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Cundinamarca, Tolima y Boyacá: los orígenes del conflicto armado
Para la Comisión de la Verdad, es en esta región donde pueden rastrearse los orígenes del conflicto armado contemporáneo. Fue escenario de varios de los hitos que marcarían la confrontación, entre ellos la guerra de Villarrica, en Tolima, que según la entidad resulta determinante: “El Gobierno convirtió a Villarrica en laboratorio de experimentación de las tácticas contrainsurgentes aprendidas en la guerra de Corea”. Pero también ocurrieron en la zona el Bogotazo, el bombardeo a Marquetalia o la operación Colombia.
De acuerdo con el documento, la región es ejemplo claro “del miedo al pueblo y el anticomunismo” que caracterizó al régimen político colombiano. “Alusiones a la soberanía nacional, que se entendía estaba en riesgo por la existencia de ciudadanos comunistas, consolidaron una lógica de estigmatización de territorios enteros que se convirtieron en objetivo militar”. La afirmación está sostenida sobre los casos de persecución y represión al comunismo y sus dirigentes en el Sumapaz y en Tolima. Producto de esos ataques y con la formación de las llamadas “columnas de marcha” se terminarían formando años después las Farc.
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A su vez, la violencia que golpeó al campesinado de esta región, dice la Comisión, también tiene sus causas en la postura del Partido Comunista Colombiano, que hasta los años ochenta consideró que eran compatibles la lucha armada y la lucha política. “La combinación de formas de lucha, que se justificaba para los comunistas por la represión permanente contra su militancia, promovió las zonas grises, que fueron usadas por las élites y la Fuerza Pública para justificar la violencia contra la población civil”, se lee en el documento que le puso la lupa a esta región.
“Violencia masiva” y la resistencia como ejes del relato en Antioquia, Chocó y el sur de Córdoba
La Comisión encontró en su trabajo investigativo que estas fueron algunas de las regiones del país que más sufrieron la guerra, pues allí confluyeron el fortalecimiento de las guerrillas y movimientos sociales y campesinos que en la lógica del enemigo interno fueron señalados de colaborar con la insurgencia. Por otro lado, en las décadas del 80 y el 90 emergía el fenómeno paramilitar, que provocó una “violencia masiva” y que se evidenció en masacres, tomas de pueblos y asesinatos sistemáticos, a la par que se forjaba una resistencia civil a la guerra en organizaciones de víctimas y comunitarias, donde se destacan varios procesos en Medellín. Entre otras cosas, este volumen dedica un apartado a analizar los vínculos del narcotráfico, uno de cuyos epicentros fue la capital antioqueña, con los primeros grupos paramilitares financiados por los narcos en el Magdalena Medio y luego en Córdoba y Urabá.
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El Eje Cafetero no fue un “remanso de paz”
La gran conclusión de la Comisión es que los departamentos del Eje Cafetero fueron epicentro de múltiples violencias que vienen desde la confrontación bipartidista, pero se entrecruzan luego con el nacimiento de varios focos guerrilleros en la región y más tarde con el dominio territorial de los carteles del narcotráfico, que persiste hasta hoy, aunque la región haya sufrido una invisibilización de sus violencias asociadas al conflicto armado. El ejercicio de investigación implicó 298 entrevistas que permitieron determinar, entre otras cosas, que en algunos municipios como los del occidente de Risaralda confluyeron el Eln, M-19, Erg, las Farc y varios grupos paramilitares.
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Las historias de violencia contra la población y liderazgos indígenas y afros de la Amazonia
La Comisión de la Verdad realizó 1.526 entrevistas en esta región del país, donde abordó los procesos de colonización, la ocupación petrolera, la economía de la coca, la llegada de las Farc, el paramilitarismo y la reconfiguración del conflicto después del Acuerdo de Paz, entre otros temas condensados en un documento de 230 páginas.
Uno de los temas mencionados y que actualmente afecta a esta población es el incumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que ha generado resiembra y enfrentamientos entre los campesinos y la Fuerza Pública en la erradicación forzosa.
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La Comisión de la Verdad realizó 1.243 entrevistas, analizó cerca de 163 informes y casos para dar cuenta de los procesos de colonización que vivió este territorio, desde las guerrillas liberales del Llano, la presencia de la guerrilla del M-19 y la paradoja del cultivo de coca como alternativa de vida y subsistencia para la población, pero también como una de las causas de la agudización de la guerra. Además, muestra el terror de la presencia paramilitar y el temor de un nuevo ciclo de violencia en los municipios de Caquetá, Meta, Guaviare y Casanare.
“La Comisión de la Verdad comprobó que las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, fueron una práctica sistemática en la región durante la implementación de la política de seguridad democrática”, se lee en el documento de 240 páginas.
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De acuerdo con la Comisión de la Verdad, esta región sufrió varios procesos violentos que iniciaron con desplazamiento de los pueblos indígenas Barí, U’wa e Hitnü, afectados por la extracción de petróleo que los sacó de sus territorios ancestrales.
Los movimientos campesinos fueron claves para el desarrollo de la región, pero resultaron estigmatizados y fuertemente reprimidos por gobiernos que con complicidad de terratenientes se apoderaron de las tierras. El conflicto se orientó en la disputa del poder local y así empezó el surgimiento de grupos guerrilleros. En la zona hacen presencia el Eln, Epl y las Farc, pero también paramilitares que contaban con socios económicos y políticos. La debilidad del Estado permitió que, a través de alianzas, estos grupos armados “se apropiaran de bienes y recursos públicos, influenciaran resultados políticos y consolidaran su dominio territorial”. La violencia en la zona se evidenció en desplazamiento forzado y el despojo. Han sido décadas de una espiral que ha profundizado las condiciones de pobreza y marginalidad en una zona que es un corredor estratégico del narcotráfico. Además, la porosidad de la frontera con Venezuela, sus relaciones y la movilidad humana que se dan allí, han sido factores clave tanto para su desarrollo, como para otras formas de violencia.
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Resistir a la violencia paramilitar y de las guerrillas en Magdalena Medio
La guerra total en el Magdalena Medio, desde La Dorada -en zona cafetera- hasta la punta de Hatillo de Loba -en el Caribe-, olvidó un poco con el conflicto los temas petroleros y las luchas sindicales de inicios de siglo XX, para encararse con hostilidades de las extintas Farc, del Eln y de las Auc, que buscaron “colonizar” territorios con amenazas, bombas y persecuciones. Ni la movilización social, fuerte e impulsada por civiles en la subregión, fue suficiente para frenar expansionismos militares que causaron una guerra sin cuartel, recordada desde la Octava Conferencia de las Farc, con una feroz respuesta de los ‘paras’, con altísimo poder en los Santanderes hasta 2003.
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La búsqueda de la verdad en el suroccidente del país
La violencia que se ensañó en el Valle del Cauca y el norte del Cauca tiene sus más profundas raíces en el narcotráfico. Esa es una de las conclusiones del Informe Final de la Comisión de la Verdad en el volumen que busca explicar cómo ha sido el conflicto armado en este territorio. Desde los años 60, con el surgimiento del Cartel de Cali, el Cartel del Norte del Valle, el Bloque Calima, las Farc y, más recientemente, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y los carteles mexicanos han marcado la historia de la región y explican, en parte, el origen de las disputas que se han librado en ambos departamentos. Según la Comisión de la Verdad, una de las piedras angulares que explican los factores de persistencia de la guerra ha sido el conflicto por la tierra y las complejas intervenciones entre grupos armados y algunos sectores empresariales. El modelo económico de la región, estructurado especialmente por la industria azucarera, según el documento, ha traído “resultados ambivalentes” para las comunidades del Valle y del Cauca. La Comisión explicó que la presencia empresarial si bien ha traído niveles altos de bienestar y prosperidad, también “ha dejado a las economías campesinas y étnicas más vulnerables a la crisis y a la consecuente penetración de los capitales ilegales”.
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Pacífico: la mirada colonial y racista y la condena a la explotación de los recursos
Ser concebida como una zona de colonización y explotación de recursos. Esa es, para la Comisión, la condena que el modelo territorial del Estado le dejó al Pacífico. En las 241 páginas del capítulo dedicado a esta región, la entidad ahondó por un lado en los despojos que arrancaron en 1958, la llegada de las guerrillas, los paramilitares, las mafias y los carteles que se disputaron el control mientras las comunidades étnicas luchaban por la autonomía de sus territorios. También se habló del recrudecimiento de la guerra desde el 2000. Según la Comisión, la mirada colonial, explotadora y racista sobre el Pacífico, que ha ido de la mano de la baja presencia estatal, ha sido uno de los factores de persistencia del conflicto. Pese a esto, las comunidades han resistido y “le apuestan a otro futuro posible”. Como han gritado allí durante años: “El pueblo no se rinde, carajo” .
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Las luchas étnicas en medio del conflicto en el sur del Cauca y Nariño
El análisis de la Comisión de la Verdad sobre esta región empezó por explicar el origen de los conflictos sociales no armados que datan desde 1956 y en los que las comunidades ya reclamaban derechos - aún hoy insatisfechos- como la inversión social, conectividad e infraestructura. “Se trata de conflictos que en muchas ocasiones fueron percibidos como problemas de orden público por las élites regionales, la Policía, el Ejército, el DAS y el F2, y que fueron reprimidos”, explican. Otra de las problemáticas que explican la persistencia del conflicto armado tienen su punto de partida en la década de los 90, en la que se produjo una migración masiva hacia Putumayo y Caquetá por la bonanza cocalera. Fue el Frente 8 de las antiguas Farc una de las estructuras armadas de la zona que controlaron esas economías desde finales de los años 80 hasta 1999, según el Informe Final. En ese año, llegaron las Autodefensas Campesinas de Colombia al departamento de Nariño y desde entonces esa región del país -por su ubicación fronteriza con Ecuador- ha sido espacio de disputa territorial de, por lo menos, cinco actores armados.
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La guerra en el Caribe que se ensañó con los civiles
La guerra en el Caribe data desde 1958 y sentó las bases del conflicto que azotó desde Punta Gallinas hasta el sur de Córdoba. Las tensiones se transformaron en violencias políticas y manifestaciones armadas de distintas orillas que impulsaron una guerra regional durante la década de los 80 y 90. Esas disputas rompieron con lógicas bélicas de acabar exclusivamente con el enemigo en combate y empezaron a involucrar a la población. Según el Informe Final, los crímenes contra civiles, herencia guerrillera y paramilitar, pervivieron desde esos días afectando a cientos de personas -especialmente mujeres- desde el Cesar, la Depresión Momposina, el Alto Sinú y los cerros montemarianos.