Reforma política y respaldo del Estado a la protesta pacífica, recomienda la CEV
Migrar totalmente a las listas paritarias y cerradas, y prohibir la intervención militar en operativos de control de disturbios surgidos en situaciones de protesta, son dos de las transformaciones para profundizar en la democracia pluralista.
Profundizar en la democracia y garantizar el ejercicio de la política libre de violencia, en especial para líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes y opositores políticos, son algunos de los objetivos principales de las recomendaciones que el Informe Final de la Comisión de la Verdad hace para el ámbito político.
El capítulo de hallazgos, conclusiones y recomendaciones del Informe Final será entregado al país este martes, por el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión. No obstante, antes de su presentación formal, Colombia+20 tuvo acceso al último borrador de la sección de recomendaciones, en especial a la parte que habla de las propuestas para aplicar en el régimen político.
Si bien el documento oficial puede contener algunas modificaciones, en síntesis la Comisión de la Verdad centra sus sugerencias en la creación de un Pacto Político Nacional, la aplicación de una reforma política robusta, y en transformaciones del manejo de la protesta social, todo esto para que el Estado y la ciudadanía reconozcan como sujetos políticos a grupos históricamente excluidos como son los y las campesinas, las mujeres y los pueblos étnicos.
En contexto: Este martes se presenta el histórico Informe Final de la Comisión de la Verdad
Pacto Político Nacional:
Al respecto, el Informe Final propone que la sociedad en general, pero en especial el Gobierno, el Consejo Nacional de Paz y los consejos territoriales de paz, los partidos políticos y las organizaciones sociales, construyan un Pacto Político Nacional que rechace definitivamente el uso de la violencia como medio para dirimir conflictos. La Comisión de la Verdad expone que este debe incluir el compromiso real de excluir las armas de la política. Adicionalmente, dicho pacto debe concertarse bajo un diálogo en el que los diversos interesados identifiquen cuáles son sus motivaciones para repudiar la violencia.
En contexto: Revertir concentración de tierras y recomendaciones rurales en eI Informe Final
Según el documento, esta recomendación incluye lo establecido por el Acuerdo de Paz en su punto 3.4.2 que trata también de un pacto político nacional por la no violencia (que hasta el día de hoy no se ha aplicado), pero, afirma, “va más allá”. No obstante, el borrador no profundiza en cómo lograr que en este intento los sectores sociales y políticos conformen un amplio Pacto Político Nacional para detener la oleada de violencia política. Lo que sí dice es que la propuesta requiere de una implementación a corto plazo.
Reforma Política:
Es una recomendación que se podría implementar a mediano plazo y que estaría en manos del Gobierno, el Congreso, los partidos y movimientos políticos. La Comisión de la Verdad expresa que su aplicación debe tener en cuenta las propuestas realizadas por la Misión Especial Electoral dispuesta en el Acuerdo de Paz.
Además: Política de Memoria y otras recomendaciones del Informe para reparar a víctimas
El documento detalla que la reforma política debe incluir, por lo menos, medidas para garantizar la representatividad regional y en particular de la ruralidad. Para la Comisión, esto sería posible si se revisa y ajusta el sistema actual de representación en el Congreso. La idea también incorpora la implementación de las curules de paz, que entrarán a regir en el Congreso el próximo 20 de julio. Se propone que el Gobierno y el Congreso revisen su posible permanencia (pues son transitorias), en concordancia con la necesidad de que en el Capitolio exista verdaderamente la representatividad regional.
Fortalecer la democracia interna de los partidos es otra de las medidas que hace parte de la reforma política planteada por el Informe Final de la Comisión de la Verdad. Es una disposición que busca instalar en las colectividades procesos de inclusión y paridad de género, pero que debe ir más allá.
Para ello menciona que deben darse “incentivos para promover que los partidos diseñen mecanismos de formación de liderazgos, y otras medidas para la inclusión de mujeres y grupos minoritarios; establecer agendas programáticas con perspectiva de género y que respondan a intereses nacionales y regionales-departamentales-locales; promover que los partidos tengan vínculos formales e informales con organizaciones civiles que sean cercanas a sus intereses; diseñar instrumentos normativos que atiendan casos de maltrato, acoso, abuso, violencia sexual y de género, discriminación”.
La entidad sugiere que esta reforma política avance hacia un sistema de listas cerradas y cremallera, que reemplace el voto preferente porque, de acuerdo con la Misión Electoral, la lista abierta “atenta contra la democracia interna de los partidos”. Para hacerla realidad, la Comisión de la Verdad enfatiza en que deben entregarse incentivos de recursos adicionales para las colectividades o para gastos de campaña de aquellos que decidan cerrar sus listas”.
Lea también: Reformar elección del fiscal y limitar extradiciones recomienda el Informe Final
Asimismo, esta modificación al régimen político y electoral busca fortalecer la regulación de la financiación a los partidos políticos, que debe avanzar hacia una financiación predominantemente estatal de los partidos y las campañas políticas, establecer topes claros de financiación a las campañas, sean recursos públicos o privados, y sanciones que pongan en riesgo la inhabilidad de los partidos. “Por ejemplo, quien supere el tope será sancionado prohibiendo su participación como candidato o partido en el certamen electoral del período concerniente”, se explica en el Informe Final. En este contexto, la rendición de cuentas por parte de partidos y grupos significativos de ciudadanos debe hacerse “previa a la entrega de dinero por parte del Estado por reposición de votos”.
Finalmente, la mencionada reforma política formula que los cambios a efectuar garanticen la independencia de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral (CNE) “en cuanto a su eficacia y oportunidad, fortaleciendo su presencia territorial y estableciendo concursos públicos de mérito para la elección de sus integrantes, entre otros”.
Participación Ciudadana:
Sobre este punto, la Comisión de la Verdad presenta propuestas para el mediano y corto plazo. Por ejemplo, insta al Gobierno nacional y a los locales a que promuevan espacios de diálogo deliberativo “que garantice que las políticas públicas respondan a las necesidades ciudadanas, fortalezcan la legitimidad y la confianza institucional”.
Por otro lado, sugiere que el Gobierno y el Congreso den vida al Estatuto de derechos y garantías para las organizaciones y movimientos sociales, que convoque especialmente a los grupos históricamente marginalizados, como son mujeres, LGBTIQ+, pueblos étnicos, campesinos y campesinas, que reconozca y fortalezca su incidencia en los asuntos políticos. De hecho, el Informe Final expone que es fundamental que el Gobierno y el Congreso avancen en el reconocimiento de la legitimidad Minga indígena “como una institución étnica de concertación y diálogo entre autoridades”, como también en la garantía de la no estigmatización por parte del Estado y la sociedad civil de esta expresión válida de gobierno.
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Algo clave en el apartado de participación ciudadana es la construcción de un Estatuto para la participación de las mujeres y la población LGBTIQ+ “que promueva el fortalecimiento de las capacidades individuales y organizativas en los procesos de participación”, y que esta sea paritaria en todas las instancias ciudadanas y políticas, incluyendo los espacios de construcción de paz. Según el documento, este punto también ha sido trabajado como un objetivo de desarrollo sostenible de la agenda 2030.
Garantías de protesta y movilización social:
En síntesis, la Comisión de la Verdad expone una serie de recomendaciones para que el país, el gobierno y el mundo político no solo respeten el derecho a la protesta, sino que los aparatos estatales brinden garantías para su ejercicio en las calles. En el Informe Final la entidad plantea que las autoridades del Estado del más alto nivel emitan “mensajes públicos de respeto y respaldo a las manifestaciones legítimas de protesta social, y de rechazo a la violencia como medio de resolución de la conflictividad social”.
También, aconseja que en la Fiscalía exista un mecanismo de revisión y evaluación del Protocolo de verificación de capturas, aprehensiones, traslados por protección y traslados por procedimiento policivo de personas que se hayan realizado en el marco de actos de protesta social, dice el documento.
También: Ministerio de la Paz: recomendación del Informe Final para la construcción de paz
Además, en el corto plazo se proponen garantías para “evitar el uso del sistema penal y las medidas policivas y otras normativas como mecanismos de represión de las movilizaciones y protestas sociales pacíficas y legítimas, así como de la labor de las personas y medios de comunicación que ejercen la libertad de expresión, de prensa, y garantizan el derecho a la información”.
Otra sugerencia importante es que se implementen de forma eficaz medidas de capacitación, sensibilización, y pedagogía, para funcionarios judiciales y de la Policía, con el fin de que acompañen la protesta social desde el entendimiento de esta como un derecho. En ese sentido, que estos incorporen el enfoque étnico y de género (para mujeres y personas LGBTIQ+) es vital para evitar actos discriminatorios o racistas. Esta recomendación, según la Comisión de la Verdad, puede lograrse a corto plazo.
Prohibir la intervención militar en operativos de control y contención de disturbios, surgidos en situaciones de protesta y movilización social, y eliminar o reformar el ESMAD, son dos recomendaciones potentes que hace la entidad para detener la criminalización y estigmatización hacia movimientos y organizaciones sociales.
Profundizar en la democracia y garantizar el ejercicio de la política libre de violencia, en especial para líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes y opositores políticos, son algunos de los objetivos principales de las recomendaciones que el Informe Final de la Comisión de la Verdad hace para el ámbito político.
El capítulo de hallazgos, conclusiones y recomendaciones del Informe Final será entregado al país este martes, por el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión. No obstante, antes de su presentación formal, Colombia+20 tuvo acceso al último borrador de la sección de recomendaciones, en especial a la parte que habla de las propuestas para aplicar en el régimen político.
Si bien el documento oficial puede contener algunas modificaciones, en síntesis la Comisión de la Verdad centra sus sugerencias en la creación de un Pacto Político Nacional, la aplicación de una reforma política robusta, y en transformaciones del manejo de la protesta social, todo esto para que el Estado y la ciudadanía reconozcan como sujetos políticos a grupos históricamente excluidos como son los y las campesinas, las mujeres y los pueblos étnicos.
En contexto: Este martes se presenta el histórico Informe Final de la Comisión de la Verdad
Pacto Político Nacional:
Al respecto, el Informe Final propone que la sociedad en general, pero en especial el Gobierno, el Consejo Nacional de Paz y los consejos territoriales de paz, los partidos políticos y las organizaciones sociales, construyan un Pacto Político Nacional que rechace definitivamente el uso de la violencia como medio para dirimir conflictos. La Comisión de la Verdad expone que este debe incluir el compromiso real de excluir las armas de la política. Adicionalmente, dicho pacto debe concertarse bajo un diálogo en el que los diversos interesados identifiquen cuáles son sus motivaciones para repudiar la violencia.
En contexto: Revertir concentración de tierras y recomendaciones rurales en eI Informe Final
Según el documento, esta recomendación incluye lo establecido por el Acuerdo de Paz en su punto 3.4.2 que trata también de un pacto político nacional por la no violencia (que hasta el día de hoy no se ha aplicado), pero, afirma, “va más allá”. No obstante, el borrador no profundiza en cómo lograr que en este intento los sectores sociales y políticos conformen un amplio Pacto Político Nacional para detener la oleada de violencia política. Lo que sí dice es que la propuesta requiere de una implementación a corto plazo.
Reforma Política:
Es una recomendación que se podría implementar a mediano plazo y que estaría en manos del Gobierno, el Congreso, los partidos y movimientos políticos. La Comisión de la Verdad expresa que su aplicación debe tener en cuenta las propuestas realizadas por la Misión Especial Electoral dispuesta en el Acuerdo de Paz.
Además: Política de Memoria y otras recomendaciones del Informe para reparar a víctimas
El documento detalla que la reforma política debe incluir, por lo menos, medidas para garantizar la representatividad regional y en particular de la ruralidad. Para la Comisión, esto sería posible si se revisa y ajusta el sistema actual de representación en el Congreso. La idea también incorpora la implementación de las curules de paz, que entrarán a regir en el Congreso el próximo 20 de julio. Se propone que el Gobierno y el Congreso revisen su posible permanencia (pues son transitorias), en concordancia con la necesidad de que en el Capitolio exista verdaderamente la representatividad regional.
Fortalecer la democracia interna de los partidos es otra de las medidas que hace parte de la reforma política planteada por el Informe Final de la Comisión de la Verdad. Es una disposición que busca instalar en las colectividades procesos de inclusión y paridad de género, pero que debe ir más allá.
Para ello menciona que deben darse “incentivos para promover que los partidos diseñen mecanismos de formación de liderazgos, y otras medidas para la inclusión de mujeres y grupos minoritarios; establecer agendas programáticas con perspectiva de género y que respondan a intereses nacionales y regionales-departamentales-locales; promover que los partidos tengan vínculos formales e informales con organizaciones civiles que sean cercanas a sus intereses; diseñar instrumentos normativos que atiendan casos de maltrato, acoso, abuso, violencia sexual y de género, discriminación”.
La entidad sugiere que esta reforma política avance hacia un sistema de listas cerradas y cremallera, que reemplace el voto preferente porque, de acuerdo con la Misión Electoral, la lista abierta “atenta contra la democracia interna de los partidos”. Para hacerla realidad, la Comisión de la Verdad enfatiza en que deben entregarse incentivos de recursos adicionales para las colectividades o para gastos de campaña de aquellos que decidan cerrar sus listas”.
Lea también: Reformar elección del fiscal y limitar extradiciones recomienda el Informe Final
Asimismo, esta modificación al régimen político y electoral busca fortalecer la regulación de la financiación a los partidos políticos, que debe avanzar hacia una financiación predominantemente estatal de los partidos y las campañas políticas, establecer topes claros de financiación a las campañas, sean recursos públicos o privados, y sanciones que pongan en riesgo la inhabilidad de los partidos. “Por ejemplo, quien supere el tope será sancionado prohibiendo su participación como candidato o partido en el certamen electoral del período concerniente”, se explica en el Informe Final. En este contexto, la rendición de cuentas por parte de partidos y grupos significativos de ciudadanos debe hacerse “previa a la entrega de dinero por parte del Estado por reposición de votos”.
Finalmente, la mencionada reforma política formula que los cambios a efectuar garanticen la independencia de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral (CNE) “en cuanto a su eficacia y oportunidad, fortaleciendo su presencia territorial y estableciendo concursos públicos de mérito para la elección de sus integrantes, entre otros”.
Participación Ciudadana:
Sobre este punto, la Comisión de la Verdad presenta propuestas para el mediano y corto plazo. Por ejemplo, insta al Gobierno nacional y a los locales a que promuevan espacios de diálogo deliberativo “que garantice que las políticas públicas respondan a las necesidades ciudadanas, fortalezcan la legitimidad y la confianza institucional”.
Por otro lado, sugiere que el Gobierno y el Congreso den vida al Estatuto de derechos y garantías para las organizaciones y movimientos sociales, que convoque especialmente a los grupos históricamente marginalizados, como son mujeres, LGBTIQ+, pueblos étnicos, campesinos y campesinas, que reconozca y fortalezca su incidencia en los asuntos políticos. De hecho, el Informe Final expone que es fundamental que el Gobierno y el Congreso avancen en el reconocimiento de la legitimidad Minga indígena “como una institución étnica de concertación y diálogo entre autoridades”, como también en la garantía de la no estigmatización por parte del Estado y la sociedad civil de esta expresión válida de gobierno.
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Algo clave en el apartado de participación ciudadana es la construcción de un Estatuto para la participación de las mujeres y la población LGBTIQ+ “que promueva el fortalecimiento de las capacidades individuales y organizativas en los procesos de participación”, y que esta sea paritaria en todas las instancias ciudadanas y políticas, incluyendo los espacios de construcción de paz. Según el documento, este punto también ha sido trabajado como un objetivo de desarrollo sostenible de la agenda 2030.
Garantías de protesta y movilización social:
En síntesis, la Comisión de la Verdad expone una serie de recomendaciones para que el país, el gobierno y el mundo político no solo respeten el derecho a la protesta, sino que los aparatos estatales brinden garantías para su ejercicio en las calles. En el Informe Final la entidad plantea que las autoridades del Estado del más alto nivel emitan “mensajes públicos de respeto y respaldo a las manifestaciones legítimas de protesta social, y de rechazo a la violencia como medio de resolución de la conflictividad social”.
También, aconseja que en la Fiscalía exista un mecanismo de revisión y evaluación del Protocolo de verificación de capturas, aprehensiones, traslados por protección y traslados por procedimiento policivo de personas que se hayan realizado en el marco de actos de protesta social, dice el documento.
También: Ministerio de la Paz: recomendación del Informe Final para la construcción de paz
Además, en el corto plazo se proponen garantías para “evitar el uso del sistema penal y las medidas policivas y otras normativas como mecanismos de represión de las movilizaciones y protestas sociales pacíficas y legítimas, así como de la labor de las personas y medios de comunicación que ejercen la libertad de expresión, de prensa, y garantizan el derecho a la información”.
Otra sugerencia importante es que se implementen de forma eficaz medidas de capacitación, sensibilización, y pedagogía, para funcionarios judiciales y de la Policía, con el fin de que acompañen la protesta social desde el entendimiento de esta como un derecho. En ese sentido, que estos incorporen el enfoque étnico y de género (para mujeres y personas LGBTIQ+) es vital para evitar actos discriminatorios o racistas. Esta recomendación, según la Comisión de la Verdad, puede lograrse a corto plazo.
Prohibir la intervención militar en operativos de control y contención de disturbios, surgidos en situaciones de protesta y movilización social, y eliminar o reformar el ESMAD, son dos recomendaciones potentes que hace la entidad para detener la criminalización y estigmatización hacia movimientos y organizaciones sociales.