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“La Comisión concluyó que es tiempo de avanzar en un compromiso frente a la superación definitiva del prohibicionismo”, sentencia la Comisión de la Verdad frente a la política de lucha contra las drogas y el narcotráfico, en las recomendaciones sobre esta materia. Los lineamientos que esboza la entidad en ese documento reiteran lo que ya se ha dicho sobre el narcotráfico: hay que avanzar en el cambio de paradigma, del prohibicionismo a la regulación legal responsable.
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Liderar el debate internacional hacia la regulación
La Comisión, de entrada, recomienda al Estado y a la sociedad hacer dos reconocimientos básicos: primero, que el narcotráfico “se ha convertido en un actor político” que no solo está imbricado en el conflicto armado y ha facilitado su persistencia, sino que ha penetrado la sociedad, la política, la economía y la cultura. Y dos, que el enfoque prohibicionista en la lucha contra las drogas no solo ha sido ineficaz para cumplir sus objetivos, sino que ha provocado el incremento en los niveles de violencia y ha generado impactos políticos, económicos, sociales y ambientales en los derechos de personas, comunidades y territorios.
Para llevar a cabo ese cambio sustancial en la política de drogas, la Comisión le recomienda al Estado “liderar y promover un debate internacional para la modificación del régimen global basado en la prohibición de las drogas y así avanzar hacia un régimen regulatorio”. Esto, por la legitimidad que tiene Colombia al ser uno de los países que más ha sufrido las consecuencias de la guerra contra las drogas.
Ese liderazgo en el debate debe estar apalancado en una estrategia de incidencia con organizaciones civiles nacionales e internacionales, con representantes de pueblos étnicos y campesinos, universidades y expertos. De hecho, es un compromiso que ya había quedado estipulado en el cuarto punto del Acuerdo Final de La Habana, pero que no se implementó.
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Plantea también la Comisión que el debate no sea sólo hacia afuera, sino también hacia adentro, por lo cual se deben promover espacios de concertación con autoridades étnicas, con las comunidades y sus organizaciones, así como la academia y organizaciones de derechos humanos y especializadas, sobre el diseño, implementación y seguimiento de la política de drogas. Ello, con el propósito de compartir propuestas para avanzar hacia la regulación.
Renunciar a la erradicación forzada y al glifosato para cultivos
Sobre los cultivos de coca, tema que dominó la política de drogas del Gobierno del presidente Duque, la Comisión recomienda darle un giro y renunciar a abordarlos como un problema de seguridad nacional, y abordarlos desde un enfoque de derechos humanos y desarrollo. Eso, en concreto, implica: eliminar la erradicación por parte del Ejército Nacional y renunciar definitivamente a la aspersión con glifosato. En virtud de este último, se debería derogar el decreto 380 de 2021, que reglamentaba el programa de aspersión.
Además de detener esas dos estrategias, se deberá “rediseñar con la participación de las comunidades campesinas y étnicas las estrategias para hacer frente a los cultivos de coca, marihuana y amapola”. Ello, teniendo en cuenta que la Comisión habla de errores en el diseño y la planeación del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito del Acuerdo de Paz, aunque de todas maneras debe garantizarse su implementación y que se les cumpla a las familias inscritas.
No criminalizar el consumo y los delitos menores
Como también se había pactado en el Acuerdo de Paz, debe implementarse una política frente al consumo basada exclusivamente en los enfoques de salud pública, derechos humanos y reducción del daño. Ello implicaría cesar la persecución policial y la criminalización del consumidor. Para ello, es necesario modificar el artículo 49 de la Constitución Política – que prohíbe el porte y consumo de sustancias sicotrópicas o estupefacientes – y el Código de Policía.
En cambio, debe priorizarse el consumo problemático, no solo en las ciudades, sino en territorios rurales y con primordial atención a comunidades étnicas, afrodescendientes y campesinas, y en sectores como las fuerzas armadas y la población de excombatientes.
Mientras se avanza en la regulación, lo cual está planteado para el mediano plazo, “resulta imperativo racionalizar la acción penal”. Ello se refiere a concentrarse en los actores de la cadena que generan violencia, lavan dinero y se lucran de las actividades ilegales. Por su parte, para personas privadas de la libertad por delitos menores de drogas se debe promover la excarcelación, entre otras medidas de inclusión social y atención psicosocial. En concreto: enfocarse en el crimen organizado y no en acabar la oferta.