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Los hechos son conocidos con amplitud, aunque aún hay dudas sobre la cantidad de víctimas. El 8 de diciembre de 1999 un comando de hombres armados, dirigidos por Ángel Gaitán Mahecha y Miguel Arroyave, ambos narcotráficantes y paramilitares, asesinaron en la cárcel Modelo de Bogotá a doce personas en la que sería la primera de una larga serie de masacres y confrontaciones con las que buscaban consolidar el dominio de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) sobre dicho penal.
El propósito era, según la Comisión de la Verdad “hacerse del control del patio 5, lo cual fue seguido por los hechos del 27 de abril del 2000, cuando asesinaron a 32 personas (legalizadas por el Inpec), 57 (reconocidas por uno de los victimarios) y más de 100 (según los testimonios de algunos testigos de los hechos)”.
La confrontación golpeó a caciques y bandas criminales que controlaban los patios de la penitenciaría, pero su objetivo final era apoderarse del ala norte de la cárcel, donde estaban recluidos los prisioneros políticos, principalmente guerrilleros de las FARC, que mantenían a su vez un control sobre sus patios e incluso hacían formaciones militares y entrenamientos todos los días.
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De acuerdo con varios testimonios, entre ellos el de Yesid Arteta, un antiguo comandante de las FARC que pasó parte de su condena en ese penal, los guerrilleros tenían en el ala norte una escopeta y 30 armas cortas, con las que lograron repeler algunos de los ataques de los paramilitares apostados en el ala sur del penal.
Estos hechos son narrados con detalle en un anexo del Informe Final de la Comisión de la Verdad titulado “Cárcel y Penitenciaría La Modelo (1998-2003)”, que da cuenta de cómo el conflicto armado llegó hasta las prisiones del país, y en específico a la cárcel Modelo de Bogotá, convertida, según la Comisión, en el centro de operaciones del Bloque Interno Capital de las AUC.
Testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad ratifican lo que el condenado jefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a mediados de mayo de este año. De acuerdo con un antiguo lavador de dinero que trabajó para el Bloque Capital y que rindió su testimonio ante la Comisión de la Verdad, “Mancuso es el que impulsa la creación del Bloque Capital por solicitud de Pacho Santos. Para ese momento incluso creo que quería ser alcalde de Bogotá, entonces fue mucha la colaboración y obviamente esto siempre en Bogotá muy ligado al DAS y la Fiscalía; la Fiscalía de Luis Camilo Osorio era una Fiscalía nuestra, se lo puedo garantizar”, afirmó este hombre.
En la información recolectada por la Comisión se establece que además hubo apoyo de dos militares activos en aquellos años, el general retirado Rito Alejo del Río, condenado por sus vinculos con los paramilitares, y el coronel retirado Jorge Plazas Acevedo, quienes coordinaban acciones criminales con peligrosos delincuentes detenidos en la cárcel Modelo, tales como los citados Gaitán Mahecha y Miguel Arroyave, este último amigo de infancia de los hermanos Castaño, fundadores de las Autodefensas.
La versión de un antiguo prisionero de las AUC da cuenta del nivel de poder que lograron estos jefes en la cárcel: “En los carros donde llevaban los alimentos, unos carros bien importantes que había como de a 3 o 4 canecas de comida, ahí sacaban los muertos; otros lo enterraron. Se citaban: ‘venga Felipe es que usted tiene una deuda con Santiago, venga a la cárcel y hablamos’; ¿qué sucedía?, si usted no cuadraba esa deuda o le daban tanque, donde le metían electricidad, y dentro del sur había un sitio para retenciones que era como una cueva; dejaban la gente que entraba ahí retenida. El vicio se controlaba. Las fianzas que salían de La Modelo todos los lunes eran impresionantes, por el pago de vicio, por el pago de comida, por el pago de prostitutas, por todo. En micro, la cárcel fue lo que después fue el país en macro”.
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Es por esto que “muchas de las expresiones delincuenciales y violentas cometidas por poderosas organizaciones encontraron allí [en la cárcel Modelo] un escenario para desarrollarse y potenciarse, llegando, no solo a reproducir internamente las prácticas cometidas previamente, sino a consolidar nuevas estructuras de gran impacto”, sostiene la Comisión de la Verdad.
El documento además puntualiza que “las cárceles colombianas han sido un territorio de disputa por el ejercicio del poder en el que las expresiones del conflicto armado y otras violencias provenidas de estructuras delincuenciales de gran alcance se manifiestan, reproducen e incluso transforman”.
Se trata de una situación que se agrava con las precarias condiciones al interior de los centros penitenciarios, en donde la guardia se ve obligada, por corrupción o comodidad, a negociar con los grupos criminales para mantener el control de la población carcelaria. “La guardia penitenciaria no ocupaba necesariamente su lugar como garante del orden, sino que cedía a otros actores ese papel”, establece el documento.
Esta es una situación no ha cambiado sustancialmente, pues como contó un prisionero político a Colombia+20 en junio de este año desde una cárcel del suroccidente del país, aunque ya no se ven armas de fuego, la corrupción “sigue igual”.
La batalla final
La última de las arremetidas de los paramilitares para arrebatarle el control del ala norte de la cárcel a los guerrilleros de las FARC ocurrió entre el 2 y 3 de julio de 2001. Según testigos todo empezó a las 4:30 de la tarde cuando el director del penal se encontraba hablando con uno de los líderes de un patio y desde el pabellón sur le dispararon con un arma de fuego.
A partir de allí el combate se prolongó toda la noche. Los paramilitares intentaron romper paredes y cruzar por los techos para invadir el ala norte, pero quedaron frenados por un pasillo interior que era controlado por la guardia del Inpec. El saldo fue de 10 muertos y 25 heridos según datos oficiales, pero los presos hablan de más de 70 muertos y alrededor de 55 heridos.
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La historia posterior es conocida: Ángel Gaitán Mahecha fue asesinado por un guerrillero de las FARC en un patio de La Picota meses después, cuando lo habían trasladado de penal, y Miguel Arroyave recuperó su libertad y se convirtió en uno de los más temidos jefes paramilitares. Era conocido como ‘Arcangel’ y llegó a comandar el Bloque Centauros, en los llanos orientales, donde a la postre fue asesinado.
“La cárcel se vuelve en todo lo contrario a lo que pretende ser”, dijo un antiguo prisionero a la Comisión de la Verdad: “En lugar de resocializar, es una Universidad del crimen”.
Este anexo viene a confirmar lo que había señalado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde 2001, cuando levantó un informe sobre la situación carcelaria en Colombia y encontró un patrón de “violaciones graves, sistemáticas y generalizadas de las obligaciones del Estado colombiano en materia de derechos humanos” en los establecimientos de reclusión y otros lugares donde se mantiene detenidos, como las estaciones de Policía.
La conclusión de la Comisión de la Verdad sobre el tema es contundente: ningún gobierno se ha preocupado por resolver el problema carcelario en Colombia, un “poco interés que, al parecer, ha tenido la vida dentro de las cárceles y penitenciarías colombianas, lo cual queda en evidencia ante la poca información sobre mucho de lo que ha ocurrido en estos lugares. Esto debe apuntar a la defensa de los derechos humanos de todas las personas, incluyendo de aquellas que se encuentran encarceladas por diferentes delitos”, puntualizó la Comisión: “Comprender esto es fundamental para la construcción de la paz”.