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Este martes 28 de junio, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) le entregó al país el Informe Final y en él, un paquete de recomendaciones agrupadas en nueve subcapítulos: Construcción de paz; Narcotráfico; Impunidad; Víctimas y memoria; Sector Defensa; Democracia; Territorios Rurales; Cultura de paz; y Legado de la Comisión de la Verdad. Este fue el resultado de un trabajo de casi cuatro años realizado por los y las comisionadas, y un equipo de aproximadamente 610 investigadores, transcriptores, administrativos y demás personal repartidos en todo el país.
Estos consejos se encuentran en el capítulo de Síntesis, hallazgos y recomendaciones liderado por el comisionado Carlos Beristain y el primer volumen que fue entregado. En él se condensan 75 recomendaciones para el entrante gobierno de Gustavo Petro, instituciones públicas y privadas, iglesias, comunidad internacional, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, empresarios y movimientos sociales por la paz para emprender un camino enfocado en la no repetición, el fin del conflicto y la construcción de paz.
Aunque estas recomendaciones no son de obligatorio cumplimiento, durante el evento de entrega el presidente electo Gustavo Petro recibió este documento por parte del presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, dijo que: “Estas recomendaciones se volverán eficaces en la historia de Colombia”. Luego en su cuenta de Twitter, Petro publicó una foto con De Roux con el mensaje de que cumpliría las recomendaciones.
¿Por qué las recomendaciones no son vinculantes?
“La Comisión tiene una naturaleza extrajudicial y por esto, su propósito es darnos unas razones, motivos y explicaciones de lo ocurrido en el conflicto armado. De esa manera, no está buscando una sentencia sino que está informando al país lo que encontró y a partir de ello, estableció un diagnóstico y las recomendaciones que deben atenderse para evitar que haya repetición”, así lo explicó Juan Carlos Ospina, docente universitario y abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
Al ser una entidad extrajudicial, es decir, que no sanciona a responsables, la Comisión de la Verdad fue creada para esclarecer de forma ética, histórica y política la verdad del conflicto armado colombiano. Por ello, cada una de las recomendaciones están basadas en las conclusiones de los Diálogos para la no continuidad y la no repetición, los Espacios de Escucha y las mesas de trabajo con diversos sectores de la sociedad que se realizaron durante los cuatro años de funcionamiento de esta institución en diferentes partes del país e incluso, el extranjero.
Para Ospina, las 75 recomendaciones tienen un valor más allá de lo jurídico porque apuntan a la no repetición, la convivencia y la posibilidad de trazar un camino futuro basado en un análisis del pasado. A pesar de no tener un carácter obligatorio de cumplimiento, el abogado de la CCJ resaltó que le apuntan a transformaciones de fondo de la sociedad colombiana, para las cuales es necesario crear mecanismos e instancias institucionales que transformen realmente las dinámicas que permitieron el conflicto por más de seis décadas. “Son recomendaciones muy estructurales que van al corazón de los problemas del país y aunque no se trata de actividades puntuales que deban establecerse para que jurídicamente sean desarrolladas, sí hay que establecer los diseños institucionales, jurídicos, políticos, sociales y económicos necesarios para darles cumplimiento”, señaló.
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Al no contar con un factor de obligatorio cumplimiento, la implementación de estas recomendaciones se fundamentan en la suma de voluntades de diversos sectores de la sociedad, no solamente el Estado o el Congreso, sino también las organizaciones sociales que deberían sumarse a socializar y buscar los cambios que estas recomendaciones sugieren. “Si bien es el gobierno, el Congreso y los jueces, también la sociedad civil tiene un papel y debe movilizarse para lograr las transformaciones que presentó la Comisión”, resaltó Ospina.
Una de esas acciones que la sociedad civil puede realizar es la difusión de los diez capítulos del Informe Final, a partir de iniciativas culturales y educativas, muchas de ellas acompañadas por la Comisión de la Verdad, la cual estará en funcionamiento hasta finales del mes de agosto. Otra iniciativa contemplada es la inclusión de material pedagógico relacionado con los hallazgos, recomendaciones y labor de la Comisión dentro de los pensum escolares y universitarios de todo el país.
¿Cuál es la tarea del Comité de Seguimiento y Monitoreo?
El Decreto 588 de 2017 que da vida a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) establece la creación del Comité de Seguimiento y Monitoreo justo después de la entrega del informe, pues será el encargado de supervisar durante siete años la implementación de las recomendaciones realizadas por la CEV. Estará integrado por siete representantes de distintos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Ellos son: Doris Acevedo, Julia Cogollo, Marco Romero, Marina Ruta, Mariano Gallego, Claudia Calero y Wilson Castañeda.
Para algunos analistas, el reto de este Comité es lograr transformaciones de fondo en tan solo siete años. Sin embargo, para Juan Carlos Ospina, abogado de la CCJ, este tiempo puede ser razonable para dichos cambios encaminados a la no repetición pero solo si cuenta con un gran esfuerzo del Estado para darle cumplimiento al Acuerdo de Paz y las recomendaciones entregadas por la Comisión de la Verdad. “Yo creo que en siete años puede que estemos cumpliendo el sueño de haber tenido, en la mayor medida posible, las recomendaciones aunque la que más tiempo puede tardar es cerrar los conflictos vigentes con los otros grupos armados pero para ello, necesitamos de la voluntad de los grupos armados ilegales, el gobierno y el Congreso”, afirmó Ospina.
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Dentro de las funciones de este comité está la publicación de informes periódicos que den cuenta de los avances, dificultades que se presenten. “El comité rendirá informes periódicos de seguimiento a las recomendaciones. Estos informes deberán contar con un enfoque territorial, diferencial y de género. El comité tomará las medidas necesarias para difundir sus informes ampliamente en los medios de comunicación de ámbito nacional y regional”, se lee en el Decreto 588 de 2017.
Para el abogado Ospina, es clave que este Comité tenga en cuenta los aprendizajes que ha dejado la implementación del Acuerdo de Paz para priorizar acciones. “La labor que tiene el Comité de Seguimiento y Monitoreo es generar un barrido de cuáles son las reformas y ajustes que se puedan dar en el corto, mediano y largo plazo para luego priorizar aquellos que se pueden conseguir más fácilmente y cuáles son las reformas que se pueden obtener con actos jurídicos, como lo que hizo el Mecanismo de Seguimiento y Monitoreo del Acuerdo de Paz”, resaltó Ospina.
Durante los primeros seis meses de funcionamiento, el comité contará con el acompañamiento de una persona, que será elegida por los y las comisionadas, para que les apoye en el empalme y en los requerimientos que este nuevo comité necesite. Aún no se conoce el nombre de esa persona. También contará con una Secretaría Técnica para la logística y operación dentro de la JEP, entidad que recibirá el dinero que financiará este comité pero que manejará independiente con esta instancia.