La Comisión de la Verdad, a través de su apartado sobre los entramados y las alianzas paramilitares del capítulo de hallazgos y recomendaciones del Informe Final, asegura de forma vehemente que el paramilitarismo en Colombia no es algo del pasado. “Es un fenómeno que sigue vigente y que, alimentado por una multitud de factores, se constituye en uno de los obstáculos centrales para avanzar hacia un proyecto nacional de paz”. Según esta entidad, hay una red de alianzas y relaciones entre sectores sociales, políticos, militares y económicos.
Aunque ya ha sido demostrado a través de distintos procesos judiciales y de las sentencias de Justicia y Paz, la Comisión explicó que el entramado paramilitar ha incluido actores del Estado como algunos sectores de las Fuerzas Militares, la Policía, organismos de seguridad e inteligencia como el antiguo DAS y de organismos políticos como el Congreso, las asambleas y los concejos, entre otras instituciones del país.
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Luego de varias entrevistas y testimonios contrastados, la Comisión logró determinar que el paramilitarismo alcanzó dimensiones sin precedentes: 39 estructuras con múltiples frentes y facciones armadas, más de 35 mil integrantes y “efectos directos en la escala de violencia que vivió el país: son el principal responsable, con el 47 % de víctimas letales y desaparecidos por el conflicto armado en Colombia, constituyendo el actor armado más violento”.
“Ustedes se preguntarán: Venga ¿y cómo actuaban estos manes (los paramilitares) para que no los pillaran?, ¿tanto tiempo sin que los pillaran?, Entonces yo les digo: Miren, está el general (del Ejército), está el gobernador, entre estos dos se hablan y la relación es oficial, normal, y está el pecador (paramilitar), que puedo ser yo u otro, otra estructura, y entran aquí. La primera reunión se hace, el gobernador saca al general para que hable con el pecador, en este caso somos tres interactuando, y ya quedo yo conectado con el general, o el general me saca al gobernador”. Este es parte de un relato que entregó un excomandante financiero de varios bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a la Comisión de la Verdad.
La relación entre paramilitares y Fuerza Pública
Este subcapítulo comienza con varios apartados de relatos que entregaron víctimas y excombatientes de las Auc a la Comisión de la Verdad, además de varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que comprueban los vínculos entre integrantes de la Fuerza Pública con grupos paramilitares en operaciones conjuntas, apoyo, coordinación y omisión. Algunos de los casos más emblemáticos son la masacre de La Rochela (1984), la ejecución extrajudicial del exsenador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas (1994), la masacre de Mapiripán (1997), las masacres de Ituango (1996), la masacre de El Aro (1997), la operación Génesis, entre otras que ya cuentan con sentencias de la Corte IDH.
Lo primero que hace la Comisión de la Verdad es reseñar los distintos tipos de colaboración que hubo entre las Fuerzas Militares y los paramilitares. Se refieren a colaboraciones activas como entrenamientos en Puerto Boyacá, financiados por la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam) “y en las que el Ejército facilitó armamento y material de intendencia a los paramilitares, además de intercambios de información y de listas de personas señaladas como simpatizantes o miembros de grupos de guerrillas”.
Otra de las modalidades fueron las ejecuciones extrajudiciales presentadas como muertes en combate (o “falsos positivos”, además de las omisiones intencionales del deber de la Fuerza Pública, “como el levantamiento de retenes del Ejército para permitir la movilidad de los ejércitos paramilitares y la inacción frente a las denuncias de las personas con respecto a la amenaza paramilitar”. El documento también explica que se evidenciaron vínculos de apoyo en el préstamo de instalaciones militares y alojamiento de integrantes de grupos paramilitares en batallones militares.
Uno de los casos que prueba la afirmación anterior fueron algunos testimonios que recogió la Comisión sobre el proceso de investigación en el caso de la masacre cometida en 1988 en las fincas de Honduras y La Negra, -hoy corregimiento de Nueva Colonia- en Turbo (Antioquia).
“El general Luis Bohórquez, entonces director de inteligencia del Batallón Voltígeros de Turbo habría alojado en las instalaciones del batallón a los paramilitares bajo el mando de Fidel Castaño, narcotraficante responsable de las masacres mencionadas, al igual que otras posteriores, como los 43 desaparecidos de Pueblo Bello. La investigación develó la amalgama de alianzas entre narcotraficantes como Pablo Escobar y Rodríguez Gacha, militares y paramilitares y mercenarios israelíes”.
Contexto: Este es el primer documento del Informe Final de la Comisión de la Verdad
El DAS al servicio de los “paras”
La Comisión de la Verdad también relata cómo las agencias de inteligencia del Estado han tenido históricos nexos con grupos armados al margen de la ley como los paramilitares, con el fin de identificar personas que pudieran ser potenciales víctimas y, sobre todo, de conocer los procesos que la Fiscalía tenía en contra de los exjefes paramilitares. Uno de los testimonios que se evidencian en su informe es el de un exparamilitar del Bloque Centauros que asegura que: “El DAS lo manejábamos nosotros al derecho y al revés. Entonces, este Benavides (Juan Carlos Benavides Suárez), que era un corrupto que estaba investigado en ese momento, lo hicimos nombrar director. Por algún motivo lo desnombran y lo volvimos a hacer nombrar”.
Sobre este punto, la Comisión corroboró la información con un exoficial del Ejército quien dijo que el DAS les suministraba información confidencial sobre quiénes estaban siendo perseguidos, sobre todo las cabezas de los paramilitares, “entonces se organizaban para cerrar procesos con la Fiscalía y que no existieran antecedentes, etc. Todo eso ellos se encargaban de borrar absolutamente todo”.
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Parte de los relatos que pudo conocer la Comisión provinieron de Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar de las Auc que fue extraditado en 2008 a Estados Unidos, quien ha dicho que la Fuerza Pública les dictaba cursos de instrucción a los uniformados que, una vez retirados de los estamentos militares por problemas judiciales, eran reclutados por las Auc. Para ejemplificar, mencionan el caso de José Miguel Narváez Martínez, quien fue académico de la Escuela Superior de Guerra y después fue nombrado subdirector del DAS. “Él impartía cursos en las escuelas paramilitares La 35 y La Acuarela (...) Uno de sus cursos se llamaba: ‘¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia?’”.
Según un exparamilitar que asistió a uno de los cursos y que entregó su testimonio a la CEV, “José Miguel Narváez nos puso a tomar nota a los que habíamos ido, que éramos por ahí unas 50 o 60 personas, de a quiénes había que matar, así lo decía crudamente, cuáles ONG había que atacar, y nos dio direcciones, nos dio nombres y demás”. En este documento la Comisión aclara que Narváez, en su relato ante esta institución, negó todos estos señalamientos.
‘La UP fue exterminada por el Estado’
En uno de los reconocimientos de Salvatore Mancuso ante la Comisión afirma que, cuando la guerrilla decidió conformar la Unión Patriótica y ellos comenzaron a alcanzar puestos de poder político en concejos, alcaldías y gobernaciones del país, “la preocupación enorme llegó de las instituciones de seguridad del Estado y de gremios económicos (...) La UP no fue exterminada por las Autodefensas, su gran victimario fue el Estado colombiano”. En el testimonio que revela la CEV explican que las Autodefensas fueron los autores materiales del crimen, pero que las órdenes las recibieron directamente de organismos de Estado que entregaban informes de inteligencia que decía que esas personas tenían una “vinculación con el brazo armado de la guerrilla que daba la información para que quitaran del camino a aquellas personas que se oponían a la instauración de ese modelo ideológico y político que ellos tenían en su mente, a sangre y fuego”.
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La parapolítica
La Comisión de la Verdad explica que uno de los planes paramilitares era “penetrar todo el poder político”, por lo que su llegada a espacios de poder como alcaldías, gobernaciones y concejos fueron buscados por grupos paramilitares que buscaban beneficiarse de su poder armado. Vicente Castaño, excomandante de las Auc, llegó a decir que los “paras” tenían “más del 35 % de amigos en el Congreso”.
La Comisión también habla del robo de recursos públicos que se dieron por parte de entidades políticas para financiar estos grupos armados. En el Caribe, por ejemplo, hablan de varias entidades de salud, la EPS indígena Manexka y diferentes organizaciones sociale scomo Asocomún, entre otras instituciones como la Universidad de Córdoba.
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Hasta el 2021, el análisis de la Comisión de la Verdad –a partir de 87 sentencias condenatorias hacia senadores, representantes a la Cámara y gobernadores condenados por estas relaciones y por pactos con las AUC– “muestra la implicación comprobada y juzgada de 35 senadores y 37 representantes a la Cámara, así como 15 gobernadores en 18 de los 32 departamentos del país. Los senadores, representantes a la Cámara y gobernadores condenados por sus relaciones, acuerdos y alianzas con estructuras paramilitares asociadas a las Auc pertenecieron a doce partidos y movimientos políticos tuvieron un papel protagónico en la persistencia de las alianzas. Estos hechos suponen un cuestionamiento profundo a la responsabilidad del Estado. Nada de esto se produjo en la clandestinidad, sino a plena luz del día y con las instituciones del Estado funcionando con supuesta normalidad”, se lee en el documento.
El paramilitarismo y el empresariado
Un exintegrante del Bloque Centauros que habló con la Comisión de la Verdad asegura que “el paramilitarismo no nació del narcotráfico, nació de la clase empresarial en Colombia. Es decir, son las personas que tienen sus propiedades en las distintas zonas del país, que se veían acosados por la guerrilla, con recursos y tenían, además, poder”. Partiendo de este punto, la Comisión intenta explicar cuál fue la relación entre el sector económico y los paramilitares en Colombia.
“Algunos miembros del sector económico con participación en el paramilitarismo han sido parte integral del fenómeno y fueron más allá de ser «terceros» involucrados, pues se beneficiaron de la limitación de derechos de los trabajadores y de las poblaciones donde estaban ubicadas sus empresas, del ataque a los sindicatos, del acceso privilegiado a recursos, de la amenaza a su competencia o eliminación de esta y de la degradación de la violencia asociada al conflicto que, en distintas ocasiones, les permitió pescar en río revuelto para hacer crecer sus negocios”, se lee en el capítulo del Informe.
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Justicia y Paz en sus sentencias ha expuesto que entre 2011 y 2015, fueron mencionados 439 actores empresariales relacionados con grupos paramilitares. La mayoría de sectores mencionados en sentencias son el ganadero, agroindustrial (de banano y palma) y del sector extractivista (carbón y petróleo). “El interés económico en los territorios, en la acumulación de la propiedad y en el uso de la tierra ha sido uno de los móviles del conflicto armado; por ello, algunas empresas han tenido un papel activo al inducir a otros a que cometan delitos o participando de manera directa en su comisión”, concluye el Informe Final.
Uno de los puntos en los que más ha habido impunidad es en la acumulación de tierras. Según este documento, el enriquecimiento ilícito asociado al paramilitarismo “fue tan grande que, del conjunto de medidas cautelares decretadas por Justicia y Paz para la extinción de bienes adquiridos a través del paramilitarismo, en lo que ha avanzado desde su expedición, solo el 14 % (605) tienen sentencia de extinción de dominio”. Es decir, todavía en Colombia hay 847 bienes con solicitud de extinción de dominio, que equivalen a casi $180 mil millones de pesos, pero que podrían estar en manos de testaferros y sobre los que no ha habido decisión judicial de fondo.