria.
Esta reflexión, madurada desde cuando se entregó el Informe de la Comisión de la Verdad, tiene tres propósitos: invitar a parar la guerra de todos los lados e insistir en la reconciliación, ratificar la conclusión sobre los “falsos positivos” hecha por la Comisión de la Verdad y apoyar a la JEP, que avanza hacia las responsabilidades diversas en altos mandos militares y civiles en el Caso 03.
Lo primero es detener la guerra, que dañó lo que tocó, empezando por quienes la hicieron, para atacar o proteger al Estado. Entre los secuestros y reclutamientos de niños por la guerrilla y las masacres y desplazamientos masivos de los paramilitares, los “falsos positivos” se destacan en la degradación del conflicto. La pretensión fue arreglar, matando, problemas sociales y políticos que empeoraron. Quedó el modo de vivir en guerra, entre odios de civiles y políticos y el narcotráfico rampante, violento y corruptor. Y la posibilidad razonable de reconocer responsabilidades y construir la reconciliación y tomar la decisión fundamental de respetar al otro, y nunca más matarnos.
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Es el momento de retomar las conclusiones de la Comisión de la Verdad sobre “falsos positivos” como resultado del análisis de los hechos ocurridos en las distintas regiones y en 30 de los 31 departamentos. La Comisión muestra que esto ocurrió en el contexto de patrones, acciones y omisiones del Gobierno y el Ejército en un marco de tiempo determinado para producir el crimen de guerra en medio de una política estatal. El análisis deja claro que no se trata de manzanas podridas ni de una estructura criminal interna que actuó con desconocimiento e independencia de la institución y sus mandos. Hoy, estoy convencido de que esta es la verdad, dura y dolorosa para hombres y mujeres de integridad moral que forman parte del Ejército y de la Policía y otros que formaron parte de gobiernos. Siento la obligación de afirmarlo claramente, pues yo mismo sostuve que era un crimen de Estado pero que no se trataba de una política estatal.
Son muchas las preguntas dirigidas a la conciencia de quienes eran autoridad civil y militar durante los “falsos positivos”. He aquí unas pocas: ¿por qué se permitió que entre las normas se establecieran tablas en las que los resultados convincentes son cadáveres y no prisioneros que hubieran podido hablar sobre los falsos combates? ¿Por qué permitieron que asesinar a los “nadies” pasara como irrelevante ante la urgencia de derrotar al enemigo? ¿Por qué soldados y suboficiales mataron convencidos de que eso era lo que esperaba la institución? ¿Quiénes dieron la orden o las orientaciones o conceptos que podían ser interpretados como voluntad de los superiores para asesinar a inocentes o a prisioneros vivos? ¿Quiénes avalaron a los que daban las órdenes permitieron que ocurriera o sabiendo callaron? ¿Quiénes prefirieron no denunciar porque se dañaba la legitimidad del Ejército? ¿Por qué no se escucharon las denuncias de las familias, los defensores de derechos humanos y las Naciones Unidas; y en cambio se les señaló como enemigos en guerra jurídica contra el Estado? ¿Por qué se demoró el inicio de la investigación cuando cada mes significaba decenas de muertos en los últimos años?
Por eso es tan importante, y requiere todo apoyo ciudadano, el Auto 305 de la JEP, del pasado 14 de julio. Allí la Jurisdicción, después de avanzada la primera etapa del Caso 03, en la que pone en evidencia tácticas operativas criminales articuladas sistemáticamente por un aparato delictivo incrustado dentro del Ejército, amplía el proceso para llamar a comparecer a altos mandos militares y civiles. Lo hace porque al profundizar la investigación encuentra una estrategia, que corresponde a política de Estado. Actúa en cumplimiento del mandato de aplicar la justicia transicional y restaurativa según las responsabilidades sobre crímenes de guerra. Y determina compulsar copias a otras instancias judiciales cuando los asuntos no le competen. Este paso es crucial para la legitimidad de la justicia de la JEP. Como fueron cruciales los pasos dados al enjuiciar a los miembros de las FARC por secuestro y retención. Y vendrán otros pasos.
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Así es el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, parte del Acuerdo de Paz en 2016. El Sistema fue construido con la participación del grupo que estaba en el Ministerio de Defensa en 2007 y 2008, que dio un impulso especial a la formación en derechos humanos de las Fuerzas Militares. Paradójicamente, estos fueron los años del más alto número de “falsos positivos”. Y fue el mismo grupo el que emprendió, hacia medidos de 2008, la investigación interna que llevó a tomar decisiones sobre el crimen.
El Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC mantendrá el reconocimiento internacional que hoy tiene si esas mismas personas que pusieron en el centro a las víctimas acogen con integridad las exigencias de la verdad de la justicia restaurativa. Igual vale para quienes, siendo parte del Estado, han estado en contra del Acuerdo. Unos y otros enfrentan el dilema moral de asumir u ocultar lo que les corresponde de distinta forma en la tragedia de los “falsos positivos”.
En el novedoso proceso de justicia humana basado en la verdad dicha, el reconocimiento de responsabilidades no destruye, sino que eleva la reputación del compareciente. Cada quien va a decidir, ante las víctimas y el mundo, si hará o no de sí mismo un actor de grandeza y honestidad en la reconciliación de los colombianos.
* Expresidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.