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A lo largo de estos cinco años de trabajo, la Comisión de la Verdad (CEV) ha recogido las recomendaciones de las víctimas del conflicto armado para la no repetición de estos escenarios de violencia. Según un documento borrador que conoció Colombia+20, el 17% de ellas, es decir 1.572 recomendaciones, tenían que ver con la transformación integral de los territorios rurales: garantizar su gobernanza, revertir la exculsión de la que han sido objeto, reconocer sus aportes a la sociedad colombiana, proponer una política social para ellas y prevenir el despojo del que muchas personas en la ruralidad han sido víctimas.
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En su tomo de recomendaciones, el Informe Final sintetiza estos pedidos de las comunidades rurales en 15 recomendaciones dirigidas principalmente a órganos del Estado: gobierno, congreso, y entes de control. Varias de ellas recogen elementos que hacen parte de la Reforma Rural Integral, el punto 1 del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc, adecuando algunos de ellos al contexto actual del campo, tras cinco años de la firma, y añadiendo otros que no se contemplan a profundidad, según el trabajo investigativo de la CEV.
Además, dice el documento borrador, estas recomendaciones tienen en cuenta el contexto global en el que el cambio climático tiene y tendrá aún más consecuencias sobre el uso de la tierra, el acceso a recursos y la seguridad alimentaria de las comunidades.
Así, partiendo del hecho de que el campo colombiano ha sido objeto de desigualdades históricas y que ha sido el escenario de la guerra, dejando a los campesinos, población afro, indígena, a las mujeres y sectores LGBTIQ+ como los más afectados, el Informe Final recomienda:
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Inclusión y empoderamiento de los territorios rurales
Estas recomendaciones están encaminadas a cerrar la brecha de desigualdad que existe entre las comunidades rurales y urbanas en Colombia. Lo que propone el Informe Final, es restablecer la confianza de los habitantes del campo y el Estado por medio de la puesta en marcha de la Reforma Rural Integral, el punto 1 del Acuerdo de Paz con las Farc, haciendo énfasis en el cuidado a la juventud, el movimiento social campesino, las poblaciones étnicas y las mujeres, algunos de los sectores más afectados por el conflicto armado.
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También propone que se extienda el entendimiento de la naturaleza como víctima del conflicto armado y que se declare el campo y los ecosistemas como bienes jurídicos de especial protección, teniendo que son las comunidades rurales las guardianas de los mismos y por tanto, necesitan apoyo y garantía para sus sostenimiento.
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Acceso equitativo, democrático y ambientalmente sostenible a la tierra
El objetivo de estas recomendaciones es revertir la inequitativa distribución de la tierra, que según el documento borrador, es un tema que el Acuerdo de Paz no trata a profundidad. La mayoría de la tierra que con acceso a bienes y servicios en Colombia está en manos de unos pocos terratenientes. En ese sentido, el Informe Final recomienda que se distribuyan 3 millones de hectáreas entre campesinos que estén en la frontera agraria, cuya definición es otra de las recomendaciones del Informe, y que se regule la legislación sobre la acumulación indebida de baldíos.
En este punto también se le pide al gobierno agilizar las solicitudes de Zonas de Reserva Campesina y que este proceso esté priorizado en el Plan Nacional de Desarrollo y los Planes Territoriales. De la misma manera, se recomienda priorizar las solicitudes de saneamiento, demarcación y titulación de tierras de pueblos indígenas, priorizando aquellas que estén en peligro de extinción física y cultural.
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Un nuevo ordenamiento territorial
Algunas recomendaciones que sobresalen en este apartado es descentralizar las funciones del Estado fortaleciendo las instituciones regionales con el fin de fortalecer las gobernanzas en los territorios.
Además se recomienda acoger completamente el Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe con medidas para la mitigación del cambio climático en la región y para proteger a los líderes ambientales. En Colombia, según las Naciones Unidas, los liderazgos ambientales son los que más peligro corren por ejercer esta labor.
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Prevención y revisión del problema del despojo
Otro grupo de recomendaciones en ese sentido tiene que ver con el fenómeno del despojo de tierras a campesinos y poblaciones étnicas. La CEV recomienda que se revise la Ley de Restitución de Tierras, que expira en 2031, porque, según el documento borrador, ha habido un incremento en el rechazo a solicitudes de restitución en los últimos 5 años. Se recomienda que se revisen solicitudes que ya han sido rechazadas, y que se establezcan cronogramas claros y priorizados para las nuevas solicitudes, o las que están pendientes.
Además se recomienda fortalecer el principio de que la carga de prueba esté a favor de las víctimas y que exista una regla de continuidad que no cierre los procesos a menos que las víctimas, expresamente digan que no quieren continuar. Esto en respuesta a muchas solicitudes que prescriben porque las víctimas no se pueden contactar con las autoridades de restitución, en algunos casos, por amenazas. Es por eso que otro grupo de recomendaciones están orientadas a proteger la vida de los reclamantes y hacer seguimiento a las sentencias de restitución, muchas de las cuales, están pendientes de ejecutarse.
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Prevenir y atender violaciones de actores económicos
El último grupo de recomendaciones para la transformación integral de los territorios rurales tiene que ver con prevenir, mitigar y reparar eventuales violaciones a los derechos humanos y ambientales por parte de actores económicos. Esto responde a los hallazgos del Informe que revelan la estrecha relación entre actores económicos y el conflicto armado.
Se recomienda que el Estado cumpla el papel de hacer análisis periódicos de las relaciones económicas en la ruralidad, se evalúe el impacto que tienen sobre los territorios, el riesgo o potencial riesgo de las comunidades, y las garantías de seguridad para ellos. En caso de que se presenten nuevas violaciones a derechos humanos y ambientales se recomienda que exista una ruta de reparación rápida que beneficie a las víctimas y su derecho a la justicia.