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La cartilla circuló a mediados de los noventa por los remotos pueblos cocaleros de Guaviare, Meta y Caquetá. A modo de fábula se contaba en ella la historia de Don Justo y la Mala Coca, una mujer que lo engañaba como en las reminiscencias bíblicas de Adán y Eva, induciéndolo a que sembrara coca. Don Justo, un humilde colono y campesino, caía seducido por el dinero fácil, pero aquello sólo le acarreaba desgracias.
Esta historia, recopilada por la Comisión de la Verdad en uno de sus casos de estudio titulado «Proceso de militarización de las relaciones Estado-región en la “lucha contra las drogas”: las violencias del extractivismo a la consolidación territorial en La Macarena», es mucho más que una simple anécdota pueril.
En este documento la Comisión desglosa una larga historia de planes contrainsurgentes en la subregión de La Macarena, que abarca municipios y reservas naturales entre la cordillera oriental, la Serranía de la Macarena y los llanos del Yarí, viejo fortín histórico de las extintas FARC, en donde los grandes operativos militares estuvieron acompañados siempre de planes y proyectos sociales para “rehabilitar” o “consolidar” el territorio, pero “en algunos casos, el Ejército era quien adelantaba acciones como construcción de vías, prestación de servicios sociales, se supeditaban los intereses civiles a las estrategias de control territorial con estrategias de sumisión administrativa y social”.
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Estos planes fueron conocidos como planes de rehabilitación o de consolidación, en las últimas tres décadas asociados a la llamada “guerra contra las drogas”, aunque antes se habían planteado en el marco de la reforma agraria, y cuyo resultado fue siempre crear una imaginario del campesino como enemigo interior, bien fuera como cocaleros, invasores de los parques naturales, aliados de la guerrilla o insurgentes, lo que permitió que fueran “objeto de la acción violenta del estado”.
De acuerdo con la Comisión “en La Macarena ocurrieron una continuidad de estrategias de intervención estatal que han significado un drama social y humano para la población que tienen su continuum más crítico desde el Plan Colombia, el Plan Patriota y el Plan Consolidación. Al final de estas coyunturas, que articulan militarización y acción integral, las condiciones de vida de los pobladores no han mejorado y aún es limitada la capacidad del Estado para tramitar las conflictividades”.
Aunque la historia de los planes de acción cívico-militar es antigua y se enmarca en viejas doctrinas contrainsurgentes, desarrolladas en las guerras de Argelia e Indochina, doctrinas que en Colombia tienen antecedentes incluso desde las postrimerías de la violencia bipartidista, el caso de La Macarena supone un giro de dichas intervenciones estatales, pues supuso los primeros ejercicios “de subordinación de temas sociales por parte de los militares en algunas regiones del país, entre ellas, La Macarena”.
Desde los años setenta había planes de rehabilitación que buscaban promover la colonización dirigida de baldíos y zonas selváticas, donde siempre se entendió la ausencia del Estado como la causa de la existencia de unos territorios salvajes y sin ley que “refleja la visión de las élites sobre los territorios que en un momento se constituyeron como enclaves de la colonización”. Por eso La Macarena fue catalogada “como zona marginada y excluida en la mente de un gobierno central y unas élites excluyentes” que promovieron la colonización como “solución ante los reclamos de una reforma agraria que no llegaba, pero ahora se consideran como centros de la ilegalidad”.
Se suponía que los programas cívico-militares de rehabilitación “debían transitar de la concepción de un estado ausente, lejano, centralista y distante de las regiones y los territorios con influencia de la guerrilla, a un estado presente en los territorios”, pero uno tras otro han fracasado en dicho intento.
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Desde las fumigaciones con glifosato iniciadas durante el gobierno de Ernesto Samper, pasando por las Zonas Especiales de Orden Público y luego por los millonarios recursos para el PLANTE, un programa de sustitución de cultivos ilícitos que por primera vez puso como condición la erradicación de la coca para poder acceder a beneficios, se ha proseguido con una receta invariable en donde “erradicación y sustitución se implementan sobre la base de la seguridad y las intervenciones para cuestiones de desarrollo regional tienen un fuerte componente cívico-militar”, de acuerdo con la Comisión de la Verdad.
La injerencia norteamericana
A la par ocurrían las grandes ofensivas militares que, con financiación de los Estados Unidos y bajo el pretexto de atacar el narcotráfico, golpeaban la retaguardia histórica de las FARC. El primero de ellos fue el Plan Colombia, seguido por el Plan Patriota, luego el Plan Consolidación, y finalmente los planes Espada de Honor I y Espada de Honor II.
La Comisión puntualiza que en el marco de esas ofensivas, “entre 1996 y 2007 según cifras de Acción Social los municipios con mayores cifras de personas expulsadas de manera forzada fueron Vistahermosa (13.562), Mapiripán (7,604), Puerto Rico (7.569), El Castillo (4,643), La Uribe (4,445) y La Macarena (4,004)”, todos en la subregión de La Macarena, fortín de la extinta guerrilla de las FARC.
Para ello, “en el marco de este contexto estratégico, pasaron por la zona de La Macarena muchos oficiales estadounidenses entre 2008 y 2011: varios subsecretarios de Defensa, un director de la CIA, un zar antidrogas de la Casa Blanca, un subsecretario de Estado, un jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, dos jefes del Comando Sur, y por lo menos un subdirector de la Usaid”, asegura la Comisión. Desde el ministerio de Defensa, de acuerdo con el documento, Sergio Jaramillo, quien luego sería Alto Comisionado para la Paz, trabajó en algunas de estas estrategias.
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Fue en esa época cuando el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos impulsó las fumigaciones con glifosato en La Macarena -las primeras autorizadas dentro de un Parque Natural en Colombia-, argumentó que eran “más grandes los daños colaterales que las Farc han dejado, que la propia fumigación”, de acuerdo con una publicación de un diario que fue recogida por la Comisión.
No obstante, de fondo había un asunto más profundo, como lo prueba un cable de un funcionario norteamericano enviado por la embajada de los Estados Unidos en 2006, y que fue revelado en el documento: la estrategia frontal de guerra y fumigaciones quería demostrarle a las FARC “y al mundo que la siembra ilegal de coca no está a salvo de la erradicación en ninguna parte”.
La conclusión del documento al respecto sirve como un balance para evaluar en qué se convirtieron los famosos planes de reabilitación, que no fueron más que una prolongación de las doctrcinas contrainsurgentes, o en palabras de la Comisión, “un nuevo pacto militar y social que priorizó las estrategias de seguridad y defensa en el marco de la lucha contra las FARC sobre las garantías constitucionales para la población local”.