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El mayor retirado Carlos Guillermo Ospina, célebre por su cuestionada renuncia a la Comisión de la Verdad cuando faltaban apenas semanas para la entrega del Informe Final, ha vuelto a causar polémica con la publicación de ocho volúmenes que fueron producidos por su equipo de trabajo, contratado y pagado por la Comisión, que no obstante fueron publicados por aparte, pues estos no fueron sometidos por el mayor Ospina a los mecanismos acordados por el pleno de los comisionados.
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Entre los volúmenes se encuentra un documento de 175 páginas titulado “El DAS: camino al olvido”, construido como un informe sobre hechos victimizantes contra funcionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad. Se trataba de una agencia dependiente de la presidencia de la República que fue eliminada en 2011 por Juan Manuel Santos tras múltiples escándalos de corrupción, espionaje ilegal y otros graves delitos cometidos por la entidad.
Este texto fue elaborado por los investigadores Juan Sebastián Pacheco Jiménez, Cristian Barrera Robayo y Laura Sofía Zambrano, que integraban el equipo del mayor Ospina, pagado con recursos de la Comisión de la Verdad. Aunque el tomo lleva los logos de la entidad, no hace parte del Informe Final, ni es reconocido por la Comisión como uno de sus materiales, pues el mayor Ospina nunca lo sometió a discusión, ni aceptó trabajar con la metodología que había sido acordada por el pleno de los comisionados.
De entrada, el documento se presenta como un estudio sobre “graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario” contra la entidad, cometidas por las guerrillas y los paramilitares en el marco del conflicto armado colombiano. Sin embargo, la evidencia que soporta dicha investigación es mínima y se limita a una docena de casos puntuales de agentes del DAS que fueron asesinados, desaparecidos o secuestrados, sin aportar mayores datos sobre los presuntos patrones de victimización, tampoco contiene estadísticas consolidadas que puedan dar fe de cuántos miembros del extinto DAS fueron víctimas del conflicto.
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“Esta investigación solo cubre los relatos de algunos funcionarios, víctimas y familiares en una muestra limitada de recolección de información”, reconoce el volumen en su introducción, que varias veces aclara que no pretende justificar los crímenes cometidos por el DAS, ni pretende “desconocer, sino abordar la otra cara”.
Según el documento, el DAS sufrió una “militarización” que lo llevó a involucrarse directamente en hechos del conflicto armado en lo que fue una “extralimitación de sus funciones” que “conllevó a los ataques de las guerrillas”.
Buena parte del texto está dedicada a reconstruir la historia oficial del DAS y su evolución en el tiempo, pasando por alto la descripción detallada de los delitos e irregularidades que fueron cometidos por la entidad a los que se refiere como una “extralimitación de funciones”. El escándalo final por el cual fue liquidada la entidad tuvo que ver con un espionaje ilegal generalizado a políticos, activistas y periodistas que hacían oposición al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, escándalo conocido como las “chuzadas”.
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“Es pertinente mencionar que esta investigación no aborda el lamentable final del DAS por causa de la comisión de delitos que llevo a su disolución en 2011 y que ha dado pie a un reconocimiento negativo con el que carga la entidad y sus funcionarios”, asegura el documento. Allí se sostiene la tesis de que hay una estigmatización contra los antiguos funcionarios que pertenecieron al DAS, quienes “han tenido que enfrentar una amplia revictimización y estigmatización por cargar el nombre de una entidad que solo es reconocida por su historia reciente y mediática”.
El volumen defiende la idea de que los crímenes cometidos por el DAS fueron culpa de la corrupción, los actos individuales aislados de algunos funcionarios y la “politización” de esa entidad en sus últimos años, justo antes de su disolución durante el gobierno Santos. “A pesar de que los decretos definan a la organización como apolítica, esto no se logró al ser un departamento administrativo que recibe instrucciones directamente del gobierno”, lo que en criterio de los autores permitió una “instrumentalización para fines políticos y su corrupción administrativa ante una falta de una veeduría integral”.
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Pero el texto omite que además existen sentencias judiciales y hechos ampliamente conocidos que vinculan al DAS con graves violaciones a los derechos humanos, por lo menos desde los años ochenta, cuando el DAS y sus agentes resultaron involucrados en los asesinatos de militantes de la Unión Patriótica y la persecución a líderes de izquierda. Luego, en los noventa, la entidad tuvo una notable cercanía con los grupos paramilitares, de hecho, José Miguel Narváez, quien fuera subdirector del DAS a mediados de esa década, sostenía una relación cercana con Carlos Castaño y dictaba cursos a las Autodefensas, y luego fue condenado entre otros crímenes por el asesinato del humorista Jaime Garzón.
¿Cómo empezó el DAS?
De acuerdo con el volumen, el Departamento Administrativo de Seguridad jugó un papel central en el control de zonas aisladas de los Llanos Orientales después de la violencia bipartidista. Se creó en ese momento una dependencia llamada DAS rural encargada de “la atención al bandolerismo y el abigeato [es decir, el robo de ganado]” que luego pasó a atacar “la delincuencia de las ciudades, en el enfrentamiento a las guerrillas comunistas, en la persecución a capos del narcotráfico, en la captura de miembros de grupos contrainsurgentes, en el acompañamiento de operaciones militares y en la búsqueda por sobrevivir frente a los crímenes que se cometían sistemáticamente contra los agentes”.
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El DAS rural en los Llanos no solamente sirvió como un cuerpo que suplía las labores de la Policía en una región sin presencia del Estado, sino que se convirtió en una de las experiencias de reinserción de guerrilleros, pues 160 antiguos combatientes liberales de las guerrillas del Llano fueron reclutados por la entidad.
El texto asegura que la experiencia del DAS rural tuvo una amplia acogida por la población civil y fue un modelo ejemplar. No obstante, cita algunas fuentes documentales como las noticias del periódico Voz en donde desde los años sesenta ya se denunciaba como aquel cuerpo estaba relacionado con atentados contra los indígenas de los Llanos y era usado por los terratenientes para despojar a campesinos de sus tierras. Sin embargo, los autores apuntan que Voz para ellos no es una “fuente confiable”, pues se trata, según los autores, de un periódico de “carácter comunista anti-institucional”.
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Múltiples decretos y cambios en su función convirtieron al DAS en una agencia de inteligencia, encargada de realizar investigaciones y también operativos, esto es lo que el documento llama la “militarización” de la entidad.
Además, el documento defiende ideas ambiguas que rayan en la defensa del paramilitarismo, al justificar propuestas similares a la del DAS rural como lo fue una iniciativa conocida como “Carabineros del Casanare”, en donde civiles suplantaron las funciones de las fuerzas militares. En palabras de los autores, era “la posibilidad de vincular autodefensas civiles con la Fuerza Pública dentro de entornos locales complejos para dar respuesta a problemas compartidos, en este caso, combatir el abigeato tras la violencia bipartidista”.
Los agentes víctimas
Entre la docena de casos incluidos en el informe se destaca el asesinato de los escoltas del político Diego Turbay Cote, quien fue masacrado en una vía rural del Caquetá en el año 2000 por las Farc, también una comisión de agentes desaparecida por el Eln en el Cesar en los ochenta y una caravana del DAS asaltada por miembros del Epl en Norte de Santander.
No obstante, se evidencia falta de rigor en la investigación: de algunos casos, como en el del agente Plutarco Ramírez, los autores ni siquiera pudieron establecer cuáles fueron los móviles de su asesinato y si aquel tuvo relación o no con el conflicto armado, pues ocurrió en el marco de un ataque sicarial cuando el agente ya estaba jubilado, tampoco se menciona con precisión cuál grupo sería el autor del mismo.
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Sobre este caso, además, el informe termina criticando a la misma entidad que pretendió reivindicar, pues asegura que “el DAS, como institución del Estado, tampoco le brindó algún tipo de apoyo a la familia [de Plutarco Ramírez], al punto que ni siquiera pudieron acceder al seguro funerario con el que contaban los funcionarios de dicha institución. En este sentido, a pesar de reconocerlo como un miembro importante para el desarrollo de las actividades del DAS, una vez ocurrida su muerte la institución olvidó los treinta y tres años de servicio que presto uno de los funcionarios”.
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